En 2025 el 19,5% de la población española está en riesgo de pobreza, una tasa que se ha reducido un 12% desde 2015. El porcentaje de personas que sufren pobreza extrema o exclusión ha caído un 28%, hasta situarse en el 8%, según un informe de la Fundación Ramón Areces y el Ivie.
Miguel Ángel Valero
La economía española está en un proceso de expansión, caracterizado por un aumento importante de la población ocupada y del salario mínimo. Este crecimiento económico no consigue, sin embargo, acabar con la pobreza, denuncia el informe Análisis de la exclusión social y económica en España y en sus territorios, publicado por la Fundación Ramón Areces y elaborado por el equipo de investigación del Ivie dirigido por Carmen Herrero e integrado por Antonio Villar y Carlos Albert.
Según este análisis, acabar con la situación de riesgo de pobreza costaría unos 24.000 millones€ anuales, un 1,8% del PIB del país. Eliminar el riesgo de exclusión tendría un coste mucho más reducido, alrededor de 8.800 millones anuales, lo que representa un 0,7% del PIB.
El informe parte de la definición de pobreza como una renta por debajo del 60% de la mediana (el valor que separa al 50% de población con más ingresos de aquella con menos) y la pobreza extrema o exclusión como una renta por debajo del 40%. Por tanto, en 2025 el 19,5% de la población española está en riesgo de pobreza, una tasa que se ha reducido un 12% desde 2015. En la última década, el porcentaje de personas que sufren pobreza extrema o exclusión ha caído un 28%, hasta situarse en el 8% en 2025.
También se ha reducido la desigualdad dentro de este colectivo. Si en 2015, el 50,4% de las personas en riesgo de pobreza estaba también en amenaza de exclusión, en 2025 ese porcentaje se ha recortado en casi diez puntos, hasta el 41,3%.
El estudio detecta diferencias significativas en el riesgo de pobreza y exclusión tanto entre comunidades autónomas, como entre colectivos (jóvenes, mujeres, trabajadores con empleo temporal). Por ello, propone una orientación más específica de los instrumentos de protección social.
Tener un empleo no garantiza eludir la pobreza, ya que un 33% de las personas en riesgo de pobreza están ocupadas. Un porcentaje medio que sube hasta el 40% en el caso de Illes Balears, pero que no baja del 25% en ninguna región en 2025. Aunque la tasa de pobreza de la población ocupada se ha reducido desde el 14,8% de 2015 hasta el 11,6% de 2025, sigue siendo muy elevada en algunas comunidades autónomas. En Andalucía alcanza el 17,4%, mientras que en Navarra, la probabilidad de que las personas con trabajo entren en riesgo de pobreza es solo del 6%.
La disminución del porcentaje de personas en riesgo de pobreza y exclusión se ha dado en todas las regiones a lo largo del periodo 2015 - 2025. Sin embargo, las diferencias en la incidencia entre las comunidades autónomas siguen siendo elevadas. Si para el conjunto del país el 19,5% de personas se sitúa por debajo del umbral de la pobreza (12.220€ anuales por unidad de consumo), en Andalucía, ese porcentaje se eleva hasta el 27,7%. También están por encima de la media, Murcia (26,7%), Extremadura (26,2%), Comunitat Valenciana (26%), Castilla-La Mancha (25,9%) y Canarias (22,9%). Por el contrario, la menor proporción de personas en riesgo de pobreza está en País Vasco (9,3%), Illes Balears (11,6%), Navarra (12,3%) y Madrid (12,7%).
Similares diferencias se observan en el caso de la población en riesgo de exclusión. Si la incidencia media se sitúa en el 8% (rentas inferiores a los 8.147 euros anuales por unidad de consumo), en Comunitat Valenciana el porcentaje aumenta hasta el 11,8%, en Andalucía alcanza el 11,4%, en Murcia el 11,2% y en Extremadura el 9,9%.
Existen también grandes diferencias entre comunidades con respecto al volumen de recursos necesarios para acabar con la pobreza. La renta media de la población en riesgo de pobreza era de 4.869€ anuales a nivel nacional en 2023, mientras que la renta media de las personas en esta situación de Navarra baja hasta los 4.128 y, en Illes Balears, a 4.362€. En el lado contrario, la población en riesgo de pobreza de Galicia cuenta con una renta media de 5.498€, seguida de Extremadura, con 5.325.
Si nos centramos en las personas en riesgo de exclusión, la renta media en España de 2.849€ anuales oscila entre los 2.090 de mínima en Illes Balears y los 3.397 de máxima en Aragón.
