El Instituto Santalucía exige transparencia sobre pensiones
El foro de expertos del Instituto Santalucía, órgano de reflexión del grupo asegurador, ha puesto el foco en la necesidad de reforzar la transparencia y el rigor técnico en el análisis del sistema público de pensiones, con el objetivo de favorecer un debate informado sobre su sostenibilidad financiera y su impacto en las cuentas públicas.
El envejecimiento de la población constituye uno de los principales retos del Estado de Bienestar. Según el informe “Un perfil de las personas mayores en España, 2025” del CSIC, una de cada cinco personas en España tiene ya 65 años o más, lo que equivale a casi 10 millones de ciudadanos. Ante esta realidad, las pensiones deben garantizar su suficiencia económica sin comprometer la viabilidad futura del sistema, la equidad entre generaciones ni otras prioridades públicas esenciales.
El posicionamiento del foro de expertos se produce tras la reciente presentación, por parte de la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, del informe de “Balance sobre el cumplimiento de las recomendaciones del Pacto de Toledo 2020-2025” y del primer informe del Modelo Integrado de Proyección del Gasto en Pensiones a largo plazo, INTegraSS, referido al año 2025. Considera que disponer de una fotografía completade la Seguridad Social y del Régimen de Clases Pasivas resulta imprescindible para evaluar con rigorla situación actual y futura de las pensiones públicas.
El sistema presenta una exigencia financiera creciente que obliga a analizar con claridad qué parte se financia con cotizaciones, qué parte requiere transferencias del Estado y qué impacto tiene esta financiación sobre el conjunto de las cuentas públicas. Los expertos consideran que este análisis resulta clave para abrir un debate informado sobre qué bienes y servicios públicos se quieren financiar y con qué recursos.
“Para tomar decisiones responsables en materia de pensiones es imprescindible conocer con precisión la situación financiera real del sistema, los recursos que requiere cada año y su evolución esperada. La transparencia no es un elemento accesorio: es la condición necesaria para construir consensos sólidos y sostenibles en el tiempo”, señala José Manuel Jiménez, director del Instituto.
Según el último informe publicado por el Instituto, “Las cuentas del sistema público de pensiones en el periodo 2018-2025. Sistema de Seguridad Social y Régimen de Clases Pasivas”, elaborado por Miguel Ángel García Díaz, profesor de Economía Aplicada de la Universidad Rey Juan Carlos e investigador asociado de Fedea, el gasto del sistema público de pensiones alcanzó en 2025 los 218.321 millones€. El estudio concluye que este gasto mantiene una tendencia de crecimiento sostenido, tanto en volumen absoluto como en relación con el PIB, con un aumento de 3,9 puntos desde el año 2000 y de 0,9 puntos entre 2018 y 2025. Además, el componente contributivo del sistema ha necesitado casi duplicar desde 2018 los recursos anuales recibidos a través de impuestos y deuda pública, pese al aumento del empleo registrado en España durante el periodo, con 2,8 millones más de afiliaciones, un incremento del 15,2%.
En este contexto, la revitalización del Fondo de Reserva mediante las aportaciones del Mecanismo de Equidad Intergeneracional, que en 2025 superan los 14.000 millones€ acumulados, debe analizarse con prudencia, ya que se produce mientras el sistema sigue necesitando transferencias crecientes del Estado.
El foro de expertos también subraya que el cumplimiento formal de la cláusula de cierre introducida por el Real Decreto-ley 2/2023 no permite concluir, por sí solo, que el sistema sea sostenible. Aunque la AIReF ha validado en dos ocasiones el cumplimiento de la regla, la propia Autoridad Fiscal ha advertido de que ofrece una visión parcial de la sostenibilidad y que su cumplimiento es compatible conuna trayectoria ascendente de la deuda pública. Además, algunos expertos del foro consideran que determinadas estimaciones sobre el impacto de las medidas de gasto e ingreso de la reforma podrían resultar optimistas. De corregirse, la factura neta esperada de la reforma aumentaría y podría verse afectado el cumplimiento de la cláusula de cierre del MEI.
Por otro lado, el Instituto Santalucía valora la puesta en marcha de INTegraSS, desarrollado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para proyectar el gasto en pensiones a largo plazo. No obstante, considera necesario que sus hipótesis, metodología y resultados puedan someterse a debate técnico y contrastación externa, con participación de la Seguridad Social, la AIReF, el Grupo de Envejecimiento de la Comisión Europea y la comunidad académica. La transparencia debe ser un elemento central del debate sobre pensiones. Los ciudadanos deben conocer la situación financiera real del sistema, los recursos necesarios para complementarlo cada año y su probable evolución futura.
