España afronta uno de los principales retos estructurales de las próximas décadas: garantizar la suficiencia futura de las pensiones en un contexto de envejecimiento demográfico, menor crecimiento de la población activa y creciente presión sobre las finanzas públicas, subraya el informe Hacia un nuevo modelo de pensiones en España, elaborado por BME. El sistema español continúa apoyándose de forma predominante en el Pilar I, en la pensión pública financiada mediante un esquema de reparto. Este modelo ha permitido históricamente ofrecer una elevada protección social, pero su sostenibilidad se ve tensionada por una evolución demográfica que reducirá de forma significativa la relación entre trabajadores activos y pensionistas. La ratio de ocupados por pensionista pasaría de aproximadamente 2,1 en la actualidad a cerca de 1,3 en 2050, mientras que el gasto público en pensiones en España se situó en el 13,1% del PIB en 2024, pudiendo llegar al 17,3% del PIB pen 2050 de acuerdo con las proyecciones de la Comisión Europea.
Este diagnóstico exige avanzar hacia un sistema de pensiones más equilibrado, en el que el Pilar I mantenga su función esencial de cohesión social, pero sea complementado por otro; un Pilar II, más amplio, basado en planes de pensiones de empleo y mecanismos de inscripción automática.
Los sistemas de pensiones modernos suelen estructurarse en torno a tres pilares complementarios. El Pilar I corresponde a la pensión pública, financiada mediante cotizaciones sociales y orientada a garantizar una base de ingresos en la jubilación. El Pilar II agrupa los planes de pensiones de empleo, vinculados a la relación laboral y promovidos por empresas, sectores o convenios colectivos, con aportaciones periódicas de trabajadores y, habitualmente, de empleadores. El Pilar III comprende el ahorro individual voluntario para la jubilación, a través de productos privados contratados directamente por los ciudadanos. La fortaleza del sistema no depende de que uno de estos pilares sustituya a los demás, sino de que funcionen de forma equilibrada,: el primero asegura protección social, el segundo permite acumular ahorro colectivo a largo plazo durante la vida laboral y el tercero ofrece una vía adicional de ahorro personal.
En clave internacional, el punto de partida de España en los pilares complementarios es reducido. En 2025, apenas 3,13 millones de trabajadores participaban en planes de empleo, lo que representaba el 14,4% de los afiliados a la Seguridad Social. Además, los activos de los proveedores de pensiones equivalían al 10,8% del PIB al cierre de 2024, muy lejos del 32% de media en la Unión Europea y de los niveles registrados en países con sistemas multipilar consolidados, como Dinamarca, Islandia, Canadá, EEUU, Países Bajos, Australia o Reino Unido. En algunos de estos países, los activos de pensiones superan ampliamente el tamaño de sus economías: representan el 206,4% del PIB en Dinamarca, el 191,3% en Islandia, el 157,9% en Canadá, el 153,3% en Estados Unidos, el 150,9% en Países Bajos y el 135,1% en Australia.
Esta brecha refleja una diferencia estructural en la capacidad de canalizar ahorro de largo plazo hacia la economía productiva. En este contexto, la inscripción automática (autoenrolment) aparece como una herramienta especialmente eficaz para ampliar el Pilar II. Su lógica es sencilla: los trabajadores son incorporados por defecto a un plan de pensiones de empleo, aunque mantienen siempre el derecho a salir del sistema mediante un mecanismo de opt-out. Este diseño aprovecha la economía del comportamiento para transformar la inercia en participación. En lugar de exigir que cada trabajador tome activamente la decisión de ahorrar, el sistema establece el ahorro previsional como opción por defecto.
La evidencia internacional muestra que este cambio institucional puede elevar de forma sustancial la participación, especialmente entre los jóvenes, los trabajadores con salarios medios y bajos y los empleados de pequeñas empresas, colectivos que suelen quedar fuera de los sistemas puramente voluntarios. El caso británico constituye la referencia central del análisis. Tras la introducción de la inscripción automática en 2012, la participación de los empleados en planes de pensiones de empleo pasó del 47% en 2012 al 82% en 2024. El número de empleados afiliados a planes de contribución definida aumentó desde aproximadamente 10-12 millones antes de la reforma hasta más de 23 millones en 2024. El modelo combina inscripción automática, derecho de salida, aportaciones compartidas entre trabajador y empleador, escalonamiento gradual de las contribuciones, implantación progresiva por tamaño de empresa y disponibilidad de vehículos de bajo coste y fácil implementación.
