El envejecimiento de la población plantea uno de los grandes desafíos sociales de las próximas décadas: garantizar que una vida más larga vaya acompañada de autonomía, bienestar y acceso a los cuidados necesarios. Y es que, según las proyecciones demográficas del Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2050, las personas de 65 años o más representarán el 30,8% de la población española (14,6millones), frente a los 9,3 millones que había en 2020. En este contexto, la entrada en vigor en España el pasado 23 de octubre de la Ley 4/2026, que reforma la Ley de Dependencia de 2006, ha reavivado el debate sobre cómo garantizar los derechos de las personas, promover su autonomía y ofrecer apoyos adaptados a sus necesidades y preferencias a través de servicios accesibles, suficientes y coordinados en todo el territorio.
Con el objetivo de contribuir a este debate, Fundación Mapfre ha celebrado la jornada ‘Longevidad y dependencia: retos demográficos, políticas públicas y buenas prácticas europeas’, que ha puesto el foco en el aumento de las necesidades de atención, la disponibilidad de profesionales y la capacidad de financiación del sistema de dependencia, así como en la necesidad de anticipar respuestas que permitan afrontar estos retos.
“Vivimos más años, pero tenemos que conseguir que esos años adicionales sean también años de autonomía, dignidad, participación y calidad de vida. No se trata solo de atender una situación de dependencia, sino de acompañar a cada persona para que pueda decidir cómo quiere vivir, dónde quiere recibir los apoyos y qué proyecto de vida desea mantener", resalta José Manuel Inchausti, vicepresidente de Fundación Mapfre, subrayando la importancia de garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a los servicios.
María Teresa Sancho Castiello, directora general del Imserso, asegura que “lo que busca la nueva Ley es centrarse en los deseos, en las preferencias, en lo que quieren las personas. Y una de las cosas que quieren es quedarse en su entorno. No obstante, y aunque esta reforma es un paso hacia adelante, tenemos que avanzar muchísimo más para que los cuidados sean realmente un asunto de toda la sociedad. No podemos seguir dejando la respuesta únicamente en manos de las familias. Necesitamos un sistema sólido de protección social que garantice el bienestar de las personas que necesitan cuidados y de su entorno familiar”.
Alexandre Colomba, responsable de programas FSE+ para España y Malta, Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión de la Comisión Europea, avisa que "los cuidados de larga duración representan un reto cada vez mayor para la Unión Europea. En 2022, más de 31 millones de europeos necesitaban estos cuidados y se estima que la cifra alcanzará los 37,8 millones en 2050. Ante esta realidad, necesitamos dar un nuevo impulso a la respuesta europea, mediante la actualización de la Estrategia Europea de Cuidados y el Pacto Europeo por los Cuidados, poniendo especial atención a las condiciones de los profesionales del sector y a la capacidad de atraer talento”.
La sostenibilidad y la transformación de los cuidados
Durante la jornada, se ha celebrado la mesa redonda ‘El sistema de cuidados ante 2050. Retos del envejecimiento’, en la que han participado Juan Fernández Palacios, director del Centro de Investigación Ageingnomics de Fundación Mapfre; Francisco José Tarazona, presidente de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, y Lourdes Rivera, presidenta de la Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia. Se ha abordado la capacidad del sistema para responder al crecimiento de las necesidades de atención y garantizar cuidados sostenibles, de calidad y con independencia del lugar de residencia.
Uno de los principales desafíos asociados al envejecimiento de la población será la sostenibilidad financiera del sistema de dependencia. El aumento de la longevidad y de las necesidades de apoyo exige analizar cómo evolucionará la financiación pública, cómo se repartirán las responsabilidades entre las administraciones y qué instrumentos pueden ayudar a las personas y sus familias a anticipar y afrontar lo costes asociados a los cuidados.
“El reto no será únicamente demográfico, sino también económico y organizativo. La planificación de la longevidad debe incorporar se desde edades tempranas, con incentivos adecuados y una mayor coordinación entre administraciones para reducir las desigualdades territoriales y preparar al sistema ante el progresivo envejecimiento de la población", advierte Juan Fernández Palacios .
Por otro lado, la disponibilidad de profesionales es otro de los grandes retos del sistema, especialmente, en las zonas rurales. Según estimaciones del Ministerio de Derechos Sociales, España necesitará entre 261.400 y 639.400 trabajadores adicionales en cuidados de larga duración hasta 2030.
“La reforma de la Ley de Dependencia supone un avance en el reconocimiento de derechos, pero su aplicación efectiva requiere una financiación estable y con visión a largo plazo, seguridad jurídica para los prestadores de servicios y una mayor colaboración público-privada", añade Lourdes Rivera. “Si no hay profesionales, no hay cuidados. Los derechos deben ser los mismos vivas donde vivas, también en el medio rural”, avisa.
