18 Nov
18Nov

Pese al incremento de la frecuencia e intensidad de los fenómenos climáticos extremos, que ya han ocasionado daños en el 9,2% de las viviendas en España, solo el 39% de los españoles estaría dispuesto a invertir dinero en mejorar la seguridad de su edificio, según el informe ‘Seguridad en edificios y viviendas’, elaborado por Grupo Mutua Propietarios.

Y eso que la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP31) que se celebra en Antalya (Turquía), vuelve a situar la adaptación climática entre los grandes desafíos actuales y que refuerza la necesidad de proteger edificios y viviendas frente a lluvias torrenciales, inundaciones o temporales de viento.

No obstante, tal y como revela el informe de Grupo Mutua Propietarios, la implantación efectiva de medidas de prevención y protección choca con una gran barrera: los costes de implementación. Frente al 33% de los españoles que considera haber tomado suficientes precauciones para evitar los efectos de este tipo de situaciones, se encuentra un 72% que considera no factible la realización de inversiones para mejorar la seguridad de su hogar.

“Es posible mitigar daños sin necesidad de grandes inversiones. Pequeñas acciones como la revisión periódica de las cubiertas, mantener limpios desagües y canalones o la correcta sujeción de elementos externos contribuyen a reducir significativamente los daños durante un episodio de lluvias intensas o fuertes vientos”, apunta José Luis Marín de Alcaraz, subdirector general de Operaciones de Grupo Mutua Propietarios.

En este sentido, entre las medidas más extendidas para paliar los daños por temporales destacan los sistemas de drenaje, presentes en el 72% de los casos, seguidos de una correcta sujeción de elementos exteriores como toldos o aires acondicionados (63%) y de la utilización de ventanas y puertas reforzadas (50%). Lejos se encuentran otras soluciones más costosas pero efectivas, como las barreras anti-inundación (26%) o los sistemas de bombeo (21%).

Junto a la desigual implantación de sistemas de protección en los inmuebles, el informe también revela que existe un gran desconocimiento sobre cómo actuar ante una emergencia. Solamente el 34 % de los españoles sabría con certeza qué hacer ante una inundación, mientras que el 51 % reconoce tener una idea general, pero no estar completamente seguro de los pasos que debería seguir, y un 15 % admite que no sabría cómo proceder.

La misma situación se repite ante los episodios de fuertes vientos, frente a los que únicamente el 32% de la población afirma saber cómo reaccionar. En este caso, el 49% admite tener conocimientos generales, pero manifiesta dudas sobre cómo actuar, y un 19% desconoce las precauciones que debería adoptar.

Además, la inquietud frente a este tipo de situaciones tampoco es generalizada. Únicamente un 27% manifiesta una gran preocupación por la posibilidad de sufrir inundaciones o filtraciones graves, a lo que se le suma la moderada confianza en la preparación con la que cuentan los inmuebles. Los españoles otorgan una puntuación media de 5,99 sobre 10 a la preparación de sus edificios frente a una posible inundación, una valoración que mejora ligeramente, hasta el 6,39 en el caso de la vivienda.

“Una revisión a tiempo, un mantenimiento adecuado o una mejora en la protección del edificio pueden marcar la diferencia entre superar un temporal sin grandes consecuencias o sufrir daños importantes en nuestro hogar”, concluye José Luis Marín.

Marsh: sistemas compartidos que protegen a las comunidades y los territorios

Marsh lanza, en colaboración con el Foro Económico Mundial, una guía para ayudar a reforzar la resiliencia climática a nivel territorial y mejorar la asegurabilidad. La guía expone cómo coordinar la gestión del riesgo más allá de los activos individuales, poniendo el foco en los sistemas compartidos que protegen a las comunidades y los territorios.

Las pérdidas aseguradas por catástrofes naturales a escala global alcanzaron los 145.000 millones$ en 2025, con efectos tangibles en toda la economía, desde los hogares hasta los mercados de capitales. La caída del valor de los inmuebles y el aumento de la exposición financiera individual están generando crecientes riesgos macroeconómicos y políticos, lo que configura un problema económico, humanitario y social que afecta tanto a las personas como a sus medios de vida.

La guía sostiene que la disponibilidad de una cobertura de seguros adecuada y asequible depende cada vez más de la resiliencia del conjunto de los territorios, y no solo de los activos individuales. Sin embargo, invertir a esta escala plantea un problema de acción colectiva: medidas como los sistemas de drenaje de aguas pluviales, las defensas naturales frente a inundaciones o las franjas de protección contra incendios forestales benefician a numerosos actores (entre ellos propietarios y gestores de inmuebles, administraciones locales, entidades financiadoras, aseguradoras y organizaciones comunitarias), mientras que los costes pueden recaer solo en unos pocos. Ningún actor, por sí solo, cuenta con incentivos o capacidades suficientes para actuar de forma aislada, por lo que la coordinación a lo largo de toda la cadena de valor inmobiliaria resulta esencial.

La guía plantea cuatro intervenciones prioritarias  e incluye casos prácticos para cada una de ellas: mejorar los datos sobre riesgos y toma de decisiones para construir una visión compartida del riesgo a nivel territorial que facilite la adopción de decisiones; desarrollar estructuras de financiación innovadoras que agrupen recursos de múltiples beneficiarios; establecer métricas estandarizadas que permitan a aseguradoras e inversores reconocer y valorar de forma consistente la resiliencia; y reforzar el argumento económico a favor de la resiliencia mediante la alineación de incentivos y la identificación de beneficios adicionales.

Amy Barnes, Head of Climate and Sustainability Strategy y Global Head of Energy &Power de Marsh Risk, señala: “Esta guía es una llamada a la acción. Sabemos que la resiliencia a nivel territorial funciona. Lo que necesitamos ahora es que las intervenciones a nivel territorial se pongan a prueba, se amplíen y queden en manos de coaliciones. Los problemas de asegurabilidad son una señal de que nuestra gestión del riesgo noes suficiente. Si trabajamos juntos, desde las administraciones públicas, las empresas, los inversores y las comunidades, podremos afrontar este desafío de acción colectiva y construir una resiliencia que proteja no solo propiedades individuales, sino territorios y economías en su conjunto”.

Eric White, Head of Climate Resilience del Foro Económico Mundial, añade: “Los recientes desastres meteorológicos han servido de llamada de atención para muchas empresas y gobiernos. Tenemos que actuar con más determinación para reforzar la resiliencia. Esta guía muestra cómo hacerlo”.

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