España continúa atrapado en un esquema de “trabajar o jubilarse”. Se pasa de la actividad a tiempo completo a la inactividad casi total, aunque muchas personas podrían —y querrían— seguir activas al menos parcialmente. Este diseño, heredado del siglo XX, ya no encaja con una realidad en la que las personas viven más, llegan en mejores condiciones de salud a edades avanzadas y tienen trayectorias laborales cada vez más diversas, subraya el nuevo informe del Instituto Santalucía,“La compatibilidad entre pensión y trabajo: avances y desafíos”, elaborado por José Ignacio Conde-Ruiz, subdirector de FEDEA y presidente del Foro de Expertos del Instituto; y Jesús Lahera Forteza, investigador de FEDEA.
El estudio examina las reformas introducidas por el Real Decreto-ley 11/2024 y el borrador de desarrollo de la llamada jubilación reversible, y advierte que, pese a los avances, el marco vigente sigue siendo fragmentado, poco coordinado y con incentivos débiles para prolongar voluntariamente la vida laboral.
Esa rigidez tiene efectos económicos visibles. Para los trabajadores supone con frecuencia una caída brusca de ingresos y una salida repentina del mercado laboral; para las empresas implica perder experiencia y talento sénior en un contexto de envejecimiento demográfico; y para la Seguridad Social significa desaprovechar cotizaciones potenciales en un momento de fuerte presión financiera.
Tres vías, pero descoordinadas y contradictorias
Hoy existen tres vías legales para compatibilizar pensión y trabajo —jubilación activa, jubilación parcial y jubilación flexible (o reversible)—, pero operan como piezas sueltas que no encajan entre sí. El problema, según el estudio, no es la falta de instrumentos, sino su descoordinación y sus reglas contradictorias.
La jubilación activa ha sido la figura más reformada desde 2024. Ahora permite compatibilizar trabajo y pensión con un esquema progresivo: 45% de la pensión el primer año, 55% el segundo, 65% el tercero, 80% el cuarto y 100% a partir del quinto. Además, ya no se exige haber alcanzado el 100% de la base reguladora para acceder, lo que amplía el acceso —con efectos positivos especialmente para mujeres con carreras de cotización más irregulares—.Sin embargo, el informe subraya que su atractivo práctico sigue siendo limitado. Durante la jubilación activa las nuevas cotizaciones no mejoran la pensión futura, no se generan nuevos complementos por demora y no se puede acceder a complementos a mínimos, incluso si la pensión es baja. A ello se suma una barrera clave: no existe un contrato laboral específico para jubilados activos, lo que obliga a extinguir el contrato previo y empezar de cero, generando inseguridad jurídica y desincentivos para empresas y trabajadores.
En cuanto a la jubilación parcial, el estudio reconoce su valor como transición gradual hacia el retiro, pero advierte que sigue siendo demasiado costosa y rígida para las empresas. La modalidad anticipada exige al menos 33 años cotizados y obliga a contratar a un trabajador en sustitución, lo que mantiene la figura anclada a una lógica de reparto de empleo más que a una verdadera flexibilidad individual.
La jubilación flexible o reversible, aún pendiente de desarrollo reglamentario definitivo, permite a personas ya jubiladas reincorporarse al trabajo a tiempo parcial reduciendo proporcionalmente su pensión. No obstante, su diseño actual presenta incoherencias con la jubilación activa y parcial y establece límites que reducen su atractivo, especialmente para el trabajo autónomo.
“España no carece de instrumentos para compatibilizar pensión y trabajo; lo que falta es un sistema coherente que los ordene y los haga realmente útiles. Si queremos aprovechar el talento sénior y reforzar la sostenibilidad de la Seguridad Social, la jubilación debe dejar de ser un punto final y convertirse en una fase flexible del ciclo laboral. Ese es el reto que este informe pone sobre la mesa”, afirma José Manuel Jiménez, director del Instituto Santalucía.
