11Nov

Si se aplica de forma excesiva o unilateral, puede frenar la competencia y ralentizar la innovación, avisa un análisis de DWS.

Miguel Ángel Valero

Los gobiernos están otorgando una prioridad creciente a la resiliencia por encima de la eficiencia, lo que provoca consecuencias de amplio alcance para los mercados y las propias compañías, avisa un análisis de DWS.

Se está produciendo un cambio estructural en la política industrial a nivel nacional, que se inició en EEUU y actualmente está en marcha en numerosas economías: la producción doméstica ha pasado a ser una prioridad estratégica. Las medidas asociadas incluyen subsidios, exigencias de producción local y la constitución de reservas estratégicas.

EEUU es el pionero: la administración de Donald Trump introdujo una batería de aranceles, las denominadas cláusulas “Buy American” y programas de subvenciones multimillonarias para semiconductores y baterías. Aunque el “ego nacional” puede interpretarse como el principal vector de este giro, también responde a un intento de respaldar a los colectivos que se han visto perjudicados por la globalización. La seguridad nacional, la estabilidad en las cadenas de suministro y el control sobre tecnologías críticas constituyen factores adicionales. En un escenario global marcado por incertidumbres geopolíticas, la dependencia excesiva del exterior se considera ahora un problema. 

Algunos analistas interpretan esta evolución como una lamentable desvinculación del proceso de globalización, con posibles consecuencias como un aumento de precios y una reducción de la competencia. No obstante, esta lectura podría resultar cortoplacista. En última instancia, la cuestión de fondo es si los países desean priorizar la estabilidad interna o, por el contrario, maximizar la eficiencia mediante una política industrial plenamente globalizada.

Durante mucho tiempo, el principio rector ha sido que todos se benefician cuando cada país se especializa en producir aquello en lo que es más eficiente. Este enfoque, conocido como modelo ricardiano, fundamenta la principal venta del comercio internacional. Sin embargo, ese modelo opera únicamente bajo determinadas condiciones, entre ellas que haya cadenas de suministro estables y ausencia de disrupciones geopolíticas, que ya no parecen estar presentes en el entorno actual.  

La pandemia, los conflictos geopolíticos y los episodios intermitentes de escasez en suministros de energía, semiconductores y productos farmacéuticos han puesto de manifiesto la vulnerabilidad de las cadenas de suministro globales. En consecuencia, numerosos gobiernos han vuelto a intensificar su intervención en los mercados internacionales, mediante la concesión de subsidios específicos y el desarrollo de capacidades productivas locales. Esta tendencia está ganando tracción, también en Europa y Asia.

Mediante el desarrollo de sus propias estructuras, los países buscan protegerse frente a posibles perturbaciones del comercio internacional. Esta estrategia conlleva costes iniciales, por ejemplo, los derivados de mayores costes de producción o de duplicar capacidades. No obstante, en situaciones de emergencia estas infraestructuras pueden ofrecer un resguardo frente a daños significativos, cuya probabilidad suele infravalorarse hasta que se materializa. Johannes Müller, Global Head of Research en DWS Group, lo resume así: “Los mercados han subestimado durante mucho tiempo hasta qué punto los riesgos geopolíticos y los cuellos de botella estratégicos pueden alterar el paisaje económico. Estamos asistiendo a una reevaluación de la importancia de la estabilidad como factor de localización”.

Por supuesto, la nueva política industrial conlleva sus propios riesgos. Si se aplica de forma excesiva o unilateral, puede frenar la competencia y ralentizar la innovación. La clave reside, por lo tanto, en alcanzar un equilibrio adecuado: medidas focalizadas, de duración limitada y, en el mejor de los casos, coordinadas internacionalmente.

La cuestión central no es si debemos aceptar o no la globalización. Más bien, se trata de determinar cuánta resiliencia necesitamos y cuánta eficiencia estamos dispuestos a sacrificar para lograrla. Una desglobalización moderada puede aportar ventajas, como una mayor producción regional, rutas de suministro más cortas y estándares medioambientales más elevados. Puede contribuir a reforzar la aceptación de los mercados abiertos al mitigar los temores asociados a la dependencia externa.

Sin duda existe margen de maniobra entre el ideal de mercados libres globales y los retos reales que estos plantean. Aquellos que utilicen esta flexibilidad de manera inteligente podrían situarse en una posición más sólida en el futuro.

