Europa solo dará dinero a proyectos que demuestren resultados

Miguel Ángel Valero

 2026 marca el paso del anuncio a la ejecución de la financiación pública. Con el Plan de Recuperación en su fase final y el 31 de agosto de 2026 como fecha límite para la aprobación de nuevos hitos, los primeros meses del año todavía concentran un lanzamiento a gran escala de convocatorias y a partir del segundo cuatrimestres e centra en cerrar proyectos con resultados verificables, en un entorno de mayor exigencia en ejecución, subraya la “Radiografía de las ayudas públicas en 2025 y perspectivas clave para 2026”, elaborada por WeGrant, fintech española especializada en tecnologías financieras aplicadas a fondos públicos.

No obstante, 2026 sigue ofreciendo oportunidades relevantes. Tras la Adenda de diciembre de 2025, quedan por activar unos 230 hitos, que permitirán movilizar unos 31.000 millones€ adicionales. Pero esta financiación será más concentrada, dirigida a unos pocos ejes prioritarios:

• Energía y clima, como el gran bloque de oportunidad, con líneas activas en renovables, almacenamiento, hidrógeno y descarbonización industrial, reforzadas por el nuevo paquete del IDAE (unos 2.000 millones).
• Tecnología y digitalización avanzada:, centrada en proyectos de alto valor tecnológico (IA, datos, semiconductores, ciberseguridad).
• Industria y cadenas de valor estratégicas, especialmente en movilidad sostenible, economía circular y agroindustria.

Al mismo tiempo, España reducirá de forma significativa el uso de préstamos europeos: unos 22.800 millones, frente a los 83.000 millones inicialmente previstos), reforzando el papel del ICO (+13.000 millones) como instrumento de continuidad.

El informe de WeGrant señala las implicaciones de estas decisiones para las empresas:

• Las ayudas favorecerán proyectos maduros y listos para ejecutar, más que iniciativas poco definidas.
• Ganará peso la capacidad de planificación, justificación y demostración de resultados.
• La alineación con los ejes prioritarios será determinante.
• El principal riesgo deja de ser la falta de fondos y pasa a ser llegar tarde con proyectos inmaduros o fuera de foco. 
• En este contexto, la financiación pública en 2026 se orienta claramente hacia proyectos con capacidad real de ejecución y generación de resultados.

El escenario postNextGenerationEU

A partir de 2027, Europa cierra una etapa excepcional marcada por los NextGenerationEU y la lógica de estímulo masivo. El nuevo marco no supone un vacío de financiación, sino un cambio profundo de enfoque: menos volumen, mayor selectividad y una exigencia mucho más alta en términos de impacto económico, escalado y valor estratégico. La financiación pública evoluciona desde una política de recuperación hacia una política de competitividad y autonomía estratégica en un contexto global más inestable.

Los principales cambios serán:

• Menos ayudas generalistas y mayor concentración de fondos en sectores estratégicos
• Mayor exigencia de resultados, escalado e impacto económico real
• Refuerzo del eje de seguridad y defensa, incluidas tecnologías de uso dual
• Mayor protagonismo de startups y empresas tecnológicas, integradas en proyectos industriales y tecnológicos de mayor escala
• Prioridades que se consolidan:
  • Industria y tecnología estratégica (semiconductores, microelectrónica, fabricación avanzada y tecnologías limpias).
  • Seguridad y defensa (industria de defensa, ciberseguridad, protección de infraestructuras críticas).
  • Transición verde con base industrial europea (energía, hidrógeno, baterías y cadenas de valor propias).
  • Innovación y startups (deeptech, inteligencia artificial, salud avanzada y tecnologías con alto potencial de escalado).

"En este nuevo escenario, Europa no deja de invertir, sino que invierte de otra manera, alineando industria, tecnología, startups y seguridad dentro de una misma estrategia de competitividad internacional", subraya el informe.

Desajustes estructurales entre la oferta de ayudas y la demanda de las empresas

“El análisis de 2025 confirma que la financiación pública en España mantiene un elevado nivel de actividad, pero también pone de manifiesto desajustes estructurales entre la oferta de ayudas y la demanda real de las empresas, por territorio, sector y tipo de empresa. A medida que el sistema avanza hacia el escenario post-2027, la financiación pública evoluciona hacia un modelo más selectivo, más concentrado y con una mayor exigencia en ejecución e impacto, donde la capacidad de anticipación y toma de decisiones informada se vuelve crítica”, explica Fran Estevan, CEO de WeGrant.