Ante este panorama, el informe no propone crear nuevas opciones, sino ordenar e integrar las existentes. Los autores plantean avanzar hacia un Modelo Integral de Jubilación Compatible que unifique reglas de acceso, cotización y cálculo de la pensión bajo principios comunes de proporcionalidad, neutralidad contributiva y seguridad jurídica. Ese modelo debería garantizar que cada año adicional trabajado incremente la pensión de forma clara y predecible, permitir al trabajador decidir libremente su intensidad laboral (tiempo parcial o completo, por cuenta ajena o propia) y crear un contrato laboral específico para pensionistas activos que facilite acuerdos con las empresas y reduzca la litigiosidad.
Según el estudio, un sistema así no solo favorecería el envejecimiento activo y el aprovechamiento del talento sénior, sino que también contribuiría a la sostenibilidad financiera de la Seguridad Social en un país que envejece rápidamente.
El nuevo informe plantea, en definitiva, un cambio de enfoque: pasar de un modelo pensado para retirar trabajadores a otro diseñado para retenerlos voluntariamente más tiempo en condiciones razonables. En un país que envejece con rapidez —la esperanza de vida a los 65 años ha aumentado de forma sostenida, sumando 18,7 años a comienzos de siglo a los 21,7 años en la actualidad—, convertir la jubilación en un tránsito gradual, y no en un corte abrupto, no es solo una cuestión de bienestar individual, sino una pieza clave para el futuro del empleo, la competitividad de las empresas y la viabilidad financiera del sistema público de pensiones.
Lightyear: el 41% de los españoles ahorra para la jubilación
Por otra parte, los inversores españoles conciben la inversión, principalmente, como una herramienta de planificación financiera a largo plazo. Así lo refleja una encuesta realizada por la plataforma de inversión Lightyear, que sitúa la construcción de patrimonio y la preparación de la jubilación como los dos principales objetivos a la hora de invertir. Según el estudio, el 61% señala el aumento de su patrimonio como su principal motivación, mientras que el 41% afirma invertir con el objetivo de ahorrar para la jubilación.
A estos fines se suman otros vinculados a la estabilidad financiera, como la protección del ahorro frente a la inflación (20,1%), o el mantenimiento de la independencia financiera (14,3%). En un nivel similar, un 15,8% declaran invertir para comprar una vivienda, mientras que el 14% lo hace con la intención de emprender un negocio propio.
“Los datos reflejan un enfoque de la inversión claramente orientado al largo plazo. Los inversores tienen un propósito muy definido: construir patrimonio y preparar su futuro financiero, especialmente de cara a la jubilación, más que asumir riesgos elevados en busca de rentabilidad inmediata”, explica Álvaro Quesada, director de crecimiento de Lightyear. E
El 88,7% de los inversores españoles destina a la inversión hasta 10.000 euros al año, y dos de cada tres (65%) priorizan la rentabilidad y el control del riesgo al tomar decisiones.
Este planteamiento se apoya en un alto grado de implicación en la gestión del ahorro personal. Nueve de cada diez inversores (87,4%) aseguran gestionar personalmente sus inversiones, y más de la mitad (62,8%) se define como un inversor con un perfil de riesgo moderado. Además, casi la mitad (48,4%) invierte varias veces al año, lo que apunta a un perfil activo, aunque cauteloso.
Las acciones en bolsa y los fondos de inversión son los instrumentos más habituales entre los inversores españoles (37%). Por su parte, los depósitos, los bonos del Estado, los fondos de inversión y la renta fija son los productos que generan mayor confianza (48%), frente a otros como los seguros de ahorro o los bienes inmuebles, que obtienen una valoración menor (9,2%). Estos datos reflejan una estrategia de inversión basada en el control del riesgo y la preservación del capital.
"Los datos muestran que los inversores toman decisiones cada vez más informadas y con objetivos claros a largo plazo. No se trata solo de buscar rentabilidad, sino de construir una estrategia alineada con la estabilidad financiera. El objetivo de Lightyear es acompañar ese tipo de inversión, centrada en el crecimiento del patrimonio y alejada de productos de alto riesgo”, añade Quesada.
El estudio muestra un inversor español cada vez más implicado en la gestión de su dinero, con objetivos definidos y una aproximación prudente a la inversión, en la que prima la planificación a largo plazo.