El fortalecimiento del Pilar II tendría implicaciones que van más allá de la mejora de la pensión individual, al combinar una dimensión social, económica y financiera. Desde el punto de vista social, permitiría aumentar la tasa de sustitución futura (entendida como la proporción del último salario que el trabajador logra mantener como ingreso durante la jubilación), reduciría la dependencia exclusiva del sistema público y mejoraría el equilibrio intergeneracional del sistema.
Desde el punto de vista económico, generaría un flujo estable de ahorro de largo plazo hacia activos productivos, infraestructuras, transición energética, innovación y financiación empresarial. Para que ese ahorro provisional pueda transformarse eficazmente en inversión, resulta imprescindible contar con canales transparentes, líquidos, eficientes y bien regulados. En este punto es donde entran las Bolsas, los sistemas de negociación, compensación y liquidación y los mercados primario y secundario, que actúan como eslabones críticos en la cadena de transmisión entre ahorro y crecimiento.
Por ello, el desarrollo del Pilar II y la profundización de los mercados de capitales no deben entenderse como objetivos separados, sino como procesos complementarios: una mayor acumulación de ahorro previsional amplía la base inversora doméstica y estable, mientras que unos mercados más profundos y eficientes permiten asignar ese ahorro con mayor productividad y ampliar las posibilidades de financiación de las empresas.
En un sistema de pensiones de empleo, la rentabilidad de largo plazo no es un elemento accesorio, sino una parte esencial del mecanismo que permite convertir aportaciones periódicas relativamente moderadas en un complemento relevante de renta para la jubilación. Por ello, la capacidad de los mercados para generar valor en horizontes amplios resulta clave para entender el potencial del Pilar II. En España, la Bolsa habría ofrecido una rentabilidad media histórica en los últimos 120 años en torno al 8,3% nominal anual incluyendo dividendos, lo que, ajustado por una inflación media aproximada del 5,3%, equivale a una rentabilidad real cercana al 3%. En el ámbito previsional, esta diferencia es decisiva, porque el interés compuesto permite transformar aportaciones periódicas moderadas en un volumen significativo de ahorro acumulado durante 30 o 40 años de vida laboral. Para que este potencial se materialice, el diseño del sistema debe combinar gestión profesional, diversificación, costes reducidos, transparencia, portabilidad y estrategias de inversión adaptadas al ciclo vital de los partícipes.
Para España, la propuesta plantea avanzar hacia un modelo de inscripción automática adaptado al marco institucional existente, con el objetivo de ampliar de forma progresiva la participación en los planes de pensiones de empleo. El diseño debería apoyarse en una implantación gradual, aportaciones asumibles para empresas y trabajadores, incentivos bien orientados y el uso de los instrumentos ya creados, como los planes de empleo simplificados y los fondos de pensiones de empleo de promoción pública. La finalidad no sería sustituir el sistema público, sino complementarlo con un segundo pilar más amplio, eficiente y accesible, capaz de incorporar a colectivos que hoy tienen una participación limitada en el ahorro previsional complementario.
España no puede afrontar el reto de las pensiones únicamente desde la lógica del gasto público. La magnitud del cambio demográfico exige ampliar las fuentes de renta para la jubilación y construir un segundo pilar capaz de movilizar ahorro de largo plazo de forma estable, eficiente y generalizada. La inscripción automática ofrece una vía realista para lograrlo, porque permite extender la participación en planes de empleo allí donde la voluntariedad ha mostrado límites evidentes.
Su impacto va más allá de mejorar la pensión futura de los trabajadores: también contribuiría a reforzar la sostenibilidad del sistema, aumentar la base de ahorro institucional, canalizar recursos hacia la economía productiva y profundizar los mercados de capitales. Para BME, esta agenda conecta directamente con el papel de las infraestructuras de mercado como pieza esencial para transformar el ahorro en inversión, la inversión en financiación empresarial y la financiación en crecimiento económico. En un contexto europeo que necesita más capital paciente, más inversión productiva y mercados más profundos, reforzar el Pilar II debe entenderse como una palanca estratégica para el futuro de las pensiones y para la competitividad de la economía.