La decana de la Facultad de Derecho de la UNED, Sonia Calaza; la abogada y referente del sector legal Pilar Menor; y Telefónica y Compass han sido distinguidas con los Premios de Liderazgo e Igualdad del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid(ICAM), que reconocen cada año trayectorias profesionales y proyectos comprometidos con el avance de la igualdad en el ámbito jurídico, académico y empresarial.
En el marco de la XIII Cumbre de Mujeres Juristas, la corporación madrileña entregó los galardones en una ceremonia celebrada en la sede colegial. Hizo entrega también del Sello de Buenas Prácticas en Igualdad entre Mujeres y Hombres en el ejercicio de la Abogacía al despacho RocaJunyent.
Los premios, que en esta tercera edición amplían su alcance para distinguir tanto a personas físicas como jurídicas, llevan el nombre de dos referentes del compromiso con el liderazgo femenino y la lucha por la igualdad en la abogacía: la primera decana del Colegio de la Abogacía de Madrid, Sonia Gumpert, y las juristas Belén Landáburu y María Telo, impulsoras de reformas decisivas para el reconocimiento jurídico de los derechos de las mujeres en España.
El jurado de los Premios de Igualdad del ICAM reconoció en la categoría Liderazgo “Decana Sonia Gumpert” la trayectoria de Pilar Menor, Senior Partner de DLA Piper en España y copresidenta global del área laboral de la firma. Al frente de uno de los mayores equipos laborales del sector, con cerca de 400 profesionales en más de 40 jurisdicciones, Menor se ha consolidado como una de las voces más influyentes de la abogacía de los negocios en materia de igualdad, diversidad y promoción del talento femenino.
Junto a este reconocimiento individual, el jurado distinguió en la categoría de persona jurídica a Telefónica, cuya estrategia corporativa integra políticas estructurales de igualdad, diversidad y conciliación orientadas a reforzar la presencia de mujeres en puestos de responsabilidad y a promover entornos de trabajo más equilibrados dentro de la organización. La compañía impulsa además programas de desarrollo del talento femenino, iniciativas de mentoring y proyectos dirigidos a fomentar vocaciones tecnológicas entre niñas y jóvenes.
El jurado concedió además una mención de honor a Carmen Fresnera Fernández, en reconocimiento a su trayectoria profesional y a su contribución al avance de la igualdad dentro dela abogacía.
La decana de la Facultad de Derecho de la UNED, Sonia Calaza, fue reconocida en la categoría Premio Igualdad “Belén Landáburu y María Telo” por su labor en el impulso de iniciativas académicas y divulgativas orientadas a visibilizar el papel de las mujeres en el ámbito jurídico y universitario. Entre ellas destaca el programa “Educación y Abogacía tienen nombre de mujer”, una iniciativa que reúne a juristas, académicas y profesionales de distintas disciplinas para compartir experiencias y ofrecer referentes a estudiantes que aspiran a desarrollar su carrera en el mundo del Derecho.
El premio en la categoría de persona jurídica recayó en Compass, multinacional del sector de la restauración colectiva y los servicios de alimentación, cuyo programa corporativo en materia de diversidad, igualdad e inclusión ha impulsado nuevas dinámicas de colaboración dentro de la empresa y ha favorecido el acceso al empleo y la promoción profesional de mujeres en situación de vulnerabilidad. Entre sus iniciativas sobresale Woman’s Academy, un programa formativo que combina capacitación profesional, apoyo psicosocial y medidas de conciliación destinadas a facilitar la incorporación laboral de mujeres procedentes de entornos especialmente vulnerables.
El jurado concedió además dos menciones de honor a Concepción Morales Vállez y a la organización MELYT, por su contribución al impulso de la igualdad dentro del ámbito jurídico.
Reconociendo el compromiso sostenido del despacho con la promoción de entornos profesionales más equilibrados dentro del sector legal, el ICAM entregó al despacho RocaJunyent el Sello de Buenas Prácticas en Igualdad entre Mujeres y Hombres en el ejercicio de la Abogacía. La distinción, que coincide con el 30º aniversario de la firma, se concede a instancias de la Comisión de Igualdad del ICAM con el objetivo de visibilizar y premiar aquellas iniciativas que fomentan un entorno más equitativo en el ejercicio de la abogacía.
Los Premios de Igualdad y Liderazgo del ICAM fueron creados en 2023 con el objetivo de reconocer el compromiso con la equidad en el sector jurídico y visibilizar el talento femenino en la abogacía. En su tercera edición, se han recibido una treintena de candidaturas, presentadas tanto por profesionales del ámbito jurídico como por organizaciones e instituciones comprometidas con la promoción de la igualdad.
Garantías jurídicas frente a los riesgos de la IA
La XIII Cumbre de Mujeres Juristas del ICAM concluye con un llamamiento a reforzar las garantías jurídicas frente a los riesgos que plantea la inteligencia artificial (IA) para la igualdad y los derechos fundamentales, desde la discriminación algorítmica hasta la violencia digital amplificada por tecnologías automatizadas. El despliegue de estas tecnologías solo será compatible con una democracia avanzada si se somete a mecanismos efectivos de transparencia, rendición de cuentas y supervisión humana, especialmente en aquellos ámbitos donde el impacto social de los sistemas automatizados es mayor. Una tarea en la que la abogacía está llamada a desempeñar un papel fundamental para asegurar un uso ético, seguro y responsable desde la mirada transversal de la igualdad.
