El Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) del 1 de septiembre de 2026 publica la Recomendación del Consejo, de 10 de julio de 2026, relativa a las políticas económicas, sociales, de empleo, estructurales y presupuestarias de España. El 3 de junio de 2026, la Comisión publicó el informe específico de 2026 sobre España, donde se evalúan los avances realizados por España para poner en práctica las recomendaciones específicas por país de 2025 y se hace balance de la ejecución del Plan de Recuperación y Resiliencia (PRR).
El 30 de abril de 2026, España presentó su Informe anual de situación de 2026 (7) sobre el cumplimiento de las tasas máximas de crecimiento del gasto neto recomendadas, la ejecución del conjunto de reformas e inversiones que sustentan la ampliación del período de ajuste y la ejecución de reformas e inversiones en respuesta a los principales retos señalados en las recomendaciones específicas por país del Semestre Europeo.
El Consejo a España que tome medidas en 2026 y 2027:
- 1.-Garantizar que el gasto neto respete las tasas máximas de crecimiento recomendadas por el Consejo el 21 de enero de 2025, en vista de la desviación prevista para 2026 por la Comisión con respecto a la senda de gasto neto recomendada, haciendo uso al mismo tiempo de la flexibilidad prevista en la cláusula de salvaguardia nacional activada por el Consejo. Reforzar el gasto global y la preparación en materia de defensa y seguridad y, a su vez, velar por la sostenibilidad de la deuda y la eficiencia del gasto y adaptar gradualmente el presupuesto para mantener un gasto en defensa estructuralmente más elevado. Garantizar que las medidas adoptadas para mitigar el impacto de la subida de los precios de la energía sean temporales, estén destinadas a proteger a los hogares vulnerables o satisfacer las necesidades de las empresas de gran consumo de energía, mantengan los incentivos para el ahorro de energía y que su coste fiscal sea compatible con los compromisos contraídos con arreglo al marco fiscal de la UE. Continuar ejecutando el conjunto de reformas e inversiones que justifican la ampliación del período de ajuste, tal como recomendó el Consejo el 21 de enero de 2025. Fortalecer la sostenibilidad fiscal, en particular mediante la limitación de los gastos fiscales, protegiendo al mismo tiempo el crecimiento y apoyando a los hogares con bajos ingresos. Aumentar la eficiencia del gasto mediante un mejor seguimiento de los gastos fiscales y la aplicación de revisiones del gasto a nivel nacional y autonómico.
- 2. Garantizar la continuidad de las reformas e inversiones ejecutadas en el marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Acelerar las iniciativas destinadas a aplicar los programas de la política de cohesión, aprovechando, cuando proceda, la reasignación de recursos a las prioridades estratégicas y las flexibilidades acordadas en el contexto de la revisión intermedia del marco de la política de cohesión.
- 3. Fomentar la productividad y la innovación mediante la reducción de la carga administrativa y de la fragmentación normativa entre las comunidades autónomas, incluida la eliminación de las barreras al comercio minorista y a la libre circulación de mercancías. Mejorar el desempeño del sistema judicial garantizando una dotación de personal adecuada, una digitalización armonizada y la plena interoperabilidad entre las comunidades autónomas. Facilitar la innovación, la ampliación y la expansión empresariales dirigidas a sectores de alto valor, en particular mediante el apoyo a inversiones estables en I+i, una mayor colaboración entre la industria y el mundo académico y la mejora del acceso a la financiación, especialmente al capital riesgo.
- 4. Intensificar la coordinación en materia de resiliencia frente al cambio climático a escala nacional, autonómica y local. Mejorar la gestión y la gobernanza del agua y aumentar el reciclado de las aguas residuales urbanas. Adaptar las infraestructuras críticas al cambio climático, en particular los ferrocarriles y las carreteras, y promover soluciones basadas en la naturaleza para mitigar los riesgos conexos. Invertir en almacenamiento de energía, transporte y distribución de electricidad, así como en interconexiones eléctricas transfronterizas. Fomentar la descarbonización de la industria y los edificios, así como la electrificación del transporte.
- 5. Ampliar el parque de viviendas, en particular revisando el marco normativo, facilitando los procesos de concesión de permisos y la disponibilidad de suelo y dando un nuevo uso al parque inmobiliario infrautilizado. Aumentar la oferta de vivienda asequible y vivienda social, favoreciendo las opciones de alquiler, que se adaptan mejor a las necesidades territoriales y autonómicas y se basan en sistemas de financiación sostenibles menos dependientes de la financiación pública.
- 6. Abordar la pobreza infantil, en particular reequilibrando los gastos sociales entre generaciones y mejorando la cobertura y la adecuación de las transferencias sociales y la asistencia social y su vínculo con la activación laboral, de forma que se sigan reduciendo las desigualdades de renta. Reducir la inadecuación de las capacidades reforzando más la EFP dual, la pertinencia de la educación superior para el mercado laboral y el aprendizaje de personas adultas, centrándose en las CTIM. Mejorar las capacidades básicas y luchar contra el abandono escolar prematuro. Mejorar el acceso a la asistencia sanitaria aumentando las capacidades de la atención primaria y los cuidados de larga duración, haciendo frente a la escasez de mano de obra y reduciendo los tiempos de espera. Abordar las disparidades regionales en el acceso a oportunidades y servicios, especialmente en las zonas que sufren una rápida despoblación y, al mismo tiempo, aumentar la eficiencia con el fin de crear margen de maniobra fiscal para hacer frente a las crecientes presiones sobre el gasto.