CaixaBank ha reforzado su alianza estratégica con Palo Alto Networks, líder global en ciberseguridad, con el objetivo de acelerar el desarrollo de capacidades de protección frente a las nuevas amenazas derivadas de la inteligencia artificial avanzada. El acuerdo, que se prolongará hasta 2030, incluye nuevas líneas de trabajo orientadas a la protección frente a un entorno de riesgo cada vez más complejo. Esta alianza se enmarca en el Plan Estratégico de la entidad —que contempla una inversión global de 5.000 millones€ en tecnología— y refuerza la seguridad y la resiliencia digital del Grupo.
En un contexto en el que los modelos de IA están transformando tanto las capacidades de defensa como la sofisticación de los ciberataques, CaixaBank apuesta por apoyarse en una plataforma de referencia capaz de integrar de forma continua las tecnologías más avanzadas del mercado. Con sede en California, Palo Alto Networks es una multinacional líder global que cotiza en el Nasdaq. Con una plantilla de más de 20.000 empleados, la compañía ofrece soluciones de vanguardia que incorporan la inteligencia artificial (IA) de forma nativa.
La alianza contempla el desarrollo de proyectos conjuntos orientados a la defensa activa, incluyendo la creación de equipos de trabajo especializados en el desarrollo de metodologías de ataque y defensa basadas en inteligencia artificial. Además, el acuerdo prevé la puesta en marcha de dinámicas de colaboración técnica más estrechas, con líneas de trabajo orientadas a la innovación en ciberseguridad y la evolución continua de las capacidades de protección del Grupo.En este escenario, la colaboración con un socio tecnológico como Palo Alto Networks permite a CaixaBank situarse en una posición avanzada en la preparación frente a estos nuevos desafíos y refuerza su apuesta por un modelo de seguridad flexible, preparado para adaptarse de forma continua a un ecosistema tecnológico en permanente cambio.
El fraude digital cuesta 300 millones€
La ampliación del acuerdo de ciberseguridad entre CaixaBank y Palo Alto Network se produce cuando el fraude digital se ha convertido en una amenaza creciente para las empresas, no solo por sus consecuencias económicas, sino también por las responsabilidades legales y de cumplimiento que puede generar. En el encuentro Fraude digital en la empresa: prevención, respuesta y defensa jurídica, Ignacio Ripol y Eloi Font, socios de Legal de Grant Thornton, avisan que las ciberestafas representan el 87,3% de los ciberdelitos. En Cataluña, constituyen el segundo delito más denunciado, solo por detrás de los hurtos, con más de 80.000 denuncias anuales —unas 220 al día— y más de 200.000 víctimas entre 2024 y agosto de 2026.
El impacto económico también refleja la magnitud del problema, que genera un coste de 4.200 millones€ en el Espacio Económico Europeo y de 300 millones en España. A esta situación se suma la evolución de las técnicas de ataque, impulsadas por la IA, que permiten desarrollar fraudes más sofisticados y dirigidos. Aunque pueden reducir el número de víctimas, estos ataques perfilan cada vez más sus objetivos, con especial atención a directivos y empresas.
Con la llegada de la IA igual hay menos víctimas pero están más seleccionadas e identificadas y se les puede atacar más fácilmente. Es evidente que todos los ciudadanos y empresas vamos a ser víctimas de un ciber incidente y por ello tenemos que estar preparados para reaccionar con agilidad y poner las medidas oportunas”, insiste Font.
Uno de los aspectos centrales del encuentro ha sido la responsabilidad de los órganos de administración en la prevención y gestión de los riesgos digitales. La creciente exposición de las organizaciones a este tipo de amenazas exige reforzar los mecanismos de control interno y acreditar que se han adoptado las medidas de seguridad y diligencia necesarias.
En este sentido, los expertos han recordado que la obligación de los administradores es de medios y no de resultado: no se trata de garantizar que nunca se produzca un incidente, sino de implantar las medidas adecuadas y asegurar que se utilizan correctamente. Marcos regulatorios como NIS2 y DORA refuerzan, además, la responsabilidad de los órganos de dirección en materia de ciberseguridad y resiliencia operativa.
