Miguel Ángel Valero
En la última reunión en el Gran Salón del Pueblo de Pekin, el primer ministro de China Li Qiang anunció que el objetivo de crecimiento económico para 2026 se situará entre el 4,5% y el 5%, el nivel más bajo desde comienzos de los años noventa. Durante años, Pekín había defendido el umbral del 5% como símbolo de resiliencia económica. Rebajarlo ahora supone reconocer que el modelo chino está entrando en una nueva etapa. La economía china sigue apoyándose en su enorme capacidad industrial y en su liderazgo en sectores estratégicos como baterías, paneles solares o vehículos eléctricos. Sin embargo, los motores que impulsaron su crecimiento durante décadas empiezan a mostrar fatiga.
El sector inmobiliario, que durante años fue la gran hucha de las familias chinas y una de las principales fuentes de financiación de los gobiernos locales, sigue digiriendo el estallido de su burbuja. Al mismo tiempo, el consumo doméstico (que Pekín esperaba convertir en el nuevo pilar del crecimiento) avanza más lentamente de lo previsto por la incertidumbre laboral y la pérdida de riqueza asociada a la caída de los precios de la vivienda.
A todo ello se suma un desafío estructural aún más complejo: el invierno demográfico. China envejece rápidamente y su población en edad de trabajar comienza a reducirse, algo que amenaza el modelo basado en mano de obra abundante y barata.
Ante este panorama, el Gobierno parece haber optado por una estrategia de equilibrio: ni estímulos masivos ni un ajuste brusco que provoque una desaceleración peligrosa. Pekín habla ahora de “desarrollo de alta calidad”, una fórmula que combina disciplina presupuestaria con estímulos selectivos.
Pero detrás de estos números hay algo mucho más profundo que una simple desaceleración económica. China se enfrenta a una transición que podría alterar su modelo social. Durante décadas, el crecimiento económico actuó como el gran contrato social entre el Partido Comunista y la población. Mientras la economía creciera rápido y la renta aumentara, el sistema político mantenía su legitimidad. Ese equilibrio empieza ahora a tensarse.
El estallido de la burbuja inmobiliaria ha golpeado directamente el patrimonio de las familias. En China cerca del 70% de la riqueza de los hogares está vinculada a la vivienda, más del doble que en EEUU. Cuando el precio de las casas cae, los ciudadanos se sienten más pobres, gastan menos y ahorran más.
Al mismo tiempo, el modelo productivo chino genera cada vez más presión deflacionista. El país produce aproximadamente un tercio de todos los bienes industriales del planeta, más que EEUU, Alemania, Japón y Corea del Sur juntos, lo que presiona los precios a la baja y reduce los márgenes empresariales.
En ese contexto aparece un nuevo factor que puede cambiar las reglas del juego: la inteligencia artificial (IA). China está apostando con fuerza por la automatización, los robots industriales, los vehículos autónomos y la IA aplicada a la producción. Todo ello puede ayudar a compensar el envejecimiento de la población y sostener la productividad.
Pero también plantea un problema económico evidente. Los robots pueden producir, pero no consumen. No compran viviendas, no pagan impuestos, no van de vacaciones ni llenan restaurantes. Y eso complica el gran objetivo estratégico de Pekín: transformar su economía para que dependa más del consumo interno. Si la automatización avanza muy rápido y provoca pérdidas de empleo en sectores cualificados, el Gobierno chino podría enfrentarse a un dilema incómodo: ampliar su red de protección social o arriesgarse a tensiones sociales.
Y aquí aparece una paradoja interesante. A pesar de su sistema político comunista, China tiene uno de los Estados del bienestar más limitados entre las grandes economías. El gasto social como porcentaje del PIB es aproximadamente la mitad del promedio de los países de la OCDE y las ayudas directas a los ciudadanos son muy reducidas. Históricamente, el liderazgo chino ha evitado transferencias directas de dinero a los hogares por temor a generar dependencia del Estado o compromisos fiscales difíciles de sostener. Pero la combinación de envejecimiento, crisis inmobiliaria y automatización podría obligar a replantear esa estrategia.
Todo esto se produce además en un contexto geopolítico cada vez más incierto. Al mismo tiempo, Xi Jinping sigue reforzando su control interno. En los últimos meses se han intensificado las purgas dentro de las fuerzas armadas en el marco de su campaña anticorrupción, que ha apartado del poder a numerosos altos mandos militares.
China parece haber asumido algo que muchas economías desarrolladas todavía se resisten a reconocer: el crecimiento del futuro será más lento que el del pasado. La diferencia es que Pekín intenta gestionar esa transición de forma deliberada: crecer menos, pero hacerlo con una economía más sofisticada, más tecnológica y menos dependiente de los motores tradicionales de las últimas décadas.
El problema es que ese nuevo modelo también plantea retos sociales enormes. La automatización puede resolver el problema de la escasez de mano de obra, pero también puede generar tensiones si destruye empleos más rápido de lo que crea nuevas oportunidades.
Y eso podría obligar a China a tomar una decisión histórica: avanzar hacia un sistema de protección social mucho más amplio, algo que hasta ahora el Partido Comunista siempre ha evitado. Si eso ocurre, sería una de las grandes ironías económicas de nuestro tiempo: el país gobernado por el Partido Comunista podría terminar construyendo un Estado del bienestar moderno… precisamente para sostener una economía cada vez más automatizada.
