El gasto militar crece el doble que la inversión en educación

Miguel Ángel Valero

Demoledor informe El precio de aprender. Justicia social,  soberanía presupuestaria, y más cooperación, de la ONG jesuita Entreculturas. Comienza con una cita de la encíclica Magnífica Humanitas, la primera del Papa León XIV y ya analizada en Dinero Seguro: "el Estado todavía no ha invertido los recursos necesarios para garantizar una educación de calidad para todos".

Y sigue con un aluvión de datos: la inversión en educación, que debería ser de entre el 4% y el 6% del PIB y de entre el 15% y el 20% del gasto público total, ha bajado del 4,5% al 4,2% del PIB y sigue cayendo, presionado por los aranceles y la guerra comercial desatada por Donald Trump, la reorientación masiva de recursos públicos hacia al gasto militar en detrimento del social, y por la creciente subordinación del derecho a la educación a "lógicas de rentabilidad privada". El resultado es un déficit general de financiación de 100.000 millones$, además de la necesidad de 44 millones de profesores más, para que los países alcancen sus metas educativas.

Este "círculo vicioso de desfinanciación" afecta con particular severidad a las poblaciones en mayor situación de vulnerabilidad, profundizando en las desigualdades estructurales tanto entre países como en el interior de cada nación, y compromete la infraestructura, la formación docente, los programas de becas, la alimentación escolar y el acceso a la tecnología.

El informe de Entreculturas evidencia que la ayuda oficial al desarrollo (AOD), clave para la educación, paga la factura del mayor gasto militar. El plan ReArm Europe de la Comisión Europea. que contemplaba una movilización de 800.000 millones€, ya va por 1,5 billones, como explica en otro reportaje Dinero Seguro. El doble que la respuesta de la UE a la pandemia en 2020, y casi multiplica por dos la inversión en educación de todos los países de la Unión.

Fe y Alegría calcula que los recortes en la ayuda exterior de EEUU (6,5 millones$ en USAID), decretados por Trump a comienzos de 2025, compromete el futuro de 21.250 estudiantes y de 339 educadores. Pero la AOD en Alemania se reduce el 37%, hasta el 0,52% de la renta nacional bruta (RNB) en 2026; en Francia, el presupuesto de 2026 contempla recortes de más de 800 millones$, que se suman a los 2.300 millones desde 2022. Y el entonces primer ministro británico, Keir Starmer, anunció en febrero de 2025 una reducción de la cooperación, del 0,5% de la RNB al 0,3% en 2027.

Entreculturas denuncia que en 2026 se proyecta una reducción del 24% de la AOD, que supone dejar sin escuela a 6 millones de niños y rebajar la calidad educativa a otros 290 millones de estudiantes.

Otro problema es la privatización de la educación, que ya es del 15% en la OCDE (25% en Reino Unido) y del 33% en la enseñanza universitaria mundial. En América Latina, la baja inversión en educación superior (1% del PIB, frente al 1,5% de la OCDE) provoca que en países como Chile, Perú, Brasil o El Salvador, entre el 69% y rl 69% de los estudiantes universitarios estén en centros privados.

La brecha de financiación para una educación universal de calidad (el 4º de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2030) asciende a 200.000 millones$ anuales, menos de la mitad de los 480.000 millones de evasión fiscal en el mundo. Solo con que los Estados subieran 5 puntos el PIB destinado a educación generaría más de 1 billón$ anuales.

Luego está el problema de la deuda externa, 1,45 billones$. que genera una carga anual de 138.000 millones en pago de intereses, más que toda la inversión en educación y en salud de 48 países

España: del objetivo del 0,7% en 2030 a la realidad del 0,27%

Aunque en España el compromiso de destinar el 0,7% a la AOD en 2030 está blindado por ley, la realidad es que en 2026 es el 0,27% de la RNB. La media de las comunidades autonómicas es el 0,12%, entre el 0,35% en Euskadi y el 0,31% de Navarra, al 0,01% en Región de Murcia o el 0,02% de Comunidad de Madrid, y Aragón.

