Ernesto Campos Campillo, Economista-Asesor Fiscal en Liber Partners Tax & Legal y profesor de la Universidad Internacional de Valencia (VIU)
Cuando el agua se retira, empieza la contabilidad real del desastre. Las inundaciones en Andalucía no solo han dañado infraestructuras y cosechas: han golpeado la liquidez de miles de pequeños negocios y han puesto a prueba la capacidad financiera del territorio. Reconstruir no es volver al punto de partida, sino decidir qué modelo económico queremos proteger.
Las inundaciones que han afectado a Andalucía no solo dejan imágenes de carreteras rotas, campos anegados o negocios cerrados. Dejan algo más profundo: un shock económico que no se mide únicamente en daños materiales, sino en pérdida de renta, ruptura de cadenas productivas y tensión financiera acumulada en miles de hogares y empresas.
La emergencia ocupa titulares. La reconstrucción, en cambio, exige diagnóstico económico. Y ese diagnóstico no es frío ni distante: tiene nombres propios, tiene facturas pendientes, tiene nóminas que pagar y cosechas que ya no llegarán al mercado.
Y ese análisis empieza por entender el tamaño del tablero. Andalucía es una economía de más de 212.000 millones de euros de PIB. No es un territorio marginal en el mapa productivo español. Cuando un fenómeno extremo golpea infraestructuras, agricultura y tejido empresarial a la vez, el impacto no es anecdótico: se filtra al crecimiento regional, a la recaudación pública y a la estabilidad de miles de pequeñas empresas que operan con márgenes estrechos.
Lo que se ha producido es, en términos técnicos, un shock de oferta. Cuando se destruyen cosechas, se interrumpe el transporte o se paraliza una explotación agrícola, no estamos ante un simple gasto extraordinario: estamos ante una reducción real de capacidad productiva. Y eso tiene consecuencias inmediatas y diferidas.
En el corto plazo, la pérdida de producción agrícola puede presionar al alza determinados precios. El sector primario en Andalucía representa en torno al 6% del valor añadido regional, con un peso estratégico en exportaciones hortofrutícolas y abastecimiento nacional. Cuando la oferta se contrae, el mercado ajusta por precio. Y
ese ajuste no lo absorbe solo el productor afectado: lo siente el consumidor, lo percibe la cadena de distribución y lo nota la inflación en determinadas categorías.
Las primeras estimaciones ya apuntan a un impacto severo. Solo en la red de carreteras autonómicas se han cifrado daños próximos a 500 millones€. En el ámbito agrario, las organizaciones del sector hablan de pérdidas potenciales que podrían superar los 3.000 millones si se consolidan los daños en cosechas y explotaciones. No son cifras definitivas, pero sí magnitudes que revelan que la reconstrucción no será un capítulo menor en las cuentas públicas y privadas.
Pero el impacto más delicado no está en el precio del tomate. Está en la liquidez del pequeño empresario que ha tenido que bajar la persiana sin saber cuándo podrá volver a subirla.
La indemnización no siempre salva el negocio
España cuenta con una herramienta valiosa frente a catástrofes naturales: el Consorcio de Compensación de Seguros. Es un mecanismo sólido que ha demostrado capacidad de respuesta ante riesgos extraordinarios y que constituye una pieza diferencial del sistema español. Sin embargo, conviene recordar algo esencial: la indemnización repara activos; no siempre repara negocios. El daño material puede valorarse. El lucro cesante —los ingresos que dejan de generarse durante semanas o meses— es más complejo. Y mientras llega la compensación, la empresa sigue teniendo gastos: nóminas, alquileres, proveedores, créditos.
En economías locales muy atomizadas, donde predominan autónomos y microempresas, la verdadera amenaza no es el daño físico, sino la falta de capital circulante. Un negocio puede sobrevivir a una inundación; lo que no siempre sobrevive es a tres meses sin ingresos. Ahí es donde la reconstrucción deja de ser solo una cuestión de solidaridad y se convierte en política económica en estado puro. Porque si el tejido productivo se rompe, no basta con reparar edificios: hay que restaurar flujos de renta.
Reconstruir no es crecer
Existe una idea intuitiva pero engañosa: que el gasto en reconstrucción impulsa el PIB y compensa la pérdida inicial. Desde el punto de vista contable, puede haber un repunte de actividad en obra pública, construcción o servicios asociados. Pero económicamente no estamos ante crecimiento neto. Estamos ante reposición de capital destruido. Es como reparar un coche tras un accidente: genera facturación en el taller, pero no te hace más rico. Simplemente vuelves al punto en el que estabas antes del daño.
Además, ese gasto tiene financiación. Si se cubre con mayor déficit, aumenta la deuda pública. Si se reasignan partidas, se posponen otras inversiones. En ambos casos hay coste de oportunidad. La diferencia clave no es cuánto se gasta, sino cómo se invierte. Restaurar lo que ya era vulnerable perpetúa el problema. Reconstruir con criterios de resiliencia —mejor drenaje, infraestructuras adaptadas al riesgo climático, planificación territorial más inteligente, digitalización de procesos— convierte el gasto en inversión estratégica. La diferencia no es técnica. Es estratégica. Y también es moral: ¿remendamos o fortalecemos?
El riesgo ya no es excepcional
El componente más relevante de esta crisis es estructural. Los eventos climáticos extremos son cada vez más frecuentes e intensos. Eso altera el mapa del riesgo económico. Si los fenómenos extremos dejan de ser extraordinarios, el modelo de aseguramiento cambia, las primas se ajustan, la planificación presupuestaria se vuelve más exigente y las decisiones de inversión incorporan una nueva variable: la exposición climática. Las empresas empiezan a valorar dónde producen y cómo aseguran. Las administraciones necesitan mayores colchones fiscales. Y los territorios más vulnerables enfrentan una prima de riesgo silenciosa que no siempre aparece en los titulares, pero sí en los balances y en los costes financieros.
No es alarmismo. Es contabilidad del riesgo.Y la contabilidad, tarde o temprano, siempre cuadra.
La pregunta clave no es cuánto costará esta inundación. La pregunta es si estamos preparados para la siguiente. La resiliencia económica no se mide por la rapidez del titular, sino por la solidez del tejido productivo meses después. Se mide en cuántos negocios reabren, en cuántos trabajadores recuperan ingresos y en si una economía de más de 212.000 millones€ sale reforzada o simplemente remendada. Las inundaciones pasan. La estructura financiera que queda es la que determina el futuro. Y ahí —cuando el agua ya no ocupa portadas— es donde empieza el verdadero trabajo económico.