Miguel Ángel Valero
El Observatorio Económico de la Universidad Francisco de Vitoria (UFV) avisa que el cierre del estrecho de Ormuz es un shock sistémico de gran impacto sobre el comercio mundial, la energía y, en consecuencia, sobre el crecimiento. Es una arteria crítica del sistema económico global. Su bloqueo implica, de forma casi automática, una contracción de la oferta efectiva de crudo en los mercados internacionales. Y cuando la oferta de un bien esencial se restringe bruscamente, el resultado es conocido: un aumento significativo de precios.
El primer canal de transmisión es, por tanto, energético. Un encarecimiento abrupto del petróleo se traslada a toda la estructura de costes de la economía. El transporte —marítimo, terrestre y aéreo— se encarece, elevando los costes logísticos de prácticamente cualquier bien. La industria intensiva en energía ve deteriorados sus márgenes. Finalmente, el consumidor soporta el impacto vía inflación, especialmente en un contexto en el que sigue habiendo abundante liquidez en los mercados por parte de los bancos centrales. Así, se reduce el poder adquisitivo de los hogares y se contrae el consumo. Es, en esencia, un deterioro de renta real.
El segundo canal de contagio es el comercio internacional. El aumento de los costes de transporte y la incertidumbre geopolítica generan una contracción del volumen comercial. Las cadenas de suministro, ya tensionadas en los últimos años, vuelven a fragmentarse. Las empresas reaccionan retrasando inversiones, acumulando inventarios o buscando rutas alternativas más costosas e ineficientes. Aquí emerge un efecto relevante: la desglobalización forzada. No como una decisión estratégica, sino como una reacción defensiva ante el riesgo. Esto implica menor especialización, menor eficiencia y, en última instancia, menor crecimiento potencial.
El tercer canal de impacto es financiero. Los mercados reaccionan con aversión al riesgo. Suben las primas de riesgo, cae la inversión y se refugia el capital en activos considerados seguros. Para economías altamente endeudadas —como la española— esto no es menor: encarece la financiación y reduce el margen de maniobra fiscal.
En el caso de España, además, el impacto es doblemente delicado. Como economía importadora neta de energía, el encarecimiento del crudo y la apreciación del dólar -divisa en la que se realiza el mayor número de transacciones de petróleo- deteriora la balanza por cuenta corriente y presiona a los precios. Y como economía de servicios, dependiente del consumo y del turismo, sufre especialmente la pérdida de renta real de los hogares europeos, que reducirán sus compras -las exportaciones españolas- y viajarán menos a España, con el impacto negativo en la rama de actividad turística, tan importante para la economía española. Este efecto podría verse parcialmente mitigado por la recepción de viajeros que cambien destinos en Oriente Próximo por España, si bien la pérdida de poder adquisitivo de los ciudadanos de nuestros principales mercados emisores de turistas no deja de tener un impacto negativo.
Estos shocks no son simétricos. No afectan a todos por igual ni se corrigen automáticamente. Los países más flexibles, con mercados laborales menos rígidos y menor carga regulatoria, tienden a adaptarse mejor. Aquellos que son más rígidos estructuralmente—como es el caso de España— pueden ver intensificado el impacto.
El análisis de la UFV parte de un escenario base de crecimiento a partir del cuadro macroeconómico del Gobierno, con un crecimiento del PIB estimado para 2026 del 2,24% y del empleo del 2,1%, con un deflactor del PIB del 2,1%. Y a partir de ahí plantea tres posibles situaciones:
En este contexto, la respuesta de política económica es crucial. Y, sin embargo, existe una tentación recurrente: intervenir precios, subvencionar consumos o aumentar el gasto público para “compensar” el shock. Estas medidas, aunque políticamente atractivas, suelen agravar el problema al distorsionar señales de mercado y generar déficit adicional. En este sentido, el Observatorio Económico de la UFV considera conveniente evitar respuestas que impliquen una mayor intervención de la economía, un incremento del gasto público o un aumento de la deuda pública, al entender que podrían acentuar desequilibrios estructurales de la economía española.
La alternativa —menos vistosa, pero más eficaz— pasa por reforzar la oferta: facilitar la inversión, reducir trabas regulatorias y permitir que los precios transmitan la escasez relativa. Solo así se incentiva la reasignación eficiente de recursos. De esa forma, se plantea aplicar un conjunto de medidas urgentes e importantes, que van desde la rebaja de impuestos hasta la realización de reformas estructurales:
Según el análisis de la UFV, si se opta por incrementar el gasto público, podrían deteriorarse las perspectivas de la economía en el medio y largo plazo. Por el contrario, si se opta por aplicar rebajas de impuestos y medidas de reforma en la economía, la actividad económica y el empleo podrían mostrar una mayor capacidad de sostenimiento.

Advertencias del FMI
En este contexto, el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha recortado dos décimas su previsión de crecimiento para la economía española, hasta situarla en el 2,1% para este año y en el 1,7% para 2027. Ve un agotamiento de algunos motores, como los fondos europeos y la inmigración, que en los últimos años han situado a España entre las economías más dinámicas del mundo.
“A pesar del efecto adverso y la mayor incertidumbre por el conflicto en Oriente Medio, se espera que el crecimiento se mantenga sólido este año, antes de ralentizarse gradualmente a medida que se moderen las entradas de inmigrantes y se intensifique el envejecimiento demográfico”, apuntan los economistas del FMI tras la misión para elaborar el Artículo IV de 2026.
La guerra de Oriente Medio “afectará negativamente a la economía española”, por el aumento de los precios del petróleo (+50%) y del gas (+98%) desde el inicio de los ataques de Israel y EEUU. Aunque el FMI matiza que "el impacto de la subida de los precios del gas debería verse atenuado por la gran proporción de energías renovables en el mix eléctrico de España”,
“Un conflicto prolongado en Oriente Medio podría traducirse en un aumento más duradero de los precios de la energía, un endurecimiento de las condiciones financieras y una mayor incertidumbre, lo que pesaría sobre la inversión, el consumo y el crecimiento”, avisa el FMI. Esta situación "podría provocar mayores efectos de segunda ronda sobre los salarios y la inflación, manteniendo la inflación general por encima del 3% durante un tiempo”.
”Las medidas fiscales para mitigar el impacto del shock de precios de la energía también deben evitar amortiguar las señales de precios", aconseja el FMI, que solo defiende las medidas extraordinarias si la situación se agrava. “Un apoyo discrecional temporal y focalizado debe considerarse, siempre que los costes de financiación de la deuda soberana se mantengan bajos, solo en caso de un shock grave".
Además, “la fragmentación política plantea dudas sobre la capacidad del Gobierno para llevar a cabo las importantes medidas de consolidación fiscal y reformas”. “El deterioro de la asequibilidad de la vivienda exige una acción más contundente del Gobierno para aumentar la oferta de vivienda”, apunta el FMI, que avisa: “A menos que una evaluación rigurosa refute la evidencia preliminar de que los controles de alquiler han reducido de manera significativa la oferta de vivienda en alquiler, dichos controles deberían suspenderse tras su período inicial de tres años”.
Los expertos del FMI medidas para aumentar la construcción, acelerar los planes urbanísticos, liberar más suelo para la edificación de vivienda, agilizar los trámites y permisos. “Y reducir la inseguridad jurídica de los proyectos reactivando la reforma de la Ley del Suelo”. "la oferta de vivienda tiene que aumentar a un ritmo mucho más rápido para hacer frente al gran déficit existente, sobre todo en las zonas de gran demanda”, insisten.
El FMI, que insta al Gobierno a reformar la Ley de Vivienda, advierte que "los criterios de concesión de préstamos han empezado a relajarse en cierta medida, como lo denota el aumento reciente de la proporción de nuevas hipotecas constituidas con elevados ratios préstamo-valor”. “La introducción de estas hipotecas en función de la capacidad de pago del prestatario basadas en garantías hipotecarias —como las ratios préstamo-precio o préstamo-valor— ayudaría a prevenir una acumulación de riesgos vinculados a la vivienda en el sector financiero", argumenta.