“La responsabilidad de los órganos de administración en materia de prevención de la ciberdelincuencia es cada vez más clara. La CNMV está incorporando nuevas recomendaciones para que los consejos de administración establezcan medidas de prevención frente a estos riesgos”, advierte Ripol.
Entre las principales medidas preventivas recomendadas figuran la formación periódica de los empleados y los ejercicios de concienciación, la doble o triple verificación ante cambios en las cuentas de cobro de clientes o de pago a proveedores, y el establecimiento de sistemas de apoderamiento que impidan que una única persona pueda ordenar y ejecutar determinados pagos. También se ha destacado la importancia de contar con pólizas de ciberseguridad adecuadas, realizar auditorías periódicas y pruebas de intrusión, disponer de protocolos internos frente a suplantaciones y mantener formalizados los contratos con proveedores críticos.
La respuesta durante las primeras horas tras detectar un fraude resulta determinante para limitar sus consecuencias y aumentar las posibilidades de recuperar el dinero. Los expertos han insistido en la necesidad de activar de inmediato un protocolo que incluya el análisis técnico del incidente, la preservación de las evidencias digitales y la valoración de su alcance, especialmente cuando pueda existir una afectación de datos personales.
Para Ripol, “la vía penal tiene un recorrido muy limitado en este tipo de fraudes. Aunque se consiga identificar al titular de la cuenta, el dinero suele haber desaparecido o estar repartido entre otras cuentas. Por eso, la reclamación frente a la entidad financiera puede convertirse en la principal vía para recuperar los fondos.”
Entre las primeras actuaciones se encuentra contactar urgentemente con la entidad financiera para intentar paralizar la transferencia, documentar el incidente y, cuando corresponda, notificar la brecha de seguridad a la Agencia Española de Protección de Datos en el plazo máximo de 72 horas. También puede ser necesario informar a los afectados, denunciar los hechos ante las autoridades policiales y comunicar el incidente a organismos especializados como INCIBE o Catalonia-CERT.
La jornada ha dedicado asimismo una parte específica a las reclamaciones frente a las entidades financieras y a la recuperación de los fondos sustraídos. En este ámbito, se han analizado las obligaciones de las entidades en las operaciones de pago no autorizadas y la evolución reciente de la jurisprudencia. En particular, se ha abordado la sentencia del Tribunal Supremo 571/2025, de 9 de abril, y la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 15 de octubre de 2026, en el asunto C-70/25 (Tukowiecka), relativa a la interpretación de las obligaciones de reembolso en operaciones de pago no autorizadas.
Grant Thornton ha puesto el foco en la necesidad de abordar el fraude digital desde una perspectiva integral, que combine prevención tecnológica, cultura de control interno y preparación jurídica. La capacidad de anticiparse a los riesgos, reaccionar con rapidez y contar con una estrategia legal adecuada resulta esencial para proteger los activos, la actividad y la reputación de las organizaciones.
Violencia digital: riesgo de normalización o de pasar desapercibida
Kaspersky ha presentado la primera parte del informe Invisible Control sobre violencia digital, que revela que el 43% de los españoles ha sufrido al menos una forma de violencia digital en losúltimos 12 meses. Sin embargo, solo el 29% de las personas en España comprende correctamente qué significa este término. La diferencia entre ambas cifras evidencia una importante brecha de conocimiento y sugiere que muchas personas sufren formas deviolencia digital sin ser plenamente conscientes de ello.
La violencia digital o abuso digital hace referencia a comportamientos abusivos llevados a cabo o amplificados mediante tecnologías digitales como smartphones, redes sociales o plataformas online. Incluye un amplio abanico de acciones, desde el acoso y la exclusión en entornos digitales hasta el ciberacoso persistente, la suplantación de identidad o la vigilancia no autorizada. Dado que estos comportamientos suelen carecer de evidencias físicas y están integrados en las comunicaciones cotidianas, muchas personas no los identifican como formas de violencia. Como consecuencia, estas conductas dañinas pueden normalizarse o pasar desapercibidas.
