Una de cada tres pymes atacada realizó al menos en una ocasión un pago de un rescate a los ciberdelincuentes: un 40% lo hicieron con el fin de recuperar sus datos, sin embargo, solo el 27% lo logró.
La propuesta española pone el foco en la promoción del uso de esta tecnología para facilitar el cumplimiento de normas y requisitos burocráticos, además de armonizar y racionalizar los diferentes regímenes y trámites nacionales en la Unión Europea.