Científicos españoles reunidos en la Jornada de Sociedades COSCE han apelado a la transparencia, al rigor científico y a la responsabilidad colectiva para abordar los desafíos éticos que entraña la inteligencia artificial. Además, han hecho un llamamiento al consenso y a la ética científica en la investigación, especialmente en cuestiones sensibles como el uso de modelos animales y embrionarios.
La Confederación de Sociedades Científicas de España (COSCE), con la colaboración de la Fundación Ramón Areces, ha celebrado su jornada anual en la sede de esta Fundación en Madrid.
El evento, punto de encuentro de las 87 sociedades que conforman la COSCE, fue inaugurado por Eloísa del Pino, presidenta del CSIC, y clausurado por Eva Ortega Paíno, Secretaria General de Investigación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.
Perla Wahnón, presidenta de la COSCE, desgranó en su intervención los principales riesgos de la inteligencia artificial en la ciencia, incidiendo en la generación de resultados falsos o engañosos en los estudios y en su uso fraudulento para redactar artículos científicos sin respaldo empírico sólido. “Por desgracia, ya hemos sido testigos de que la presión por publicar puede superar en algunos casos el compromiso con la ética, un problema que la comunidad científica se está tomando muy en serio”, aseguró. “La inteligencia artificial ha transformado la manera que se produce y analiza el conocimiento científico, y, al mismo tiempo, plantea grandes desafíos éticos que la comunidad científica debe manejar con rigor”, añadió.
La salud cerebral en la era de la neurotecnología y la inteligencia artificial fue el tema central de la conferencia impartida en la Jornada por Álvaro Pascual-Leone, catedrático de Neurología en la Escuela Médica de Harvard. El experto señaló que “la mayor causa de discapacidad a lo largo de la vida son las alteraciones cerebrales, cuyo gasto anual supone más del 10% de la riqueza del mundo entero”, y explicó que “hoy contamos con tecnologías capaces de caracterizar el funcionamiento del cerebro y métodos de IA para predecir el riesgo de enfermedad”.
“Tratar las enfermedades neurológicas y psiquiátricas es necesario, pero no suficiente. La sociedad tiene que promover la adopción ética y regulada de tecnologías que permitan planear y optimizar el cuidado del cerebro a lo largo de la vida”, advierte.
La IA no debe sustituir al juicio clínico
Además de en Neurología, la IA está cada vez más presente en otros múltiples campos de la Medicina. Javier García Alegría, director del Área de Medicina Interna del Hospital Costa del Sol de Marbella y expresidente de la FACME (Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas), analizó los dilemas éticos que plantea la incorporación de la inteligencia artificial en la práctica médica.
“La IA no debería sustituir al juicio clínico”, afirmó, “sino que debe integrarse como una tecnología novedosa, de forma crítica y responsable, para mejorar la toma de decisiones. Para ello, se necesitan nuevas competencias profesionales en el uso y supervisión de la IA, una regulación clara y una formación médica apropiada”.
Por su parte, Bárbara Pernaute, investigadora principal del Centro Andaluz de Biología del Desarrollo (CABD), apuntó un importante dilema ético en biomedicina: la generación y uso de modelos de embrión humano in vitro a partir de células madre. La investigadora apuntó que los modelos embrionarios creados a partir de células madre “ofrecen una oportunidad sin precedentes, aunque plantean dilemas éticos y legales” y subrayó la urgencia de “establecer límites de manera transparente y con una base científica sólida que justifique de forma inequívoca el beneficio del uso de este tipo de modelos y cuáles son las barreras éticas que no pueden traspasarse”.
La ética y la integridad científica fueron el tema principal de la segunda parte de la Jornada, en la que tuvo lugar una mesa redonda moderada por Lluís Montoliú, Investigador científico del CSIC y vicedirector del Centro Nacional de Biotecnología (CNB). “La ética y la integridad científica son esenciales en toda la labor profesional de los investigadores”, apuntó Montoliú, “de ellas depende la credibilidad y fiabilidad del registro científico y la confianza que la sociedad en general mantiene con los investigadores”, añadió.
