EFPA España ha valorado el acuerdo provisional alcanzado entre el Consejo de la UE y el Parlamento Europeo sobre la Estrategia de Inversión Minorista (Retail Investment Strategy, RIS), iniciativa de la Comisión Europea que quiere modernizar y simplificar las normas de protección de los inversores minoristas fomentando al mismo tiempo su participación en los mercados financieros.
La asociación que promueve el asesoramiento financiero profesional respalda la necesidad de que este nuevo marco normativo fortalezca la protección de los inversores y trabaja para que los asesores jueguen un papel relevante en la mejora de la forma de invertir y, en general, del nivel de educación financiera. Además, insiste en la importancia de que la RIS final evite una regulación excesivamente formalista y con demasiadas cargas administrativas, para no desincentivar el acceso al asesoramiento profesional de los clientes particulares. En este sentido, la asociación celebra la simplificación de lo acordado, pero mantiene su preocupación por la posibilidad de que la implementación vaya en detrimento de un buen asesoramiento.
Para EFPA España, la Estrategia de Inversión Minorista mejorará la transparencia en costes y gastos y facilitará a los inversores minoristas una mejor comprensión de los riesgos, con el apoyo imprescindible de asesores cualificados. Al impulsar la educación financiera y reforzar el control sobre los 'finfluencers', contribuirá a que los ahorradores se sientan más seguros en sus decisiones de inversión. En definitiva, RIS aportará la confianza necesaria para lograr los objetivos de la Unión de Ahorros e Inversiones.
EFPA España reitera su compromiso con los objetivos de la RIS y de la Unión de Ahorros e Inversiones (SIU, por sus siglas en inglés), apostando por un amplio acceso a los servicios de asesoramiento profesional, como mejor forma de proteger a los inversores, mejorar el bienestar financiero y fomentar la confianza en los mercados de capitales.
Reforzar la protección del cliente sin generar cargas adicionales
Según el acuerdo alcanzando, las entidades deberán garantizar que los costes estén justificados y sean proporcionados, quedando prohibida la comercialización de productos que no cumplan los requisitos establecidos. El acuerdo trata de reforzar la protección del cliente, sin generar cargas innecesarias para las empresas de inversión y seguros.
En cuanto a los próximos pasos, los trabajos técnicos continuarán hasta principios de 2026 para completar los textos legales. Una vez finalizados, deberán ser ratificados por el Parlamento Europeo y por el Consejo antes de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea. Tras su publicación, los Estados miembros dispondrán de 24 meses para transponer las nuevas normas.h