La economía española seguirá creciendo en el segundo trimestre de 2026, aunque lo hará a un ritmo algo más lento. El último informe RealTime Macro Insights de EY y EsadeEcPol sitúa el crecimiento esperado del PIB en el 0,5% trimestral, lo que, de confirmarse, supondría una desaceleración respecto al dinamismo observado en años anteriores y a principios de este año.
En este escenario, las previsiones para el conjunto de 2026 sitúan el crecimiento del PIB en una horquilla del 2,1% al 2,3%, ligeramente inferior a estimaciones anteriores del mismo modelo, pero alineada con las realizadas por el Gobierno (2,2%) y el Banco de España (2,3%).
Esta evolución reflejaría que la economía está entrando en una fase de transición hacia ritmos de crecimiento más sostenidos tras el fuerte impulso de los últimos años. Pese a la desaceleración, la actividad económica continúa mostrando resiliencia, con una trayectoria que, desde la pandemia, se mantiene con una tendencia positiva de crecimiento.
El comportamiento reciente de la economía refleja una base relativamente sólida. Diversos indicadores de consumo, actividad industrial, confianza empresarial y mercado laboral siguen contribuyendo positivamente al crecimiento, aunque algunas áreas muestran menor dinamismo.
El contexto macroeconómico internacional está introduciendo importantes riesgos. El aumento de la incertidumbre global, acentuado por tensiones geopolíticas y financieras, está configurando un entorno más complicado para el crecimiento. A ello se suman factores como el aumento de precios, unas condiciones de financiación más exigentes y una menor demanda desde el exterior que podrían reducir el ritmo de crecimiento en los próximos meses.
Menos quiebras de empresas hasta mayo
De acuerdo con el seguimiento de los procesos concursales publicados en el BOE que realiza Iberinform, el tejido empresarial registró en mayo una subida interanual del 9,3% de las insolvencias empresariales. En el conjunto del año, acumulan un descenso del 4,5%.
El concurso de acreedores es un procedimiento judicial previsto para gestionar y administrar el patrimonio de una empresa que no puede hacer frente a sus deudas. Con él se pretende que el mayor número posible de acreedores cobren sus créditos, así como asegurar la continuidad de la empresa. La concursalidad empresarial tiene efectos perturbadores sobre el tejido productivo. Cuando una empresa entra en concurso, desencadena una serie de consecuencias como la pérdida de empleos, la interrupción de cadenas de suministro y la disminución de la confianza de los inversores. Además, como proveedores o clientes de otras compañías, las empresas afectadas pueden llegar a generar un efecto dominó sobre el riesgo de crédito, la liquidez y la solvencia empresarial.
Por sectores, hasta mayo de 2026 predominan las insolvencias en el comercio (22% del total) y en los sectores de construcción e inmobiliario (19%), seguidos de industria manufacturera (13%), servicios a empresa (12%) y hostelería (11%).
Con respecto a 2025, los mayores incrementos se registran en los subsectores de industria textil (289%), industria de automoción (133%), inmobiliario (63%), industria de consumo duradero (60%) y educación (51%). La concursalidad registra las mayores mejorías en los subsectores de industria extractiva (-100%), industria química (-78%), alojamiento (-42%), sector primario (-36%) e industria de maquinaria (-32%).
La concursalidad empresarial se concentra en Cataluña (25% del total), Madrid (21%), la Comunidad Valenciana (15%) y Andalucía (12%). Los mayores crecimientos en el conjunto de 2026 con respecto al año anterior se han registrado en Castilla y León (57%) y Aragón (48%). La concursalidad registra las mayores mejorías en Melilla (-100%), Canarias (-34%), Castilla la Mancha (-29%), Galicia (-23%) y Asturias (-20%).
Por tamaño, el incremento de la concursalidad ha crecido un 125% entre la gran empresa. Por antigüedad, las tasas más elevadas de crecimiento se sitúan entre las empresas de entre 15 y 25 años (5,6%).
La incertidumbre frena en seco la compra de coches
La compra de un coche sigue muy condicionada por la incertidumbre, el precio y la falta de información. En un momento clave para la electrificación del parque automovilístico, el último Foro de Movilidad de Alphabet revela que el 41% de los conductores retrasa o incluso descarta la compra de un vehículo por la situación actual.
Este contexto coincide con el despliegue del nuevo programa de ayudas Auto+, dotado con 400 millones€ y aún pendiente de publicar sus bases definitivas. Según estimaciones del sector, ya se habrían comprometido cerca de 156 millones en estos fondos gracias a su carácter retroactivo desde el 1 de enero, mientras fabricantes y concesionarios calculan que la dotación actual podría agotarse antes de finalizar el año.
La falta de conocimiento sobre los incentivos sigue siendo otra de las grandes barreras. Según el estudio, el 68% de los conductores no conocía el plan Moves, lo que evidencia que la existencia de ayudas no garantiza por sí sola que estas lleguen de forma efectiva al consumidor final. A pesar del esfuerzo institucional por impulsar la movilidad eléctrica, la complejidad percibida en el acceso a las ayudas, la falta de información y la incertidumbre sobre su continuidad siguen condicionando las decisiones de compra.
El precio continúa marcando también el ritmo de la electrificación. Preguntados por cuánto estarían dispuestos a pagar de más por un vehículo eléctrico frente a uno de combustión, un 51% responde que no pagaría nada extra, mientras que un 33% sí asumiría un sobrecoste de hasta 5.000€. Y solo un 15% iría más allá de esa cifra.
Entre las principales razones para no dar el salto al eléctrico, sobre todo el precio, seguido de la autonomía y la red de recarga. El resultado confirma que la electrificación del parque no depende únicamente de las ayudas públicas, sino también de la confianza del usuario en el uso diario del vehículo y en la sencillez del acceso.
El estudio también muestra que la renovación del coche sigue respondiendo, en gran medida, a necesidades prácticas. La principal razón para cambiar de vehículo sigue siendo que deje de funcionar o sufra una avería grave, por delante de motivos ligados a la sostenibilidad o a la tecnología.
En este escenario, las fórmulas de movilidad flexible, como el renting, continúan ganando relevancia como alternativa dentro del mercado al aportar previsibilidad de costes y reducir la exposición a la compra en un entorno todavía marcado por la incertidumbre.
“La electrificación no avanza solo con ayudas, sino con confianza, información clara y estabilidad en el acceso. Cuando el consumidor percibe complejidad o sobrecoste, aplaza la decisión. El debate en torno al nuevo programa Auto+ refleja bien esa realidad y la necesidad de dar más certidumbre para acelerar la renovación del parque”, señala Ángeles Roca, gerente de Marketing y Desarrollo de Negocio de Alphabet España.