“Todavía no existe un reconocimiento amplio de la violencia que favorece la tecnología como una categoría específica de daño, en parte porque no existe una comprensión compartida de todo lo que abarca, algo que este estudio pone claramente de manifiesto. Esta falta de claridad provoca que muchas experiencias no se identifiquen, no se denuncien y no reciban apoyo. Sin un marco común, resulta difícil medir la magnitud real del problema o responder eficazmente a él”, explica la Leonie Maria Tanczer, profesora asociada de Ciencias de la Computación en UCL y responsable del Gender and Tech Research Lab.
El estudio también muestra que la violencia digital no se limita a incidentes aislados. Entre quienes lo han sufrido a nivel global, cada persona experimentó una media de 2,7 tipos diferentes de comportamientos abusivos. La amenaza más frecuente en España fueron las discusiones en chat grupales, secciones de comentarios, foros (19%), seguida del bloqueo o la exclusión deliberada con intención de causar daño (16%), la propagación de rumores, mentiras y de mensajes que buscan distorsionar la información de una persona (14%).
El estudio de Kaspersky también revela que casi el 7% de los encuestados en España ha sufrido acoso digital persistente (digital stalking), y el 4% afirma haber sido víctima de doxing, una práctica consistente en la publicación o difusión de información personal sin consentimiento.
El riesgo asociado a estas formas de violencia también queda reflejado en la evolución constante del panorama de amenazas. Los expertos de KasperskyDigital Footprint Intelligence (DFI) identificaron un creciente ecosistema de servicios de doxing disponibles en foros de la dark web, con precios que oscilan entre los 50$ y los 4.000$, así como herramientas avanzadas de vigilancia capaces de rastrear personas o extraer información personal.
El stalkerware hace referencia a programas, aplicaciones y dispositivos que permiten espiaren secreto la vida privada de otra persona a través de su dispositivo móvil. Los agresores pueden monitorizar remotamente prácticamente toda la actividad del dispositivo de la víctima, incluidas búsquedas web, ubicación geográfica, mensajes de texto, fotografías, llamadas de voz y mucho más. Kaspersky monitoriza de forma continua la evolución del ecosistema de stalkerware y amenazas relacionadas. Entre 2024 y 2025 más de 34.000 usuarios se vieron afectados por stalkerware, elevando a 127.000 el número otal de víctimas detectadas durante los últimos cinco años en todo el mundo.
Durante este periodo, Kaspersky identificó 33 nuevas familias de stalkerware hasta entonces desconocidas, lo que demuestra que continúa existiendo una intensa actividad de desarrollo en este ámbito. Los usuarios afectados fueron detectados en más de 160 países, siendo Rusia, Brasil e India los tres países más afectados en 2025, al igual que en años anteriores.
“El stalkerware, que puede descargarse e instalarse fácilmente por cualquier persona con conexión a internet, permite a los agresores acceder de forma remota al smartphone de una víctima desde cualquier lugar. Como este software opera en segundo plano y permanece oculto, la mayoría de las víctimas desconoce completamente que todos sus movimientos y actividades están siendo monitorizados. Por ello es fundamental saber identificar este tipo de actividad y conocer cómo actuar si se sospecha que se está siendo objeto de vigilancia”, explica Tatyana Shishkova, Lead Security Researcher y responsable interina del Research Center Americas & Europe del Global Research and Analysis Team (GReAT) de Kaspersky.
Reconociendo el creciente riesgo que representa el stalkerware y la necesidad de unarespuesta coordinada frente a esta forma de abuso, Kaspersky es una de las organizaciones cofundadoras de la Coalition Against Stalkerware, un grupo de trabajo internacional que reúne a empresas tecnológicas, ONG, instituciones de investigación y fuerzas de seguridad para combatir el ciberacoso y ayudar a las víctimas de violencia digital.
Recomendaciones para posibles víctimas de stalkerware