En el debate, en el que participaron Ramón López de Mántaras (Instituto de Investigación en Inteligencia Artificial – CSIC), Isidro Aguillo (Instituto de Políticas y Bienes Públicos - CSIC), Isolina Riaño (Hospital Universitario Central de Asturias), Carmen Ayuso (Fundación Jiménez Díaz) y Cristina Candal (USC), se trató, entre otros temas, la importancia de una formación transversal en ética e integridad científica para todas las etapas de la carrera investigadora.
¿Usaría Trump una inteligencia artificial confiable?
La transparencia en el uso de la IA y los conflictos de intereses fue el tema escogido por Senén Barrio Armentero, director científico del CiTIUS (Centro Singular de Investigación en Tecnologías Inteligentes de la Universidad de Santiago de Compostela). En su ponencia titulada “¿Usaría Trump una inteligencia artificial confiable?”, el experto planteó que la confiabilidad de la IA no es necesariamente “un objetivo común”, puesto que administraciones políticas o empresas privadas pueden tener otros intereses. Por ello, abogó por que la ciudadanía sea quien exija “una IA confiable, respetuosa con la privacidad y con supervisión, ya que, si no lo hacemos, las empresas no invertirán en ello o lo harán residualmente”.
Otros temas que se abordaron durante las Jornadas fueron la experimentación social y el uso de datos administrativos para la mejora de las políticas públicas (Pedro Rey Biel – ESADE), el uso de datos, derechos individuales y necesidades colectivas (Íñigo de Miguel - Universidad del País Vasco), los códigos éticos en investigación científica (Jorge Alegre-Cebollada – CNIC) y la cooperación para el desarrollo en la explotación sostenible de minerales (Pura Alfonso Albella – UPC).
España, entre los países con mayor escolarización infantil, pero pierde alumnos
Por otra parte, España se sitúa entre los países con mayor nivel de escolarización en Educación Infantil de Europa. Tres de cada cuatro niños de dos años, el 73,3%, están matriculados en Educación Infantil, lo que significa 15 puntos más que la media de los países de la OCDE, según el 11º informe Indicadores comentados sobre el estado del sistema educativo español, actualizado a 2025, que han presentado las fundaciones Ramón Areces y Sociedad y Educación.
Pese a ese alto porcentaje de escolarización a la edad de dos años y al aumento de alumnos extranjeros en el sistema educativo español, la Educación Primaria ha perdido más de 200.000 alumnos en los últimos siete años. En el curso 2024-2025, 8.317.548 alumnos estaban matriculados en enseñanzas de régimen general no universitarias, 14.726 menos que el curso anterior. Es el único descenso interanual de la serie histórica sin contar el curso 2020-2021, que se vio afectado por una fuerte caída en la Educación Infantil, asociada en ese caso a la pandemia.
En cambio, los Ciclos Formativos de Grado Medio (CFGM) y Grado Superior (CFGS) alcanzaron en el curso 2023-2024 su récord histórico superando el millón de matriculados: 450.000 en el caso de los CFGM y 600.000 en los CFGS. En la última década, los CFGM han crecido un 30% y la tasa neta de matriculación se sitúa en el 14%, mientras que los CFGS crecen un 70% y duplican la tasa neta de matriculación hasta el 15%.
En lo que respecta a la formación a distancia, ésta gana peso dentro del sistema educativo, pues si en el curso 2004-05 sólo el 1% del alumnado de Grado Medio estaba matriculado en la modalidad a distancia, ese porcentaje se sitúa en la actualidad en el 13,6%.
El presupuesto destinado a educación alcanzó su máximo histórico en 2023 cuando rozó los 68.000 millones€ tras nueve años de crecimiento. El gasto por alumno en relación con el PIB per cápita se sitúa en el 23,5%, lo que sitúa a España en la media internacional (22,2%).También ha aumentado el gasto público destinado a las becas universitarias, que en el curso 2022-23 alcanzó los 1.347,3 millones, lo que supone un 9,5% más que el ejercicio anterior.
