El auge de los centros de datos en España no es solo una tendencia tecnológica: es un movimiento estructural que afecta a la economía, el empleo y la soberanía digital.
Miguel Ángel Valero
La economía española atraviesa un momento de notable dinamismo, destaca el Observatorio Sectorial de CaixaBank Research. Superados los efectos de la pandemia y la crisis energética, se encuentra en una fase expansiva sólida, caracterizada por un crecimiento equilibrado y ampliamente distribuido entre sectores. Este avance se ha producido a pesar del complejo contexto internacional, marcado por las tensiones geopolíticas, un entorno comercial más proteccionista, la moderación de la demanda externa y la persistencia de ciertos cuellos de botella en las cadenas globales de suministro. Frente a estos desafíos, la economía española ha mostrado una notable resiliencia, apoyada en la fortaleza de la demanda interna, la bajada de los tipos de interés, la mejora del mercado laboral y el despliegue de los fondos europeos.
De los 22 sectores analizados, 16 se encuentran en fase expansiva en 2025, frente a solo dos en 2023. La industria lidera este impulso, especialmente la extractiva, química, farmacéutica y el refino, que han sabido adaptarse con agilidad a los desafíos de la transición energética y digital, registrando importantes avances en productividad y consolidando su papel como motor del crecimiento.
De cara a 2025 y 2026, el crecimiento del PIB previsto (+2,9% y +2,1%, según las previsiones de CaixaBank Research) presenta un patrón transversal y resiliente, con una marcada homogeneidad sectorial que contrasta con ciclos anteriores y que sugiere una economía menos vulnerable a perturbaciones específicas. La construcción, las actividades profesionales, las TIC y la industria farmacéutica se perfilan como los sectores más dinámicos, mientras que otros como el turismo, la industria manufacturera en su conjunto y el comercio avanzan en línea con el promedio. Incluso sectores tradicionalmente más débiles, como el primario o la industria textil, muestran crecimientos positivos, aunque más moderados.
Margen de mejora en productividad
Por otra parte, la reforma laboral de 2021 ha reducido drásticamente la temporalidad, de forma generalizada entre sectores, lo cual debería favorecer una mayor estabilidad laboral, la consiguiente inversión en capital humano y sentar las bases para un incremento de la productividad. Si bien el crecimiento del PIB por hora trabajada ha sido positivo, la productividad por ocupado apenas ha avanzado, lo que evidencia que aún queda margen de mejora y que el reto sigue siendo consolidar un modelo productivo más eficiente.
La industria manufacturera española ha crecido al mismo ritmo que el conjunto del PIB, rompiendo con dos décadas de pérdida de peso relativo. En parte, este punto de inflexión se explica por una nueva ventaja competitiva: los costes energéticos en España han aumentado menos que en otras grandes economías europeas, gracias a la menor dependencia del gas ruso y al mayor peso de las energías renovables. Esta ventaja ha sido especialmente relevante para las ramas industriales intensivas en energía (como la química, la papelera o la metalúrgica, que han resistido mejor los shocks recientes).
"En definitiva, la economía española no solo crece, sino que lo hace de forma equilibrada, con un mercado laboral más sólido, una industria revitalizada y una notable resiliencia frente a los desafíos globales. El reto es ahora transformar este ciclo expansivo en una senda de crecimiento sostenible, basada en la innovación, la mejora del capital humano y la eficiencia empresarial", concluyen los expertos de CaixaBank Research.
Los centros de datos crecerán hasta el 35% anual
Por otra parte, España vive una expansión imparable del tejido de centros de datos instalado en su territorio; impulsada por la irrupción de la inteligencia artificial, la nube y el Internet de las Cosas (IoT, por sus siglas en inglés). Según los expertos, la potencia instalada podría haberse sextuplicado en dos años, alcanzando los cerca de 600 MW a comienzos de año y plasmando un crecimiento cercano al 275%; lo que refleja un importante incremento de los centros de datos habilitados en España.
Esta tendencia seguirá agudizándose, al estimar que la necesidad de centros de datos crecerá a un ritmo del 25–35% anual hasta 2030. Este incremento viene de la mano de una mayor demanda de tecnología en todos los ámbitos de nuestra vida: los centros de datos sostienen la infraestructura crítica que da vida a servicios que usamos a diario como la mayor parte de telefonía móvil, el email, streaming, transacciones bancarias, IA… y garantiza su funcionamiento correcto y velocidad.
Esta evolución se enmarca en una revolución silenciosa que está redefiniendo la arquitectura tecnológica del país. Madrid concentra ya más del 60% de la potencia operativa de centros de datos y se ha consolidado como uno de los hubs digitales más relevantes del sur de Europa.
Según el informe anual de DoubleTrade España, en 2024 se convocaron 16.682 licitaciones TIC (un 3 % más que en 2023) con un volumen económico que roza los 11.749 millones de euros, evidenciando un dinamismo sostenido a pesar del contexto de ajuste presupuestario.
En este pleno auge de los centros de datos en España, esta semana se ha anunciado la puesta en marcha del macroproyecto tecnológico más ambicioso de Extremadura: Nostrum Data Centers y la multinacional Aecom han firmado el acuerdo para la construcción del que será el mayor centro de datos del sur de Europa, y se ubicará en Badajoz. El proyecto, denominado Nostrum Evergreen, supera los 1.900 millones€ de inversión y aspira a convertirse en una de las infraestructuras digitales más avanzadas de España y un referente tecnológico en Europa.
