19 Oct
19Oct

Miguel Ángel Valero

Tormentas intensas, inundaciones, sequías e incendios forestales han vuelto a poner a prueba a América Latina y el Caribe en 2026. Miles de familias se han visto afectadas por fenómenos extremos que dañan viviendas, paralizan negocios, afectan a infraestructuras esenciales y generan importantes pérdidas económicas. Esta realidad se está agravando por el aumento y la intensidad de los desastres naturales: si en los últimos 50 años, América Latina y el Caribe han sufrido de media un desastre de origen natural a la semana (que afectan al 40% de la población, suman 100.000 muertos y daños por más de 360.000 millones$, equivalentes al PIB de Chile o de Colombia) entre 2021 y 2025 ya es desastre y medio, según el informe Hacia una Estrategia Iberoamericana de Respuesta a los Desastres de Origen Natural: Resiliencia, Seguro y Alianzas Público-Privadas, elaborado por Fundación Iberoamericana Empresarial, en colaboración con Mapfre y CAF-banco de desarrollo de América Latina y el Caribe.

Antonio Huertas, presidente y CEO de Mapfre, avisa que los desastres de origen  natural son "uno de los principales desafíos para el desarrollo económico y social de Iberoamérica". Y que "la resiliencia no se construye cuando se produce la emergencia, sino mucho antes: mediante prevención, anticipación y mecanismos que permitan a personas, empresas e instituciones resistir el impacto y recuperar con rapidez la normalidad. Por ello, la gestión integral del riesgo debe ocupar un lugar prioritario en las políticas públicas y en estrategias de desarrollo de nuestros países".

"Cuando existen mecanismos eficaces de aseguramiento y una adecuada colaboración entre el sector público y el privado, las familias recuperan antes sus proyectos de vida, las empresas reanudan con mayor rapidez su actividad y los Estados cuentan con más capacidad para concentrar sus recursos en la reconstrucción y en la protección de quienes más lo necesitan. Esa complementariedad, que conocemos bien en nuestro grupo, permite transformar el impacto de una catástrofe en una recuperación más rápida, sólida y sostenible. Por eso, ambos resultan fundamentales para acelerar la recuperación, reconstruir infraestructuras y proteger el bienestar de las personas", insiste el presidente de Mapfre.

Trinidad Jiménez, exministra de Sanidad y de Exteriores y presidenta de la Fundación Iberoamericana Empresarial, reclama "una Estrategia Iberoamericana de Respuesta a los Desastres de origen natural que complemente la protección civil con una segunda línea de defensa: la resiliencia financiera, basada en el seguro, la financiación ex ante, la innovación tecnológica y las alianzas público-privadas". Su objetivo es reducir la brecha de protección aseguradora —que en América Latina y el Caribe alcanza, según estimaciones de Mapfre, en torno al 81%—, acelerar la recuperación tras cada catástrofe y fortalecer la resiliencia económica y fiscal de nuestros países.

Recuerda que el informe es un "encargo expreso" del Secretario General Iberoamericano ante la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, que se celebrará en Madrid los días 4 y 5 de noviembre de 2026.

No es solo protección civil, sino desarrollo económico y bienestar social

"Cuando no existen mecanismos preacordados de cobertura, liquidez y transferencia de riesgo, el coste termina recayendo de forma desordenada sobre hogares, empresas y presupuestos públicos", advierte el informe, elaborado por Manuel Balmaseda, Ángel Melguizo y Víctor Muñoz, de Argia GTE. 

También subraya que "no solo que los hogares vulnerables y de áreas rurales son impactados con mayor frecuencia por choques climáticos, sino que aquellos de menor ingreso el efecto negativo sobre el ingreso es permanente", por lo que "los hogares vulnerables, las pequeñas empresas y los territorios con menor dotación de infraestructuras resilientes sufren pérdidas relativamente mayores y cuentan con menos capacidad para recuperarse con rapidez. Por ello, la gestión del riesgo de desastres no es solo una cuestión de protección civil, sino también un elemento central de la agenda de desarrollo económico y bienestar social.

