26 Nov
26Nov

Miguel Ángel Valero

La factura por las catástrofes naturales registradas en España ascendió en 2024 a 11.330 millones€, el 155% más que en 2023 debido, fundamentalmente, a la DANA del 29 de octubre, que afectó a Valencia, Castellón, Albacete, Murcia, Almería y Málaga, provocó 236 fallecidos y generó un coste asegurado de 5.260 millones€, el 83% del volumen total y el siniestro más costoso de la historia de España.

El X Simposium del Observatorio de Catástrofes presentó el Barómetro 2024, elaborado por la Asociación Clúster Catástrofes. Éstas generaron un  coste de 6.335 millones cubiertos por los seguros más y 2.450 millones por daños no cubiertos por póliza (y que, por tanto, no están amparados por el Consorcio de Compensación de Seguros). Otros 1.231 millones se debieron al coste de los servicios de primera respuesta (Protección Civil, UME y Cruz Roja, además de Tragsa), cuya factura se disparó respecto a la de 2023 (124 millones). Los 1.314 millones restantes se deben al impacto que causaron estas catástrofes en el PIB de 2024. También se perdieron 27.730 empleos equivalentes a jornada completa, con gran impacto en transporte y hostelería.

Las inundaciones en la Comunidad Valenciana y en Castilla-La Mancha provocadas por la DANA tuvieron un impacto económico en las infraestructuras críticas superior a los 1.840 millones. Las infraestructuras hidráulicas fueron las más afectadas (1.300 millones de euros), seguidas del transporte ferroviario (205 millones) y el transporte por carretera (183 millones). Estas infraestructuras son las que tienen mayor impacto en la ciudadanía y, por tanto, más agravan el impacto económico de los desastres.

Unas 180.000 personas se quedaron sin suministro energético durante varios días. Iberdrola y Red Eléctrica invirtieron más de 110 millones en reparación y modernización, y los costes de emergencia y puesta en marcha ascendieron a casi siete millones. Las telecomunicaciones sufrieron la interrupción de más de medio millón de líneas fijas y móviles. El restablecimiento del servicio y la reparación de 245 estaciones base costó 34 millones, y las compañías compensaron a los usuarios con 22 millones adicionales.

El Barómetro destaca que la interrupción de estos servicios agrava las consecuencias y los impactos de los desastres, al tiempo que limitan la respuesta y la recuperación. Además, la interrelación que existe entre las infraestructuras “facilita que las interrupciones se propaguen en efecto cascada a otras infraestructuras, aumentando significativamente el daño causado y el impacto económico global del desastre”.

El coste de las catástrofes sobre los bienes se multiplicó por más de seis en 2024, alcanzando 6.670 millones (0,43% del PIB español). En la Comunidad Valenciana, epicentro de la DANA, el impacto equivale a más del 4,56% del PIB regional. Las empresas no aseguradas perdieron 842 millones, y la pérdida de facturación ascendió a 3.010 millones. Según el Informe PERC de Zurich Seguros (que evalúa consecuencias a largo plazo y no sólo en un año), los daños materiales causados por la DANA ascendieron a más de 20.000 millones, incluyendo daños a sistemas hídricos e infraestructuras públicas (1.800 millones), viviendas y vehículos (4.800 millones) y en pérdidas productivas directas e indirectas (14.000 millones).

El Consorcio de Compensación de Seguros ha pagado ya 4.954 millones en indemnizaciones por la DANA. Agroseguro aporta 53 millones, y las aseguradoras privadas 192 millones.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico destinó 768 millones a la recuperación y refuerzo de la red de agua potable y saneamiento, y 530 millones más a proyectos de resiliencia futura.

Los cálculos del impacto incluyen las pérdidas de ingresos de las infraestructuras afectadas, el coste de la puesta en marcha de los servicios interrumpidos y de reparación, recuperación y mejora. El Barómetro concluye que los costes de reparación y mejora representan la mayor parte del impacto y que la DANA ha puesto de relieve la necesidad reforzar la resiliencia de las infraestructuras críticas frente a fenómenos extremos.

Además, el Barómetro analiza la influencia de los factores demográficos y socioeconómicos en la distribución del impacto de la DANA, integrando variables municipales de renta, edad, nacionalidad y estructura del hogar.  La vulnerabilidad no solo depende de la magnitud del evento, sino también de las desigualdades estructurales preexistentes. 

La DANA demuestra la necesidad de integrar la dimensión social en la gestión del riesgo y en la planificación territorial para reforzar la resiliencia de los municipios.

Otro impacto de la DANA es el daño sin precedentes al patrimonio histórico y cultural, especialmente en iglesias, ermitas y patrimonio etnográfico. Destacan la Iglesia Parroquial de San Jaume de Algemesí, el Casco Histórico de Letur (Albacete), el Castillo de Buñol y la muralla de Cullera, que sufrieron daños muy relevantes. Los archivos históricos, museos y bienes muebles también fueron duramente golpeados: 4.000 documentos y 40 museos resultaron afectados. 

Lecciones de la DANA

Celedonio Villamayor, director de Operaciones del Consorcio, destaca la "elevadísima concentración" de reclamaciones por la DANA: de las más de 250.000 recibidas hasta ahoray que superan ya los 4.000 millones€, 222.000 vienen de 28 municipios valencianos. Y una "intensidad de daño también sin precedentes", donde el coste medio superó en más del doble a la media por inundación en los últimos 17 años. La composición del riesgo también ha sido inusual: más de 82.000 viviendas, 20.000 comunidades de propietarios, 140.000 vehículos; 17.000 oficinas y comercios, 5.000 en industrias, 132.000 familias y personas físicas reclamantes, y  19.000 negocios afectados.

Se han detectado insuficiencias de cobertura por falta de actualización de capitales o exclusiones inesperadas en pólizas de negocios complejos; también de asistencias flotantes que requieren de una comunicación mensual o trimestral para ajustar la prima: "el resultado es que, cuando se tiene el siniestro,. la cobertura se encuentra en la póliza, pero no está activada". Solo uno de cada 6 seguros de Comercio tenía cobertura de pérdida de beneficios.

Santiago Duro, director de Prestaciones de Agroseguro, señala que la tecnología fue clave para la planificación y realización de la evaluación de daños, dando prioridad a aquellos cultivos que aún podrían aprovecharse para su recolección minimizando las pérdidas de los afectados. "Ahora estamos mejor preparados para gestionar este tipo de catástrofes.

Manuel Mascaraque, director del área de Seguros Generales de Unespa, destaca la brecha de protección aseguradora, aunque en el caso de Valencia la penetración del seguro de Hogar se encuentra en torno al 75%, "una de las más elevadas". El protocolo firmado entre el Consorcio y las aseguradoras "ha funcionado, pero fue de forma improvisada, por lo que es necesario elaborar uno permanente y de activación automática, con criterios de activación y de asignación de siniestros predefinidos, y en el que se ponga al afectado en el centro, de forma que se le mantenga informado del estado de su siniestro en tiempo real".

Al margen de la DANA

El resto del coste cubierto por el seguro se lo repartieron en 2024 sequías, pedriscos estivales, heladas primaverales o lluvias estivales, entre otros desastres. De no haberse producido la DANA, 2024 habría sido el año con menor coste asegurado desde 2016, lo que subraya el carácter extraordinario de este fenómeno, según recoge el Barómetro.

Al margen de la DANA, están el pedrisco y la sequía, especialmente por su incidencia en los cultivos. 

"2024 ha sido para España el año más catastrófico en todos los registros, no solo en el periodo observado por nuestros Barómetros (2016-2024), sino en los registros históricos de los riesgos extraordinarios cubiertos por el Consorcio de Compensación de Seguros desde su creación en 1954", según el presidente del Observatorio de Catástrofes de la Asociación Cluster Catástrofes, Pedro Tomey.

Un modelo que usa la IA

Por otra parte, la Asociación desarrolla una herramienta de aprendizaje automático basada en un modelo Gradient Boosting Classifier entrenado con 2.907 eventos de inundación (2013–2022), que logra una precisión superior al 80% en la estimación de pérdidas económicas, incorporando variables meteorológicas y de resiliencia social y económica.

El modelo integra además técnicas de inteligencia artificial (IA), que permiten identificar qué variables influyen en cada predicción y facilitan la interpretación de los resultados para gestores públicos y aseguradoras. Las inundaciones de octubre de 2024 fueron clasificadas por el modelo como evento catastrófico con una probabilidad del 75%, validando su capacidad predictiva. Esto indica que la herramienta es como un instrumento de apoyo para la planificación y mitigación del riesgo de inundaciones, combinando precisión, interpretabilidad y utilidad práctica.

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