Con motivo del 30º aniversario de la aprobación del Pacto de Toledo, el Instituto Santalucía, órgano de reflexión del grupo asegurador, y Fedea han reunido a algunos de los principales protagonistas y expertos que han contribuido al debate y evolución del sistema público de pensiones en España.
El secretario de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez Corujo, insiste en “la necesidad de seguir garantizando el poder adquisitivo de las pensiones. El principal factor contributivo tiene que seguir siendo, sobre todo, las cotizaciones, en una realidad donde el envejecimiento poblacional y la brecha de género son los principales problemas estructurales del sistema de pensiones, y no podemos esperar 30 años más para corregirlos”.
“Conmemorar treinta años del pacto de Toledo es un acontecimiento que debe alentar al optimismo, ya que es la mejor garantía de que las reformas que vengan en el futuro vayan a preservar las cuatro dimensiones de sostenibilidad del sistema: la dimensión social, la financiera, la sostenibilidad jurídica de las reformas, y la política”.
Durante la jornada, se ha presentado el informe “El Pacto de Toledo en su 30º aniversario: La singularidad de una institución española”, elaborado por Octavio Granado, exsecretario de Estado de la Seguridad Social. Y el análisis “El Pacto de Toledo. Lo que fue y lo que es”, de Miguel Ángel García Díaz, profesor colaborador de Economía Aplicada en la Universidad Rey Juan Carlos e investigador asociado en Fedea.
El informe de Octavio Granado analiza los orígenes, evolución y relevancia del Pacto de Toledo desde su creación en 1995, subrayando su papel como “una rara avis de la política española”, capaz de generar estabilidad y continuidad en materia de pensiones a lo largo de tres décadas, pese a los recurrentes cambios de gobierno y coyunturas económicas. Granado destaca que el Pacto de Toledo “ha evitado que la política de pensiones se convierta en un factor de desestabilización de la política española”, al haber sido capaz de articular un marco de lealtad institucional y de diálogo entre fuerzas políticas y agentes sociales que ha permitido dar coherencia a las sucesivas reformas del sistema público.
El análisis sostiene que el Pacto de Toledo constituye una singularidad institucional en España por su capacidad de supervivencia y de mantener un enfoque técnico y estable frente a los vaivenes partidistas. Granado apunta que, a diferencia de otras políticas públicas como la educativa o la sanitaria, las decisiones sobre pensiones han mantenido una “falta de solución de continuidad”, lo que ha contribuido a su solidez y legitimidad social. “El gran mérito del Pacto de Toledo ha sido mantener la lealtad institucional y el consenso político en torno a un objetivo común: preservar la sostenibilidad del sistema público. Pero si queremos que ese relevo generacional siga siendo posible, necesitamos que en España la gente pueda tener hijos”, ha advertido Octavio Granado durante su intervención en el acto.
El documento, además de ofrecer un repaso histórico desde la primera ponencia de 1995 hasta las últimas recomendaciones aprobadas en 2020, subraya cómo el Pacto ha servido de ejemplo internacional de concertación social y política, siendo citado como modelo en países de América Latina y Europa.
Un pacto que ha perdido gran parte de su utilidad
Por otra parte, el informe “El Pacto de Toledo. Lo que fue y lo que es”, elaborado por Miguel Ángel García Díaz, repasa el origen, desarrollo y situación actual de este mecanismo de consenso político y social sobre el sistema público de pensiones, que marcó un antes y un después en la definición de la política social española. Avisa que “las últimas decisiones del Pacto de Toledo evidencian la pérdida de utilidad de un instrumento que, en origen, nació para garantizar la sostenibilidad del sistema y evitar su utilización partidista”. En la actualidad, añade que “parece haberse convertido en una suerte de subasta política en la que se compite por ofrecer más a los pensionistas sin una evaluación rigurosa de los costes ni de su distribución intergeneracional”.
Y hace un llamamiento a recuperar el espíritu fundacional del Pacto de Toledo, basado en el diálogo, el rigor técnico y la corresponsabilidad política, para afrontar los retos de sostenibilidad y equidad de un sistema de pensiones que sigue siendo el pilar fundamental del Estado del bienestar en España.
Los expertos coincidieron en señalar la necesidad de preservar el espíritu del Pacto de Toledo como base para afrontar los nuevos desafíos del sistema: el envejecimiento demográfico, la evolución del mercado laboral, la sostenibilidad financiera y la suficiencia de las pensiones. Entre los temas abordados destacaron la importancia de fortalecer la previsión social complementaria, la adaptación del sistema a nuevas formas de empleo y la equidad intergeneracional.
Rafael Doménech, responsable de Análisis Económico de BBVA Research; Pilar González de Frutos, expresidenta de Unespa; y José Antonio Herce, socio fundador de LoRIS, coincidieron en que, si bien ha contribuido a la estabilidad del sistema, su capacidad de generar consensos reales ha sido limitada. También plantearon la necesidad de reforzar la transparencia y el diálogo político para garantizarla sostenibilidad de las pensiones a largo plazo.
Alertan del impacto del envejecimiento demográfico, que duplicará la tasa de dependencia en las próximas décadas y exigirá entre 3,5 y 4 puntos adicionales de PIB en transferencias públicas. Además, los ponentes defendieron un modelo más autosuficiente y diversificado, con los tres pilares —Seguridad Social, planes de empleo, planes de pensiones privados— alineados, recordando que la natalidad, por sí sola, no resolverá el reto del sistema y que España mantiene una participación en fondos complementarios del 8%, frente al 32% de la media europea.
José Ignacio Conde-Ruiz, presidente del Foro de Expertos del Instituto Santalucía y subdirector de Fedea; Valeriano Gómez, exministro de Trabajo e Inmigración; y Juan Carlos Aparicio, exministro de Trabajo y Asuntos Sociales, advierten sobre el riesgo de quiebra del contrato intergeneracional y la necesidad de retomar el espíritu de consenso que inspiró su creación. Y que la sostenibilidad del sistema de pensiones está íntimamente ligada ala del conjunto de las Administraciones Públicas, lo que muestra la importancia de avanzar hacia un nuevo equilibrio entre ingresos y gasto, recuperar un factor de sostenibilidad vinculado a la evolución demográfica y ampliar el cómputo de la vida laboral en el cálculo de las pensiones. También apuntaron a la necesidad de impulsar la previsión social complementaria, adaptar las prestaciones a los cambios sociales —como el empleo femenino o las pensiones de viudedad— y garantizar un seguimiento técnico continuo, alejado del debate partidista.
“El Pacto de Toledo es una institución que debería ser mantenida y en cierto sentido, recuperada porque reducía considerablemente el coste político de tomar decisiones impopulares pero necesarias para el interés general. En un país cada vez más polarizado, los espacios de consenso son más necesarios que nunca. El Pacto ha ayudado mucho, aunque ha perdido parte de su espíritu fundacional. Debemos recuperarlo y, si es posible, extenderlo a otras áreas donde también necesitamos acuerdos y menos confrontación”, subrayó Ángel de la Fuente, director de Fedea.
Para José Manuel Jiménez Rodríguez, director del Instituto Santalucía, el aniversario del Pacto de Toledo “no sólo es una celebración histórica, sino una llamada a renovar el compromiso con las reformas responsables, el consenso y la sostenibilidad”.