Miguel Ángel Valero
La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, admite abiertamente que los problemas en materia de vivienda no son sencillos de solucionar, pero en su intervención para clausurar el curso de la Apie en la UIMP en Santander asegura que existen algunas medidas que se pueden aplicar de manera inmediata, como las 900.000 viviendas que ahora mismo no son de uso residencial, sino que se utilizan para el turismo o pertenecen a inversores extranjeros no residentes en España.
Si se consiguiera cambiar el uso a residencial, no solo se acabaría con el déficit de vivienda en España, sino que incluso "sobraría" oferta. Para movilizar estas viviendas propone instrumentos ya incluidos en el Plan Estatal de Vivienda como que las comunidades autónomas compren estas viviendas a inversores o propietarios de pisos turísticos, contando con una financiación del Estado de hasta el 80% en ayudas directas. De esta forma crecería el volumen del parque público de vivienda.
Las comunidades autónomas pueden financiar hasta el 70% de estas operaciones con los fondos del Plan Estatal, aunque si las adquisiciones se hacen en áreas declaradas como tensionadas, el crédito puede elevarse hasta el 85% del coste de la compraventa. La casa adquirida debe destinarse a vivienda con un alquiler asequible, inferior a 800€ al mes.
Otra fórmula es que los propietarios cedan la vivienda a la Administración por un periodo de al menos siete años. A cambio, el Estado se encargaría de la rehabilitación y les aseguraría un pago mensual de 600€, destinando luego el inmueble a alquileres de larga duración para familias.
La ministra también menciona Casa 47, la entidad dotada con 100 millones€ para comprar vivienda y ponerla a disposición de la ciudadanía, de forma que crezca el parque público sin necesidad de construir nuevas casas. Aunque las comunidades autónomas tienen el derecho de tanteo para comprar viviendas, algunas no lo ejercen. Ante esto, el Gobierno central ha decidido actuar licitando estos 100 millones conforme a la Ley de Contratos. El plazo para la presentación de ofertas finaliza el 9 de julio, y tanto empresas como particulares han mostrado interés realizando consultas técnicas sobre la licitación. Si este proceso funciona correctamente, el Gobierno está dispuesto a destinar más recursos para seguir ampliando el inventario de vivienda pública mediante la compra de inmuebles.
Estas viviendas deberán tener entre 40 m² y 120 m², estar edificadas en altura (solo pueden ser pisos y no casas unifamiliares), tener ascensor si el edificio es de tres plantas o más, ser exteriores, contar con certificado de eficiencia energética, y estar en condiciones para ser habitadas de manera inmediata. Tan solo se permitirá a los interesados ofertar casas con necesidad de reforma si el tiempo requerido para rehabilitarlas es inferior a seis meses. En cuanto al precio, en ningún caso se pagará por metro cuadrado más de lo que aparezca en el Portal Estadístico del Notariado.
Críticas a las comunidades del PP por recurrir el Plan Estatal de Vivienda
Isabel Rodríguez critica a las comunidades del PP que anuncian recursos ante el Tribunal Supremo contra el Plan Estatal de Vivienda; "van en contra del beneficio del ciudadano", Recuerda que el Plan fue aprobado por unanimidad, aunque algunas comunidades autónomas, como la de Madrid, han recurrido después de votar a su favor: “Es el paradigma de los tiempos actuales, en los que ni siquiera cuando se alcanza un consenso se celebra, sino que se tienen que volver a enfadar”.
La ministra centra el foco en la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ha recurrido el Plan al considerar que invade competencias autonómicas. El Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso. “Si hay alguna comunidad autónoma que vaya en contra de la vivienda es Madrid. Está animando con todo desparpajo a los fondos de inversión a comprar barrios enteros como el de Salamanca”, argumenta. Fomenta los alquileres temporales y las promociones inmobiliarias de este tipo de alojamientos, sin lograr contener los precios. ”Espero que los madrileños reaccionen cuando haya elecciones porque no les están facilitando la vida”, resalta.
También crítica el abuso por parte de las derechas del fenómeno de la “inquiokupación” (aquellos inquilinos que dejan de pagar la renta pero permanecen en el inmueble) porque se busca generar “miedo y desafección, cuando no negocio” al sistema y ha considerado que quienes no quieren resolver el problema se parapetan en este tema para “generar miedo o desafección, cuando no negocio”. Son situaciones de “allanamiento, impago o incumplimiento de contrato” ya contempladas en la legislación.
“La edad de emancipación y capacidad de compra de la gente joven sí es el problema, no la inquiokupación. No inventemos causas para hacer caja electoral ni económica de otros”, reclama.
“Se puede promover vivienda asequible siempre que no se priorice el interés económico sobre el social. El problema con los nuevos modelos de inversión es que tenemos que estar muy vigilantes especialmente sobre quienes conceden las licencias. Por ejemplo, se están convirtiendo casas de 4 habitaciones en nuevas de 7 mediante reformas, en las que la sala de estar se convierte en otro dormitorio y la cocina desaparece y queda solo la nevera”, avisa Isabel Rodríguez.
La banca debe ser parte activa de la solución
Al mismo tiempo, reclama a las entidades financieras que se conviertan en parte activa de la solución al problema de la vivienda para "saldar la herida de la anterior crisis económica". "Sin duda, la concesión de crédito fácil fue un problema, pero hoy los datos de hipotecas atestiguan que no estamos en esos niveles, sino que el escenario es de prudencia financiera, no de sobreendeudamiento".
Recuerda que en 2008 "se salvó a la banca y nos quedamos con las casas de la gente", una situación que el Gobierno busca revertir mediante la movilización de activos de la Sareb hacia Casa 47.