La longevidad de la sociedad española crece a un ritmo sin precedentes. Según las previsiones del INE, en torno a 2050 uno de cada tres españoles tendrá más de 65 años, una realidad que plantea importantes desafíos sanitarios y sociales, pero también jurídicos. Sin embargo, la mayoría de las personas mayores reconoce que llega a esa etapa sin conocer bien cuáles son sus derechos cuando aparecen situaciones de dependencia, pérdida de autonomía o conflictos familiares.
Así lo refleja el Barómetro de la Protección Jurídica de onLygal, según el cual el 71% de los mayores de 65 años afirma desconocer en gran medida sus derechos, mientras que un 66% asegura que le gustaría disponer de un abogado de confianza al que acudir para tomar decisiones relacionadas con su patrimonio, sus cuidados o su futuro. Además, el 52% considera que contar con ese asesoramiento le permitiría hacer valer mejor sus derechos.
De hecho, para cuatro de cada diez mayores de 65 años los abogados son la principal fuente de consulta en asuntos relacionados con la herencia y la gestión patrimonial.
La longevidad cambia también las necesidades legales. Vivir más años implica afrontar situaciones que hace unas décadas apenas formaban parte de las preocupaciones de muchas familias. La planificación del patrimonio, la dependencia, la pérdida de capacidad para decidir, la protección frente a fraudes, la gestión de ayudas públicas o la organización de los cuidados son cuestiones cada vez más habituales que requieren anticipación.
De hecho, el Barómetro pone de manifiesto que el 68% de las personas mayores contrataría ayuda legal para planificar su herencia o legado patrimonial, y un 67% lo haría para otorgar su testamento o poderes preventivos. También destaca el interés por recibir asesoramiento jurídico para reclamar tras una caída en la vía pública (65%), solicitar ayudas asistenciales (65%), resolver reclamaciones de consumo (65%), gestionar bienes y patrimonio (56%), tramitar pensiones de jubilación o viudedad (53%), afrontar situaciones relacionadas con estancias hospitalarias (53%) o superar dificultades derivadas de la brecha digital (43%).
Pese a ello, solo el 46% de los mayores asegura haber hablado con naturalidad de estas cuestiones con sus familiares o futuros herederos, lo que evidencia que todavía existe cierta resistencia a abordar conversaciones que pueden resultar decisivas para evitar conflictos futuros.
"Cada vez vivimos más años, pero seguimos llegando a esa etapa sin preparar muchas de las decisiones jurídicas que pueden resultar determinantes para preservar nuestra autonomía. Igual que planificamos nuestra jubilación desde el punto de vista económico, conviene planificar también la protección jurídica de esa etapa de la vida", afirma Gemma Viñuales, abogada de onLygal.
Los especialistas de onLygal advierten de que muchas familias solo recurren al asesoramiento jurídico cuando ya se ha producido una enfermedad, una pérdida de capacidad o un desacuerdo entre familiares. En ese momento, las alternativas legales suelen ser más limitadas y resulta más difícil garantizar que se respete la voluntad de la persona afectada. Por ello, con motivo del Día Mundial de los Abuelos, la compañía anima a las familias a hablar con naturalidad sobre estas cuestiones y a anticipar decisiones especialmente relevantes para envejecer con tranquilidad, como las siguientes:
"Instrumentos como el testamento, los poderes preventivos o las voluntades anticipadas ya no son únicamente trámites legales; se han convertido en herramientas que permiten proteger la voluntad de las personas, evitar conflictos familiares y facilitar la toma de decisiones cuando aparecen situaciones de dependencia o deterioro cognitivo”, añade Viñuales.