También se destaca la importancia de la prevención y la continuidad asistencial. La detección temprana de la fragilidad, la atención primaria, los cuidados intermedios y el refuerzo de la atención domiciliaria y comunitaria pueden contribuir a anticipar necesidades y preservar la autonomía personal durante más tiempo. Para ello, resulta fundamental mejorar la coordinación entre los servicios sanitarios y sociales, reducir las barreras administrativas y reconocer el papel de las personas cuidadoras.
“Necesitamos funcionalidad estable en los máximos años posibles. La atención a la dependencia no debería empezar cuando las necesidades de apoyo ya son intensas. Necesitamos una atención anticipada y continuada que conecte el domicilio, los servicios comunitarios y los recursos sanitarios y residenciales. Para ello, una de las claves será reforzar el papel de la atención primaria ”, ha destacado Francisco José Tarazona.
El debate ha puesto también el foco en la necesidad de garantizar unos servicios mínimos comunes para toda la población con independencia de su lugar de residencia en España.
Soluciones para acercar los cuidados
En la segunda mesa redonda de la jornada, ‘Tercer sector, cuidados y dependencia. Europa como laboratorio de soluciones’, han participado Jos de Blok, fundador y CEO de Buurtzorg, en Países Bajos; Mónica Hillery, vicepresidenta del Consejo Particular de St. Vincent de Paul, en Irlanda, y María Jesús Cordero, responsable de proyectos de la Confederación de Centros de Desarrollo Rural.
El modelo de atención domiciliaria de Buurtzorg está basado en equipos locales de enfermería con capacidad de decisión para organizar los cuidados y adaptarlos a las necesidades de cada persona. Este enfoque muestra cómo la proximidad, la autonomía profesional y la organización del trabajo pueden contribuir a mejorar la calidad de los cuidados, reforzar la independencia de las personas atendidas y favorecer la satisfacción tanto de los pacientes como de los profesionales. Un modelo extendido a más de veinte países que ofrece aprendizajes para afrontar los retos de la atención domiciliaria y los cuidados de larga duración en Europa.
Por su parte, la experiencia irlandesa ha puesto el foco en el papel de las organizaciones comunitarias en la detección de situaciones de vulnerabilidad, la lucha contra la soledad no deseada y el acompañamiento de las personas mayores.
La colaboración con las administraciones públicas y las entidades del tercer sector puede contribuir a mejorar la respuesta, especialmente en zonas rurales, destacando que es importante que las personas mayores puedan permanecer en sus hogares y comunidades el mayor tiempo posible, apoyadas por redes locales de acompañamiento, voluntariado y apoyo social. Estas experiencias internacionales adquieren especial relevancia ante las dificultades que afronta el medio rural español La dispersión geográfica, las distancias, la despoblación y la menor disponibilidad de profesionales y servicios pueden limitar el acceso a la atención y dificultar que las personas permanezcan en su entorno habitual cuando necesitan apoyos.
María Jesús Cordero ha defendido la necesidad de construir ecosistemas locales de cuidados que integren a la comunidad, los profesionales y una financiación pública suficiente: “El valor diferencial del tercer sector no es sustituir a los servicios públicos, sino fortalecer el capital social, detectar situaciones de vulnerabilidad y acompañar a las personas en sus propios proyectos de vida".
Fundación Mapfre reivindica el Fondo Social EuropeoPlus
El manifiesto Preservar la Europa social: seis garantías para la inversión europea en las personas, suscrito por Cruz Roja, Cáritas, ONCE, Fundación Secretariado Gitano, Fundación La Caixa, Fundación Mapfre y otras entidades, reclama que el Marco Financiero Plurianual de la Unión Europea para el periodo 2028 -2034 preserve el papel del FSE+ como instrumento específico para financiar políticas de empleo, formación, inclusión social y lucha contra la pobreza.
El manifiesto plantea seis garantías:
La iniciativa pone el acento en la importancia de mantener una inversión europea sostenida en las personas y de garantizar que las entidades que trabajan directamente con los colectivos más vulnerables puedan participar en las decisiones sobre el uso de los fondos y en la evaluación de sus resultados .
La jornada ha puesto de manifiesto que responder al envejecimiento requiere actuar de forma coordinada sobre la financiación, la disponibilidad de profesionales, la prevención y la organización de los servicios. También exige reforzar la atención domiciliaria y comunitaria, aprovechar el conocimiento de las entidades sociales y adaptar los recursos a las particularidades de cada territorio.
“La sostenibilidad financiera, la falta de profesionales y las desigualdades territoriales condicionan la capacidad del sistema de dependencia. Ahora, debemos dar un paso más para pasar de la reflexión a las propuestas, de las buenas prácticas al sistema y de los derechos reconocidos a los derechos realmente efectivos. Para ello, debemos avanzar hacia un modelo que priorice la prevención, garantice la capacidad de elección de las personas, dignifique a los profesionales de los cuidados y asegure la equidad territorial", subraya Elvira Vega, directora general de Fundación Mapfre .