También exige al Banco de España pasar de “la orientación supervisora a límites de carácter obligatorio” en el caso de que los precios de la vivienda siguieran aumentando con rapidez y si las normas de concesión de préstamos se relajaran más de la cuenta.
Aunque el FMI alaba el esfuerzo de consolidación fiscal que ha hecho España en los últimos años, hasta reducir el déficit público al 2,5% del PIB en 2025, avisa que en los próximos años será más difícil rebajar la deuda pública y que a partir de 2030 incluso volverá a aumentar “considerablemente” por las tensiones de gasto derivadas del envejecimiento de la población: más pensiones, gasto en sanidad y cuidados de larga duración.
Para evitar eso, propone armonizar los tipos del IVA, “eliminando los tipos reducidos sobre una amplia gama de productos; combinado con transferencias compensatorias a hogares de renta baja, podría lograr gran parte de la restante consolidación prevista” en el plan de ajuste. También recomienda una reforma de las pensiones: “para abordar el fuerte aumento futuro del gasto en pensiones, eventualmente serán necesarias medidas como alargar el período en base al cual se computan las prestaciones".
Los estímulos del Gobierno
El Consejo de Ministros extraordinario aprobó 80 medidas que suponen 5.000 millones€, el “mayor escudo de toda Europa”, según Pedro Sánchez. Estos estímulos
se reparten entre dos decretos. El primer paquete tiene muchas posibilidades de ser convalidado en el Congreso, algo que no tiene visos de pasar en el segundo (por la oposición de Junts a normas que eviten los desahucios).
De momento, ambos decretos entrarán en vigor el sábado 21 de marzo, tras su publicación en el BOE. Tras su convalidación en el Congreso, estarán vigentes “durante el tiempo que sea necesario”, porque “nadie sabe cómo va a evolucionar esta guerra, pero sus efectos podrían contenerse o transformarse en una grave crisis en función de su duración”, argumenta Pedro Sánchez. Los 5.000 millones movilizados abarcan un horizonte temporal que llega hasta finales de junio.
En carburantes, hay una bajada del IVA al 10% del gasóleo y gasolina (507 millones€), además de la rebaja del impuesto especial sobre hidrocarburos “hasta el mínimo permitido en la Unión Europea” (656,5 millones). Las dos medidas supondrán una reducción de hasta 30 céntimos por litro, unos 20 euros de ahorro a la hora de llenar el depósito de un coche medio.
En la electricidad, bajada de impuestos “del 60%” gracias a la reducción del IVA de la luz y el gas al 10%, la suspensión temporal del impuesto sobre el valor de la producción eléctrica y la reducción del 5% al 0,5% del impuesto especial sobre electricidad. También habrá una disminución del impuesto al consumo para el gas natural, los pellets y la leña.
Además, una ayuda directa de 20 céntimos por litro de combustible a profesionales del sector del transporte, además de ganaderos, pescadores y agricultores. También habrá una ayuda equivalente a la compra de fertilizantes. Se congelará el precio máximo de venta de butano y propano y se extenderán durante todo el año los descuentos extraordinarios del bono social eléctrico y la prohibición de cortar suministros básicos a los hogares vulnerables.
Se prohíbe a las empresas que reciban ayudas públicas despedir a los trabajadores por razones económicas en el marco de esta crisis. También se articula un control de los márgenes empresariales a cargo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Y se aprueba la bonificación en un 80% de los peajes eléctricos para la industria electrointensiva.
Se adelantan los planes de movilidad sostenible: las empresas deben impulsar un transporte colectivo para sus trabajadores con el fin de reducir la factura en combustible. Esta norma debía entrar en vigor en 2027, pero se adelanta a este mes.
Se aprueba la prórroga de los incentivos fiscales a la rehabilitación, a las placas solares o a la compra del coche eléctrico,
En el decreto cuya convalidación en el Congreso parece imposible, aparece una prórroga extraordinaria y automática durante dos años de los contratos de alquiler que iban a vencer en 2026 y 2027.
“Cuando el plan que hemos aprobado entre en vigor en el BOE, España se convertirá en el país con el mayor escudo social y económico de toda la Unión Europea en respuesta a una guerra ilegal que no avalamos”, asegura Pedro Sánchez.