Además, el acceso de la ultraderecha de Vox a los gobiernos autonómicos del PP en Extremadura, Aragón, Castilla y León o Andalucía se traduce en el desmantelamiento de agencias de cooperación y en drásticos recortes de la ayuda internacional.

En la presentación del informe, los expertos de Entreculturas subrayan que "cuando se ayuda a un niño estamos creando una oportunidad para toda su comunidad", exigen "un proyecto de país para la educación", concentrar la inversión  en el estudiante, prestar atención a la salud mental de los profesores, no limitarse simplemente a la escolarización, y no conformarse con el 4,2% del PIB mundial. "La solidaridad no se puede recortar", proclaman. 

Ramón Almansa, director de Entreculturas, recuerda que "los derechos básicos, como la salud o la educación, son bienes públicos, deben ser garantizados por los Estados, no son negociables".

Recomendaciones de Entreculturas

• A los Estados:
  • asegurar el 6% del PIB y/o el 20% del gasto público en educación, como exige la Agenda 2030
  • planes presupuestarios plurianuales con incrementos progresivos y sostenidos en educación, con mecanismos robustos de verificación, monitorización y rendición de cuentas
  • presupuestos regidos por la equidad en la redistribución de los recursos, priorizando la financiación de la educación en la poblaciones más excluidas
  • marcos estrictos para regular los intereses privados en la educación
  • adopción de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cooperación Fiscal Internacional
• A la comunidad de países donantes:
  • destinar el 0,7% de la RNB a la AOD, priorizando a los países de menos ingresos.
  • destinar al menos el 20% de la AOD a educación, y que el 80% de ésta sean donaciones no reembolsables
  • comprometer recursos a medio y largo plazo, para que los países receptores de las ayudas  puedan realizar planificaciones estratégicas sostenibles
  • eliminar la obligación de adquirir bienes o servicios de empresas del país donante
  • renegociar la deuda, impulsar operaciones de cancelación o de conversión, para liberar recursos directos para la educación en los países más empobrecidos o sobrendeudados
• A España y sus comunidades autónomas:
  • cumplimiento estricto del calendario establecido en la ley para alcanzar el 0,7% del PIB para AOD, y blindar el 8% para educación
  • destinar al menos el 10% de la ayuda humanitaria a garantizar el derecho a la educación en contextos de crisis y desplazamiento forzado
  • aumentar el compromiso local y autonómico con la cooperación internacional; revertir los recortes; y blindar el apoyo a las ONG frente a los "discursos anticooperación de la extrema derecha"
  • inversión del 6% del PIB nacional en educación pública
  • garantizar el acceso a una educación pública, inclusiva e igualitaria con una oferta de plazas suficientes y gratuita desde la infantil hasta la universitaria
  • escudo social de comedores escolares gratuitos para todos los alumnos en situación de vulnerabilidad
  • ampliar la cobertura y la cuantía de las becas públicas para garantizar el acceso gratuito a todas las actividades educativas
  • aplicar principios de justicia distributiva, priorizando la inclusión de la discapacidad, la población migrante, y de las comunidades históricamente marginadas.

España se hunde en el Informe PISA

Tras analizar el informe de Entreculturas, se entiende mejor cómo es posible que España obtenga un rotundo suspenso en el Informe PISA, la gran evaluación internacional en la que han participado 760.000 estudiantes de 15 y 16 años de 90 países (30.000 de ellos españoles). La OCDE, la institución integrada por los países ricos que organiza la prueba, calcula que 20 puntos en el examen equivalen de forma aproximada a un curso escolar. Y España pierde respecto a la edición anterior, de 2022, 23 puntos en comprensión lectora, 16 en matemáticas y 8 en ciencias, las tres materias centrales de PISA. 

Los resultados de España se sitúan en su nivel más bajo desde que la prueba empezó a publicarse, en el año 2000. La puntuación de los alumnos españoles se queda en 451 en lectura, 457 en matemáticas, y 477 en ciencias, alejándose del promedio de los países desarrollados, que es de 461, 463, y 482 respectivamente.