Miguel Ángel Valero
El primer ministro dimisionario de Francia, Sébastien Lecornu, asegura que las conversaciones con los partidos políticos van por el buen camino y alejan la posibilidad de una disolución de la Asamblea Nacional y la convocatoria de elecciones. Aunque no ha especificado qué concesiones va a realizar, la paralización de la reforma de las pensiones se da casi por segura. De hecho, Elisabeth Borne —primera ministra en 2023 y miembro del partido de Macron— no lo descarta.
La reforma de las pensiones es la medida más impopular de Macron al frente de Francia, ya que eleva de 62 a 64 años la edad de jubilación, y fue aprobada por decreto, ante la imposibilidad de lograr los apoyos parlamentarios necesarios.
Su supresión era una insistente reivindicación del Partido Socialista y de la mayoría de grupos progresistas que confluyeron en el Nuevo Frente Popular (NFP) en las últimas elecciones legislativas, en julio del año pasado, en las que se impusieron a la ultraderecha.
El dirigente socialista Olivier Faure se cura en salud y exige que esa suspensión “no sea simplemente una cortina de humo, quiero saber si esta victoria es real o no, sería un gesto importante si llegara a producirse" porque "no le gusta vender la piel del oso antes de cazarlo”.
Asegura estar dispuesto a contribuir a “desbloquear esta situación de crisis absolutamente incomprensible para los franceses”, que ha calificado de “comedia de bulevar”. “Es hora de mostrar otra cara de la política”, insiste.
Pero Roland Lescure, ministro dimisionario de Economía, avisa que “modificar la reforma de las pensiones costará cientos de millones en 2026 y miles de millones en 2027”. Aunque se declaró “dispuesto a hacer concesiones” para que haya Gobierno y Presupuestos de 2026, advierte que “habrá que financiarlas”.
Pero hay más dificultades. Macron y Lecornu tienen que afrontar el malestar de la parte más conservadora de Los Republicanos por el regreso de Bruno Le Maire, esta vez como ministro de Defensa. Para este grupo, Le Maire es uno de los responsables del aumento del endeudamiento del Estado y representa una señal de continuidad, cuando lo que exigen el resto de las fuerzas políticas es un giro claro en la dirección del Gobierno.
Por su parte, Marine Le Pen ha intensificado la presión al pedir la dimisión del presidente y la convocatoria de nuevas elecciones. Incluso Gabriel Attal, exprimer ministro y figura destacada dentro de Renaissance, el partido de Macron, reconoce que ya no comprende las decisiones del jefe de Estado.
Los sectores más moderados tanto del bloque conservador como del partido de Macron expresan públicamente su disposición a considerar un Gobierno de unidad con los socialistas (incluso con un primer ministro de este grupo), siempre que la extrema izquierda quede al margen.
El tiempo corre y Macron se enfrenta a dos desafíos clave. Si no logra mantener a Lecornu al frente del Ejecutivo, deberá nombrar un nuevo primer ministro, convocar elecciones legislativas o, en el escenario menos probable, dimitir y llamar a elecciones presidenciales.
Además, el Gobierno difícilmente podrá cumplir con el plazo del 13 de octubre para presentar los Presupuestos. Si éstos no se aprueban antes de diciembre, sería necesario recurrir a la denominada “ley especial”, un mecanismo excepcional que garantiza el funcionamiento básico del Estado al inicio del nuevo año.
Mientras tanto, el diferencial del bono francés a 10 años se mantiene por encima de los 80 puntos básicos (pb), superando de manera sostenida al de Italia. No obstante, la preocupación en los mercados sigue siendo moderada: la rentabilidad exigida a la deuda francesa se sitúa en un 3,5%, aún por debajo de los máximos registrados en la última década. Además, las Bolsas francesas repuntaron en la jornada de ayer. Los inversores parecen confiar en que, ante una eventual aceleración de la crisis política en Francia, el Banco Central Europeo intervendría para estabilizar la situación.