Miguel Ángel Valero
En estos tiempos marcados por una persistente inflación (que recuerda a la pertinaz sequía a la que el dictador Franco echaba la culpa de la hambruna en España tras la Guerra Civil), la volatilidad de los mercados, el aumento de la esperanza de vida, y el envejecimiento de la población, "la fiscalidad no debe entenderse únicamente desde una lógica recaudatoria, sino como una palanca para fomentar el ahorro a largo plazo, impulsar la inversión, y contribuir a la estabilidad financiera de ciudadanos y empresas", afirma Santiago Satrústegui, presidente de EFPA España, en el prólogo al estudio La fiscalidad del ahorro como palanca de crecimiento en España: análisis y reformas, elaborado junto al Instituto de Estudios Económicos (IEE).
En la presentación del informe, insiste en "la importancia de abordar la fiscalidad del ahorro desde una perspectiva amplia, que tenga en cuenta tanto las necesidades de los ciudadanos como el impacto de estas políticas en la competitividad económica, la inversión empresarial y el desarrollo de los mercados financieros".
El estudio, de 280 páginas, muestra, como destaca Íñigo Fernández de Mesa, presidente del IEE, que la tributación efectiva media del ahorro en España es del 22%, frente al 16% de la OCDE y el 14% de la UE. La brecha, muy reducida en depósitos y en seguros de Vida Ahorro, va creciendo en acciones y en fondos de inversión, y se ensancha en los planes de pensiones: 0% en España (neutralidad fiscal) frente al -26% en la OCE y el -23% en la UE. Un tratamiento fiscal que no incentiva precisamente el ahorro para la jubilación, sino todo lo contrario.
Llama la atención que el sistema español grava de forma considerable incluso las decisiones de ahorro más prudentes: los depósitos y bonos públicos tributan al 30%, un punto más que en la OCDE y cinco por encima de la UE.
IEE y EFPA insisten en que el marco fiscal "debe ser neutral, coherente y estable a largo plazo". Un mensaje que, con sus matices, transmiten Carlos Esquivias (Unespa), Gregorio Izquierdo (IEE), Joan Pons y José Manuel Ortiz (EFPA), Virginia Arizmendi (Inverco), Carlos González (Cobas AM), y la inspectora financiera Margarita Torrent.
También es llamativo que algunas propuestas pretendan igualar lo que ya se aplica en el País Vasco, que ha colocado el límite de reducción fiscal en el plan de pensiones individual en 5.000€ (frente a los escuálidos 1.500€ en el resto del Estado). Allí las prestaciones percibidas en gorma de renta tributan a un tipo único del 20%, al margen de la escala general del IRPF, lo que reduce significativamente el sobre coste fiscal del rescate del ahorro acumulado en el momento de la jubilación. Además, el régimen fiscal de los Fondos de Inversión a Largo Plazo Europeos (Filpe, por sus siglas en inglés) cuenta desde 2018 con un tipo reducido en el Impuesto de Sociedades, diferimiento en traspasos en el IRPF, y deducciones por inversión.
El informe, y las intervenciones de los expertos, llevan a "una propuesta de reforma integral de la tributación del ahorro financiero en España" que se concreta en diez medidas: