17Jun

Las insolvencias empresariales en el mundo han aumentado un 12%, como consecuencia del conflicto de Oriente Medio. En España aumentarán el 3%, la mitad que en el mundo (6%), según las proyecciones de Coface.

Miguel Ángel Valero

La undécima edición del Panorama Internacional, elaborado por la Unidad de Riesgo País de Cesce, advierte sobre cinco focos de tensión en el mundo:  la dependencia global de los microchips de Taiwán, la inestabilidad social impulsada por la Generación Z en países emergentes, el uso de la deuda soberana como herramienta de poder por parte de potencias como China, las dificultades en las rutas marítimas, y el dilema estratégico de la Unión Europea frente al proteccionismo de EEUU y la competencia de China.

Pablo de Ramón-Laca, presidente ejecutivo de Cesce (en la fotografía), recomienda a las empresas españolas incorporar los riesgos de un escenario internacional cada vez más fragmentado en sus estrategias: "Vivimos y operamos en un escenario internacional regido por la fricción y el repliegue de la cooperación multilateral. En este cambio de paradigma, las empresas españolas no pueden permitirse ser meras observadoras". Y 'barre para casa': el Panorama Internacional, uno de los grandes trabajos de investigación, análisis estratégico y prospectiva de la aseguradora controlada por el Estado es "una brújula idónea para seguir abriendo mercados con audacia, solidez y seguridad".

Rafael Loring, economista responsable para Asia de Cesce Riesgo País, destaca que Taiwán es uno de los mayores riesgos para la economía mundial. Mientras China reivindica su anexión, para EEUU supone la primera línea de defensa en el Pacífico, lo que demuestra su importancia estratégica. Pero lo que hace a Taiwán clave para la economía mundial es su dominio casi monopolístico en la fabricación de semiconductores. Solo una empresa, TSMC, acapara más del 60% de todos los semiconductores que se fabrican en el mundo, y el 90% de los microchips más avanzados y necesarios para la inteligencia artificial (IA) y para la gestión de los centros de datos. "Una interrupción del proceso de producción provocaría una disrupción brutal en el mundo, y podría generar una contracción del PIB mundial no vista desde la Segunda Guerra Mundial", advierte Loring.

Otra de las preocupaciones es el descontento de la Generación Z, que provoca una gran inestabilidad social, especialmente en los países en desarrollo y en los mercados emergentes. Lidia Candal, economista responsable para África, explica que, aunque cada protesta tiene detonantes particulares, "el origen común de todas es el impacto de la pandemia de COVID-19 y la posterior crisis inflacionaria". A este descontento por el encarecimiento del coste de la vida se suman factores como que se trata de una generación de nativos digitales, su gran peso demográfico y una frustración generalizada con la corrupción y la ineficiencia política, creando un caldo de cultivo para la inestabilidad.

Con una deuda global que ya supera los 350 billones$, tres veces el PIB mundial, se ha convertido en un instrumento de poder, sobre todo para China, el gran inversor en bonos soberanos de países como EEUU. Mª José Chaguaceda, economista responsable para América Latina de Cesce Riesgo País, resalta el creciente papel de China en este nuevo mapa financiero. Aunque considera que el yuan está "muy lejos de rivalizar con el dólar" por la falta de mercados financieros líquidos y convertibilidad plena, "gracias a su gran capacidad de ahorro, China está teniendo más peso en las reestructuraciones de deudas" de muchos países en el mundo. Este poder financiero "es más silencioso que el militar, pero en ocasiones puede ser incluso más eficiente", avisa María José Chaguaceda.

En este contexto, Europa se encuentra en una encrucijada estratégica, presionada por sus dos mayores socios comerciales, EEUU y China. Ricardo Santamaría, director de Cesce Riesgo País y Gestión de Deuda, describe muy bien la situación: "uno de sus principales socios comerciales, EEUU, está levantando un muro arancelario, y el otro, China, es cada vez más agresivo comercialmente". En los últimos diez años, China ha duplicado su superávit comercial con la UE, mientras que EEUU lo ha reducido a la mitad. Ante esta situación, "la Unión Europea está obligada a reaccionar y ser arquitecta de su propio destino, encontrar sus capacidades y abrir un diálogo franco con ambas potencias", subraya Santamaría.

Otro de los motivos para preocuparse son las tensiones en las rutas marítimas, que canalizan el 90% del comercio mundial. Los ataques de Israel y EEUU a Irán han provocado el bloqueo del estrecho de Ormuz, evidenciando una vez más la fragilidad de las cadenas de suministro globales. Pablo Arjona, economista responsable para Oriente Medio, subraya que "los espacios marinos son las arterias que sostienen el flujo de la economía". Conflictos como el de Oriente Medio ponen de manifiesto la vulnerabilidad del sistema, provocando "profundas distorsiones en las cadenas de valor" y evidenciando que el control de esas rutas marítimas sigue siendo clave para la hegemonía global.

Coface: aceleración del deterioro de la capacidad de pago de las empresas

Por su parte, Coface avisa que el clima empresarial global se está deteriorando aun ritmo acelerado: las insolvencias se dispararon un 12 % en lo que va de 2026 frente a 2025 . En un contexto marcado por tensiones geopolíticas y crecientes presiones de costes, Coface vaticina ahora un aumento del 6% de las insolvencias empresariales a nivel mundial en 2026, más del doble de la estimación inicial. En España, sin embargo, la tendencia ha sido positiva respecto al año pasado, con un descenso interanual del 10,3 %. Por ello, anticipa una evolución de las insolvencias empresariales más contenida, con un incremento de entre el 2% y el 3%.

Pero el deterioro económico ya es evidente. El entorno empresarial global se ha debilitado notablemente en los últimos meses a medida que las consecuencias económicas del conflicto con Irán han comenzado a trasladarse a la actividad. El aumento del 12 % de las insolvencias registrado a comienzos de 2026, incluido un incremento del 22% en América del Norte , ilustra la magnitud del shock actual y el rápido deterioro de la situación a la que se enfrentan las empresas.

Esta tendencia está impulsada por las recientes tensiones geopolíticas, en particular en Oriente Medio, cuyas repercusiones están empezando a manifestarse en el aumento de los costes de suministro, una mayor volatilidad de los precios energéticos y una mayor incertidumbre que pesa sobre las decisiones de inversión.

En este contexto, Coface revisa significativamente al alza sus previsiones de insolvencias para 2026. Ahora se espera que las insolvencias globales aumenten en torno a un 6%, más del doble del incremento previsto a comienzos de año. Se esperan aumentos significativos en EEUU (+8 %), Francia (+8%) y Japón (+7%), mientras que Alemania y los Países Bajos registrarían incrementos de alrededor del 5%. En España , Italia y el Reino Unido se esperan aumentos más moderados, de entre el 2% y el 3%.

Una subida de 25 pb en los tipos llevaría los impagos al nivel de 2025

En esta situación, ya de por sí frágil, las condiciones de financiación siguen pesando mucho sobre las empresas. A pesar del inicio de un ciclo de flexibilización, los tipos de interés se mantienen en niveles elevados tras varios años de endurecimiento monetario, lo que hace que el coste del crédito siga siendo elevado. Esta limitación es aún más significativa si se tiene en cuenta que las empresas están entrando en esta fase con niveles de deuda históricamente altos.

En consecuencia, incluso pequeños cambios en las condiciones de financiación pueden tener un impacto desproporcionado: un aumento de tan solo 25 puntos básicos (pb) en los tipos de interés de los préstamos bastaría para acelerar de nuevo los impagos a nivel mundial y acercar su crecimiento a los niveles observados en2025.

La persistencia de tipos de interés elevados actúa, por tanto, como un factor agravante en un entorno ya de por sí en deterioro, limitando la capacidad de las empresas para refinanciar su deuda y absorber nuevas perturbaciones.

Las presiones siguen siendo especialmente intensas en los sectores más sensibles a los ciclos económicos y a las condiciones de financiación. La construcción, la química y el textil continúan siendo los sectores más vulnerables debido a su elevada exposición a los costes de producción y a la demanda.

En varias economías importantes, estas vulnerabilidades ya están teniendo un impacto tangible. En EEUU, los sectores industrial y de la construcción se ven afectados por el aumento de los costes de financiación y la desaceleración de la demanda. En Japón, los sectores más endeudados se ven debilitados por unas condiciones de financiación que se han vuelto persistentemente más estrictas. Dentro de Europa, en Alemania, la industria, en particular los sectores químico y de la construcción, sigue bajo presión debido a los elevados costes energéticos y a una actividad aún débil. En Francia , el sector de la construcción sufre por los altos tipos de interés, la industria sigue debilitada por los costes energéticos y el comercio minorista se resiente de una capacidad de consumo limitada.

Por su parte, en España educación (con un crecimiento interanual del 69,6% entre 2026 y 2025), salud y servicios sociales (+9,4%), actividades financieras y de seguros (+6,3%) y transporte y almacenamiento (+2,9%) son los sectores más expuestos a las insolvencias empresariales.

En general, en estos sectores, la combinación de altos costes de producción, márgenes comprimidos y un acceso más restringido a la financiación reduce de forma significativa la capacidad de ajuste de las empresas. Esta vulnerabilidad es aún más pronunciada en las pymes, que suelen estar menos diversificadas y más expuestas a las fluctuaciones de tesorería. Como resultado, en varias regiones, estos sectores se encuentran entre los principales contribuyentes al aumento de las insolvencias observado desde 2025, lo que confirma el carácter ya estructural de las presiones en juego.

El nivel relativamente moderado de insolvencias entre 2020 y 2023 se debió en gran medida al amplio apoyo gubernamental en respuesta a la pandemia y a las consecuencias de la guerra provocada por la invasión rusa de Ucrania. Si bien las medidas de apoyo están volviendo a introducirse en algunos países, siguen siendo significativamente más limitadas en alcance. En las principales economías europeas —incluidas Francia, Alemania, Italia, España y el Reino Unido —, el apoyo fiscal en 2022 –2023 ascendió aproximadamente al 2 –4% del PIB. En cambio, las medidas actuales son mucho más reducidas, siendo el mayor programa observado el de España, con alrededor del 0,3 % del PIB. Además, las intervenciones recientes son de carácter más focalizado. Aunque esto debería ayudar a los sectores y empresas más vulnerables, es poco probable que proporcione el colchón generalizado observado durante crisis anteriores. Como resultado, la capacidad de la política pública para contener el aumento de las insolvencias parece más limitada.

Iberinform mejora el Insight View

Con todo esto, Iberinform, filial de Crédito y Caución, ha elegido el momento más oportuno para presentr una nueva evolución de su plataforma de información empresarial Insight View, diseñada para ayudar a empresas y profesionales a interpretar datos complejos, evaluar clientes y proveedores, identificar oportunidades de negocio y reducir el riesgo con mayor rapidez y seguridad. La plataforma proporciona acceso a información de más de 322 millones de empresas en todo el mundo. 

Con la nueva versión de esta solución analítica, Iberinform da un paso más en la forma en la que las organizaciones analizan la información empresarial, adaptándose a nuevos métodos y funcionalidades, como la inteligencia artificial. El objetivo es facilitar la toma de decisiones ofreciendo información fundamentada y altamente especializada. 

Entre las principales novedades de la última versión de Insight View, destaca la incorporación de IA en todos los informes de empresas de España y Portugal. Esta funcionalidad permite interactuar con la información mediante preguntas y respuestas contextualizadas, facilitando la identificación de los aspectos más relevantes para el análisis de clientes, proveedores, competidores y riesgos comerciales.

Además, la plataforma ha sido rediseñada para ofrecer una experiencia de usuario más clara, ágil y estructurada, con una navegación más intuitiva que permite acceder de forma directa a la información clave de cada empresa, reduciendo los tiempos de búsqueda y mejorando la eficiencia en la consulta.

Junto a ello, también incorpora mejoras de rendimiento que agilizan procesos habituales como la consulta, la compra de informes o la generación de documentación en formatos PDF y Excel, contribuyendo a optimizar el trabajo diario de los usuarios.

Otra de las novedades es que ofrece una experiencia completamente adaptada a dispositivos móviles, permitiendo consultar y analizar información empresarial desde cualquier lugar sin renunciar a la capacidad analítica, e incorpora nuevas opciones de visualización que mejoran la comprensión de los datos.

Para Ignacio Jiménez, director de Iberinform, "la disponibilidad de información ya no es el reto. El verdadero desafío es interpretarla con rapidez y convertirla en acciones. Esta evolución de Insight View responde a esa necesidad, incorporando inteligencia artificial directamente en el proceso de análisis para ayudar a las empresas a actuar con mayor confianza y en menos tiempo".

Con esta evolución, Insight View refuerza su propuesta de valor como herramienta clave para profesionales de la gestión de riesgos, las finanzas, el cumplimiento normativo, las compras y el desarrollo de negocio, facilitando el acceso, la comprensión y la interpretación de la información empresarial en un entorno cada vez más complejo y exigente.

La plataforma analítica de Iberinform contiene información empresarial de 72 países combinando fuentes públicas con una metodología diferencial basada en más de 400.000 entrevistas a empresas realizadas anualmente, lo que permite ofrecer datos más actualizados y hacer un seguimiento continuo del comportamiento de los riesgos y la evolución del tejido empresarial. Este enfoque aporta un nivel adicional de fiabilidad a los datos y a los modelos de evaluación de riesgo Iberinform.