El informe subraya la importancia del sector como columna vertebral de la transformación digital. Madrid lideró la inversión pública en tecnología con 4.652 millones€, seguida de Andalucía (1.486 millones€) y Cataluña (1.167 millones€). ALos fondos europeos Next Generation han sido un catalizador: las administraciones están ejecutando el Plan de Digitalización 2021-2025, abriendo el camino para modernizar servicios y procesos ciudadanos.
“Estamos viendo un desplazamiento del foco tecnológico hacia modelos híbridos, donde el sector público se apoya en la industria privada para la promoción de nuevos y mejores centros de datos. Esto genera importantes oportunidades de negocio para todas aquellas empresas que tienen su foco de actividad en el desarrollo de esta infraestructura y es clave que sepan anticiparse a las necesidades de cada licitación para aprovechar la ola de oportunidades”, destaca Xavier Piccinini, director general de DoubleTrade España.
Debido a la vital importancia de esta infraestructura, el sector privado ha redoblado su apuesta. Gigantes como Amazon esperan realizar inversiones de 15.700 millones€ en Aragón, mientras que en Cantabria se está desarrollando un macrocentro de datos de 500 MW con una inversión de 3.600 millones. Microsoft, Meta o Google también han reforzado su presencia en la Península, atraídos por la ubicación estratégica, la conectividad de cable submarino y la disponibilidad energética.
“El atractivo de España es evidente: buenas conexiones, estabilidad regulatoria y creciente inversión pública. Debido a ello, nos hemos convertido en uno de los grandes centros de interconectividad del sur de Europa”, explica Piccinini.
El sector público destinó importantes recursos a infraestructura digital: según DoubleTrade, en 2024 se alcanzaron los 139 000 millones€ en licitaciones públicas, con un crecimiento del 10,6%, reflejo de la apuesta estatal por la digitalización.
Además de ser un foco de desarrollo económico para España, estos centros de datos también suponen un desafío energético: un solo centro de datos puede consumir más de 100 MW, superando el gasto energético de miles de hogares juntos. Además, la demanda de potencia podría llegar a duplicarse antes de 2030.
El auge de los centros de datos en España no es solo una tendencia tecnológica: es un movimiento estructural que afecta a la economía, el empleo y la soberanía digital. Con un marco de licitación pública cada vez más activo y un interés privado creciente, el país se posiciona como epicentro de la transformación digital europea.
Iberinform: la industria extractiva tarda 124 días en pagar
Los plazos de pago de las empresas registraron en 2024, una reducción de un día hasta situarse en los 79 días, de acuerdo con el seguimiento sobre los plazos de pago en la empresa española realizado por Iberinform. Se trata del valor más bajo desde que el 2010 la legislación sobre plazos de pagos comerciales impulsó la limitación a los 60 días naturales a contar desde la fecha de recepción de las mercancías o prestación de los servicios. A lo largo de este periodo, los plazos de pago en España se han mantenido lejos del horizonte que trata de impulsar la legislación española y europea, en una horquilla que va de los 94 días de 2017 a los 79 actuales.
La fijación de los plazos comerciales es el resultado de millones de acuerdos entre empresas en la compraventa de sus productos y servicios a lo largo de la cadena de valor. En general, toda empresa trata de reducir los plazos de cobro a sus clientes y ampliar los plazos de pago a sus proveedores para incrementar su partida de tesorería y reducir sus necesidades operativas de financiación externa.
Los plazos de pago en las relaciones comerciales entre empresas se han reducido de forma generalizada en la mayoría de los segmentos empresariales durante 2024. Se registra una caída de un día entre las grandes empresas, que son las que presentan los plazos más prolongados. Las medianas y las pequeñas empresas también registran una reducción de un día en sus plazos de pago. La microempresa es el único caso donde se observa una mayor reducción con 2 días menos y se sitúa en los mismos plazos que la pequeña empresa (78). Las medianas se sitúan en 83 días y las grandes, por segundo año consecutivo, se encuentran por debajo de los cien días.
Ninguno de los sectores productivos logra situarse por debajo de los 60 días. Los plazos de pago en el sector primario se sitúan en 97 días. En los distintos sectores industriales los plazos de pago muestran una amplia horquilla. Los peores se registran en la industria extractiva (124 días), seguida del sector primario (97), electrónica y TIC y textil (86). Solo se sitúan por debajo de la media alimentación (77) y consumo duradero (76). La mayor reducción se registra en automoción y electrónica y TIC (4 días).
Entre los servicios, los peores plazos de pago se producen en servicios financieros (110), energía (106 días), Inmobiliario (95) y servicios a empresa (91). Se sitúan por debajo de la media comercio al por mayor y venta de TIC y electrónica (78), alojamiento (74), comercio al por menor (73), comercio de automoción (65), sanidad (59) y restauración (56). Las mayores reducciones se registran en comercio de automoción (-7), sanidad y transporte (-3) y alojamiento (-2).
Por comunidades autónomas, la evolución del comportamiento en pagos depende de diversos condicionantes entre los que cabe citar, principalmente, dos: los matices en la cultura de pagos o la composición sectorial. La horquilla supone 24 días adicionales de crédito comercial. Las regiones que presentan plazos de pago por debajo de la media son: Canarias, Asturias, Cataluña,