Miguel Ángel Valero
El ser humano es contradictorio hasta decir basta. El 80% de los españoles aseguran estar bastante o muy preocupados porque la pensión pública no será suficiente para cubrir sus necesidades tras la jubilación. Pero la mitad no hace nada para solucionarlo: no ahorra para cuando llegue el momento de abandonar definitivamente el mercado laboral. Y el 65% de los que no ahorran actualmente, tampoco planean hacerlo en el futuro, según la I Encuesta de Ahorro para la Jubilación, realizada por el Observatorio de Pensiones del Grupo Mutua Madrileña.
El 56% de los que no ahorran para la jubilación se escudan en la falta de capacidad para hacerlo. Pero el segundo motivo es que no constituye una prioridad. Y el 75% de los que ahorran, aporta menos de 5.000€ al año para preparar la jubilación.
Más del 70% de los jubilados ahorró para su retiro, pero solo uno de cada tres lo hizo de forma planificada. Y más del 60% no cambiaría nada en su comportamiento de ahorro previo a la jubilación. Pese a que dos tercios de los jubilados ha tenido que ajustar sus gastos tras su retiro (el 19%, de forma significativa).
Existe un factor de formación, señalado por varios de los participantes en la presentación de la Encuesta y del informe Alternativas en el pilar II desde una perspectiva internacional: dos de cada tres españoles con estudios universitarios ahorra, frente al 40% de otros niveles educativos; y el 40% de los que se jubilaron con formación universitaria ahorró con un plan definido, versus el 24% del resto.
Y aunque las ventajas fiscales aparecen como la tercera prioridad para los actuales ahorradores (por debajo de la seguridad y de la rentabilidad) y para los potenciales (priman también la liquidez), prácticamente la mitad incrementaría su ahorro en caso de una mejora de esos incentivos.
Desequilibrio acentuado
“Durante 2026 ha continuado acentuándose el desequilibrio entre la suficiencia actual del sistema público de pensiones y su sostenibilidad futura. Este año las transferencias del Estado necesarias para atender el gasto en pensiones podrían alcanzar los 60.000 millones€, una magnitud equivalente a alrededor del 3,5% de nuestro PIB. Esta desviación explicaría por sí sola más de la totalidad del déficit público proyectado para 2026, situado en el 2,5%. En cuanto a los pilares complementarios al sistema público, este año no ha traído tampoco mejoras significativas. La ausencia de avances materiales en el desarrollo del segundo pilar, integrado por los planes de pensiones de empleo, constituye, posiblemente, el resultado más decepcionante de 2026", advierte Ignacio Garralda, presidente del Grupo Mutua Madrileña.
El autoenrolment, la adscripción automática de los trabajadores a los planes de empleo por parte de las empresas, es un punto de partida para lograr un sistema de previsión social empresarial más sólido y desarrollado, insiste Garralda, que se basa en el informe elaborado por su Servicio de Estudios.
Fátima Herranz, especialista en Mercado Patrimonial de éste, subraya la necesidad de "traducir la preocupación por la pensión futura en ahorro para la jubilación", y destaca que el 60% de los trabajadores quiere que su empresa le ofrezca un plan de pensiones de empleo. Pero del 25% que cuenta con este producto, únicamente un 35% realiza aportaciones adicionales a las efectuadas por la empresa.
Manuel de Orte, director del Servicio de Estudios de la aseguradora, cree que España tiene un amplio margen para crecer en previsión complementaria, pero las tres herramientas que la Comisión Europea recomendó para impulsarla hace un año siguen pendientes: autoenrolment, pension tracking system (sistema para consultar los derechos a futuras pensiones) y pension dashboard (panel que aglutina en un único lugar la información sobre futuras pensiones). En este contexto, el primer mecanismo, la adscripción automática de los trabajadores a los planes de empleo por parte de las empresas, gana peso como sistema eficaz para aumentar el ahorro complementario con vistas a la jubilación: “La implantación de este sistema en nuestro país debe formar parte de un modelo integral que combine aportaciones de trabajadores y empresas, mecanismos efectivos de salida voluntaria, incentivos adaptados a rentas bajas y una implantación gradual que tenga en cuenta la elevada presencia de pymes, autónomos y trabajadores con carreras laborales discontinuas”.
Los ejemplos de Reino Unido e Irlanda, como referencias destacadas, muestran que "en ambos países existe la posibilidad de salir de forma voluntaria del plan, pero la realidad muestra que una vez incorporados por defecto, el porcentaje de empleados que opta por abandonar el sistema es reducido. En Suecia y Alemania, por su parte, funcionan los modelos de planes de empleo pactados en convenio colectivo”, explica.
En España está el ejemplo de las Entidades de Previsión Social Voluntaria, con un marco legal y fiscalidad propios, planes colectivos y sectoriales de empleo, en los que participan empresas y trabajadores, con un patrimonio equivalente al 30% del PIB y con un 25% de ocupados en las EPSV. “El marco fiscal vasco y la experiencia de sus sistemas de previsión social ponen de relieve la importancia de combinar una cultura de ahorro consolidada, la participación de los agentes sociales y un tratamiento fiscal estable”, apunta Ignacio Garralda.
Pero el elevado peso del sistema público, la desigual negociación colectiva por sectores, el tejido empresarial fragmentado, el elevado peso de los autónomos (colectivo con mayor dificultad para acceder a instrumentos de ahorro colectivo), la histórica precariedad laboral, y la limitada cultura financiera de la población española juegan en contra de los planes de pensiones de empleo
“Únicamente alrededor del 15% de la población ocupada, unos 3,3 millones de personas, dispone de un plan de empleo, muy lejos del objetivo de alcanzar los 11 millones de partícipes en 2030. Todo ello a pesar del crecimiento del número de partícipes impulsado por los planes simplificados, con un protagonismo destacado del sector de la construcción que, sin embargo, supone una aportación media muy reducida de 117€ en 2025, según la AIReF”, insiste Garralda.
El gasto en pensiones se comerá el 16,2% del PIB en 2040
“Un informe de la Comisión Europea sitúa a España entre los países con un desarrollo más limitado de las pensiones complementarias y, al mismo tiempo, sometido a mayores presiones en materia fiscal y de suficiencia. El documento destaca a España como el país de la Unión Europea que sufrirá el mayor incremento, en términos de PIB, en su gasto en pensiones hasta 2040. Se elevará en 2,5 puntos hasta el 16,2%”, subraya el presidente del Grupo Mutua.
“Si aspiramos a consolidar el segundo pilar, los convenios colectivos deben incorporar de forma progresiva la previsión social complementaria como un componente ordinario del acuerdo laboral. Para hacerlo posible, empresas y sindicatos necesitan instrumentos sencillos, seguridad jurídica y costes proporcionados. No debemos configurar un segundo pilar reservado a las grandes compañías o a los sectores con mayor capacidad de negociación. A ello debe añadirse de manera ineludible el compromiso de las Administraciones públicas, que ha de concretarse, entre otros ámbitos, en un marco fiscal estable y capaz de generar incentivos claros para fomentar este tipo de ahorro", agrega.
Ricardo González Arranz, director general de Mutuactivos Pensiones, modera un debate en el que participaron Olimpia del Águila, responsable de Seguridad Social e Igualdad en CEOE; Carlos Bravo, secretario de Políticas Públicas y Seguridad Social de CCOO; Ángel Martínez Aldama, presidente de Inverco; y Carlos Esquivias, director de Seguros Personales y Fiscal de Unespa.
El presidente de Inverco subraya que los fondos de pensiones invierten el 32% de su cartera en España: “Contribuyendo a nuestra jubilación, contribuimos al desarrollo económico de España”. Pero entre 2020 y 2026 el sistema de pensiones individuales ha perdido 12.500 millones€ por los menores incentivos fiscales, sin que ese dinero se haya ido a planes de empleo. Además, plantea que en todo el sistema educativo en España sea obligatoria una asignatura de educación financiera.
Para el representante de Unespa, el autoenrolment “es el camino que tenemos que seguir”, porque ha demostrado su eficacia en el marco internacional y “es una medida muy eficaz para incorporar a la previsión social complementaria a colectivos que no lo estaban, como los jóvenes, las mujeres y los trabajadores con rentas bajas”. La representante de CEOE apunta que el avance del autoenrolment en España requiere de un “clima en el que la negociación colectiva tenga facilidad de pactar”. “No puede haber una verdadera reforma del sistema si no es a través del consenso político y social. Necesitamos un debate a través de los datos, no a través de los sentimientos electoralistas", argumenta.
Para Carlos Bravo, el problema de la falta de ahorro previsional en España reside en la distribución de rentas y en una “distribución de ahorro insana”, centrada en el inmobiliario. “Estoy a favor del autoenrolment y de la necesidadde consensos, pero la clave de este asunto tiene que ver con la distribución de rentas”, aseguró el responsable sindical, que recordó que desde 2010 los beneficios empresariales se han incrementado un 83% y los salarios, un 35%.
Las ventajas del Sialp Financia Europa
María Francisca Gómez-Jover,subdirectora general de Organización, Estudios y Previsión Social Complementaria de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, recuerda las prioridades de supervisión:
Sobre el Sialp Financia Europa, destaca que duplica sus límites de aportación hasta los 10.000€ sobre el tradicional, con exención total de rendimientos si no se retira capital en cinco años, traspasibilidad sin coste a otro SialpFE (no a uno tradicional), y que se pierde la ventaja fiscal si hay rescate anticipado. Puede invertir en acciones cotizadas (salvo Socimis), instituciones de inversión colectiva (excepto Sicav) y renta fija con al menos BBB del Espacio Económico Europeo.
No se podrá comercializar hasta que el Ministerio de Hacienda publique la Orden Ministerial sobre información tributaria y hasta que la CNMV elabore la lista de instituciones de inversión colectiva elegibles.