Miguel Ángel Valero
La Encuesta Empresarial Círculo 2025 evidencia una percepción generalizada de deterioro del entorno de negocios, sobre todo por el intervencionismo del Gobierno (91,6%). Los empresarios muestran su preocupación por una productividad hasta un 15% inferior a la media europea (74%), la incertidumbre geopolítica global (62,8%), los aranceles de Trump (47,5%). Destacan el impacto en sus negocios del incremento de las barreras comerciales por los aranceles (93,9%), la intensificación y aumento de la frecuencia de conflictos globales (90,7%), la repercusión de la desinformación en la confianza en las instituciones (84,8%), la fragilidad de la economía mundial y el elevado endeudamiento (84,8%).
En la presentación de la Encuesta, Juan María Nin, presidente del Círculo de Empresarios, y Miguel Iraburu, coordinador del grupo de trabajo que la ha elaborado, insisten en la necesidad de "un marco estable y previsible, reglas claras que favorezcan la productividad y la competitividad, una apuesta sostenida por la educación y el talento, y políticas que impulsen la innovación, el emprendimiento y le crecimiento empresarial".
Pero sobre todo, "recuperar la cultura de la negociación", porque "es tiempo de pactar lo esencial" y porque para "avanzar, hace falta política en su mejor sentido: acuerdos", y "menos ruido y más ejecución".
Sobre las medidas de política económica del Gobierno la valoración es abrumadoramente negativa. Los empresarios critican el incremento de la presión fiscal (95,1%), el desequilibrio de las cuentas públicas (90,2%), la prórroga de los Presupuestos dos ejercicios consecutivos (88,3), y de nuevo la participación estatal en empresas privadas (86,6%), además del aumento del salario mínimo (SMI) y de las cotizaciones sociales (75,4%).
El 94,1% critica la gestión del gasto público; el 74,9% reclama simplificación y agilidad burocrática (74,9%), una evaluación de la eficiencia del gasto y de las políticas públicas (56,4%), el fomento de la colaboración público-privada en la prestación de servicios públicos (48,8), y la adopción de técnicas y procesos de gestión de la empresa privada en la Administración Pública (44,9%) y una mayor coordinación entre Administraciones para evitar duplicidades (44,2%).
El 81,5% denuncia el impacto en sus empresas del encarecimiento de los despidos (81,5%), el aumento del SMI (79,2%), la ampliación de los permisos laborales (78,9%). El 79,6% cree que la presión fiscal ha aumentado respecto a 2024, y demanda incentivos fiscales a la inversión (74,9%)k, reducción de las cotizaciones sociales a cargo de la empresa (56,4%).
Las prioridades a corto y medio plazo de la política económica en España deben ser el ajuste de las cuentas públicas (59,2%), un marco fiscal impulsor de la actividad (44,8%), reducción de la carga regulatoria (44,8%) y mejora del funcionamiento del mercado laboral (36.9%).
Sobre los fondos europeos, el 75% de los empresarios considera que el Gobierno no está realizando una gestión adecuada, y el 47,4% no ha acudido a ellos por la complejidad de trámites administrativos.
El 74% de los empresarios es pesimista sobre la actividad económica en España durante 2025 (+10 puntos sobre la Encuesta de 2024). Y el 53% (2+1) también lo es respecto a 2026.
El 40,9% piensa que 2025 será un buen año, y el 38,7%, también 2026
Pero ese pesimismo se reduce notablemente cuando al empresario se le pregunta por su negocio. El 40,9% cree que 2025 será un buen año. Y el 38,7% es optimista también sobre 2026. Las empresas invertirán más en inteligencia artificial (74,8%), digitalización (63,9%), ciberseguridad (56,1%), innovación (49,1%), I+D (37,5%). Solo el 22% espera incrementar la inversión en el extranjero.
Y eso que el 50,6% de los empresarios citan, como principales obstáculos a su actividad, los costes laborales (50,6%), la burocracia (48,3%), el absentismo laboral (43,7%), la fiscalidad (43.1%), la incertidumbre política en España (42,2%), y la captación de talento (42%). El 24,5% reconoce haber sufrido ya algún perjuicio por los aranceles.
Los empresarios reconocen que el acceso a la financiación ha mejorado. Y que sus mejores armas en los mercados internacionales son la relación calidad/precio (65,8%), la adaptación a las necesidades de la demanda local (53,4%), y el diseño, la tecnología y la innovación (41%).
Los factores internos que mejoran la productividad son la gestión y organización del trabajo (64,1%), el talento (59,5%), y la tecnología, la innovación y el I+D (52,6%). El 39,4% menciona la implantación de la inteligencia artificial, que mejorará la eficiencia I(90,1%), la productividad (84,9%), reducirá los costes (68,5%), permitirá una mayor diferenciación de sus productos (54,2%), incrementará los márgenes (51,6%) y facilitará la diversificación de actividades (51%).
La atracción y retención del talento (57,2%), el control de costes (55,2%) y la innovación (48%) son las prioridades estratégicas.
Planes de pensiones privados y FP dual
Los empresarios piden un fomento de los planes de pensiones privados y complementarios (59,1%), la implantación de la 'mochila austriaca', un fondo de capitalización individual (58,8%) y medidas de reducción del paro (56,7%) para asegurar la sostenibilidad y suficiencia de las pensiones públicas.
En educación, fomento de la Formación Profesional (FP) y de la FP Dual (66,4%), de la capacidad crítica de los estudiantes y el valor del esfuerzo y del mérito (58,8%), y adecuar la oferta de títulos a la demanda del mercado (51,8%).
También reclaman impulsar la colaboración entre la universidad y la empresa en la actividad investigadora (62,2%) y priorizar las tecnologías emergentes en las que España aspire a tener un papel relevante (44,6%).