“Estamos a tiempo de controlar los efectos perversos que la IA puede generar”, señala la vicedecana del ICAM, Isabel Winkels, defendiendo la necesidad de reforzar la trazabilidad delos datos, identificar los factores que intervienen en las decisiones automatizadas y auditar los procesos algorítmicos que ya influyen en múltiples ámbitos de la vida social y profesional.
"La IA está reconfigurando la forma en que se toman decisiones en ámbitos esenciales: empleo, crédito, seguridad, información, justicia. Y cuando cambian los mecanismos de decisión, cambia también la arquitectura del poder”, avisa el decano Eugenio Ribón. Si la abogacía quiere seguir siendo garante de derechos “debe comprender en profundidad cómo funcionan estos sistemas, cómo se entrenan, qué sesgos pueden incorporar y qué efectos generan”, añade. “No es frenar la innovación, sino impedir que avance al margen de los principios que sostienen el Estado de Derecho”, concluye.
Con ese objetivo, la Cumbre ofrece una hoja de ruta, que identifica una serie de prioridades —desde la prevención de la discriminación algorítmica hasta el refuerzo de las herramientas jurídicas frente a la violencia digital— y sitúa en el centro del debate la necesidad de garantizar la transparencia, la trazabilidad y la supervisión humana de los sistemas de IA.
Presentadas por los diputados de la Junta de Gobierno del ICAM José Ignacio Monedero (secretario) y Ana Buitrago (diputada), una de las principales conclusiones de la Cumbre es que la IA no es neutral. Los sistemas automatizados pueden incorporar sesgos derivados de los datos con los que se entrenan, de los objetivos para los que se diseñan o del contexto organizativo en el que se utilizan. Sin mecanismos de transparencia y supervisión existe el riesgo de que esas desigualdades se consoliden y resulten más difíciles de detectar o impugnar jurídicamente.
La responsabilidad jurídica no puede transferirse al algoritmo. Toda decisión automatizada con efectos relevantes debe contar con un responsable identificable, supervisión humana efectiva, y mecanismos reales de revisión e impugnación. Este principio resulta especialmente relevante en ámbitos sensibles como el empleo, el acceso a servicios esenciales o determinados procesos administrativos, donde el uso de sistemas automatizados puede tener consecuencias directas sobre los derechos de las personas.
Se resalta la necesidad de convertir los principios de transparencia y explicabilidad en herramientas operativas de control jurídico. La confianza pública en los sistemas de IA exige documentación verificable sobre su funcionamiento, incluyendo la finalidad del sistema, la lógica general del algoritmo, los datos utilizados, las métricas de evaluación, los mecanismos de control y las incidencias detectadas durante su funcionamiento. Esta trazabilidad resulta especialmente relevante en contextos de litigio o de investigación administrativa, donde la posibilidad de preservar pruebas, registros y evidencias técnicas puede ser determinante para detectar y acreditar situaciones de discriminación.
La Cumbre aplaude el nuevo Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial (AI Act),que introduce un marco regulatorio basado en niveles de riesgo y establece restricciones estrictas para aquellos sistemas que puedan afectar a derechos fundamentales. Pero avisa que la eficacia de este marco normativo dependerá en gran medida de su aplicación práctica y de la existencia de mecanismos complementarios de gobernanza, supervisión y auditoría capaces de adaptarse a la rápida evolución tecnológica.
En esa misma línea, Ribón advierte de que el desafío que plantea la IA trasciende el plano estrictamente técnico y afecta a la propia arquitectura del poder en las sociedades contemporáneas: "Está reconfigurando la forma en que se toman decisiones en ámbitos esenciales: empleo, crédito, seguridad, información, justicia”, recalca, al tiempo que insiste en que "cuando cambian los mecanismos de decisión “cambia también la arquitectura del poder”.
En este contexto, se destaca también el papel del Reglamento General de Protección de Datos y de la Ley 15/2022 de igualdad de trato y no discriminación como instrumentos jurídicos ya vigentes para abordar los riesgos de discriminación algorítmica, especialmente en lo relativo a la calidad de los datos, la minimización del tratamiento y la transparencia en la toma de decisiones automatizadas.
La Cumbre alerta del impacto de la IA artificial en la violencia digital, que afecta de manera desproporcionada a mujeres y niñas y que puede amplificarse mediante tecnologías automatizadas capaces de multiplicar la difusión de contenidos degradantes o humillantes. Y plantea la necesidad de explorar fórmulas que permitan reducir la impunidad que da el anonimato digital mediante mecanismos de identificación en determinados contextos, siempre con salvaguardas suficientes para garantizar la libertad de expresión, especialmente en aquellos países o situaciones en los que internet constituye el único espacio posible para la crítica pública.
El desarrollo de la IA exige consolidar una cultura de responsabilidad jurídica y control democrático de la tecnología, capaz de garantizar que la innovación se mantenga dentro del marco del Estado de Derecho. En este contexto, la abogacía asume un papel central: hacer exigibles las garantías jurídicas, acompañar a las personas afectadas y contribuir a que el desarrollo de la inteligencia artificial se alinee con la igualdad real y efectiva y con la protección de los derechos fundamentales.
“La IA está aquí para quedarse y desde la Abogacía debemos asegurar un uso ético, seguro y responsable y desde la mirada transversal de la igualdad”, recoge el documento final aprobado por la Cumbre.