Mientras tanto, otras potencias siguen caminos muy distintos. EEUU responde con subsidios masivos, guerra tecnológica y relocalización industrial. Europa intenta reaccionar con regulaciones y ayudas públicas, aunque con más lentitud y debate interno.
"Tres modelos distintos. Tres formas de afrontar el mismo desafío. La gran pregunta es cuál de ellos estará mejor preparado para la economía que viene. Porque el verdadero cambio que se está gestando (tecnológico, demográfico y geopolítico) apenas acaba de empezar", avisa el analista Pablo Gil en The Trader.
Europa se la devuelve a China
Durante años, el mundo occidental criticó duramente la estrategia que China utilizó para desarrollar su industria. Cuando las empresas extranjeras querían entrar en el mercado chino, se encontraban con condiciones muy claras: debían asociarse con empresas locales, compartir tecnología y, en muchos casos, aceptar que el control de las nuevas compañías quedara en manos chinas. Aquella política permitió a Pekín absorber conocimiento industrial a gran velocidad y transformar su economía hasta convertirse en la fábrica del mundo.
Ahora Europa está empezando a aplicar una estrategia muy similar. La Comisión Europea ha presentado la llamada Ley de Aceleración Industrial, una normativa diseñada para reforzar la industria europea del coche eléctrico frente a la creciente competencia de China. El objetivo es claro: evitar que el continente se limite a importar vehículos eléctricos chinos baratos y, en cambio, aprovechar esa presión competitiva para atraer fábricas, inversión… y, sobre todo, tecnología.
La medida se articula en torno a varias condiciones que recuerdan poderosamente a las que China impuso durante décadas a las empresas occidentales. La primera es el concepto “Made in Europe”. Para que un vehículo eléctrico pueda beneficiarse de ayudas públicas, subvenciones o contratos con las administraciones, deberá ensamblarse en territorio europeo. Pero no basta con montar el coche aquí utilizando piezas importadas. Al menos el 70% del valor de los componentes deberá tener origen europeo. La norma se aplicará a eléctricos puros, híbridos enchufables y vehículos de pila de combustible. La batería, uno de los elementos más estratégicos de esta industria, tendrá requisitos propios. En una primera fase se exigirá que varios de sus componentes clave, incluidas las celdas, se produzcan también dentro de Europa.
La segunda gran condición afecta a las inversiones extranjeras en el sector. Cuando un proyecto industrial supere los 100 millones€ y proceda de empresas de países que concentran más del 40% de la producción mundial en ese sector (algo que claramente apunta a China), se activarán nuevas restricciones. En esos casos, los fabricantes extranjeros no podrán poseer más del 49% del capital de la compañía que desarrolle el proyecto en Europa. Deberán hacerlo a través de una “joint venture” con empresas europeas. Además, estarán obligados a compartir propiedad intelectual y transferir conocimientos técnicos que beneficien a la industria europea. La normativa también exige que al menos el 50% de la plantilla esté compuesta por trabajadores europeos desde el inicio del proyecto y durante toda su actividad.
La lógica detrás de esta estrategia es bastante transparente. Europa reconoce que China lleva ventaja tecnológica y de costes en el coche eléctrico, especialmente en baterías y en toda la cadena de suministro asociada. En lugar de limitarse a levantar barreras arancelarias —algo que podría desencadenar una guerra comercial aún mayor—, Bruselas quiere atraer esa industria al continente y aprovecharla para acelerar su propia capacidad tecnológica.
La Comisión calcula que esta estrategia podría generar 10.500 millones€ adicionales de valor añadido en la cadena del coche eléctrico hasta 2030 y evitar la pérdida de hasta 600.000 empleos en la industria europea del automóvil durante la próxima década. No es una cifra menor si se tiene en cuenta que la rentabilidad de los proveedores europeos del sector ha caído del 7,4% en 2017 al 5% en 2023, y que muchos ya estaban planteándose reducir su capacidad productiva.
En la práctica, lo que Europa está intentando es ganar tiempo. Tiempo para reconstruir una industria estratégica, tiempo para desarrollar sus propias tecnologías de baterías y tiempo para no quedar completamente subordinada a la cadena de suministro asiática.
La ironía es evidente. Durante décadas, Occidente criticó el modelo chino por considerarlo proteccionista y poco compatible con las reglas del libre mercado. Hoy, ante la presión de una competencia mucho más fuerte de lo esperado, Europa parece haber llegado a la conclusión de que aquellas reglas quizá no eran tan ingenuas como parecía.
Esta decisión revela algo mucho más profundo que una simple política industrial. Europa está empezando a asumir que el mundo ha entrado en una nueva fase de competencia geoeconómica. Durante años confiamos en que el comercio global funcionaría bajo reglas iguales para todos. Pero la realidad es que los países que han ganado posiciones estratégicas lo han hecho protegiendo sus industrias, absorbiendo tecnología y construyendo cadenas de valor propias. China lo hizo primero. EEUU lo está haciendo ahora con su política industrial. Y Europa, aunque tarde, empieza a darse cuenta de que en esta nueva carrera tecnológica no basta con defender el libre comercio, también hay que saber jugar con las mismas reglas que los demás.