El informe Análisis de algunos efectos económicos de la inmigración en España, elaborado por Raquel Carrasco, catedrática del departamento de Análisis Económico y Economía Cuantitativa de la Universidad Complutense de Madrid, para el Instituto Santalucía, destaca que ésta se ha consolidado como un factor estructural de la demografía y de la economía españolas en la última década y ha contribuido de forma relevante al crecimiento reciente. Además, concluye que no se observan efectos negativos significativos sobre el empleo y salario de los trabajadores nativos en promedio; y que la regularización puede aumentar la formalidad y la recaudación.
Sin embargo, existen colectivos con mayor exposición a la competencia directa, especialmente trabajadores jóvenes con menor cualificación en ocupaciones similares, de ahí la conveniencia de acompañar la política migratoria con políticas activas y redes de apoyo como pueden ser más formación acreditada, apoyo a la movilidad territorial, orientación e información.
“La pregunta clave no es ‘inmigración sí o no’, sino ‘cómo la gestionamos’. Si fortalecemos la integración rápida y equitativa y dimensionamos vivienda, servicios y políticas de empleo, los beneficios económicos pueden repartirse mejor y reducir tensiones sociales”, señala José Manuel Jiménez, director del Instituto Santalucía.
Las políticas con mayor potencial de retorno son las que aceleran la inserción formal y la progresión ocupacional, limitan la economía sumergida y refuerzan la capacidad de absorción de los territorios receptores (en particular en vivienda y servicios).
Entre los retos que destaca el estudio para las políticas de inmigración se encuentran la necesidad de realizar una homologación ágil de las cualificaciones, poner en marcha mecanismos de transición laboral para los nativos que más directamente compiten y avanzar en una mayor coordinación con la Unión Europea.
Desde una perspectiva macroeconómica, la inmigración afecta principalmente a la oferta de trabajo, lo que tiene efectos indirectos sobre el crecimiento potencial, especialización sectorial y reasignación ocupacional. Funcas estima que la incorporación de fuerza laboral extranjera explica aproximadamente el 47% (4,2 puntos) del crecimiento acumulado del PIB entre 2022 y 2025.
El impacto fiscal de la inmigración tiende a ser, en promedio, “modesto”: cuando se compara la aportación a los ingresos públicos con gasto y prestaciones, el saldo resultante suele ser relativamente pequeño en término medio (ni un gran coste ni un gran superávit). Aun así, el informe subraya que ese promedio oculta una elevada heterogeneidad: el saldo fiscal varía con la edad, la situación laboral, el nivel salarial, la composición familiar y el acceso efectivo a prestaciones. Por eso, destaca que la integración laboral temprana y en empleo formal es una palanca clave para que la contribución fiscal sea más favorable.
Balance de la regularización de 2005
La regularización de 2005 supuso permisos de trabajo a alrededor de 600.000 inmigrantes no comunitarios ya residentes. Según recoge el informe, no se encontró evidencia de “efecto llamada” a corto plazo (la regularización no se asocia a un aumento posterior de inmigración irregular atribuible a la política); el aumento de empleo formal de los inmigrantes creció tras la regularización; no se detectaron efectos negativos sobre el empleo formal de los nativos y, además, se documentó una reducción de la informalidad también entre nativos de baja cualificación.
Por otro lado, la recaudación aumentó de forma sustancial, con un incremento estimado de unos 4.000€ por inmigrante regularizado, sin evidencia de un aumento del gasto público asociado.
La población inmigrante presenta un uso similar o ligeramente menor de atención primaria en comparación con la población nativa (una vez se tiene en cuenta el perfil demográfico), mientras que el uso de atención especializada tiende a ser menor. En urgencias, hay un uso relativamente mayor en algunos colectivos y contextos, y en hospitalización los resultados son heterogéneos. El informe interpreta este patrón como consistente con la existencia de barreras de acceso (administrativas, culturales o de información) que dificultan más la atención programada (especializada) y, en algunos casos, desplazan demanda hacia urgencias.
La evidencia no respalda un vínculo automático con la inmigración. España no se caracteriza por niveles especialmente altos de homicidios y criminalidad violenta en comparación con otros países de la UE (por ejemplo, en homicidios). El informe explica que, durante los años de fuerte inmigración, la evidencia para España no respalda una relación mecánica del tipo “más inmigración implica más delincuencia” a nivel agregado. El fuerte aumento de población inmigrante no se tradujo en un incremento proporcional de la delincuencia.