La vuelta al cole dispara las consultas legales sobre acoso escolar

Arranca el nuevo curso escolar y milesde familias vuelven a mirar con mucha preocupación una de las problemáticas que más impacto tiene en la infancia y la adolescencia: el acoso escolar y el ciberacoso. La realidad muestra que, si bien la sensibilización social ha aumentado en los últimos años, estos comportamientos, que pueden tener consecuencias graves para el bienestar emocional, psicológico, académico y social en la infancia, continúan afectando a numerosos menores.

Según el Barómetro de la Protección Jurídica de onLygal, el acoso escolar constituye el principal foco de inquietud para de 6 de cada 10 padres españoles. Entre los problemas que pueden afectar a los menores durante la infancia, el bullying es el que genera una mayor predisposición a recurrir a ayuda legal. El 64% de las personas consultadas declara que “probablemente” o “seguro” contrataría algún tipo de ayuda legal ante un caso de acoso escolar, por delante de los problemas en el parto o las negligencias médicas, las reclamaciones de consumo relacionadas con actividades infantiles, los trámites o reclamaciones vinculados al colegio y los trámites posteriores al nacimiento.

"El dato relevante no es solo que el acoso escolar preocupe a la mayoría de las familias, sino que es el problema de la infancia ante el que más personas consideran necesario contar con apoyo legal. Eso refuerza la importancia de que las familias sepan qué hacer desde el primer indicio y no esperen a que la situación se cronifique”, explica Natàlia Mañas, responsable del Centro de Asistencia Jurídica de onLygal.

De la preocupación a la acción: una respuesta que todavía llega tarde

El Barómetro de onLygal aporta además una fotografía de cómo se gestionan las dudas legales cuando el acoso escolar ya ha entrado en el hogar. Ante una duda legal relacionada con acoso escolar, los resultados apuntan a una respuesta muy apoyada en el entorno cercano: el 22% de los padres consultó a familiares o amigos, el 9,5% buscó información en internet o webs especializadas, el 7,5% recurrió a herramientas de inteligencia artificial IA), y el7,2% consultó o contrató a un abogado. 

Por su parte, un 26,3% no hizo nada para resolver la duda en ese primer momento. Cuando la situación avanzó, el 20,6% inició un procedimiento de mediación y el 12,1% emprendió acciones legales, mientras que un 13,2% no inició acciones por falta de pruebas o viabilidad y un 9,8% no hizo nada finalmente pese a considerar que existía un problema legal. 

La satisfacción con la forma de resolución quedó dividida: aproximadamente la mitad se declaró muy o bastante satisfecha, frente a un 44,9% poco o nada satisfecha. 

Para ayudar a las familias a hacerles frente de forma eficaz, los expertos de onLygal, compañía especializada en soluciones de protección jurídica y servicios legales, recuerdan la importancia de actuar con rapidez ante cualquier sospecha y para ello ofrecen una serie de pautas:

• 1. Detectar las señales cuanto antes. La intervención temprana puede resultar determinante para evitar que la situación se agrave. Por ello, los expertos aconsejan prestar atención a cualquier cambio repentino en el comportamiento del menor, ya sea aislamiento, tristeza persistente, ansiedad, descenso del rendimiento escolar, alteraciones del sueño, síntomas físicos sin causa aparente o rechazo a acudir al centro educativo. Señales ante las que es fundamental generar un espacio de confianza para que el menor pueda expresar lo que está viviendo, escuchándole sin juzgarle y transmitiéndole comprensión, apoyo y seguridad.
• 2. Documentar desde el principio. Conviene registrar cuándo comenzaron los hechos, dónde y cómo se producen, quiénes intervienen y con qué frecuencia. Deben conservarse mensajes, capturas de pantalla, correos, fotografías, vídeos y, cuando existan, informes médicos o psicológicos.
• 3. Comunicarlo formalmente al centro y activar el protocolo. La familia debe solicitar una reunión con el tutor o el equipo directivo y pedir la activación del protocolo de actuación frente al acoso escolar. También conviene dejar constancia de las comunicaciones y solicitar información sobre las medidas de protección, investigación y seguimiento adoptadas. El centro educativo tiene el deber de informar de las medidas de protección adoptadas, de la investigación realizada y del seguimiento previsto para garantizar la seguridad y el bienestar del menor.
  4. Escalar si el problema persiste. Si la respuesta del centro no resuelve el problema o las conductas persisten, onLygal recomienda trasladar el caso a la Inspección Educativa correspondiente, aportando toda la documentación recopilada. En función de la evolución del caso, también pueden intervenir otros organismos de la administración educativa y, en los supuestos de mayor gravedad, la Fiscalía de Menores.
• 5. Contratar asesoramiento especializado para proteger a los menores. Cuando las vías educativas y administrativas no consiguen poner fin a la situación, las familias pueden ejercer las acciones legales que correspondan, tanto por la vía civil como, en aquellos casos en los que existan amenazas, agresiones u otros hechos constitutivos de delito, por la vía penal.

"El acompañamiento jurídico desde las primeras fases del proceso permite a las familias conocer sus derechos, actuar con mayor seguridad y garantizar que todas las actuaciones se desarrollen con las máximas garantías para el menor, facilitando la protección de sus derechos, la agilización de la resolución del conflicto y proporcionando a las familias el apoyo necesario para afrontar un proceso especialmente delicado”, apunta Natàlia Mañas.

El ciberacoso amplía el problema más allá del aula. El uso generalizado de redes sociales, plataformas de mensajería y videojuegos online ha ampliado los espacios en los que puede producirse el acoso. A diferencia de las conductas que se limitan al entorno físico del centro, el ciberacoso puede continuar fuera del horario escolar y multiplicar la difusión de mensajes, imágenes o contenidos, dificultando que la víctima encuentre espacios seguros. Por ello, onLygal recomienda combinar la actuación educativa con una comunicación fluida con los menores, pautas de uso responsable de la tecnología y la conservación de las evidencias digitales necesarias para solicitar la retirada de contenidos o acreditar los hechos.