"La insuficiente preparación frente a estos riesgos no responde únicamente a restricciones económicas, financieras o institucionales, sino también a sesgos de comportamiento que llevan a hogares, empresas y responsables públicos a infravalorar la probabilidad y las consecuencias de los eventos extremos. La evidencia muestra que tendemos a olvidar rápidamente las catástrofes pasadas, a asumir que los eventos más graves afectarán a otros y no a nosotros y a considerar suficiente una única medida de protección, aunque el riesgo requiera una estrategia integral. Como resultado, persiste una brecha entre la magnitud objetiva del riesgo y el nivel de preparación que se traduce em que se contratan menos seguros de los socialmente deseables, se posponen inversiones en resiliencia y se prioriza la respuesta una vez ocurrido el desastre frente a la prevención. Reducir esta brecha exige que la arquitectura financiera frente a desastres incorpore, además de incentivos económicos adecuados, instrumentos que faciliten y automaticen la protección, teniendo en cuenta cómo las personas y las instituciones perciben y gestionan el riesgo", insiste el informe.

Anticipar la inversión en prevención y resiliencia puede reducir de forma significativa el coste económico de los desastres. En el caso de los sistemas de alerta temprana, 24 horas de aviso previo ante determinados eventos extremos pueden reducir los daños en torno a un 30%. Cada dólar invertido en estos sistemas puede evitar pérdidas entre 4 y 20 veces superiores. En infraestructura resiliente, el Banco Mundial estima beneficios medios próximos a 4$ por cada dólar invertido.

Los sistemas de prevención, alerta temprana y respuesta de emergencia ayudan hoy a salvar más vidas y reducir daños. La región ha avanzado de forma notable en prevención, protección civil y sistemas de alerta temprana, y cada vez existe mayor conciencia de la necesidad de anticiparse a estos riesgos. Así lo cree Manuel Balmaseda, uno de los autores del informe, que destaca, que, sin embargo, los efectos de una catástrofe no terminan cuando ocurre la emergencia. Sus consecuencias pueden prolongarse durante años, afectando a las familias, frenando la actividad económica y retrasando el desarrollo de los países.  

“La factura de este tipo de catástrofes repercute directamente en los hogares, las empresas y, en última instancia, el conjunto de la sociedad. Los hogares pierden patrimonio e ingresos, las empresas sufren daños e interrupciones de actividad y los gobiernos deben movilizar recursos extraordinarios. Los ciudadanos también asumen el gasto público mediante impuestos, mayor deuda o la renuncia a otros servicios e inversiones. El reto es completar esos avances incorporando sistemáticamente el riesgo de catástrofes a la planificación fiscal, territorial y financiera. Si los desastres son recurrentes, los mecanismos para afrontarlos también deben serlo”, indica.

Contar con mecanismos previamente diseñados permite disponer de recursos inmediatos cuando ocurre una catástrofe y acelerar la recuperación. Entre las herramientas más eficaces destacan los fondos de contingencia, los bonos catastróficos, las líneas de financiación de emergencia, los seguros y las alianzas público-privadas. En este ámbito, el seguro desempeña un papel fundamental. No solo ayuda a reparar viviendas o recuperar negocios, sino que aporta estabilidad financiera a familias, empresas y administraciones públicas cuando más lo necesitan. Sin estos mecanismos, buena parte del coste de la recuperación recae directamente sobre los afectados y sobre las cuentas públicas.

II Encuentro de Ciudades Iberoamericanas

Por otra parte, la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI) y la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) han inaugurado en el Centro Cultural Conde Duque de Madrid el II Encuentro de Ciudades Iberoamericanas, que ha reunido a representantes de 30 ciudades de la región, entre los que se encontraban 18 alcaldes, representantes de organismos internacionales, delegaciones diplomáticas, bancos de desarrollo, empresas y representantes del ámbito académico y de la sociedad civil.

Bajo el lema Ciudad a ciudad construimos Iberoamérica, el Encuentro ha puesto de manifiesto el papel fundamental de las ciudades en el desarrollo de la región y la necesidad de reforzar su participación en los espacios internacionales de decisión. En un territorio en el que más del 80% de la población de América Latina y el Caribe reside en zonas urbanas, los gobiernos locales han reivindicado su capacidad para ofrecer respuestas a desafíos globales que tienen un impacto directo en la vida cotidiana de los ciudadanos.

