Anauco Europa, la asociación de consumidores de origen venezolano, anuncia el inicio de un proceso de localización de mujeres en España afectadas por las prótesis mamarias PIP que todavía no forman parte de las demandas colectivas en curso en Francia. Más de 12.000 mujeres podrían estar actualmente fuera de estos procesos de reclamación y, por tanto, sin acceso a posibles indemnizaciones. La estimación surge del contraste entre los datos de la AEMPS, que ha identificado alrededor de 18.000 mujeres afectadas en España, y las listas de demandantes en las acciones judiciales actualmente activas en Francia.
El caso de las prótesis PIP, fabricadas con silicona industrial no apta para uso médico, está considerado uno de los mayores escándalos sanitarios de Europa de las últimas décadas. Sin embargo, más de diez años después, una parte significativa de las víctimas en España continúa fuera del sistema de reclamación, en muchos casos por falta de información, acompañamiento o acceso a mecanismos internacionales de justicia.
“El problema no es solo el daño sufrido. Es que muchas mujeres no saben que pueden actuar, o no saben cómo hacerlo”, ha señalado Roberto León Parilli, presidente de Anauco Europa.
La intervención de la plataforma comenzará con la identificación y localización de las afectadas para facilitar, posteriormente, su incorporación a las demandas colectivas activas en Francia. El proceso incluirá campañas de información y visibilización de mecanismos de contacto y registro, acompañamiento jurídico internacional y coordinación con equipos legales franceses.
Aunque muchas de las afectadas residen en España, las principales acciones judiciales se desarrollan en Francia, lo que ha generado una desconexión entre las víctimas y los procesos. Anauco cree que esta fragmentación jurisdiccional ha sido uno de los principales obstáculos para la adhesión masiva de mujeres españolas. “Hoy una persona puede sufrir un daño en un país, vivir en otro y tener que reclamar en un tercero. Si no hay acompañamiento, queda fuera”, explica León Parilli.
Además, la plataforma cuenta con una alianza con abogados franceses especializados en el procedimiento, lo que permite facilitar la adhesión de las mujeres afectadas a las acciones en curso en Francia. El acceso de las víctimas a las demandas colectivas en Francia es sencillo y plenamente accesible, ya que el procedimiento puede realizarse íntegramente a distancia, sin necesidad de desplazarse al territorio francés.
Los requisitos de admisibilidad son mínimos: basta con disponer del certificado de las prótesis implantadas o, en su defecto, de un informe médico que acredite la condición de afectada. Las víctimas no deberán realizar ningún pago inicial por concepto de honorarios profesionales ni por gastos judiciales. Los honorarios solo se devengarán una vez obtenida la indemnización correspondiente, conforme a los porcentajes establecidos en la normativa francesa aplicable.
Adhesión gratuita a la demanda colectiva
Adicionalmente, se pone a disposición de aquellas afectadas que aún no se han adherido a las demandas un formulario de evaluación, mediante el cual podrán verificar si cumplen con los requisitos de admisibilidad en la jurisdicción francesa y facilitar su proceso de incorporación a las acciones colectivas en curso. Las afectadas pueden comprobar si cumplen con los requisitos para adherirse a la demanda colectiva mediante este sencillo cuestionario.
A pesar del tiempo transcurrido desde el escándalo, desde Anauco Europa se considera que aún existen vías para que estas mujeres puedan integrarse en las acciones colectivas activas. La organización insiste en que la clave está en la capacidad de organización, información y legitimación colectiva de las afectadas.
El caso PIP forma parte de las primeras líneas de actuación de esta plataforma en España, junto con el acceso de ciudadanos venezolanos al sistema financiero internacional y la situación relativa al canje de licencias de conducir de éstos en España.
Más de una década después del escándalo, Anauco Europa busca responder a una pregunta que sigue abierta: cuántas víctimas permanecen aún fuera del sistema de reparación y qué herramientas pueden activarse para que accedan a él.