19May

Los autónomos ganan el 30% menos que la media europea y soportan crecientes costes administrativos y de digitalización. La creación de empresas cae en abril tras 11 meses de crecimiento.

Miguel Ángel Valero

El 60% de las empresas españolas sufre el impacto negativo de la morosidad en su cuenta de resultados. De esta manera, aumenta en ocho puntos el volumen de compañías que se ven afectadas por la insolvencia de sus clientes, con respecto a los resultados de 2025. Además, el 8,1% afirma que corre el riesgo de cerrar por el impacto de los impagados, según la edición de primavera del Estudio de la Gestión del Riesgo de Crédito en España, impulsado por Crédito y Caución e Iberinform.

El 48% de las firmas españolas afronta pérdidas de ingresos significativas a causa de la morosidad, cinco puntos por encima que los valores registrados en la oleada de primavera de 2025 de este estudio. Para el 23% de las compañías, la insolvencia de sus clientes supone un incremento de sus costes financieros. Además, el 21% se ve obligado a frenar su expansión comercial, lo que supone un empeoramiento de siete puntos con respecto a hace un año. 

La falta de control sobre la morosidad es un riesgo para la actividad empresarial. El incumplimiento de los pagos acordados genera importantes tensiones de liquidez y es especialmente desestabilizador en la operativa de las empresas de menor tamaño. Si se llega al impago de una venta a crédito comercial, la pérdida equivale a los costes de producción del producto. El impacto de un impagado comercial se acentúa cuanto menor sea el margen de beneficios, pues multiplica el número de ventas con clientes solventes necesarias para compensar la pérdida. Si una sociedad con un margen comercial del 10% sufre un impago de 10.000€, deberá generar nuevo negocio por 100.000€ para compensar el impacto de los 9.000€ en costes de producción.

Xolo: los autónomos ganan el 30% menos que en Europa

Por otra parte, Xolo ha analizado datos internos que ponen el foco en la evolución de las condiciones económicas de los trabajadores por cuenta propia en España. El análisis muestra una paradoja clara: aunque las tarifas medias han aumentado un 24% desde 2021, hasta los 42,6€/hora, el autónomo español sigue cobrando un 30% menos que la media europea, situada en 54 €/hora.

El análisis, elaborado a partir de datos agregados y anonimizados de miles de autónomos activos en España y más de 150.000 profesionales independientes en Europa, apunta a una pérdida de rentabilidad, peso relativo y competitividad frente al resto del continente.

La brecha de ingresos entre España y el resto de Europa evidencia una diferencia estructural en la remuneración del trabajo independiente. Mientras que el autónomo residente en España percibe aproximadamente 42,6€/hora, la media europea se sitúa en 54€/hora. La distancia es aún mayor frente a mercados de alta remuneración como Suiza o Austria, donde los profesionales pueden cobrar entre 63€ y 70€ por hora, respectivamente.

En este contexto, el acceso a clientes internacionales aparece como una oportunidad relevante para diversificar la base de clientes y ampliar el potencial de ingresos del sector. Los autónomos residentes en España que trabajan con clientes de otros mercados alcanzan tarifas medias de unos 54,9 €/hora, una cifra alineada con los estándares europeos y claramente superior a la registrada entre quienes operan únicamente en el mercado nacional.

“El autónomo español no solo cobra menos que sus homólogos europeos, sino que además opera en un entorno cada vez más exigente desde el punto de vista administrativo y regulatorio. La subida de tarifas no siempre se traduce en una mejora real de la rentabilidad, especialmente cuando los costes, la burocracia y la incertidumbre fiscal siguen aumentando”, señala Ariadna Julià Brunet, responsable de Operaciones en Xolo España y experta en fiscalidad y contabilidad.

Uno de los mayores retos para el autónomo español ha sido equilibrar el aumento de sus tarifas con el encarecimiento del coste de vida y de la actividad profesional. Entre 2021 y 2025, las tarifas medias en España crecieron un 24%, pasando de 34,2€ a 42,6€ por hora. Sin embargo, este incremento no se ha traducido necesariamente en una mayor rentabilidad real.

La evolución de los precios ayuda a contextualizar esta tensión. Según datos del INE, España acumuló una subida aproximada del IPC del 22,8% entre 2021 y 2025, en un periodo marcado por varios años de inflación elevada tras la pandemia. En este contexto, el crecimiento del 24% en las tarifas medias de los autónomos debe leerse más como una respuesta al encarecimiento acumulado de la vida que como una mejora equivalente de su poder adquisitivo.

Además, el 81,8% de los autónomos confirmó que sus gastos operativos se incrementaron durante el ejercicio 2025, mientras que el 30% terminó el año declarando pérdidas. Estos datos ayudan a explicar por qué el debate sobre el trabajo autónomo ha ganado intensidad en los últimos meses: no basta con facturar más si el margen real se reduce por el aumento de costes, cuotas, trámites y obligaciones fiscales.

“La subida de tarifas debe interpretarse menos como una mejora directa de la situación económica del autónomo y más como una reacción defensiva ante un entorno de costes crecientes. En muchos casos, permite compensar parcialmente la pérdida de poder adquisitivo, pero no consolidar proyectos más rentables o escalables”, señala Julià Brunet.

Más allá del balance económico, el autónomo español enfrenta un coste invisible relacionado con la gestión administrativa. Según ATA, los trabajadores por cuenta propia dedican de media 200 horas anuales a trámites con la administración y obligaciones fiscales, laborales y de Seguridad Social, con un impacto estimado de 3.000€ al año por trabajador y un coste global de 10.000 millones para el conjunto del colectivo.

La actual Campaña de la Renta ha vuelto a evidenciar esta complejidad. Los cambios derivados del sistema de cotización por ingresos reales, la obligación generalizada de declarar para los autónomos y la necesidad de ajustar correctamente ingresos, gastos y rendimientos han incrementado la sensación de inseguridad entre muchos profesionales. En este contexto, durante la Campaña de la Renta de 2025, la contratación de soporte de Xolo se triplicó por el miedo de los autónomos a cometer errores.

“El tiempo que un autónomo dedica a trámites es tiempo que no dedica a vender, producir, innovar o captar clientes. La burocracia no siempre aparece en la cuenta de resultados, pero tiene un impacto directo sobre la productividad y la capacidad de crecimiento del colectivo”, añade la portavoz de Xolo.

A esta complejidad se suma la adaptación a nuevas obligaciones digitales. VeriFactu se ha convertido en uno de los principales focos de preocupación para autónomos y pymes, especialmente por la necesidad de adaptar sus sistemas de facturación a nuevos requisitos técnicos y fiscales. Aunque la entrada en vigor de la obligación se ha trasladado a 2027, el reto para muchos profesionales no desaparece, sino que se desplaza en el tiempo. Según datos de Xolo, el 88% de los autónomos aún no ha dado pasos firmes para adaptar su facturación, lo que evidencia la distancia entre la agenda regulatoria y la realidad cotidiana de muchos pequeños negocios.

“La digitalización debería simplificar la relación entre autónomos y administración, pero corre el riesgo de percibirse como una nueva carga si no viene acompañada de claridad, pedagogía y herramientas accesibles. Para muchos profesionales, el problema no es solo adoptar una solución tecnológica, sino entender qué deben cambiar, cuándo deben hacerlo y qué consecuencias puede tener no adaptarse a tiempo”, advierte Julià Brunet.

España presenta una contradicción relevante: según datos de la Seguridad Social, el número de autónomos se mantiene por encima de los 3,4 millones y ha crecido un 1,2% en el último año. Sin embargo, este crecimiento numérico oculta una pérdida de peso relativo dentro del mercado laboral: los autónomos representaban el 15,68% del total a cierre de 2025, su mínimo histórico. La pérdida de peso relativo del colectivo apunta a un problema más profundo que el debate inmediato sobre cuotas, fiscalidad u obligaciones administrativas: el trabajo por cuenta propia crece en número, pero pierde fuerza estructural dentro del mercado laboral. 

“El reto no está únicamente en que haya más autónomos, sino en que estos puedan construir proyectos sostenibles, competitivos y con capacidad de crecimiento. Cuando el trabajo por cuenta propia pierde peso real frente al empleo tradicional, también se debilita una parte importante del dinamismo económico, la innovación y la competencia interna del país”, concluye la portavoz de Xolo.

Registradores: la creación de empresas cae en abril tras 11 meses de crecimiento

Por otra parte, el Colegio de Registradores presenta el avance de abril de su Estadística Mercantil, con la creación de 11.656 empresas en España, frente a las 11.877 registradas en el mismo mes del año anterior, lo que supone un ligero descenso del 1,9%. Tras el fuerte incremento del 35,9% en mayo de 2025, se continuó con ocho meses en tasas positivas más moderadas, con un crecimiento medio del 11,9%. El dinamismo de febrero y marzo sugiere un pico de actividad de carácter coyuntural.

Por comunidades autónomas, se observa con mayor claridad esta tendencia a la baja, con once territorios en descenso. Si bien algunas regiones como Asturias, La Rioja o Navarra registran crecimientos destacados, su menor peso relativo limita el impacto en el balance global. En cambio, los retrocesos en tres de las principales economías —Madrid, Cataluña y Andalucía— explican la caída a nivel nacional, concentrando estas comunidades de forma conjunta cerca del 60% de las nuevas empresas constituidas en España.

Las operaciones de ampliación de capital pueden interpretarse como un reflejo del grado de confianza que tienen las empresas en la viabilidad de sus proyectos y en sus expectativas de crecimiento a medio y largo plazo. Si se analiza la evolución de los últimos doce meses en comparación con el mismo periodo del año anterior, se observa una tendencia globalmente favorable, en la que predominan los incrementos. Aunque durante este intervalo se registraron algunos descensos puntuales y de escasa magnitud, como los observados en octubre (-0,2 %) y en febrero (-1,3 %), estos retrocesos no alteran la dinámica general positiva. De hecho, en abril de 2026 se produce un nuevo repunte significativo, con un aumento del 8,1 %, lo que refuerza la idea de una evolución caracterizada por una relativa estabilidad, acompañada de ligeras oscilaciones a lo largo del tiempo.

En el análisis por regiones, Madrid vuelve a encabezar la lista en número de operaciones, con 736 ampliaciones registradas en abril, lo que supone un incremento del 4,7 % frente al mismo periodo del año anterior. Le sigue de cerca Cataluña con 566 ampliaciones, un 15,7 % más. En el conjunto del territorio, Cantabria y Canarias presentan los mayores incrementos, en contraste con Asturias y La Rioja que muestran los descensos más acusados.

Solunion: mejora de la situación del sector hortofrutícola

En 2025, el valor de las exportaciones del sector de frutas y hortalizas alcanzó los 18.667 millones€ (+3,8% sobre 2024). Europa se consolida como el principal destino de las ventas exteriores, concentrando el 82%: destacan Alemania, con una cuota del 30%, Francia (16%) y Países Bajos (8%).Por su parte, los destinos extracomunitarios representan el 18% del total de las exportaciones, con especial relevancia de Reino Unido (6,7%), EEUU (4,2%) y China (2,3%). El sector mantiene un superávit de la balanza comercial de 13.189 millones, encadenando su segundo año consecutivo de crecimiento, con avances del 1,6% en 2024 y del 2,1% en 2025. 

“En conjunto, el elevado peso de las exportaciones, el crecimiento sostenido del valor exportado y la mejora progresiva del superávit comercial ponen de manifiesto la relevancia estratégica del mercado exterior para las empresas del sector de frutas y hortalizas en España, consolidando su papel como uno de los principales motores de competitividad y generación de valor”, afirma Manuel Furió, Analista de Crédito de Solunion España.

El sector español constituye un referente a nivel mundial, tanto en términos de eficiencia productiva como de generación de valor añadido. Las tierras destinadas al cultivo de frutas y hortalizas representan únicamente el 3,8 % de la superficie total de cultivo en España, si bien concentran más del 51 % del valor económico de la producción vegetal, lo que pone de relieve su elevada productividad. España concentra aproximadamente el 0,5% de la superficie agrícola mundial, pero representa en torno al 3% del comercio agroalimentario global.

Pero el número de concursos de acreedores del subsector de frutas y hortalizas., 252, registra en 2025 un+1,6%, alcanzando el nivel más elevado de los últimos tres años, por el incremento sostenido de las insolvencias. Esta dinámica contrasta con la evolución del conjunto de la economía nacional, donde los concursos descendieron un 5,9 %, y con el sector agroalimentario global, que fue de un-4,7%.

En 2026 se observa una señal de aceleración en marzo, que debe interpretarse con cautela, ya que viene condicionado por un febrero excepcionalmente bajo en número de insolvencias. En el primer trimestre hay una reducción del 18 % en el número de concursos de acreedores respecto al acumulado del mismo período de 2025. Este descenso apunta a una mejora general del entorno financiero del sector, si bien con diferencias relevantes entre segmentos.

En paralelo, los indicadores de liquidez comienzan a mostrar señales de recuperación, tras al menos dos ejercicios marcados por una fuerte política de austeridad, orientada a la preservación de los niveles de caja. En este contexto, se aprecia una mayor predisposición del sistema bancario a apoyar al sector hortofrutícola, facilitando el acceso a financiación.

No obstante, la evolución de las insolvencias a lo largo de la cadena de valor es claramente heterogénea. En el subsector primario (agricultura), los concursos de acreedores se reducen de forma significativa (-40%). En el extremo final de la cadena, la distribución alimentaria registra un descenso más moderado, 7%. Por su parte, el eslabón intermedio de producción alimentaria muestra una reducción del -24%, reflejando una mejora relevante, aunque todavía condicionada por el entorno de costes y márgenes ajustados.

Las empresas que han entrado en concurso hasta marzo de 2026 presentan, en conjunto, un volumen de facturación significativamente superior al de aquellas que lo hicieron en el mismo tramo del ejercicio anterior. Se identifican tres empresas con una facturación superior a los 40 millones€, mientras que en el primer trimestre de 2025 todas las insolvencias correspondían a compañías con ventas inferiores a los 30 millones. 

Este cambio en el perfil de las empresas afectadas constituye  un indicador relevante de un mayor impacto sectorial, al tratarse de operadores de mayor dimensión y, previsiblemente, con un mayor efecto tractor sobre proveedores, clientes y financiación. En este sentido, los datos sugieren que las incidencias concursales registradas en el inicio de 2026 tienen una mayor capacidad de arrastre sobre el conjunto del subsector de frutas y hortalizas, no tanto por su número como por el tamaño relativo de las empresas implicadas.

El sector presenta históricamente una frecuencia de impagos ligeramente superior a la media nacional, dinámica explicada en gran medida por el comportamiento del subsector de food tra-ding, tradicionalmente más expuesto a tensiones de liquidez y a mayor rotación de clientes. No obstante, en los últimos seis meses se observa una reducción progresiva de este diferencial, hasta situarla frecuencia de impagos del sector agroalimentario en niveles alineados con la media nacional, lo que sugiere una mejora relativa en la disciplina de pagos y en la gestión del riesgo comercial.

En paralelo, las insolvencias han descendido desde el máximo más reciente alcanzado en octubre de 2023. Sin embargo, a partir de agosto de 2025 se detecta una ligera tendencia de crecimiento, lo que apunta a un entorno todavía frágil y a la persistencia de focos de vulnerabilidad financiera en determinados segmentos del sector. 

Si se analiza el comportamiento por subsectores agroalimentarios —agricultura, producción y distribución— se observa un cambio relevante en la dinámica reciente de los impagos. El subsector agricultura, pese a seguir registrando una frecuencia de impago en nivel absoluto más baja, es el que presenta el mayor deterioro relativo desde agosto de 2025, con una tendencia claramente más alcista que la observada en los subsectores de producción y distribución. Esto anticipa posibles tensiones financieras incipientes en el eslabón primario de la cadena.

Entre los factores subyacentes destacan una mayor presión sobre la liquidez, el incremento de la dependencia de proveedores como fuente de financiación, la aparición de retrasos puntuales en los pagos y, en último término, una materialización más tardía de la insolvencia formal. Este patrón sugiere que el riesgo en el subsector agrícola podría estar en una fase temprana de deterioro, lo que refuerza la importancia de un seguimiento preventivo delos indicadores de liquidez y comportamiento de pago, más allá del análisis exclusivo de las cifras absolutas de insolvencia.

La Región de Murcia ha presentado históricamente el índice de impagos más volátil, tanto en comparación con Andalucía y la Comunidad Valenciana como frente a la media nacional, lo que refleja una mayor imprevisibilidad en el riesgo de crédito. Por su parte, un elemento especialmente relevante en la evolución reciente es el deterioro relativo observado en la Comunidad Valenciana desde septiembre de 2025, donde la frecuencia de impagos experimenta un cambio significativo de tendencia, pasando a una dinámica claramente alcista y superando ya la media nacional. Este comportamiento supone una señal de alerta temprana, al tratarse de una región clave en la cadena hortofrutícola y con un elevado efecto arrastre sobre el conjunto del sector.

Las dinámicas recientes del mercado han reforzado las estrategias empresariales de proximidad (nearshoring), orientadas a acercar la producción, el aprovisionamiento y el procesado a regiones geográficamente cercanas, con el objetivo de reducir riesgos y mejorar la resiliencia de las cadenas de suministro. En este contexto, el éxito del sector en los próximos cinco años dependerá en gran medida de la capacidad de inversión en innovación y de la construcción de cadenas de suministro contra cíclicas, basadas en la diversificación de proveedores y mercados, el mantenimiento de inventarios de seguridad, la flexibilidad productiva, la extensión delas campañas agrícolas y la preservación de una estructura financiera sólida.

Como factor adicional de riesgo, el actual conflicto en Oriente Medio está generando un impacto directo en el encarecimiento de la energía, los fertilizantes y el transporte marítimo, inputs críticos para el sector de frutas y hortalizas. La magnitud de su efecto sobre los precios finales dependerá de la duración e intensidad del conflicto. 

Ante la caída sostenida del consumo per cápita, el sector necesita seguir creciendo en valor, lo que convierte a la innovación en un requisito imprescindible, especialmente para la viabilidad de las explotaciones de menor tamaño. La adopción de digitalización, innovación básica, inteligencia artificial, drones y robótica será determinante para mejorar la eficiencia operativa, el control de costes, la trazabilidad y la optimización del rendimiento a lo largo de toda la cadena de suministro.

Además, el calentamiento global seguirá intensificando los riesgos asociados a fenómenos meteorológicos extremos como sequías, inundaciones u olas de calor, haciendo imprescindible avanzar en resiliencia climática mediante nuevas técnicas de cultivo, mejora varietal, tecnologías de precisión y una gestión más eficiente del riego y los insumos para asegurar la productividad a largo plazo.

La escasez de mano de obra constituye un desafío estructural que persistirá en regiones agrícolas clave debido al envejecimiento demográfico, la migración urbana, la estacionalidad y la dureza del trabajo. Aunque las medidas de regularización de inmigrantes pueden aliviar parcialmente esta situación, la mejora de las condiciones laborales será clave para atraer y retener trabajadores. Adicionalmente, el encarecimiento de la vivienda urbana podría incentivar progresivamente la relocalización hacia zonas rurales, contribuyendo a mitigar este déficit.

12May

Pese al entorno geopolítico y a los mayores costes energéticos, el 56% de las empresas esperan que su facturación este año crezca.

Miguel Ángel Valero

Las empresas españolas están sorteando, al menos de momento, las visiones casi apocalípticas sobre el impacto de la guerra en Oriente Medio, especialmente en los costes energéticos y en la inflación, y sobre los aranceles de Trump. Dentro de la prudencia que requiere la evolución del entorno geopolítico, disminuyen tanto los impagos (6 puntos) como las quiebras de empresas (respecto al trimestre anterior, porque interanualmente suben el 10,1%).

El 20% de las empresas españolas confirma que ha sufrido impagos significativos en los últimos doce meses, lo que supone una mejora de seis puntos frente a los niveles de impacto de la morosidad de hace un año, según la oleada de primavera del Estudio de la Gestión del Riesgo de Crédito en España, que impulsan Crédito y Caución e Iberinform.

El 76% de las empresas españolas percibe el impacto del entorno económico en el riesgo de crédito de su cartera comercial. Los efectos de las nuevas tensiones geopolíticas y el aumento del precio del petróleo derivado de la guerra de Irán se han situado entre los principales factores que están afectando a la solvencia de los clientes. Así, la evolución de los costes energéticos se sitúa como el principal elemento perturbador (38%), muy por encima de los valores que registraba hace un año (24%). Lo mismo ocurre con el entorno geopolítico, identificado por el 38% de las empresas como causa de deterioro del comportamiento de pago, frente al 22% que representaba en la oleada de primavera de 2025. 

Les siguen en importancia la evolución de la inflación (37%), la evolución de la demanda (28%), los problemas en la cadena de suministro (23%) y la evolución de los costes financieros (20%). El impacto de los nuevos aranceles, a pesar de su presencia actual en el debate económico, es solo citada por el 9% de las empresas.

En este complejo contexto del riesgo de crédito que dibuja el estudio, el 16% del tejido productivo ha registrado una disminución de sus ventas en los últimos 12 meses. El 61% de las empresas ha registrado algún tipo de crecimiento. Las empresas muestran su confianza en que podrán mantener esta dinámica en 2026. Destaca muy positivamente que un 56% de ellas espera que sus niveles de facturación sigan remontando, dos puntos por debajo a los niveles de 2025. Por su parte, un exiguo 10% espera que este ejercicio sea peor que el anterior en términos de ingresos.

Aumento del 7,6% de los deudores concursados

Durante el primer trimestre de 2026 el número de deudores concursados ha sido de 16.556, lo que supone un descenso del 6,1% respecto al trimestre anterior, y un incremento anual del 7,6%, según los datos del Colegio de Registradores. En cuanto a los concursos de personas jurídicas empresas, estos han experimentado un descenso del 10,3% respecto al mismo período del año anterior. Este trimestre los concursos de personas físicas constituyen el 91% del total de deudores concursados, con un total de 15.061. 

En cuanto al tipo de concurso, se han contabilizado 16.505 procedimientos voluntarios, lo que representa una disminución de un 6,1% respecto al cuarto trimestre de 2025. Asimismo, durante el primer trimestre de 2026 tan solo se ha registrado un concurso consecutivo, solicitado en este caso por el mediador concursal. En cuanto a los concursos necesarios, también se han reducido, registrándose únicamente 50 casos, un 3,8% menos que el trimestre anterior. 

Atendiendo a la clase de procedimiento, los concursos sin masa han experimentado una caída del 6,6 % en el trimestre y han supuesto un 85,4% del total. Paralelamente, los procedimientos ordinarios también han disminuido, presentando un descenso del 5,2% (un 11,4% del conjunto). Se han registrado 531 aperturas de procedimientos especiales para microempresas, lo que supone un incremento del 3,9% en comparación con el trimestre anterior.

Durante el primer trimestre se han iniciado 16.556 procedimientos concursales, de los cuales 1.495 correspondieron a personas jurídicas empresas, lo que supone el 9% del total, mientras que los 15.061 restantes fueron solicitados por personas físicas (91%). Dentro de este último grupo, 1.531 personas desarrollaban alguna actividad empresarial o profesional, representando un 9,2% del total de procedimientos y el 10,2 % de las personas físicas concursadas. En términos interanuales, el número de personas jurídicas empresas que han iniciado algún tipo de procedimiento concursal ha experimentado una contracción del 10,3 % durante el primer trimestre de 2026. Atendiendo a la forma jurídica, las Sociedades de Responsabilidad Limitada concentran la gran mayoría de los concursos de empresas, con el 91,9% del total (1.373 casos). Por lo que respecta al volumen de negocio, se observa que el 48,2% de las empresas analizadas se concentró en el tramo más bajo de facturación, con ingresos anuales que no superaron los 250.000€, mientras que tan solo una reducida proporción, equivalente al 1,9% del total, logró alcanzar cifras de facturación superiores a los 5 millones€.

El 24,3% de las empresas concursadas tienen como actividad económica principal el Comercio, el 15,3% la Construcción, y el 10,8% la Hostelería. En relación con el número de asalariados, el 45,4% del total de empresas concursadas cuenta con menos de dos trabajadores, y dentro de este grupo, el 51,2% no tiene ningún asalariado.

El 20,6% del total de empresas que ha entrado en concurso durante el primer trimestre tiene una antigüedad de 20 o más años. Mientras que, el 57,9 % tiene ocho o menos años de antigüedad. Por sectores, en Hostelería el 58,4 % de las empresas concursadas tiene menos de cuatro años de antigüedad, seguida por las empresas dedicadas al Resto de Servicios con el 50 %. Por su parte, en Industria y energía, el 38 % de las concursadas tiene veinte o más años de antigüedad.

Durante el primer trimestre de 2026, y en línea con lo observado en trimestres anteriores, las comunidades autónomas que han registrado un mayor número de deudores concursados han sido Cataluña (4.027), la Comunidad de Madrid (2.664), Andalucía (2.252) y la Comunitat Valenciana (1.865). En conjunto, estas cuatro comunidades concentran aproximadamente el 60,9% del total de casos. 

Castilla y León (-25,9%), Cantabria (-12%), Navarra (-10,7%), Aragón (-7,8%) y Madrid (-2,6%) son las únicas comunidades autónomas que presentan descensos interanuales. En el extremo opuesto, Ceuta y Melilla, Illes Balears y Canarias registraron los mayores incrementos interanuales, con aumentos del 108,3%, 81,7% y 77,6 %, respectivamente.

BCE: las empresas españolas que suben ventas bajan 6 puntos

El porcentaje neto de empresas españolas que señalaron un aumento de sus ventas entre enero y marzo fue positivo (10%), aunque inferior, en seis puntos al declarado tres meses antes, según la 38ª edición de la Encuesta sobre el acceso a la financiación de las empresas del área del euro (SAFE, por sus siglas en inglés) del Banco Central Europeo (BCE).  Por su parte, la proporción neta de compañías que señaló un crecimiento de sus costes, tanto laborales como de otro tipo, se situó en un 71% y 69% respectivamente, niveles considerablemente elevados y por encima de los registrados tres meses antes (47% y 52%). En este contexto, el porcentaje neto de empresas que informaron de un aumento de los beneficios fue negativo, lo que no ocurría desde el primer trimestre de 2024, situándose en un -6%.

Por tamaños, las compañías grandes registraron una evolución favorable de las ventas en el primer trimestre de 2026, aunque con un porcentaje algo menor al del trimestre previo, mientras que las pymes reflejaron un leve descenso de la facturación. En el caso de los beneficios se observa una fuerte disparidad por tamaños, pues el porcentaje neto de empresas grandes en las que aumentaron los resultados fue positivo (un 24%) y mayor que el registrado el trimestre previo (11%), mientras que las pymes continuaron declarando mayoritariamente una caída de sus beneficios, con un porcentaje neto del -21%, 15 puntos más que en el trimestre anterior. 

El proceso de desendeudamiento de las empresas españolas ha continuado, a un ritmo algo superior al del trimestre previo. Así, la proporción neta de compañías españolas que señalaron un descenso entre enero y marzo de su ratio de endeudamiento (medido como el cociente entre el total de deudas y los activos) fue del 12%, frente al 9% registrado en la edición anterior. Este desendeudamiento se ha registrado tanto en el segmento de pymes como en el de las empresas grandes. 

Las necesidades de financiación bancaria se redujeron ligeramente entre enero y marzo. Como consecuencia de ello, la proporción de empresas que solicitaron préstamos bancarios se redujo 3 puntos, hasta situarse en un 22%. Al mismo tiempo, la percepción de las empresas sobre la disponibilidad de préstamos bancarios continuó mejorando, aunque lo hizo de forma moderada, y a un ritmo menor que en el trimestre previo. Así, un 3% de compañías, en términos netos, informó de una mejoría en este aspecto, 2 puntos menos que en la encuesta anterior. 

Las empresas observaron un efecto positivo de la mayoría de los factores que afectan a la oferta crediticia, si bien en casi todos los casos los porcentajes fueron más reducidos que en el trimestre previo. En particular, destacan el impacto favorable asociado a la mayor disposición de las entidades bancarias a otorgar préstamos, percibido por un 10% de compañías, en términos netos, y al historial crediticio de las empresas, señalado por un 12% en términos netos. En sentido contrario, destaca el fuerte incremento registrado en el porcentaje neto de empresas que consideraban que las perspectivas económicas generales dificultaban el acceso al crédito, que aumentó 19 puntos porcentuales, hasta situarse en un 34%. 

El desglose por tamaños evidencia que tanto las pymes como las grandes empresas percibieron una mejoría de la disponibilidad de préstamos bancarios, más intensa en el caso de las pymes, mientras que en las grandes compañías la mejoría fue muy leve (1%) y claramente inferior al porcentaje neto registrado tres meses antes (15%). 

Por otra parte, de entre el grupo de empresas que se planteó solicitar crédito bancario, la proporción de aquellas que tuvieron dificultades para obtenerlo se redujo casi tres puntos en el primer trimestre de 2026, hasta situarse en un 4,5%. Este descenso se explica, principalmente, por la menor proporción de empresas que no solicitaron crédito por pensar que no se lo iban a conceder (demanda desanimada), que pasó de un 5,2% a un 2,1%, y a pesar del aumento de solicitudes rechazadas, que pasaron de un 0,9% a un 1,7%. El descenso en el indicador de dificultades para obtener préstamos bancarios se observó solo en el segmento de pymes, ya que en las empresas grandes creció ligeramente, 1,3 puntos, hasta situarse en un 4,8%.

En cuanto a las condiciones aplicadas, un 27% de empresas, en términos netos, informó de un aumento en los tipos de interés, lo que sucede por primera vez después de seis trimestres consecutivos registrando descensos. Al distinguir por tamaño, se observa que tanto las pymes como las compañías más grandes señalaron un incremento del coste de financiación. También habrían aumentado en el primer trimestre tanto las garantías requeridas como otros costes distintos de los tipos de interés. En cambio, las empresas se habrían beneficiado de una ampliación de los importes concedidos y de los plazos de vencimiento. Finalmente, en cuanto a las expectativas, un 2% de las empresas, en términos netos, anticipaban que continuaría mejorando su acceso a la financiación bancaria en el segundo trimestre de 2026. 

14Apr

El porcentaje de empresas a las que se paga en un plazo de 30 días ha descendido del 10% al 7% desde el inicio del conflicto, mientras que el de aquellas que esperan más de 70 días ha aumentado del 15% al 24%. Además, el 43% de las empresas prevé que las condiciones de pago se deterioren en el medio y largo plazo, 5 puntos más.

Miguel Ángel Valero

El Allianz Trade Global Survey 2026 subraya que la situación en Oriente Medio no ha frenado las expectativas de crecimiento de las exportaciones, aunque sí ha modificado el panorama de riesgos tras un año de guerra comercial. "El 75% de los exportadores espera un crecimiento positivo de las exportaciones para 2026. El impacto del conflicto en Oriente Medio parece moderado, sobre todo si lo comparamos con la crisis arancelaria de 2025, donde las expectativas descendieron 40 puntos porcentuales. No obstante, este optimismo podría desvanecerse rápidamente si se prolongase la situación”, explica Aylin Somersan Coqui, CEO de Allianz Trade

“De hecho, las empresas vietnamitas, americanas y españolas han mostrado una pérdida de más de 10 puntos porcentuales de confianza debido al conflicto, mientras que las corporaciones chinas lo hicieron en 9 puntos. El riesgo geopolítico y político se ha situado como la principal amenaza para el 65% de las empresas, superando a la complejidad y concentración de la cadena de suministro, con un 45%, que fue la principal preocupación en 2025 con motivo de la guerra comercial. Los problemas relacionados con el suministro, como la quiebra de proveedores y la escasez de insumos, han subido al segundo puesto, con el 57%. Sin embargo, menos de una cuarta parte de las compañías han mostrado preocupación por las repercusiones del conflicto en la energía o el transporte marítimo: o bien confían en sus mecanismos de respuesta, o esperan que el conflicto sea de corta duración”, señala.

Pese a esta confianza, el impacto de la situación en Oriente Medio está endureciendo las condiciones de financiación comercial. Los plazos de pago se están alargando y, según el estudio, el porcentaje de empresas a las que se paga en un plazo de 30 días ha descendido del 10% al 7% desde el inicio del conflicto, mientras que el de aquellas que esperan más de 70 días ha aumentado del 15% al 24%. Además, el 43% de las empresas prevé que las condiciones de pago se deterioren en el medio y largo plazo, lo que supone un incremento de 5 puntos respecto a antes del conflicto.

Además, el riesgo de impago también se ha agravado: el porcentaje de organizaciones que espera un mayor riesgo ha aumentado hasta el 40%, lo que refleja un incremento de 6 puntos respecto a antes del conflicto. Por sectores, los más expuestos según la muestra son el farmacéutico, la construcción y el de informática/telecomunicaciones, mientras que las empresas de mayor tamaño se enfrentan a ciclos de pago más largos.

España, una posición estratégica con foco en Latinoamérica

“España ocupa una situación estratégica, como actor consolidado, al igual que Francia y Alemania, en su posicionamiento ante los acuerdos de libre comercio y las cadenas de suministro, pero cuenta con un corredor de influencia hacia Latinoamérica único que ningún otro país de Europa Occidental posee. Su exposición comercial está orientada, por tanto, al Atlántico y no a Oriente Medio, lo que explica por qué España ha sido, en gran medida, inmune al impacto de la guerra de Irán”, indica Lluís Dalmau, Economista de Allianz Trade. 

Tras el conflicto bélico, el riesgo de impago entre las corporaciones españolas tan solo aumentó 1,6 puntos, el segundo menor incremento de toda la muestra. Una reacción notablemente distinta a la registrada por la economía nacional tras el “Día de la liberación” de 2025, donde la preocupación por el riesgo de impago pasó del 32% al 51%.

“En este contexto, los riesgos más relevantes para España proceden del oeste, con la inestabilidad en Latinoamérica y los aranceles estadounidenses que afectan a México y Brasil, y de su incapacidad estructural para relocalizar producción”, concluye el experto.

Respecto al riesgo de impago, según el informe difundido por Solunion, el 38% de las compañías españolas esperaba un aumento del riesgo de impago antes de la guerra de Irán, mostrando a su vez un incremento mínimo mencionado de 1,6 puntos porcentuales tras el conflicto bélico, y situándose en un 39,5%. Según datos de la Global Trade Survey, este aumento se sitúa por debajo de la media global del estudio, que reflejó una subida de 6,3 puntos. Asimismo, el 45,8% prevé un aumento de los plazos de pago en exportación y el 39% ha dejado de exportar debido a fricciones fronterizas.
Además, el 46% de las empresas españolas espera que sus plazos de pago en exportación se alarguen en los próximos 6-12 meses, frente al 38,7% registrado antes de la guerra de Irán, lo que refleja el mayor incremento porcentual entre los países de Europa Occidental.

“El contexto global, donde la incertidumbre y los distintos conflictos geopolíticos impactan de manera decisiva en la actividad comercial, exige que las compañías cuenten con herramientas que permitan anticipar los distintos riesgos que pueden afectar a su negocio”, señala Yamil Nazur, Director de Riesgos e Información de Solunion España. “La flexibilidad y la monitorización constante son esenciales para aquellas empresas que quieran seguir creciendo, tanto en el mercado nacional como en el de exportación”, concluye.

Entre los países de la zona euro, España muestra las expectativas de aceleración de la relocalización más elevadas antes de la guerra. De hecho, el 25% de las empresas españolas esperaba que este proceso se acelerara, un porcentaje superior al reflejado en los datos de Francia (14%), Italia (15%) o Alemania (16%). En 2026, el consenso más amplio sobre la relocalización (empresas que esperan que se acelere o continúe el proceso) alcanza el 72%, por encima de Francia (66%), Alemania (64%) e Italia (64%). La guerra de Irán apenas ha alterado estas expectativas de aceleración de la relocalización, con un incremento de 2 puntos porcentuales, frente a los 14 señalados por las empresas francesas o los 12 de las de Reino Unido.

En este sentido, el 88% de las compañías españolas cita la disponibilidad del ecosistema de proveedores como una barrera para materializar esa intención, situándose en el valor más alto de todo el estudio.

Las empresas españolas indican su predilección por Latinoamérica como destino para la relocalización y foco de sus cadenas de suministro y flujos de exportación, un patrón estable durante las sucesivas ediciones de la encuesta. “Sin embargo, esta concentración genera un riesgo de crédito estructural que no existe para los países más centrados en la Unión Europea. Brasil, México y Argentina, los tres principales mercados latinoamericanos para España, presentan niveles de riesgo superiores en términos de impago por parte de los compradores, volatilidad de los tipos de cambio y disrupción europea frente a las contrapartes europeas”, señala Lluís Dalmau.

La guerra comercial ha reducido el atractivo de EEUU para los exportadores: solo el 13% lo considera un mercado en crecimiento. En un contexto de reconfiguración de las cadenas de suministro y de los recientes acuerdos de libre comercio, Europa y Asia se sitúan como prioridades para el crecimiento en el futuro, ya que las empresas buscan cada vez más estabilidad y apertura de los mercados.

El interés por Europa como destino de exportación ha crecido de forma generalizada, donde los exportadores de Singapur (+10 puntos respecto a 2025) y EEUU (+9 puntos) reflejan los mayores aumentos de dicho interés. Por su parte, Asia se mantiene como destino exterior predilecto, aunque el atractivo de inversión de China se ha desplomado. Solo el 23% de las compañías planea aumentar su presencia en el país (-30 puntos respecto a 2025), aunque solo el 10% está planeando activamente su salida.

“Las oportunidades de crecimiento se ven reforzadas por una oleada de nuevos acuerdos comerciales: el 93% de las empresas tiene previsto expandirse tras la firma de los nuevos tratados, como los de India-UE y Mercosur-UE, donde India, Brasil, Vietnam y Francia se presentan como mercados prioritarios. Sin embargo, el potencial de estos acuerdos sigue estando limitado: las barreras no arancelarias, en especial los requerimientos de licencia y certificación, siguen siendo el principal obstáculo que impide a las empresas transformar el acceso a los acuerdos comerciales en un crecimiento real de las exportaciones”, concluye Ana Boata, Jefa de Estudios Económicos de Allianz Trade.

Iberinform: el empleo crecerá mucho menos que la facturación

Por otro lado, las empresas españolas muestran estabilización en la creación de empleo en 2026, ya que el 84% no prevé cambios en sus plantillas a lo largo del ejercicio. Sólo el 15% del tejido productivo espera registrar crecimientos, un porcentaje similar al que presentaban en los dos últimos años. Solo un 1,3% tiene expectativas de retroceso, según una investigación de Iberinform.

El dato de incremento de puestos de trabajo se sitúa, sin embargo, muy por detrás de la tasa de empresas que prevé registrar crecimientos en su facturación (46%). La diferencia de más de 30 puntos refleja que las estrategias de crecimiento en un entorno económico incierto tienden a priorizar metodologías flexibles y escalables, como la mejora de procesos y la inversión en tecnología.

Los mayores porcentajes de empresas que esperan crecimientos de sus plantillas se dan en los sectores con un uso más intensivo de la mano de obra como hostelería (30%), servicios a empresa (19%), primario (19%), educación (18%)  y construcción (18%). Los menores porcentajes se dan en comercio (11%), industria (12%) y transporte (14%). 

En todas las ciudades y comunidades autónomas el porcentaje de empresas que vaticinan incrementos de plantilla supera al de las que trabajan con escenarios de caída, pero las diferencias son significativas. Los porcentajes más elevados de empresas que trabajan con escenarios de crecimiento de plantilla se dan en Baleares (20%), Madrid (18%) y Canarias (18%), seguidas de Murcia, Comunidad Valenciana, Castilla y León, Castilla la Mancha, Andalucía y Cataluña (15%). Los porcentajes caen sensiblemente en La Rioja (9%), Navarra (10%), Asturias (10%), Aragón (12%), Cantabria (12%) y Galicia (12%). 

15Dec

“España debe responder con estrategia, no con resignación. Es necesario proteger a corto plazo a los sectores más expuestos, pero también convertir este nuevo contexto en una oportunidad para ganar presencia internacional con productos de mayor innovación y valor añadido”, subraya el Club de Exportadores.

Miguel Ángel Valero

La inflación y los costes emergen como nuevos desafíos para las empresas españolas. En un momento marcado por la nueva escalada del Índice de Precios al Consumidor (IPC) el 56% de las empresas reconoce durante el tercer trimestre que va a subir los precios  de sus productos durante 2026, como reacción al encarecimiento registrado en bienes como la energía y las materias primas, y también a los aranceles.

Así lo acredita la última edición -referente al tercer trimestre de 2025- del International Business Report (IBR), el informe elaborado por Grant Thornton a partir de una encuesta que analiza las expectativas y preocupaciones de las empresas del middle-market (en España, entre 50 y 3.000 empleados), a escala global y nacional. 

En esta edición, las expectativas de subir precios por parte de las empresas medianas han alcanzado el máximo histórico de la serie. Entre el segundo y el tercer trimestre, las expectativas de subir precios han crecido 7 puntos en España, que además refleja una tasa más elevada en este indicador que el dato de la Unión Europea (50%) y el global (53%).  

El dato refleja la tendencia que mantiene la inflación en España. En noviembre, el IPC alcanzó el 3% en España, según los datos adelantados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). En el conjunto de la Eurozona, este indicador se situó 8 décimas por debajo, en el 2,2%. 

De igual forma, crece la inquietud por el encarecimiento de las materias primas (49%, nueve puntos más que en el segundo trimestre) y los costes de envío de mercancías (43%, cuatro puntos más). Unos niveles por encima de la media europea (43% y 39%, respectivamente). 

Repercusión de los aranceles sobre la internacionalización 

Más allá de la subida de los costes y la presión sobre los márgenes empresariales, la última edición del IBR refleja una desconexión entre el boyante crecimiento macroeconómico y las perspectivas empresariales en España. El porcentaje de directivos que considera que la economía mejorará en el próximo año se sitúa en el 59%, mínimos desde 2023. En el último año, el optimismo empresarial se ha desplomado diez puntos. Mientras tanto, en Europa se estabiliza, y marca máximos históricos a nivel global (75,7%); motivado por el resultado final de la guerra comercial, que no ha sido tan crítica como parecía en un primer momento.

En este contexto, las empresas señalan como palancas críticas la estabilidad regulatoria y la calidad institucional. La percepción de la regulación y la burocracia como barrera al crecimiento aumenta hasta el 47,8%, a la par que ganan peso la incertidumbre económica (54%) y las perturbaciones geopolíticas (49%). El 42% de los empresarios reclama una mayor simplificación administrativa y burocrática. De manera similar, ven relevante la reducción de carga fiscal a las empresas (40,4%), el impulso de la formación profesional y reciclaje (40%), un paquete de apoyo a sectores afectados por la guerra arancelaria (40%) y una bajada en las cotizaciones sociales (35,3%).

A nivel exterior, la guerra arancelaria está empezando a tener repercusión real sobre la internacionalización de las empresas españolas. El déficit comercial de España con Estados Unidos se situó en los nueve primeros meses del año en 10.785,6 millones€, cifra un 38,7% superior al saldo negativo de 7.772,4 millones de euros del mismo periodo de 2024.

Las exportaciones cayeron un 30% en agosto y un 7,4% hasta septiembre. Es cierto que España ha elevado a doble dígito sus exportaciones a Hong-Kong, Vietnam y Emiratos Árabes, pero estas cifras no cubren por el momento la caída de exportaciones hacia Estados Unidos recogida en los últimos meses. 

Aumento de los salarios, pero falta mano de obra

El middle‑market mantiene, eso sí, su apuesta por el empleo. La expectativa de aumentar plantilla mejora hasta el 48%. Tras dos trimestres consecutivos a la baja, el porcentaje de empresas que prevé un incremento real (por encima de la inflación) de los salarios vuelve a crecer. Según un informe publicado recientemente por Randstad, los salarios repuntarán un 5% en 2026 debido a la falta de mano de obra y la inflación.  En este sentido, la última edición del IBR demuestra que el porcentaje de empresas preocupadas por la falta de mano de obra también crece hasta el 46%. 

La estimación de rentabilidad repunta tres puntos frente al trimestre previo (del 50,9% al 53,7%). Eso sí, continúa por debajo del mismo periodo de 2024 y de la media global. En cuanto a facturación, el porcentaje de compañías que espera crecer en los próximos 12 meses se mantiene en niveles similares al trimestre anterior (57,2%), pero con una tendencia a la baja desde mediados de 2024.
Implantación de la Inteligencia Artificial 

Pese a la inestabilidad, las empresas del middle-market mantienen una apuesta estratégica por la sostenibilidad, la innovación y la digitalización. El 60% de las compañías encuestadas mantienen su intención de llevar a cabo inversiones en digitalización, y el 44,4% en ciberseguridad. 

La implantación de la Inteligencia Artificial avanza con rapidez, y el 38% de las empresas españolas reconoce utilizar la IA en su operativa diaria y otro 47% asegura que la usa pero su uso todavía no está muy extendido.

“Estamos viviendo un momento determinante en España, porque las amenazas son cada vez más crecientes y las empresas necesitan adaptar sus sistemas ante el nuevo entorno”, Cristina Muñoz-Aycuens, explica la socia de Ciberseguridad de Grant Thornton.

Además de ello, otras apuestas de inversión siguen siendo la marca, la sostenibilidad y los espacios de trabajo. Este último indicador crece seis puntos respecto al trimestre anterior, lo que consolida la tendencia de un teletrabajo limitado entre las empresas del middle-market. 

El Club de Exportadores exige ayudas para los afectados por el acuerdo EEUU-UE

Por su parte, el Club de Exportadores e Inversores Españoles ha publicado una Nota Técnica, elaborada por Rafael Pampillón, catedrático de la Universidad CEU San Pablo y de IE University, en la que se analizan las consecuencias del acuerdo comercial alcanzado en julio entre EEUU y la UE. La Nota destaca que el pacto ha devuelto estabilidad a las relaciones transatlánticas tras meses de tensiones arancelarias, aunque a un precio significativo para la competitividad de las exportaciones europeas.

Según el análisis, Estados Unidos impone hasta un 15% de arancel a los bienes procedentes de la UE, muy por encima del 4,5 % previo, mientras que Bruselas mantiene en el 0% los aranceles a los productos industriales estadounidenses. “Europa ha comprado estabilidad a cambio de aceptar un trato asimétrico”, afirma Pampillón, quien subraya que el acuerdo “rompe con el principio tradicional de reciprocidad y refuerza la dependencia europea de EEUU en energía, tecnología y seguridad”.

Esta asimetría, explica el experto, permite evitar una guerra comercial y desactiva la amenaza de aranceles extremos —como el 30% general que llegó a plantearse—, lo que proporciona previsibilidad para las empresas europeas. “Aunque un arancel del 15 % perjudica la competitividad, sigue siendo manejable y permite mantener la presencia en el mercado estadounidense”, apunta. 

La Nota Técnica señala que el impacto global para España será moderado, ya que solo alrededor del 5% de las exportaciones españolas de bienes se dirigen a EEUU, una de las proporciones más bajas entre los países europeos. España mantiene, además, una estructura comercial particular con EEUU: suele registrar déficit en mercancías, pero superávit en servicios, especialmente gracias al turismo. “A los servicios no se les pueden poner aranceles”, recuerda Pampillón, por lo que esta fuente de ingresos seguirá actuando como amortiguador del impacto negativo. No obstante, el acuerdo sí genera focos de riesgo en sectores clave, entre otros:

  • Automóvil: El arancel medio pasa del 5 % al 15 %, lo que afecta directamente a la competitividad del sector automoción y componentes.
  • Aceite de oliva: El sector evita el escenario extremo del 30 %, pero el nuevo marco mantiene incertidumbre.
  • Vino: La Federación Española del Vino advierte de un posible desplazamiento de productos europeos en favor de competidores con menor carga arancelaria.

“El nuevo marco comercial introduce desafíos en sectores donde España compite directamente con países que mantienen aranceles más bajos, como Marruecos o Turquía”, subraya Pampillón. Además, el compromiso europeo de aumentar las compras de gas y petróleo estadounidenses podría mantener los precios energéticos elevados, añadiendo presión a la inflación en las economías europeas. 

La Nota Técnica propone varias líneas estratégicas para afrontar la nueva situación. En primer lugar, destaca la necesidad de diversificar mercados y alianzas comerciales, impulsando la apertura de nuevos destinos de exportación —como Mercosur o países asiáticos como India e Indonesia— y reforzando los acuerdos ya existentes con México, Canadá, Japón o Corea. 

También subraya la importancia de ofrecer apoyo a los sectores más afectados, como el agroalimentario, el automóvil o el químico, que podrían requerir medidas de acompañamiento. 

Insiste en que la mejora de la competitividad será clave: la innovación, la calidad y la diferenciación resultan esenciales para que los consumidores estadounidenses sigan eligiendo productos españoles pese al incremento de costes. 

El análisis señala que la eliminación de aranceles europeos a los bienes industriales estadounidenses abre la puerta a aprovechar nuevas oportunidades, permitiendo importar maquinaria, equipos y piezas a precios más competitivos y ofreciendo margen para renegociar contratos o diversificar proveedores. “España debe responder con estrategia, no con resignación”, concluye Pampillón. “Es necesario proteger a corto plazo a los sectores más expuestos, pero también convertir este nuevo contexto en una oportunidad para ganar presencia internacional con productos de mayor innovación y valor añadido”. 

Constructoras: el 42%, en riesgo elevado de impago

De acuerdo con los datos que ofrece Insight View, de Iberinform, el 42% de las constructoras dedicadas a la edificación residencial y no residencial se encuentra en un nivel máximo o elevado de impago, lo que supone un ligero empeoramiento con respecto a los niveles de 2024. El desempeño del sector está marcado por la falta de mano de obra cualificada, las dificultades de acceso a la financiación, la pérdida de dinamismo de los visados de obra nueva y el impacto de las variaciones de precio de los materiales de construcción en los márgenes comerciales.

El sector muestra una fuerte atomización, con un 97% del tejido compuesto por micro y pequeñas empresas. Las grandes empresas apenas representan el 0,3% del total. De acuerdo con los datos que ofrece Insight View, las constructoras de edificios residenciales y no residenciales se concentran en las provincias de Madrid (16%), Barcelona (11%), Baleares (7%), Alicante (6%), Valencia (6%), Málaga (4%) y Sevilla (3%). De las primeras provincias del sector por tamaño, Baleares presenta el mayor deterioro del riesgo de crédito: el 61% de las constructoras de edificios del archipiélago (tres puntos más que hace un año) se encuentra en un nivel máximo o elevado de impago. Le siguen Málaga (56%) y Madrid (47%). Los menores ratios se registran en Murcia (36%), Alicante y Sevilla  (38%) y Barcelona (40%).

El 54% de las empresas del sector cuenta con menos de 10 años. La antigüedad es un factor relevante en el riesgo de crédito: entre las empresas que se encuentran en su primera década, el 51% se encuentra en un nivel máximo o elevado de impago. Este porcentaje cae sensiblemente, hasta el 31%, entre las empresas entre los 11 y los 25 años y al 32% entre las de más de 25.

Acero: los aranceles de EEUU redirigen exportaciones hacia la UE

Por otra parte, un informe elaborado por Iñaki Ballesteros, coordinador de Analistas Zona Norte de Solunion España, recuerda que en 2013 la Comisión Europea presentó un plan de acción para una industria del acero competitiva y sostenible. El sector se encontraba entonces en una situación muy difícil, agravada por la crisis económica. La UE era el segundo mayor productor de acero del mundo, con una cuota global del 11% en un mercado ya globalizado, donde la débil demanda y la sobrecapacidad se convertían en el principal reto de la industria, al tiempo que se enfrentaba a unos precios de la energía elevados y a la necesidad de invertir para ajustarse a las exigencias de la economía verde. Doce años más tarde, estos retos, lejos de controlarse, se han agravado, en perjuicio de los mercados más maduros: UE, Norte América y Japón.

India ha adelantado a la UE como segundo productor mundial, y la sobrecapacidad global está ejerciendo una presión enorme sobre las importaciones, tanto en términos de precios como de volúmenes. Desde 2014, las importaciones han aumentado alrededor de un 70%. Durante los últimos años, China ha sido el principal actor internacional, inundando los mercados y exportando deflación ante la desaceleración de su mercado doméstico, con una demanda incapaz de absorber la producción interna que, a su vez, está subsidiada por el Estado. 

Como consecuencia de ello, la industria siderúrgica de la UE ha perdido una capacidad de más de 30 millones de toneladas (-15%). La tasa de utilización de la capacidad está en torno al 67 % en 2024, cuando se considera necesario un 80% para mantener unos niveles de rentabilidad razonables. 

Además, la introducción en junio de 2025, por parte de EEUU, de un arancel del 50% a las importaciones de acero y aluminio no solo está afectando negativamente a los productores europeos al limitar el acceso al mercado estadounidense, sino que también aumenta la presión de las exportaciones previamente destinadas a EEUU que son redirigidas hacia la UE. Se espera que el problema de sobrecapacidad aumente en los próximos años, con políticas de exportación más agresivas hacia la UE, siendo este el principal mercado de importación a nivel mundial por volumen, y uno de los más atractivos por precios.

Estos aumentos de capacidad no se corresponden con la demanda esperada, que se mantiene en niveles prácticamente planos en Europa, en un entorno de baja actividad. Esta situación presiona a la baja los precios, con unos costes de producción superiores a la mayor parte de terceros países, y evidentemente daña la competitividad de la industria europea.

En este contexto, desde julio de 2018 la Unión Europea ha venido aplicando medidas de salvaguarda en la industria, que legalmente expirarán el 30 de junio de 2026 (no pueden extenderse más allá de 8 años según la OMC), basadas en cuotas de importación específicas por país para los socios comerciales y otras cuotas residuales donde se incluye a los demás países no socios, con volúmenes de importación a la UE más pequeños. Fuera de estas cuotas, liquidables trimestralmente, se aplica un arancel del 25% a todas las importaciones.

La nueva propuesta de la Comisión Europea presentada en octubre 2025 endurece notablemente las barreras de protección, incluyendo los siguientes puntos:

  • La cuota libre de arancel se reduce a 18,3 millones de toneladas, lo que representa una reducción aproximada de -47% respecto a 2024.
  • Las importaciones que queden fuera de la cuota libre quedarán sujetas a un arancel del 50%.
  • Requisito de fundición (pour&melt): la norma exigirá a los importadores proporcionar evidencia del país donde se fundió el acero para mejorar la trazabilidad y evitar fraudes en la aplicación de las cuotas.

En julio de 2021, la Comisión Europea presentó una propuesta como parte de su iniciativa “Fit for 55”, que tenía como objetivo alcanzar una reducción neta del 55% de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) para 2030 y alcanzar la neutralidad climática en 2050. 

La propuesta incluía un Mecanismo de ajuste en frontera por carbono (CBAM) y revisiones al Sistema de comercio de emisiones de la UE (ETS). El CBAM es un instrumento de política ambiental que busca aplicar a los productos importados los mismos costes del carbono en que incurrirían las instalaciones que operan en la UE. De este modo, reduce el riesgo de deslocalización por traslado de la producción a países con políticas medioambientales menos ambiciosas. Actualmente, la industria europea intensiva entrega derechos de emisión por cada tonelada de CO2 emitido. Dado que un porcentaje cada vez mayor de estos derechos se compran en subastas o en el mercado secundario, estos productores tienen que hacer frente a un «precio del carbono» sobre la base de sus emisiones. Sin embargo, en muchos países los productores no están sujetos a esta obligación. Con el fin de proteger a la industria en este periodo de transición hacia el acero verde, los fabricantes europeos han estado recibiendo una buena parte de sus derechos de emisión de forma gratuita. Sin embargo, a partir de 2026 se acelera la eliminación de la “asignación gratuita” de derechos de CO2 con su eliminación total en 2035. 

El CBAM busca que los importadores asuman unos costes del carbono similares a los fabricantes europeos y no dañar la competitividad de la industria local. De este modo, el importador de la UE debe declarar antes del 31 de mayo de cada año la cantidad de bienes y las emisiones incorporadas en dichos bienes importados a la UE durante el año anterior y, al mismo tiempo, debe comprar el número de certificados CBAM que corresponda a la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero incorporadas en los productos, cuyo precio estará vinculado a los ETS (Emission Trading System).

En ambos casos, los efectos inmediatos que veremos con las nuevas medidas de protección del comercio y del medio ambiente son:

  • Fuerte reducción de las importaciones, que algunos organismos calculan en torno al 30%, y que va a impulsar una subida de precios (~100€/150€ tonelada) por parte de las acerías europeas. 
  • Mayor presión sobre los centros de transformación del acero y sectores downstream, que van a tener que trasladar el incremento de precios a un mercado actualmente deprimido. Adicionalmente, hay un repunte de las importaciones previo a la implementación de estas medidas y ante la previsible subida de precios que conllevaran, que supone un volumen adicional que el mercado va a tener que digerir en los primeros meses del 2026.

España ocupa el puesto 17 en el ranking mundial, con 11,9 millones de toneladas producidas en 2024, un 3,7% más que en 2023. En los últimos 10 años ha perdido una posición y un 16% de su producción. El consumo aparente creció un 6,5% en 2024 hasta los 13,5 millones de toneladas, su mejor cifra desde 2018, aunque gran parte del crecimiento favoreció a proveedores extracomunitarios, que aumentaron su cuota hasta el 34,5 % del consumo nacional. También se detectó un mejor comportamiento de productos planos (+9,5%) frente a los largos (+3,7%).El Indicador de Coyuntura Industrial (ICI) muestra niveles de actividad bajos, aunque estables. Con datos a octubre, la producción de acero en los 10 primeros meses del 2025 se mantiene ~ +1%, con un impacto limitado de los aranceles del 50% aplicados por Estados Unidos desde junio de 2025: España exporta unas 250.000 toneladas de acero al año a EE. UU., con un valor de alrededor de 400 millones de € en 2024 (~ 3,5% del total de exportaciones de acero).

El principal reto es la rentabilidad. En un sector intensivo en capital, tanto por inversiones como por costes de producción, y que soporta una enorme presión de las importaciones, es complicado mejorar la rentabilidad cuando la demanda no soporta una subida de precios. Dentro del sector en España, vemos la fabricación y distribución de tubo como la más perjudicada en este momento. Es una industria muy pegada al ciclo y con sobrecapacidad estructural. Se espera que las nuevas medidas que aplicará la UE a partir de 2026 tengan un efecto inmediato positivo por revalorización de stocks aunque, más allá de esa primera rotación, sus costes de producción subirán por el incremento de precios de materia prima y, de nuevo, se van a enfrentar a un mercado con exceso de capacidad y baja demanda. En este sentido, habrá que observar si el mercado absorbe las subidas de precios sin deteriorar aún más el volumen de toneladas. 

El ritmo anual de concursos en el sector se ha mantenido estable durante los últimos años, en torno a los 150-155 concursos al año. El sector metal mantiene una siniestralidad estructural por debajo de la media de sectores en España. El diferencial entre ambos se agrandó durante los años 2022 – 2024, debido al aumento de siniestralidad en otros sectores, mientras el sector metal se vio beneficiado por la extraordinaria rentabilidad en los años 2021 – 2022. El diferencial se ha ido estrechando, sin embargo, entre 2024 y 2025, debido a un peor comportamiento de metal con relación a la media del resto de sectores.

Por subsectores, hay una mayor volatilidad en la comercialización y distribución por la propia estructura de las compañías, aunque es la producción y transformación el subsector con mayor impacto en euros. *Informe elaborado por Iñaki Ballesteros, Coordinador de Analistas Zona Norte de Solunion España.

OBS: Menos opacidad con los sueldos

A final de año es cuando muchos trabajadores están negociando su salario para la próxima temporada. Vienen subidas, congelaciones, bonus… Pero ¿Somos capaces de hablar abiertamente con nuestros compañeros sobre nuestro sueldo? José Luis Bosch, director del máster en recursos humanos de OBS Business School, afirma que España es un país mucho más opaco que otros de Europa con este tipo de información. 

Según él, los salarios deberían ser públicos para todos dentro de una empresa; quizá no los detalles de cada persona pero, al menos, por equipos, tal como se hace en otros países. 

Todavía hay mucho empresario de cuño antiguo que considera que el salario es una prebenda a cambio de la cual recibirá la fidelidad del empleado, y acaba generando una cultura de “hacer la pelota”. “Eso genera una toxicidad muy propia de nuestro país”, asegura. Y recomienda publicar en la web los niveles salariales para que cada uno sepa en qué rango se mueve. Lo que marcará la diferencia es el 'salario emocional', es decir, el agradecimiento personal por una manera 'especial' de desarrollar el trabajo más allá del pago por el servicio prestado: mayor flexibilidad horaria y vacacional, por ejemplo", explica José Luis Bosch.

03Dec

El auge de los centros de datos en España no es solo una tendencia tecnológica: es un movimiento estructural que afecta a la economía, el empleo y la soberanía digital.

Miguel Ángel Valero

La economía española atraviesa un momento de notable dinamismo, destaca el Observatorio Sectorial de CaixaBank Research. Superados los efectos de la pandemia y la crisis energética, se encuentra en una fase expansiva sólida, caracterizada por un crecimiento equilibrado y ampliamente distribuido entre sectores. Este avance se ha producido a pesar del complejo contexto internacional, marcado por las tensiones geopolíticas, un entorno comercial más proteccionista, la moderación de la demanda externa y la persistencia de ciertos cuellos de botella en las cadenas globales de suministro. Frente a estos desafíos, la economía española ha mostrado una notable resiliencia, apoyada en la fortaleza de la demanda interna, la bajada de los tipos de interés, la mejora del mercado laboral y el despliegue de los fondos europeos. 

De los 22 sectores analizados, 16 se encuentran en fase expansiva en 2025, frente a solo dos en 2023. La industria lidera este impulso, especialmente la extractiva, química, farmacéutica y el refino, que han sabido adaptarse con agilidad a los desafíos de la transición energética y digital, registrando importantes avances en productividad y consolidando su papel como motor del crecimiento. 

De cara a 2025 y 2026, el crecimiento del PIB previsto (+2,9% y +2,1%, según las previsiones de CaixaBank Research) presenta un patrón transversal y resiliente, con una marcada homogeneidad sectorial que contrasta con ciclos anteriores y que sugiere una economía menos vulnerable a perturbaciones específicas. La construcción, las actividades profesionales, las TIC y la industria farmacéutica se perfilan como los sectores más dinámicos, mientras que otros como el turismo, la industria manufacturera en su conjunto y el comercio avanzan en línea con el promedio. Incluso sectores tradicionalmente más débiles, como el primario o la industria textil, muestran crecimientos positivos, aunque más moderados. 

Margen de mejora en productividad

Por otra parte, la reforma laboral de 2021 ha reducido drásticamente la temporalidad, de forma generalizada entre sectores, lo cual debería favorecer una mayor estabilidad laboral, la consiguiente inversión en capital humano y sentar las bases para un incremento de la productividad. Si bien el crecimiento del PIB por hora trabajada ha sido positivo, la productividad por ocupado apenas ha avanzado, lo que evidencia que aún queda margen de mejora y que el reto sigue siendo consolidar un modelo productivo más eficiente. 

La industria manufacturera española ha crecido al mismo ritmo que el conjunto del PIB, rompiendo con dos décadas de pérdida de peso relativo. En parte, este punto de inflexión se explica por una nueva ventaja competitiva: los costes energéticos en España han aumentado menos que en otras grandes economías europeas, gracias a la menor dependencia del gas ruso y al mayor peso de las energías renovables. Esta ventaja ha sido especialmente relevante para las ramas industriales intensivas en energía (como la química, la papelera o la metalúrgica, que han resistido mejor los shocks recientes). 

"En definitiva, la economía española no solo crece, sino que lo hace de forma equilibrada, con un mercado laboral más sólido, una industria revitalizada y una notable resiliencia frente a los desafíos globales. El reto es ahora transformar este ciclo expansivo en una senda de crecimiento sostenible, basada en la innovación, la mejora del capital humano y la eficiencia empresarial", concluyen los expertos de CaixaBank Research.

Los centros de datos crecerán hasta el 35% anual 

Por otra parte, España vive una expansión imparable del tejido de centros de datos instalado en su territorio; impulsada por la irrupción de la inteligencia artificial, la nube y el Internet de las Cosas (IoT, por sus siglas en inglés). Según los expertos, la potencia instalada podría haberse sextuplicado en dos años, alcanzando los cerca de 600 MW a comienzos de año y plasmando un crecimiento cercano al 275%; lo que refleja un importante incremento de los centros de datos habilitados en España. 

Esta tendencia seguirá agudizándose, al estimar que la necesidad de centros de datos crecerá a un ritmo del 25–35% anual hasta 2030. Este incremento viene de la mano de una mayor demanda de tecnología en todos los ámbitos de nuestra vida: los centros de datos sostienen la infraestructura crítica que da vida a servicios que usamos a diario como la mayor parte de telefonía móvil, el email, streaming, transacciones bancarias, IA… y garantiza su funcionamiento correcto y velocidad. 

Esta evolución se enmarca en una revolución silenciosa que está redefiniendo la arquitectura tecnológica del país. Madrid concentra ya más del 60% de la potencia operativa de centros de datos y se ha consolidado como uno de los hubs digitales más relevantes del sur de Europa. 

Según el informe anual de DoubleTrade España, en 2024 se convocaron 16.682 licitaciones TIC (un 3 % más que en 2023) con un volumen económico que roza los 11.749 millones de euros, evidenciando un dinamismo sostenido a pesar del contexto de ajuste presupuestario. 

En este pleno auge de los centros de datos en España, esta semana se ha anunciado la puesta en marcha del macroproyecto tecnológico más ambicioso de Extremadura: Nostrum Data Centers y la multinacional Aecom han firmado el acuerdo para la construcción del que será el mayor centro de datos del sur de Europa, y se ubicará en Badajoz. El proyecto, denominado Nostrum Evergreen, supera los 1.900 millones€ de inversión y aspira a convertirse en una de las infraestructuras digitales más avanzadas de España y un referente tecnológico en Europa. 

El informe subraya la importancia del sector como columna vertebral de la transformación digital. Madrid lideró la inversión pública en tecnología con 4.652 millones€, seguida de Andalucía (1.486 millones€) y Cataluña (1.167 millones€). ALos fondos europeos Next Generation han sido un catalizador: las administraciones están ejecutando el Plan de Digitalización 2021-2025, abriendo el camino para modernizar servicios y procesos ciudadanos.

“Estamos viendo un desplazamiento del foco tecnológico hacia modelos híbridos, donde el sector público se apoya en la industria privada para la promoción de nuevos y mejores centros de datos. Esto genera importantes oportunidades de negocio para todas aquellas empresas que tienen su foco de actividad en el desarrollo de esta infraestructura y es clave que sepan anticiparse a las necesidades de cada licitación para aprovechar la ola de oportunidades”, destaca Xavier Piccinini, director general de DoubleTrade España. 

Debido a la vital importancia de esta infraestructura, el sector privado ha redoblado su apuesta. Gigantes como Amazon esperan realizar inversiones de 15.700 millones€ en Aragón, mientras que en Cantabria se está desarrollando un macrocentro de datos de 500 MW con una inversión de 3.600 millones. Microsoft, Meta o Google también han reforzado su presencia en la Península, atraídos por la ubicación estratégica, la conectividad de cable submarino y la disponibilidad energética. 

“El atractivo de España es evidente: buenas conexiones, estabilidad regulatoria y creciente inversión pública. Debido a ello, nos hemos convertido en uno de los grandes centros de interconectividad del sur de Europa”, explica Piccinini. 

El sector público destinó importantes recursos a infraestructura digital: según DoubleTrade, en 2024 se alcanzaron los 139 000 millones€ en licitaciones públicas, con un crecimiento del 10,6%, reflejo de la apuesta estatal por la digitalización. 

Además de ser un foco de desarrollo económico para España, estos centros de datos también suponen un desafío energético: un solo centro de datos puede consumir más de 100 MW, superando el gasto energético de miles de hogares juntos. Además, la demanda de potencia podría llegar a duplicarse antes de 2030. 

El auge de los centros de datos en España no es solo una tendencia tecnológica: es un movimiento estructural que afecta a la economía, el empleo y la soberanía digital. Con un marco de licitación pública cada vez más activo y un interés privado creciente, el país se posiciona como epicentro de la transformación digital europea.

Iberinform: la industria extractiva tarda 124 días en pagar

Los plazos de pago de las empresas registraron en 2024, una reducción de un día hasta situarse en los 79 días, de acuerdo con el seguimiento sobre los plazos de pago en la empresa española realizado por Iberinform. Se trata del valor más bajo desde que el 2010 la legislación sobre plazos de pagos comerciales impulsó la limitación a los 60 días naturales a contar desde la fecha de recepción de las mercancías o prestación de los servicios. A lo largo de este periodo, los plazos de pago en España se han mantenido lejos del horizonte que trata de impulsar la legislación española y europea, en una horquilla que va de los 94 días de 2017 a los 79 actuales.

La fijación de los plazos comerciales es el resultado de millones de acuerdos entre empresas en la compraventa de sus productos y servicios a lo largo de la cadena de valor. En general, toda empresa trata de reducir los plazos de cobro a sus clientes y ampliar los plazos de pago a sus proveedores para incrementar su partida de tesorería y reducir sus necesidades operativas de financiación externa. 

Los plazos de pago en las relaciones comerciales entre empresas se han reducido de forma generalizada en la mayoría de los segmentos empresariales durante 2024. Se registra una caída de un día entre las grandes empresas, que son las que presentan los plazos más prolongados. Las medianas y las pequeñas empresas también registran una reducción de un día en sus plazos de pago. La microempresa es el único caso donde se observa una mayor reducción con 2 días menos y se sitúa en los mismos plazos que la pequeña empresa (78). Las medianas se sitúan en 83 días y las grandes, por segundo año consecutivo, se encuentran por debajo de los cien días. 

Ninguno de los sectores productivos logra situarse por debajo de los 60 días. Los plazos de pago en el sector primario se sitúan en 97 días. En los distintos sectores industriales los plazos de pago muestran una amplia horquilla. Los peores se registran en la industria extractiva (124 días), seguida del sector primario (97), electrónica y TIC y textil (86). Solo se sitúan por debajo de la media alimentación (77) y consumo duradero (76). La mayor reducción se registra en automoción y electrónica y TIC (4 días).

Entre los servicios, los peores plazos de pago se producen en servicios financieros (110), energía (106 días), Inmobiliario (95) y servicios a empresa (91). Se sitúan por debajo de la media comercio al por mayor y venta de TIC y electrónica (78), alojamiento (74), comercio al por menor (73), comercio de automoción (65), sanidad (59) y restauración (56). Las mayores reducciones se registran en comercio de automoción (-7), sanidad y transporte (-3) y alojamiento (-2).

Por comunidades autónomas, la evolución del comportamiento en pagos depende de diversos condicionantes entre los que cabe citar, principalmente, dos: los matices en la cultura de pagos o la composición sectorial. La horquilla supone 24 días adicionales de crédito comercial. Las regiones que presentan plazos de pago por debajo de la media  son: Canarias, Asturias, Cataluña, Cantabria, Aragón, Galicia, Navarra, Ceuta y Baleares. En el otro extremo, por encima de la media, se sitúan Melilla, Andalucía, Murcia, Madrid, Extremadura, Castilla-La Mancha, País Vasco, La Rioja y Castilla y León. Todas las comunidades y ciudades autónomas vuelven a situarse por debajo de los cien días. Solo Melilla y Cantabria registran empeoramientos de los plazos de pago.

26Nov

Solo el 12% de las empresas españolas inicia acciones de recobro al vencimiento de la factura, uno de los porcentajes más bajos de la serie histórica, según Crédito y Caución e Iberinform. El sector de bienes de consumo ralentiza su crecimiento por la guerra comercial de Trump.

Miguel Ángel Valero

Las empresas españolas están mostrando una combinación de resiliencia y prudencia ante la incertidumbre del comercio global, según el GlobalTrade Pulse de HSBC. Mientras las empresas globales continúan adaptándose a una nueva realidad comercial marcada por cambios en los aranceles, modificaciones políticas y aumento de costes, las españolas reportan una menor exposición a los costes crecientes y se están centrando en fortalecer los lazos comerciales dentro de Europa y Asia.

Las empresas internacionales están implementando diversas estrategias para afrontar los cambios en el comercio y los retos derivados de los aranceles. En España, el 52% de las empresas afirma sentirse seguro sobre el impacto de la política comercial en sus operaciones, frente a la media global del 67%. A pesar de esta prudencia, el 84% sigue confiando en su capacidad para aumentar el comercio internacional en los próximos dos años, acercándose a la media global del 88%, una cifra que pone de relieve la fortaleza y adaptabilidad de la economía española orientada a la exportación. Además, el 60% de las empresas españolas, frente al 75% a nivel global, afirma que la incertidumbre comercial las ha llevado a adaptar sus estrategias y a buscar nuevas oportunidades.

A nivel mundial, el 66% de las empresas esperan que los costes aumenten en los próximos seis meses, impulsados por aranceles, derechos de aduana y gastos de transporte. Sin embargo, las empresas españolas señalan expectativas de costes más bajas (53%) y menos incrementos reales hasta ahora (48% frente al 62% a nivel global), lo que indica que están gestionando de manera más eficaz las presiones inflacionarias y operativas.

A pesar de las continuas presiones derivadas de la volatilidad de los aranceles, solo la mitad de las empresas españolas informa de un aumento en los requisitos de capital circulante desde 2024, frente al 63% a nivel global.

El Trade Pulse destaca que la diversificación sigue siendo la principal estrategia global para gestionar las interrupciones. El 84% de las empresas en todo el mundo están diversificando sus cadenas de suministro y el 76% está adoptando múltiples medidas para mitigar los riesgos comerciales y de costes, como repercutir costes, renegociar contratos o invertir en automatización e inteligencia artificial.

Las empresas españolas también están reorientando sus relaciones comerciales, fortaleciendo los vínculos con Europa y Asia mientras reducen su dependencia de Norteamérica (32% frente al 22% a nivel global). Los principales países en los que las empresas españolas están incrementando sus ventas incluyen EEUU, Alemania, Francia, India e Italia, lo que refleja una estrategia basada en la proximidad, la previsibilidad y las alianzas a largo plazo. 

El 16% de las empresas españolas con una facturación de 500 millones a 2.000 millones$ ha aumentado sus ventas en India, mientras que el 19% de las compañías del sector TMT (Tecnología, Medios, Telecomunicaciones) ha incrementado sus ventas en Alemania, por encima de la media española (15%).

A medida que se profundiza la comprensión del nuevo panorama comercial, las preocupaciones por los ingresos están disminuyendo, con solo el 22% de las empresas globales temiendo pérdidas de éstos severas superiores al 25% en los próximos dos años (frente al 37% de hace seis meses). Solo el 16% de las empresas españolas espera pérdidas severas. La mayoría espera que los ingresos aumenten en los próximos seis meses (42% en España frente al 54% a nivel global) y en los próximos dos años (48% en España frente al 59% a nivel global).

“El historial de España en el comercio internacional y su capacidad para adaptarse a las nuevas dinámicas del mercado continúa siendo un ejemplo positivo en toda Europa. Las empresas locales están comprometidas no solo con superar los desafíos a corto plazo, sino también con aprovechar nuevas oportunidades de crecimiento. Contar con un socio con experiencia internacional es clave para apoyar esta ambición. Esto se refleja en que HSBC España haya sido recientemente clasificado como el primero en la Encuesta Anual de Comercio de Euromoney y en el reconocimiento de HSBC como Mejor Banco Global de Comercio a nivel mundial durante ocho años consecutivos”, afirma Emilio Sanchis Giménez, Head of Global Trade Solutions(GTS) Sales para Europa Continental.

Crédito y Caución: las empresas retrasan las acciones de recobro

Pero no todo es tan optimista. Según el Estudio de la Gestión del Riesgo de Crédito en España que impulsan Crédito y Caución e Iberinform, solo el 12% de las empresas españolas inicia acciones de recobro al vencimiento de la factura. Se trata de uno de los porcentajes más bajos de la serie histórica, un indicativo de que las empresas están reaccionando a las tensiones de liquidez de sus clientes retrasando el inicio de las acciones de recobro para no deteriorar la relación comercial.

El retraso en las acciones de recobro implica un deterioro en la efectividad de la recuperación. A pesar de ello, el estudio refleja una gran flexibilidad de los plazos de recobro, como medida para salvaguardar las relaciones comerciales. El 37% de las empresas permite a sus clientes retrasos en pagos de más de 90 días antes de considerar un crédito moroso.

Cuando se inician las acciones de recobro, la inmensa mayoría de las empresas renuncia al cobro de intereses de demora. El 63% de las empresas no los aplica nunca y solo el 4% es sistemático a la hora de ejercer su derecho. Son niveles peores a los registrados hace un año, lo que indica el esfuerzo que están realizando las compañías por mantener la relación con sus clientes, a pesar del retraso en el pago. 

Hasta 2022, los tipos de interés de demora para operaciones comerciales estuvieron fijados en el 8%. El endurecimiento de la política monetaria por parte del Banco Central Europeo provocó que se incrementasen hasta el máximo del 12,5% en 2024. En la actualidad, este tipo está fijado en el 10,15%. La variación de este indicador oficial no tiene, sin embargo, traslación a la economía real: según el Estudio elaborado por Crédito y Caución e Iberinform, el 98% de las empresas que aplican intereses de demora reclaman por debajo de los que le corresponden legalmente.

Bienes de consumo ralentiza su crecimiento

El sector de bienes de consumo duraderos cuenta con una alta exposición a los riesgos geopolíticos y económicos, como la caída de los mercados bursátiles y la volatilidad de los precios de las materias primas. Estos factores están ralentizando su crecimiento. Un informe de Crédito y Caución espera que el crecimiento de las ventas mundiales sea de apenas el 1,8 % en 2025 y del 1,3 % en 2026. Hay que recordar que el sector experimentó un repunte del 5,8% en 2024, por lo que la desaceleración estimada para este año es significativa.

En el caso de Europa, la estimación de crecimiento se sitúa en el 3,8% en 2025 y en apenas el 0,1% en 2026. Los mercados que presentan mayores niveles de riesgo de crédito son Austria, Suecia y Francia. En el último caso, el aumento del desempleo que se está registrando en el país francés está incrementando la reticencia de los hogares a un consumo elevado debido a la falta de confianza en el futuro. Las existencias son bastante altas debido a los bajos niveles de demanda.

Los aranceles comerciales y el proteccionismo son las principales amenazas para este sector. Las posibles interrupciones de la cadena de suministro y la mayor volatilidad de los precios de las materias primas, la energía y el transporte podrían incrementar los precios minoristas de los equipos domésticos y, en general, afectar a la decisión de comprar de los consumidores.

Si los costes operativos aumentan sustancialmente, algunos minoristas podrían verse obligados a modificar sus políticas de abastecimiento y buscar nuevos socios para eludir las subidas arancelarias. Muchos tratarán de repercutir los costes a los clientes aumentando los precios para proteger unos márgenes ya de por sí reducidos.

Los operadores más pequeños de los mercados avanzados se enfrentan a mayores riesgos de insolvencia.  Al mismo tiempo, los minoristas online están aumentando su cuota de mercado, lo que ejerce presión sobre los operadores tradicionales.