A partir de estos datos, el estudio muestra las diferencias regionales en cuanto a la renta que cada comunidad necesitaría para acabar con el riesgo de pobreza en su territorio. En términos de PIB, la situación es muy variada según las autonomías. Si a nivel nacional habría que destinar un 1,8% del PIB (24.000 millones€), en Andalucía se requeriría un 3,9% de su PIB, frente al País Vasco, donde bastaría con destinar el 0,6%.
Índices sintéticos para la clasificación de las autonomías
Más allá de ofrecer las cifras concretas de pobreza y exclusión y las diferencias entre regiones, el trabajo realizado por los expertos del Ivie para la Fundaciónm Ramón Areces construye dos índices sintéticos para establecer una clasificación de las CC.AA. según la evolución de estos grupos de población entre 2015 y 2023. El ranking que surge del indicador sintético ordinal que se construye -con variables como el porcentaje de población en riesgo de pobreza y exclusión, la renta necesaria para eliminar la pobreza y la desigualdad entre la población en riesgo de pobreza- establece 5 grupos de comunidades en función de su avance o retroceso a lo largo de periodo analizado.
En el primer grupo se consolidan las regiones líderes con mejores resultados (País Vasco, Aragón, Cantabria y Cataluña). En el segundo grupo se sitúan las comunidades con mejoras sostenidas a lo largo del periodo (Madrid y La Rioja). El tercer escalón agrupa a regiones que han registrado retrocesos destacados (Navarra y Asturias). El cuarto grupo son las regiones que se mantienen siempre en posiciones intermedias (Galicia, Illes Balears, Extremadura y Castilla y León). Y, por último, una zona baja en la que se incluyen Andalucía, Castilla-La Mancha, Canarias, Comunitat Valenciana y Región de Murcia, aunque esta última ha ganado posiciones desde 2015.
Las mujeres empeoran su situación
Además de las diferencias regionales, los autores del estudio alertan de la mayor incidencia e intensidad de la pobreza en determinados colectivos. Las mujeres, que partían de una situación ligeramente más favorable que los hombres en 2015, han empeorado su situación en 2025. Entonces, el porcentaje de mujeres en riesgo de pobreza era del 21,8% frente al 22,5% de los hombres. En 2025 las tasas han variado hasta el 20,3% de las mujeres y el 18,6% de los hombres.
Por edad, se mantiene la menor incidencia de pobreza en los mayores de 65 años, frente a los más jóvenes, aunque esa tendencia está cambiando ligeramente en los últimos años y en algunas regiones la menor incidencia ya se da en la población en edad de trabajar: Aragón, Illes Balears, Canarias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, etc. En todos los casos, el riesgo de pobreza de los jóvenes menores de 18 años es mayor y roza casi el 30%. En esto último influye el nivel elevado de la pobreza infantil en España. Según Unicef, el riesgo de pobreza monetaria en las edades de 0 a 12 años es del 27,5% en España, un porcentaje por encima del de los países del entorno, como Portugal y Francia, con tasas del 19%, o Alemania y Bélgica, que casi reducen a la mitad la tasa española (15,5% y 14,9%, respectivamente).
La tasa de riesgo de pobreza y de riesgo de exclusión se calculan tomando como referencia los valores del 60% y del 40% de la mediana nacional, y no de la de cada región. Esto facilita las comparaciones, pero proporciona una imagen más negativa de aquellas regiones con menor renta per cápita y una imagen más positiva de aquellas con mayor renta.
Además, los autores analizan también la situación de la población española a través de la tasa Arope, un indicador que no solo se centra en la pobreza económica, sino que suma tres subindicadores: personas en riesgo de pobreza, personas con carencia material y social severa y personas en hogares con baja intensidad de empleo. Al comparar con el riesgo de pobreza, se observa un aumento significativo en la tasa Arope que en el conjunto de España es de más de 6 puntos en 2025.
En definitiva, aunque la evolución de la precariedad en España durante el periodo analizado refleja avances significativos en reducción de la pobreza y exclusión, la monografía destaca grandes diferencias regionales y entre grupos de población. En particular las mujeres, los jóvenes y los trabajadores con empleo temporal o de baja remuneración siguen registrando elevados niveles de riesgo de exclusión.
Los autores del informe explican que la cobertura de las prestaciones es desigual entre territorios y grupos sociales, y existen diferencias significativas en el acceso a las ayudas dirigidas a población en riesgo de exclusión. “Por ello, es necesario reforzar los instrumentos de protección social y mejorar los mecanismos de acceso a los mismos, garantizando una coordinación más eficiente entre los diferentes niveles de administraciones públicas”, añaden. La consolidación de estos avances requiere un refuerzo del sistema de protección social que asegure la cobertura efectiva de las necesidades básicas y promueva la inclusión de todos los grupos sociales.