El despacho Navas & Cusí se personará en el procedimiento abierto en la Audiencia Nacional por la presunta estafa piramidal de la Sociedad Española de Metales Preciosos, Sempi Gold. Su CEO, Gabriel Ruiz, ingresó recientemente en prisión provisional tras rechazar el pago de la fianza de un millón€ Se le acusa de estafa piramidal, organización criminal, apropiación indebida, falsificación en documento mercantil, alzamiento de bienes y evasión de capitales. La presunta estafa habría afectado a cerca de 4.000 ahorradores y se elevaría a más de 50 millones de euros.
“Lo relevante -en nuestra opinión- no es sólo lograr una sentencia condenatoria sino localizar bienes suficientes para hacer efectivas las indemnizaciones. Nuestro objetivo es maximizar la recuperación de las inversiones de los ahorradores mediante el aseguramiento del patrimonio disponible”; señala Fernando Navas, letrado de Navas & Cusí. Por eso la estrategia del despacho -explica su socio-director- se centrará en el rastreo, localización, inmovilización y conservación de los activos relacionados con los fondos entregados por los ahorradores.
Navas & Cusí pedirá que las medidas cautelares patrimoniales alcancen no sólo a las cuentas y bienes formalmente vinculados a los principales investigados sino también a las sociedades instrumentales, participaciones empresariales, inmuebles y bienes que indiciariamente hubieran sido transmitidos o colocados a nombre de terceros.
“Las medidas cautelares son la solución adecuada para garantizar la solvencia. Hay que solicitarlas cuanto antes para que desde el principio queden embargados bienes que podrían desaparecer durante el procedimiento y los perjudicados se quedarían sin cobrar”, explica Navas.
La actuación se dirigirá también a determinar la posible responsabilidad civil de las personas físicas o jurídicas que hubieran colaborado en la aceptación, administración o desvío de los fondos. “No basta con mirar el saldo actual de la sociedad investigada. Hay que reconstruir el recorrido del dinero, identificar su destino y ampliar el perímetro de los bienes bloqueados allí donde la investigación patrimonial revele una conexión con los fondos de los afectados”, apunta el letrado de Navas & Cusí.
De momento la jueza de la Audiencia Nacional que lleva el caso, María Tardón, ha ordenado el embargo de cuentas, productos financieros, participaciones sociales y bienes vinculados a las sociedades italianas Sempi Gold Italy, Trust Ingold Italy y de la británica Admiral Market UK, situada en Manchester. “Pero debemos ampliar el perímetro de responsabilidad patrimonial si queremos tener opción de recuperar lo invertido”, explica Navas.
Sugiere dirigirse contra “administradores, sociedades, testaferros, beneficiarios lucrativos, intermediarios y eventualmente aseguradoras u otros responsables civiles solventes, siempre que existan indicios concretos”, matiza.
En opinión del experto la vía más adecuada y eficaz de lograr este objetivo es personarse en el procedimiento 33/2021 del juzgado central nº3 ya abierto solicitando medidas de aseguramiento en una pieza separada de responsabilidad civil. “No va a ser fácil porque crearon una estructura con el objetivo de dificultar la trazabilidad de los fondos, pero tampoco es imposible; lo importante es no perder el foco en lo relevante: recuperar los ahorros”, concluye el letrado.