La UE plantea multas millonarias por la temporalidad en la Administración

La temporalidad dentro de la Administración pública española se sitúa en el 32,24%. Se trata de 979.409 personas que en algunos casos llevan más de 30 años desarrollando su trabajo en lugares que un funcionario de oposición no ha cubierto. Este tipo de contratación es una práctica ordinaria y abusiva dentro de la gestión pública española, como la ha denominado el Tribunal de la Unión Europea (TUE) en cuatro sentencias en las que insta al Gobierno español a regularizar la situación.

Es cierto que la temporalidad está disminuyendo, pero se trata de una treta, según afirma la Asociación de Interinos Cesados y Afectados por la Función Pública (Aicafp): “En lugar de hacer fijos a los empleados en abuso de temporalidad, lo que se está haciendo es sacar sus plazas a concurso oposición ordinaria, de manera que muchos se quedan fuera y lo que se 'estabiliza' es la plaza y no el abusado, como marcan las sentencias del TUE y la que se prevé para primavera”. 

En el primer semestre de 2025 se quedaron sin trabajo 92.200 personas contratadas temporalmente por la Administración, despidos a coste cero, algo impensable fuera de este ámbito, pero que podrían suponer al Estado 3.000 millones€ en multas aplicadas por Europa (calculado sobre una media conservadora de 33.000€ por despido). Ante ello se han interpuesto 65.000 demandas en los Tribunales españoles. El 57,29% de estas personas tiene más de 50 años y hasta un 71,5% son mujeres.

Si se despidiese a todos los empleados en fraude de temporalidad, el coste por indemnizaciones según las sentencias del TUE podrían suponer aproximadamente el 2,5% del PIB español, y su ejecución inmediata provocaría un shock de déficit que obligaría a España a solicitar una dispensa ante la Comisión Europea o a emitir deuda pública de emergencia, con el consiguiente coste en intereses. Son unos 33.000 millones€, según la Asociación.

Las autonomías concentran el 62,66% del personal total y por tanto soportan la mayor parte de la carga indemnizatoria: 21.000 millones€. Andalucía, con 332.007 empleados públicos y una alta tasa de interinidad en el Servicio Andaluz de Salud (SAS) y Educación, enfrentaría una factura indemnizatoria estimada de 3.900 millones. A Cataluña, con 258.894 empleados y una estructura muy descentralizada, le costaría 3.050 millones. Y en la Comunidad de Madrid,con 231.240 empleados y una alta litigiosidad en el sector sanitario (Sermas), el pasivo se situaría entorno a 2.750 millones. Ninguna comunidad autónoma tiene margen presupuestario para absorber semejante gasto sin una quita de deuda o una transferencia extraordinaria del Estado.

España ya lidera el ranking de multas por incumplimientos con 53,9 millones abonados y si no se resuelve el problema de fondo (la estabilidad) la Comisión Europea podría imponer sanciones coercitivas diarias que se sumarían al coste de las indemnizaciones. “El Gobierno español es la empresa más fraudulenta de la Unión Europea a nivel laboral; se encuentra fuera de todos los estándares marcados”, aseguran en la Aicafp.

La persistencia en el incumplimiento de la Directiva 1999/70/CE coloca a España en una posición de debilidad negociadora ante futuros fondos europeos. De hecho, Bruselas ha cerrado el grifo y retiene ya 626 millones de los Fondos NextGeneration. 

"Venimos a evitar la quiebra técnica de la Administración. El Gobierno prefiere gastar 40.000 millones de nuestros impuestos en despidos improcedentes antes que regularizar a coste cero como pide Europa", afirma un portavoz de esta asociación de afectados. La alternativa propuesta por los sindicatos es regularizar al personal como "fijo a extinguir", lo que tendría un coste de implementación cero a corto plazo (ya que los salarios están presupuestados) y evitaría lad escapitalización de la administración.

Recientemente el Gobierno se ha comprometido a eliminar la tasa de reposición de manera progresiva, pero en Aicafp creen que sería una trampa porque saldrían a concurso público las plazas de personas que llevan ejerciendo el cargo desde hace decenas de años. También avisa que la inacción del Gobierno activará multas coercitivas de 100.000€ diarios tras la carta de emplazamiento de Bruselas. “Nos encontramos a un paso de que el TUE, bajo el artículo 260,aplique estas multas millonarias. El Gobierno nos deja una multa diaria que pagarán nuestros hijos. Exigimos la fijeza como única solución legal admitida por Europa que no cuesta dinero", concluye.

Y es que España ha vulnerado durante más de un cuarto de siglo la Directiva 1999/70/CE, la cláusula 5 del Acuerdo Marco, la jurisprudencia del TJUE, las resoluciones del Defensor del Pueblo, las advertencias de la Comisión Europea y los datos del propio Bepsap y de organismos sindicales y académicos.

La concentración del 9 de diciembre ha sido convocada por Aicafp, Ansiti, y Pafp Madrid y Murcia. Otra forma de protestar muy original es El Juego de las Sillas y el Tratado de la Vergüenza, una explicación animada del proceso que están pasando los trabajadores temporales de la Administración pública.