Esto fue así pese a que el número de alumnos beneficiados por estas ayudas disminuyó a los niveles prepandemia, en torno a los 600.000 becados. En ese curso 2022-23, el gasto medio por becario universitario fue de 2.270,2 euros, un 15% más que un año antes y hasta un 30% más que en 2019.
En cuanto a la plantilla de profesores de Educación Secundaria en centros públicos, no ha parado de crecer hasta los 243.982 docentes en 2023-24, un 43% más que diez años antes. Es decir, la ratio número de alumnos por profesor en centros alcanza el mínimo de la serie histórica, 10,6 alumnos (9,8 en el caso de los centros públicos y 12,9 en los concertados o privados), dos puntos por debajo de la media de la UE (12,7). Según los expertos, “los retos a los que se enfrentan los profesores van más allá del número de alumnos en aula por profesor: irrupción de la tecnología, heterogeneidad en el origen del alumnado, fragmentación de las unidades familiares, necesidades de atención psicológica y emocional…”
Los autores de esta edición de ‘Indicadores’ referido a 2025 concluyen que “el nivel educativo de la población española es cada vez más alto”. Si bien en el curso 2021-2022, uno de cada diez alumnos en España (12,5%) abandonó los estudios secundarios obligatorios sin obtener el título, aunque muy lejos de las cifras registradas hace diez años (cuando se situaba en el 18%). Así, a pesar de que cada vez hay más jóvenes que completan la educación secundaria superior (79,9%) y la terciaria (52,6%), España se situó en el año 2024 a la cabeza en el ranking de abandono escolar temprano (13%) en relación con el resto de países de la UE (9,3%), solo superada por Rumanía (16,8%). La realidad también es muy distinta entre los alumnos nativos (10%) y los alumnos inmigrantes (30%).
Al mismo tiempo, los estudiantes españoles no salen muy bien parados cuando se enfrentan a las evaluaciones internacionales. Éstas sitúan a España por debajo de la media de otros países de nuestro entorno en competencia del alumnado en matemática, ciencias y comprensión lectora. Por ejemplo, el estudio TIMSS 2023 (Trends in International Mathematics and Science Study), realizado cada cuatro años a alumnos de 4º de Primaria, uno de cada cuatro alumnos (25,3%) obtiene una puntuación alta frente al 40% del promedio de la OCDE.
El Programa para la Evaluación Internacional de las Competencias de la Población Adulta (PIACC) de 2023, realizado cada 10 años a la población en edad de trabajar (25-65), la puntuación media de España en competencia lectora y matemáticas fue de 247 y 250 puntos, respectivamente, por debajo de los promedios de la OCDE (260 y 263 puntos) y de la media de la UE (259 y 264 puntos). España ocupa en ambos casos, el puesto 15 de 19 entre los países analizados.
En un contexto de creciente uso de la IA en el ámbito educativo, el estudio Internacional sobre Competencias Digitales (ICILS), realizado por primera vez en España en 2023, sitúa a los alumnos de 2º de la ESO en la media de la UE en lo relativo al desarrollo de competencias digitales (495 puntos frente a 493 del promedio de la UE). En este caso, ocupamos el puesto 13 de 17 países. Sin embargo, los expertos recalcan que “España no puede depender de las evaluaciones internacionales para hacer un diagnóstico real de la calidad del sistema, son escasas y tardan en llegar”.
Impacto de la formación en el empleo
El trabajo presentado por las fundaciones Ramón Areces y Sociedad y Educación también dedica una sección a analizar el impacto de la formación en la empleabilidad. En 2023, ocho de cada diez graduados (el 78%) estaban afiliados a la Seguridad Social cuatro años después de su egreso con una base media de cotización es de 31.000 euros. Un año antes, para la población entre 25 y 64 años, finalizar un grado universitario significaba alcanzar un salario un 40% superior a quien solo hubiera completado el Bachillerato. “Estudiar un máster eleva esta proporción al 80%”, añaden los autores de este trabajo. Sin embargo, a la pregunta de si hay sobrecualificación en España, la respuesta es claramente afirmativa: en 2024, uno de cada tres ocupados de 25 a 64 años con estudios superiores (34,6%) tenía en ese momento un trabajo que no los requería.