La inauguración ha contado con la participación del alcalde de Madrid y copresidente de la UCCI, José Luis Martínez-Almeida; el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y copresidente de la UCCI, Jorge Macri; el secretario general iberoamericano, Andrés Allamand; y la secretaria de Estado para Iberoamérica y el Caribe y el Español en el Mundo, Susana Sumelzo. Posteriormente, ha intervenido el presidente Ejecutivo de CAF-Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, Sergio Díaz-Granados.

José Luis Martínez-Almeida ha destacado el papel de Madrid como punto de encuentro entre Europa e Iberoamérica y la importancia de fortalecer la cooperación entre gobiernos locales: "Iberoamérica es una grandísima comunidad que no solo comparte arraigo, sino también la ambición de compartir un futuro y proporcionar las soluciones a los ciudadanos. Lo global se decide en lo local, por lo que el diálogo entre las ciudades es imprescindible, ahora más que nunca, para avanzar hacia sociedades mejores preparadas para afrontar el futuro. Los alcaldes estamos cerca de los ciudadanos para dar esas respuestas, somos los que primero nos ocupamos y los últimos que nos rendimos".

Por su parte, Jorge Macri ha puesto el acento en la necesidad de compartir experiencias y avanzar hacia una gestión municipal más eficaz: "Las ciudades iberoamericanas tenemos un único gran objetivo, que es dar respuesta a las demandas crecientes y a los desafíos llenos de incertidumbre. Nuestras ciudades viven del talento humano, que nos permite crecer, por lo que la mayoría de las soluciones que encontremos como humanidad van a surgir de los gobiernos de las ciudades, donde más del 80% de la región habita".

Sergio Díaz-Granados ha agradecido la colaboración entre las instituciones participantes y ha reafirmado el apoyo de la entidad a la agenda urbana de la región: "Debemos unir a nuestras ciudades para conformar una comunidad que nos lleve mucho más lejos. Hemos de aunar esfuerzos para incrementar la productividad, resolver desafíos como el de la vivienda, el cambio climático, el transporte y las brechas desiguales en las sociedades urbanizadas".

Durante la jornada, los participantes han abordado algunos de los principales desafíos que afrontan las ciudades iberoamericanas a través de cinco paneles temáticos. En materia de desarrollo urbano y planificación estratégica, el debate se ha centrado en la vivienda asequible, el crecimiento de las áreas metropolitanas y la necesidad de garantizar la continuidad de las políticas públicas más allá de los ciclos electorales.

La innovación y la inteligencia artificial también han ocupado un lugar destacado, con especial atención a su aplicación en la mejora de los servicios públicos, la gestión de los datos y la reducción de las brechas digitales. En el ámbito del desarrollo económico local, los participantes han analizado cómo impulsar el empleo juvenil, apoyar a las pequeñas y medianas empresas, atraer talento e inversión y fortalecer la colaboración público-privada.

También se ha puesto en valor el papel de la cultura, el patrimonio y las industrias creativas como motores de actividad económica, cohesión social y proyección internacional, así como la importancia de avanzar hacia un turismo cultural sostenible. Por último, el diálogo sobre seguridad y cohesión social ha abordado la prevención de la delincuencia, la recuperación del espacio público y el uso de nuevas tecnologías para construir ciudades más seguras e inclusivas. En este contexto, Almudena Maíllo del Valle, secretaria general de la UCCI, ha destacado la importancia de consolidar este espacio de cooperación: "El corazón de UCCI reside en compartir experiencias. Una gran oportunidad de las ciudades es la cultura como elemento de cohesión y proyección. Poner en valor los diferentes tipos de patrimonio es una de las grandes alianzas para lograr la convivencia entre vecinos y visitantes de las regiones urbanas, concibiendo este patrimonio como una parte viva de la ciudad y un activo útil a disposición de la ciudadanía".

El II Encuentro de Ciudades Iberoamericanas culmina con la firma de la Declaración Iberoamericana suscrita por los alcaldes participantes y será entregado a Felipe VI en audiencia en Zarzuela. Esta Declaración Iberoamericana de Alcaldes dará continuidad a la Declaración de Madrid, suscrita durante la primera edición del Encuentro, celebrada en 2024, y presentada posteriormente ante la XXIX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno en Ecuador. 

El II Encuentro de Ciudades Iberoamericanas cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid y el patrocinio de CAF-Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, COX, Iberia y Mapfre.

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