Aunque el presupuesto medio por comunidad se sitúa en torno a los 540 millones€, las diferencias territoriales son relevantes: Cataluña y Comunidad Valenciana concentran un volumen elevado de ayudas, con importes medios solicitados reducidos lo que refleja un modelo basado en múltiples convocatorias de pequeño tamaño. Galicia y Asturias presentan proyectos empresariales de mayor dimensión, pese a disponer de presupuestos públicos más reducidos, mientras que Madrid combina un presupuesto publicado relativamente bajo con solicitudes medias elevadas, evidenciando un entorno altamente competitivo.

La financiación pública moviliza cada año miles de millones€ y se ha convertido en una palanca clave para la competitividad empresarial. En 2025, se han publicado ayudas por valor de más de 19.000 millones€ a nivel nacional y 6.000 millones en el europeo, en un contexto de elevada actividad y complejidad regulatoria.

El principal reto de la financiación pública en España no reside únicamente en el volumen de recursos disponibles, sino en su distribución territorial y su adecuación al tamaño real de los proyectos empresariales. Un diseño de ayudas más alineado con las dinámicas de cada territorio permitiría mejorar la ejecución y el impacto económico de los fondos públicos.

El análisis sectorial de la financiación pública en 2025 pone de manifiesto diferencias relevantes entre los sectores que concentran las ayudas y aquellos donde las empresas demandan más financiación, lo que evidencia desajustes estructurales en el diseño de las convocatorias:

• Servicios, actividades profesionales y técnicas, comercio, hostelería y construcción concentran una demanda empresarial muy superior a su cobertura financiera.
• El sector servicios representa el 16,8% de las solicitudes, frente al 5% de las ayudas publicadas, reflejando una brecha significativa entre oferta y demanda.
• Sectores como la industria extractiva, energía, agua y residuos concentran una parte relevante del presupuesto público, pese a mostrar un interés empresarial limitado.
• La industria manufacturera, la agricultura y las TIC presentan un grado de alineación más equilibrado entre ayudas disponibles y demanda real.

Los datos indican que el principal reto de la financiación pública por sectores no es aumentar el volumen de ayudas, sino ajustar su orientación a los ámbitos donde existe una demanda empresarial clara y sostenida, con el objetivo de mejorar la eficiencia, la ejecución y el impacto económico de los fondos públicos.

También se produce una clara divergencia entre el perfil de las empresas que demandan financiación y aquel al que se dirigen las ayudas públicas. Aunque la mayoría de las solicitudes proceden de pymes, el reparto de las convocatorias no refleja plenamente esta realidad, según datos del Gobierno:

• Las pymes concentran el 86,38% de las solicitudes, pero solo reciben el 34,9% de las ayudas publicadas.
• La gran empresa, junto con la categoría “Otros”, acumula más del 40% de las ayudas, pese a representar menos del 3% de las solicitudes.
• Autónomos y startups presentan una participación moderada en el reparto de ayudas, con un peso inferior a su presencia real en la demanda.

Los datos indican que el diseño de las ayudas públicas por tipo de empresa no está plenamente alineado con la estructura real del tejido empresarial, dominado por pymes. Una mayor focalización de las convocatorias en este perfil permitiría mejorarla eficacia, la absorción de fondos y el impacto económico de la financiación pública. 

Por otra parte, la comparación entre presupuesto asignado y peso real de las empresas permite identificar alineaciones sólidas y cuellos de botella estructurales:

• Más del 50% del presupuesto público se ha concentrado en:
  • I+D: 2.030 millones€
  • industria: 1.910 millones
  • energía: 1.780 millones
  • innovación: 1.680 millones
• Industria, con el 8,9% de las empresas, e I+D, con el 6,1%, presentan la mayor correspondencia entre volumen de fondos y demanda de empresas
• En cambio, comercio, con el 13.4% de las empresas, dispone de un presupuesto  muy reducido
• Turismo, con el 5.5% de las empresas, y TIC, con el 5%, muestran una demanda relevante frente a una cobertura financiera limitada
• Deeptech, IA, fintech o defensa son sectores con mucha financiación específica, pese a representar menos del 0,5% de la demanda de las empresas. Aquí se produce una respuesta anticipada al desarrollo real del mercado.

En cualquier caso, la Unión Europea continúa marcando las grandes líneas estratégicas de la financiación pública, centradas en la transición verde, la transformación digital y el impulso industrial. En 2025 se han convocado más de 900 ayudas europeas, concentradas principalmente en cinco grandes programas: Horizonte Europa, Erasmus, Europa Digital, Fondo Europeo de Defensa, Programa para el Medio Ambiente y la Acción Climática.