En este contexto, si quieren ser competitivos, deberán ofrecer servicios adicionales, ampliar su negocio online y mejorar sus capacidades digitales. Sin embargo, esto requiere una elevada inversión en un escenario de márgenes de beneficio ajustados, especialmente para los minoristas más pequeños.

11Nov

El 56% de las empresas españolas sufre el impacto negativo de la morosidad en su cuenta de resultados y el 5,6% afirma que corre el riesgo de cerrar por el impacto de los impagados.

Miguel Ángel Valero

España se enfrenta a un reto estructural: el reducido tamaño de sus empresas. Esta limitación frena la productividad, la innovación y el empleo. ¿Por qué nuestras compañías crecen menos que las europeas? "Entenderlo es clave para construir una economía más dinámica y productiva", subrayan Beatriz González y Eduardo Gutiérrez, de Análisis de la Economía Española, en el Blog del Banco de España, donde dejan muy claro que "el tamaño sí importa".

El tejido empresarial constituye la columna vertebral de la economía de cualquier país: de él depende en gran medida la productividad, el crecimiento económico y, en última instancia, nuestro bienestar colectivo. Las empresas españolas tienen, en promedio, menos empleados que las de nuestros vecinos europeos y crecen más lentamente. Estas características lastran nuestro crecimiento económico. Aunque en la última década las empresas españolas están ganando escala, el reto de incrementar su tamaño sigue vigente. Entender por qué nuestras empresas son más pequeñas y qué factores frenan su desarrollo ayuda a pensar cómo favorecer su crecimiento.   

Las empresas españolas tenían, de media, 8,8 empleados, frente a los 12,1 de la Unión Europea (UE). El bajo tamaño promedio en España se debe, principalmente, a dos factores:

  • Mayor proporción de microempresas (con menos de 10 empleados): como se observa en el gráfico, representan el 89% del total de empresas con asalariados y concentran el 27% del empleo en España. En el conjunto de la UE, estas cifras son menores: el 85% de empresas y el 22% del empleo. Y la diferencia es aún mayor en el caso de las empresas con menos de 5 empleados: suponen el 77 % de las empresas y el 18 % del empleo en España frente al 71 % y el 13 % en la UE.
  • Menor tamaño de las empresas de más de 10 empleados: en España, estas empresas alcanzan los 59 empleados de media frente a 65 en el caso de nuestros vecinos europeos.
  • La diferencia es relevante porque el tamaño empresarial tiene un impacto directo sobre la productividad, el empleo, la innovación y, de modo indirecto, sobre el crecimiento y el bienestar. 

La especialización de la economía española en sectores como los servicios, donde predominan las empresas pequeñas, no parece ser la causa principal. La diferencia en el tamaño empresarial se da en la mayoría de los sectores. En el caso del sector servicios, la empresa media en España tiene 8,3 empleados, frente a casi 11 en la UE. En el sector manufacturero, la brecha es aún más pronunciada: 10,6 frente a 15,9 de media; más de 5 empleados de diferencia. 

Tampoco explica la brecha de tamaño la falta de dinamismo empresarial, el ritmo de creación y destrucción de empresas. España está en línea con la media europea: se crean empresas a un ritmo parecido (9,4% anual frente al 8,7% en la UE en las empresas con asalariados), y  desaparecen anualmente el 9,3% en España y un 8% en la UE. Estas tasas son similares en las empresas sin asalariados.

Las empresas españolas con asalariados nacen con un tamaño parecido al de las europeas —en torno a 2 empleados de media—, pero con el paso del tiempo se quedan rezagadas. A partir del quinto año de vida, la diferencia se acentúa: mientras que las empresas europeas alcanzan los 17 empleados de media, las españolas se quedan en 12. El bajo crecimiento de las empresas españolas frente a las europeas no se debe solo al peso de las más pequeñas: las empresas que nacen con 10 o más empleados también se acaban distanciando de las europeas, y explican casi el 30 % de la brecha de tamaño a los cinco años.

Ventajas del tamaño

Las empresas de mayor tamaño suelen ser más productivas que las pequeñas. La razón es que las empresas grandes pueden aprovechar ventajas fuera del alcance de las pequeñas, como:

  • Mejor acceso a la financiación: las empresas grandes suelen contar con mayor cantidad de financiación y a un menor coste. Además, disponen de más fuentes de financiación: no solo el crédito bancario, sino que pueden emitir bonos o acudir a los mercados de capitales.
  • Economías de escala, especialización y gestión: las empresas grandes pueden repartir costes fijos entre una mayor producción y mejorar sus cadenas de valor. Además, suelen tener una mayor especialización del trabajo y procesos de gestión profesionalizados, que favorecen la eficiencia y la productividad.
  • Innovación: ambos factores anteriores les permiten invertir en innovación de nuevos productos y procesos, lo que favorece el crecimiento empresarial y los efectos positivos al resto de la economía.

La mayor productividad se traduce en beneficios para todos. Cuando hay competencia en el mercado, las empresas grandes suelen ofrecer mejores salarios, generar más empleos y facilitar el acceso a bienes y servicios de calidad a precios más accesibles.

A pesar de que el menor tamaño empresarial sigue siendo una característica estructural de la economía española, en la última década se observan algunas señales alentadoras. Desde 2012, las empresas con menos de 5 empleados han ido perdiendo peso en el empleo total, tanto en España como en el conjunto de la UE. Pero el declive ha sido más intenso en España: el peso del empleo en este tipo de empresas se redujo en unos 6 puntos, frente a una caída de aproximadamente 3 puntos en nuestros socios europeos. El menor peso relativo de las empresas pequeñas puede contribuir al crecimiento de la productividad de la economía en su conjunto.

"El reto es hacer que las empresas crezcan. Que este cambio se consolide dependerá de que las empresas españolas encuentren condiciones favorables para crecer. Hay diversos factores facilitadores: un entorno económico dinámico y favorable; la capacidad, sobre todo para las pymes, de acceder a financiación adecuada y atraer talento; la reducción o superación de los obstáculos regulatorios y administrativos que limitan su expansión", concluyen los expertos del Banco de España.

Círculo de Empresarios: barreras que impiden ganar tamaño 

En la misma línea, la Encuesta Empresarial Círculo 2025 subraya la existencia de barreras administrativas y regulatorias que dificultan que las empresas ganen tamaño (742%). Pero se reconoce la falta de visión y de ambición del empresario (27,4%).

Para ganar tamaño, se recomienda internacionalización (58,5%), profesionalización de la gestión (56,7%), más innovación (49,1%), fusiones y adquisiciones (47,6%) e incorporación de socios estratégicos (39%).

El 56% de las empresas sufre en sus cuentas la morosidad

Por otra parte, el impacto de la morosidad sobre el tejido empresarial se ha mantenido a lo largo de 2025 en niveles muy elevados. El 56% de las empresas españolas sufre el impacto negativo de la morosidad en su cuenta de resultados y el 5,6% afirma que corre el riesgo de cerrar por el impacto de los impagados, según la oleada de otoño del Estudio de la Gestión del Riesgo de Crédito en España, que impulsan Crédito y Caución e Iberinform.

El 49% de las firmas españolas afronta pérdidas de ingresos significativas a causa de la morosidad, lo que supone un deterioro de tres puntos con respecto a los niveles de 2024. En un contexto de tipos de interés aún elevados, el retraso en el pago de los clientes también provoca que el 23% del tejido empresarial registre un incremento de sus costes financieros. El 17% tiene que frenar su expansión comercial y el 11% se ve obligado a limitar sus nuevas inversiones. 

La falta de control sobre la morosidad es un riesgo para la actividad empresarial. El incumplimiento de los pagos acordados genera importantes tensiones de liquidez en una situación como la actual y es especialmente desestabilizadora en la operativa de las empresas de menor tamaño. Si se llega al impago de una venta a crédito comercial, la pérdida equivale a los costes de producción del producto.

El impacto de un impagado comercial se acentúa cuanto menor sea el margen de beneficios, pues multiplica el número de ventas con clientes solventes necesarias para compensar la pérdida. Si una sociedad con un margen comercial del 10% sufre un impago de 10.000€, deberá generar un nuevo negocio por 100.000€ para compensar el impacto de los 9.000 en costes de producción.

En un contexto de estrechamiento de los márgenes comerciales, como consecuencia de los incrementos de costes de producción y de tipos de interés todavía elevados, es especialmente importante para la supervivencia de la empresa gestionar adecuadamente sus riesgos de impago.

Crédito y Caución acaba de lanzar One Invoices, una nueva herramienta que permite la gestión de la póliza y del cobro de las facturas de manera mucho más ágil y adaptada a las necesidades del usuario. La plataforma CyCred One garantiza un acceso privado y totalmente confidencial a la información relativa a los datos de facturación y saldos de los clientes.

Este nuevo servicio ofrece importantes ventajas para los asegurados ya que les permite simplificar procesos y mejorar el seguimiento de sus facturas. La automatización de las tareas de gestión de la póliza, como la vigilancia de los cúmulos de riesgo o la declaración de ventas e incidencias de pago, se realiza de manera automática según la configuración personalizada que el usuario haya programado tanto para un cliente en concreto como para un grupo de clientes o de toda la cartera.

Con esta herramienta, sin coste añadido para el asegurado, Crédito y Caución da un paso más en la personalización de la gestión del credit managment por parte de las empresas, de una manera más ágil y centralizada, realizando recordatorios a los clientes y vigilando el estado y evolución del negocio a través de gráficos interactivos

“Nuestro objetivo no es otro que ofrecer mayores facilidades a los gestores de crédito en su día a día. A partir de ahora, podrán diseñar cómo hacer el seguimiento de sus facturas con total seguridad y mayor agilidad, unificando procesos dispersos y facilitando el control de gestión”, explica el responsable de Innovación y Servicios de valor Añadido en Atradius Crédito y Caución, Sergio Manzano.

Los deudores concursados crecen el 3% en el tercer trimestre

Durante el tercer trimestre de 2025 el número de deudores concursados ha sido de 12.509, lo que supone un crecimiento del 3% respecto al trimestre anterior, y un incremento anual del 27,2%, según la Estadística del Procedimiento Concursal del Colegio de Registradores. En cuanto a los concursos de personas jurídicas empresas, han experimentado un descenso del 2,9% respecto al mismo período del año anterior. Los concursos de personas físicas constituyen el 90,7% del total de deudores concursados, con un total de 11.352 procedimientos iniciados.

 Con relación al tipo de concurso, 12.484 procedimientos han sido voluntarios, lo que supone un crecimiento del 3,2% respecto al segundo trimestre. Por su parte, tampoco se han registrado concursos consecutivos durante el tercer trimestre de 2025, respondiendo a la aplicación de la reforma del TRLC establecida por la Ley 16/2022. Los concursos necesarios, a su vez, se han reducido en un 47,9%. Según la clase de procedimiento, los concursos sin masa han aumentado el 7,1% en el trimestre, y han supuesto un 87,0% del total. También se ha reducido el número de procedimientos ordinarios, con una caída del 16,7%, hasta representar únicamente el 10,2% del conjunto. Por su parte, se han registrado 347 aperturas de procedimientos especiales para microempresas, lo que supone una disminución del 22,2% respecto al trimestre anterior.

Durante el tercer trimestre se han iniciado 12.509 procedimientos concursales, de los cuales 1.157 han correspondido a personas jurídicas empresas (9,2% del total) y 11.352 a personas físicas (90,8%). Entre estas últimas, 1.138 desarrollaban alguna actividad empresarial o profesional, lo que representa el 9,1% del total y el 10% de las personas físicas concursadas. El número de personas jurídicas empresas que inician algún tipo de procedimiento concursal ha disminuido un 2,9% en el tercer trimestre de 2025 respecto al mismo periodo del año anterior. Por forma jurídica, el 92,4% de las empresas concursadas son Sociedades de Responsabilidad Limitada (1.069 casos). En cuanto al volumen de negocio, el 36,4% de las empresas se situó en el tramo más bajo (hasta 250.000 euros anuales), mientras que solo el 1,7% superó los 5 millones de euros.

El 26,9% de las empresas concursadas tienen como actividad económica principal el Comercio, el 16,9% la Construcción, y el 12,3% la Industria. En relación con el número de asalariados, el 44,1% del total de empresas concursadas cuenta con menos de dos trabajadores, y dentro de este grupo, el 52,3% no tiene ningún asalariado.

El 19,2% del total de empresas que ha entrado en concurso durante el tercer trimestre tiene una antigüedad de 20 o más años. Mientras que, el 57,2% tiene ocho o menos años de antigüedad. Por sectores, en Hostelería el 61,3% de las empresas concursadas tiene menos de cuatro años de antigüedad, seguida por las Actividades profesionales con el 48,1%. Por su parte, en Industria y energía, el 38,6% de las concursadas tiene veinte o más años de antigüedad.

Las comunidades autónomas con mayor número de deudores concursados en el tercer trimestre de 2025, al igual que en trimestres anteriores, han sido Cataluña (3.060), Comunidad de Madrid (2.276), Comunitat Valenciana (1.766) y Andalucía (1.270), concentrando en ellas un 66,9% del total de casos.

Ceuta y Melilla, La Rioja y Andalucía son las únicas Comunidades Autónomas que presentan decrementos anuales del número de concursados respecto al mismo período del año anterior (77,1% 51% y 12,5% respectivamente); y, en el otro extremo, Madrid, Navarra e Illes Balears registraron los mayores incrementos anuales (89,4% 76,2% y 68,3% respectivamente).