En España se aprueban 32 normas cada día

Miguel Ángel Valero

El entorno institucional en el que operan las empresas juega un papel clave en el desarrollo económico. La calidad de las instituciones, en particular del marco regulador, afecta directamente a la capacidad de crecimiento de un país, como señala el Informe Anual 2024 del Banco de España. La calidad institucional se refiere a la eficacia de las reglas de juego que las sociedades desarrollan para regular las relaciones políticas, sociales y económicas. 

Los canales que sustentarían esta asociación positiva entre indicadores de calidad institucional y niveles y tasas de crecimiento de la productividad en países desarrollados son de varios tipos:

• En primer lugar, unas mejores instituciones pueden generar mayor confianza inversora, al proporcionar un marco legal más estable y previsible que fomente la innovación y reduzca los costes de transacción
• En segundo lugar, unas mejores instituciones suelen estar asociadas con menores niveles de corrupción, lo que permite una asignación más eficiente de los recursos públicos y privados.
• En tercer lugar, una burocracia más eficiente puede reducir los tiempos y costes vinculados a la creación, apertura y gestión de empresas, facilitando la inversión empresarial. 
• En cuarto lugar, las instituciones pueden incidir sobre la innovación y sobre quién sale beneficiado y perjudicado de los cambios tecnológicos. De este modo, una mejor calidad institucional incentiva tanto la creación de nuevas tecnologías (invención e innovación) como la adopción de dichas tecnologías y su uso eficiente
• Finalmente, la calidad institucional puede afectar a las decisiones económicas tanto a través de los efectos señalados anteriormente como de la percepción que los agentes económicos tienen de las instituciones. Por ejemplo, que los agentes económicos perciban la existencia de corrupción, sea justificada o no, puede tener sobre sus decisiones económicas efectos negativos similares a los que produciría la existencia real de la misma.  

Las investigaciones del Banco de España observan una correlación positiva entre la calidad institucional y el crecimiento de la productividad, de manera que la mejora de la calidad institucional está asociada a un mayor crecimiento subsiguiente de la productividad. 

Casi medio millón de normas con la democracia

Un análisis elaborado por Juan S. Mora Sanguinetti, de Análisis de la Economía Española del Banco de España y publicado en el Blog de la institución, subraya que las normas son necesarias para ordenar la actividad económica y, bien diseñadas, pueden corregir fallos de mercado y fomentar un crecimiento sostenible. Sin embargo, cuando la normativa se multiplica sin una planificación adecuada o se vuelve muy compleja (por ejemplo, por su desconexión entre territorios), puede convertirse en un obstáculo para el emprendimiento y el crecimiento de las empresas y, también, de la economía. Veamos qué ocurre en España.

Desde el inicio de la democracia, nuestro ordenamiento jurídico ha generado más de 400.000 normas nuevas, Además, se observa una tendencia al crecimiento de la actividad normativa, acompañado de un aumento en las referencias cruzadas entre normas.

Entre 1979 y 2021 las distintas administraciones españolas aprobaron 411.804 normas. Solo en 2022, se añadieron 11.775 nuevas disposiciones, 32 normas nuevas cada día, una cada 45 minutos aproximadamente.

El número de normas publicadas cada año se ha multiplicado por cuatro desde el inicio de la democracia.

La proliferación de normas refleja en buena medida, el dinamismo normativo de un Estado descentralizado y en construcción y la transposición de las directivas europeas. Pero este crecimiento plantea retos operativos para las empresas, especialmente las más pequeñas. Los empresarios y emprendedores se enfrentan a una creciente carga administrativa y a una posible falta de claridad o coherencia en el entorno regulador.

El aumento de regulación puede tener efectos negativos sobre la actividad económica, especialmente en las empresas de menor tamaño, insisten los expertos del Banco de España en un análisis. Un mayor volumen de normas conlleva una reducción en la entrada de nuevas firmas y una menor creación de empleo. En algunos sectores, como el industrial, se observa una clara relación negativa entre densidad normativa y dinamismo empresarial.

Las pequeñas empresas son las más sensibles al aumento de la normativa, pues tienen menos capacidad para absorber los costes de cumplimiento. Así, en España un aumento del 10% en el volumen de regulación provoca una caída del 0,5% en el empleo de las empresas con menos de 10 trabajadores.

Además, la convivencia de normas diferentes en cada comunidad autónoma —la llamada fragmentación normativa— puede aumentar los costes de cumplimiento para las empresas, dificultar la expansión territorial y reducir la eficiencia del mercado interior. Este fenómeno puede afectar especialmente a las pymes, que, a menudo, no tienen una asesoría jurídica que les facilite operar en varias regiones al mismo tiempo. Cuando la normativa nacional y autonómica está alineada, las empresas tienden a innovar más. E

La complejidad regulatoria también limita la capacidad de las empresas para innovar. Si bien ciertas normativas —como las medioambientales o “verdes”— pueden incentivar el desarrollo de nuevas tecnologías siempre que estén bien diseñadas, una normativa excesiva o descoordinada entre administraciones puede generar incertidumbre, disuadir la inversión y reducir el margen de actuación empresarial.

En el ámbito de la regulación “verde”, por ejemplo, los efectos sobre la innovación dependen en gran medida de la coherencia entre las normativas nacionales y autonómicas. Cuando las disposiciones están alineadas, pueden estimular la adopción de tecnologías más limpias. Pero cuando resultan inconsistentes o contradictorias, los efectos pueden ser contraproducentes.

"La regulación es necesaria y debe facilitar el funcionamiento ordenado de la actividad económica. Por ello, el reto no es necesariamente tener menos regulación, sino contar con una regulación mejor diseñada, más clara y más coordinada", reclama Juan S. Mora-Sanguinetti. 

"Una política regulatoria eficaz requiere mecanismos de evaluación, simplificación y coordinación entre administraciones. En este sentido, resulta clave reforzar los análisis de impacto normativo y evitar duplicidades innecesarias entre niveles de gobierno", añade.

"Reducir la maraña regulatoria no solo aliviaría los costes para las empresas existentes, sino que también propiciaría la entrada de nuevas empresas y emprendedores y el crecimiento de proyectos innovadores. En última instancia, avanzar hacia un entorno regulatorio más eficiente puede contribuir a mejorar la productividad, la competitividad y el bienestar económico general", concluye el experto del Banco de España.