La industria química pide una energía a 40€

Miguel Ángel Valero

Teresa Rasero, reelegida presidenta de la Federación Empresarial de la Industria Química Española (Feique), insiste en la necesidad de precios energéticos "competitivos", que fija en 40€ MWh, cuando la electricidad está en 1097,9€, y el gas natural, en 103,5. Los ataques de Israel y de EEUU a Irán pasan al sector una factura en forma de sobrecoste de 1.230 millones de euros para esas compañías, dividido entre los 640 millones por el encarecimiento del gas natural y los 590 millones por el alza del precio de la energía. “Desde 2019, el precio de la electricidad se ha multiplicado por dos, el de los derechos de CO2 por tres, el del gas por cinco y el de los servicios de ajuste, por nueve", clama en su intervención en la asamblea general de la Federación.

Pese a ello, esta industria, que aporta el 4% del PIB española (el 12% del industrial) y es la primera exportadora (3,7% de todas las ventas al exterior, el 18% de las industriales) y el mayor inversor en I+D+i, terminará 2026 con un crecimiento de la producción del 1,5% y un alza de la cifra de negocios del 3,8% hasta los 88.633 millones€, gracias en gran medida a la fuerte subida de precios +8%). 

Mientras Farmaquímica y Química de Consumo y Especialidades mejoran, Química Básica baja porque "acumula una caída de la producción del 20% desde 2021 afectada por los elevados costes energéticos y la creciente presión de los competidores internacionales”. Algo que no gusta a las grandes multinacionales de la química básica con actividad en España, que están revisando sus planes inversores (26.000 millones€ en diez años, 65.000 millones en 25) e incluso planteándose deslocalizar la producción en busca de mercados con precios energéticos más competitivos.

Para evitar esto, Feique insta al futuro Gobierno a una rebaja del precio de la energía: “Somos el único país europeo que tenemos un impuesto que grava con un 7% la generación eléctrica desde 2012. Se creó para acabar con el déficit de tarifa y aunque está previsto que desaparezca en 2028, queremos que desaparezca ya o al menos que se fije un calendario progresivo para su desaparición. Eso daría certeza a las empresas”, apunta Juan Antonio Labat, director general de Feique. De paso, reducir el impuesto que grava el consumo de electricidad, con un tipo medio del 5,11%, hasta el 0,5%, el mínimo permitido por Europa.

Teresa Rasero plantea cinco prioridades para recuperar la competitividad del sector químico, subrayando que algunas de las medidas propuestas son completamente viables y ya se aplican en otros Estados miembros, por lo que su puesta en marcha depende fundamentalmente de la adopción de decisiones políticas tanto en España como en la Unión Europea:

