El Observatorio de Vigilancia de Mercado (OVM) de la Asociación Española de Normalización, UNE, ha elaborado un modelo de convenio para facilitar la realización de actividades conjuntas entre las autoridades de vigilancia de mercado y las organizaciones sectoriales destinadas a detectar casos de incumplimiento de la reglamentación aplicable a los productos.
El documento pone a disposición de las partes interesadas una base consensuada y adaptable a las diferentes circunstancias y necesidades de las comunidades autónomas y las asociaciones sectoriales, facilitando la colaboración público-privada y optimizando los recursos destinados a la vigilancia de mercado.
La iniciativa se enmarca en el artículo 9 del Reglamento (UE) 2019/1020, relativo a la vigilancia del mercado y la conformidad de los productos, que contempla la realización de actividades conjuntas entre autoridades y organizaciones representativas de los operadores económicos para incentivar el cumplimiento, detectar posibles incumplimientos y aumentar el conocimiento sobre la legislación europea.
El convenio supone un nuevo avance en uno de los principales objetivos del OVM: fortalecer la colaboración público-privada en materia de vigilancia de mercado, contribuyendo al cumplimiento de la legislación y de los requisitos técnicos de las normas, a la seguridad de los productos y a una competencia leal entre los operadores económicos.
El desarrollo del convenio comenzó en mayo de 2025, en un grupo de trabajo coordinado por Jorge Iñesta Burgos, subdirector general de Industria e Inspección de la Comunidad de Madrid, con la participación de autoridades públicas competentes en vigilancia de mercado y organizaciones sectoriales integrantes del Observatorio. A lo largo de 2025 y principios de 2026, el grupo trabajó en la elaboración de un modelo que pudiera servir de base para futuros acuerdos entre las Administraciones y las asociaciones sectoriales, teniendo en cuenta las orientaciones europeas y la experiencia previa de las comunidades autónomas en este ámbito. Los trabajos culminaron en mayo de 2026 con la aprobación del convenio tipo por el OVM, tras el correspondiente análisis jurídico por parte de los servicios del Ministerio de Consumo y de la Comunidad de Madrid.
Con esta herramienta, el Observatorio facilita un marco común para impulsar nuevas actuaciones de colaboración público-privada, optimizar los recursos disponibles y mejorar la detección de incumplimientos, contribuyendo a un mercado más seguro y a una competencia leal bajo las mismas reglas de juego.