• 1. Precios energéticos competitivos para la industria:reducir los costes energéticos que soportan las instalaciones industriales, especialmente las electrointensivas y gasintensivas. El precio final que pagan los consumidores electrointensivos españoles es un 30% superior al francés y un 13% más elevado que el alemán, debido fundamentalmente ala aplicación en estos países de mecanismos estructurales de protección de su industria que no se aplican en España.Feique propone seis medidas que, en entornos normalizados y sin la alta volatilidad que deriva del conflicto del golfo Pérsico, permitirían situar el precio final de la electricidad por debajode los 40 €/MWh de forma estable, obteniendo el precio final más competitivo de Europa y con capacidad para competir con EEUU y China:
  • La derogación del Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica: ya se ha regulado la senda para reducir su tipo al 0% desdeel 1 de enero de 2028.
  • La ampliación de la bonificación del Impuesto Especial sobre la Electricidad para los consumidores electrointensivos, actualmente situada en el 85%, que podría ser más ambiciosa si Europa impusiera un tipo del 0,5%. El tipo actual es del 5,11% en España.
  • Convertir en permanente la reducción del 80% de los peajes de acceso para lasempresas electrointensivas, aplicada temporalmente durante 2026. Es necesarioafrontar los mecanismos adoptados históricamente en Francia y Alemania para que lamedida sea estructural, favorezca los procesos de electrificación y alimente la señal deinversión a largo plazo.
  • Reducir el coste de los Servicios de Ajuste. Hemos pasado de pagar 1,5 €/MWh en2019 a más de 23 €/MWh de media en 2026. Es imperativo reducir los costes deservicios de ajuste y restricciones técnicas, revisando las reglas de operación oaplicando tecnologías que reduzcan su impacto, financiando eventualmente a través depeajes el resto, en línea con lo que realiza el conjunto de los países de la Unión Europea.
  • También es necesario incrementar las compensaciones por los costes indirectosde CO2 hasta el máximo permitido por la normativa comunitaria, superando las actuales limitaciones presupuestarias y garantizando su aplicación estructural. El presupuesto de esta partida, si bien ha sido incrementado este año a 600 millones de euros, no alcanza la totalidad de lo compensable, por lo que debe aplicarse estructuralmente y sin limitaciones, como ocurre en Francia y Alemania.
• Instrumentos de apoyo a la inversión en descarbonización y autonomía estratégica. Desarrollar mecanismos financieros que permitan acometer las inversiones necesarias para la descarbonización, el fortalecimiento de la autonomía estratégica y el crecimiento industrial. Entre ellos, el Fondo de Impulso de la Descarbonización Industrial, previsto en el Real Decreto-ley 7/2026, pero pendiente de desarrollo, como principal instrumento para apoyar la transformación de los procesos productivos, no solo para la sustitución del gas de origen fósil, sino también mediante la reducción de las emisiones de proceso, que representan un tercio del total del sector. Este Fondo debería contemplar tanto ayudas a la inversión como mecanismos de apoyo a los costes de operación, esencialmente mediante Contratos por Diferencias de Carbono, ya utilizados en países como Alemania, Países Bajos, Dinamarca y Francia. Feique propone dotar a este instrumento de recursos suficientes, complementando los ingresos procedentes de las subastas de derechos de emisión con aportaciones de los Presupuestos Generales del Estado, hasta alcanzar en torno a los 2.000 millones€ para el conjunto de la industria manufacturera.
  • la autonomía estratégica no puede quedar en una mera declaración de intenciones y debería contar con un instrumento capaz de potenciar la competitividad de las plantas existentes e incrementar capacidades para dar continuidad al funcionamiento de cadenas de valor esenciales, como las vinculadas a la salud, la alimentación, la energía o la defensa, y proteger los productos críticos. En este sentido, plantea el desarrollo de instrumentos europeos que protejan particularmente las moléculas y sites químicos críticos para la UE, además de un fondo presupuestario ad hoc y mecanismos que establezcan condiciones preferenciales.
• 3. Una regulación climática compatible con la competitividad industrial. Adecuar la regulación climática europea a las condiciones reales de competitividad evitando que comprometa la viabilidad de las instalaciones industriales europeas frente a competidores internacionales que no soportan costes equivalentes. “Es preciso que continuemos trabajando en la reducción de emisiones, pero sin comprometer el futuro industrial de nuestro continente. La UE es responsable del 5,8% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero, casi la mitad que EEUU y prácticamente la quinta parte que China. Toda la industria manufacturera europea, la que carga con la mayor parte del coste de la descarbonización, genera un 1,3% de las emisiones del mundo. Por tanto, aunque mañana elimináramos toda actividad industrial de Europa, en apenas dos semanas China habría emitido el mismo volumen”, argumenta.
• 4. Reforzar la defensa comercial. Fortalecer los instrumentos de defensa comercial frente a prácticas desleales de terceros países como el dumping, las subvenciones o la creciente instalación de sobrecapacidad productiva. Actualmente existen 54 medidas de protección comercial activas para productos químicos —el 63% corresponde a China— y más de 332 productos se encuentran bajo vigilancia o en situación de alerta. Feique reclama establecer mecanismos más ágiles de detección de importaciones masivas y reforzar la vigilancia y el control efectivos de la instalación de sobrecapacidad de productos químicos. También solicita reducir los plazos de investigación y aplicación de instrumentos de defensa comercial a 6 meses, dado que actualmente requieren al menos 18 meses. Sobre China, “Europa no puede dejar sin respuesta esta situación, porque si nos quedamos sin respuesta, nos quedamos sin industria”, alerta.
• 5. Estimular la demanda de productos sostenibles Made in Europe. Mecanismos que permitan trasladar al mercado el valor de los avances realizados por la industria europea en sostenibilidad, circularidad y descarbonización, y estimular la demanda de productos sostenibles y bajos en carbono mediante exigencias como la incorporación de contenido “verde” mínimo, compras públicas verdes o la aplicación de bonificaciones en el IVA para el consumidor final. También, desarrollar un marco Made in Europe que favorezca las producciones europeas sostenibles sin comprometer el funcionamiento de las cadenas de valor internacionales. En este sentido, defiende que las medidas puedan extenderse también a los países con los que la Unión Europea mantiene acuerdos de libre comercio o acuerdos duaneros, siempre bajo condiciones exigentes de reciprocidad.

La aplicación de estas cinco líneas de actuación permitiría recuperar ágilmente la competitividad de la Química Básica y reforzar la capacidad de producción, inversión e innovación del conjunto de la industria química europea, mediante el desarrollo de medidas que ya están contempladas en documentos estratégicos de la Comisión Europea y que, en diferentes grados, han comenzado a aplicarse en algunos Estados miembros. La industria química continúa teniendo el potencial necesario para ser uno de los ejes del crecimiento de la economía productiva española, con el talento como principal activo. Para ello, es preciso que en la próxima legislatura se aborden estas prioridades en la acción de Gobierno.