Aranceles: avances con Suiza y con India

Por otra parte, Suiza impulsa las negociaciones comerciales con EEUU para reducir los aranceles del 39% al 15%. El país helvético soporta los gravámenes desde agosto y, ante la paralización de las conversaciones, los principales empresarios suizos tomaron la iniciativa. Ejecutivos de firmas como Rolex, Richemont (propietaria de Cartier) y la naviera MSC, entre otros, se reunieron la semana pasada con Trump en la Casa Blanca. Suiza, que ya ha eliminado todos los aranceles industriales, tiene en EEUU su principal mercado de exportación para productos como relojes, chocolate y maquinaria. El presidente estadounidense declaró este lunes que aún no ha decidido la tasa definitiva, aunque confirmó que Washington está “trabajando en un acuerdo para reducir un poco los aranceles”.También avanzan las conversaciones con India, después de que Trump declarase que están “muy próximos a alcanzar un acuerdo beneficioso para todos”, aunque no se ha especificado ninguna tasa alternativa al 50% que soportan las exportaciones indias. 

10Nov

EuropeG plantea duplicar los fondos comunitarios de innovación, reformar la política de competencia y avanzar hacia una mayor integración política si Europa quiere preservar su soberanía económica y tecnológica.

Miguel Ángel Valero

EuropeG, el Grupo de Opinión y Reflexión en Economía Política dirigido por Antoni Castells, advierte que la Unión Europea (UE) se enfrenta a una brecha tecnológica persistente frente a EEUU y China, y corre el riesgo de quedar atrapada en la “trampa tecnológica media”. Con un gasto en I+D (Investigación y Desarrollo) equivalente al 2,3% del PIB frente al 3,5% estadounidense, la UE invierte un 35% menos en innovación, una diferencia que se mantiene estable en 2025, según afirma el Policy Brief nº 22, “La nueva política industrial en la Unión Europea”, firmado por Rafael Myro (Universidad Complutense de Madrid) y Vicente Salas (Universidad de Zaragoza).

El documento llama a duplicar los fondos comunitarios de innovación, reformar la política de competencia y avanzar hacia una mayor integración política si Europa quiere preservar su soberanía económica y tecnológica.

EuropeG subraya que la política industrial ha pasado de ser un asunto marginal para convertirse en un eje central de la agenda económica europea con el objetivo de lograr una Europa más competitiva.

El Policy Brief analiza la nueva estrategia comunitaria impulsada tras los informes Letta y Draghi y plasmada en la Brújula de la Competitividad de la Comisión Europea, que reconoce la necesidad de combinar mercado, regulación y acción pública estratégica. 

La UE afronta un cambio estructural en la gobernanza económica global: de un modelo basado en reglas a uno basado en bloques, donde la intervención selectiva de los Estados y la coordinación europea serán decisivas para asegurar resiliencia, autonomía y liderazgo tecnológico.

El informe plantea un “trilema” entre política industrial, regulación y defensa de la competencia, y describe tres escenarios: 

  • mercado regulado (predominio de regulación y competencia, modelo tradicional de la UE), 
  • mercado concertado (predominio de regulación y política industrial, cercano al modelo de EEUU desde 1980), 
  • y mercado dirigido (predominio de competencia y política industrial, similar al modelo chino). 

Los informes Letta y Draghi se inclinan por modelos entre el mercado dirigido y el concertado.

El déficit de innovación: una debilidad estructural

El informe identifica el déficit de innovación privada como la principal causa de la pérdida de competitividad europea. Mientras EEUU y China concentran su inversión en tecnologías emergentes —inteligencia artificial, biotecnología o semiconductores—, las empresas europeas siguen centradas en sectores maduros como la automoción o la maquinaria industrial.

La UE dedica un 2,3% de su PIB a I+D, frente al 3,5% de EEUU. Esta diferencia —más de un 35% menos de esfuerzo innovador— explica el retraso acumulado en productividad, rentabilidad empresarial y liderazgo tecnológico. El Policy Brief propone duplicar el presupuesto del Programa Marco de I+D hasta 200.000 millones€ y crear una agencia europea inspirada en el modelo estadounidense ARPA, famosa por haber impulsado avances como Internet o el GPS. Esta nueva agencia, integrada en el European Innovation Council, permitiría financiar proyectos tecnológicos de alto riesgo e impacto, con una gestión más ágil y flexible para competir con EEUU y China en innovación disruptiva.

Una de las conclusiones del documento es la necesidad de revisar el equilibrio entre la defensa de la competencia y la intervención pública. El marco comunitario se ha basado durante décadas en evitar distorsiones del mercado, pero hoy esa ortodoxia limita la capacidad de respuesta ante los grandes competidores globales. EuropeG plantea que la UE debe permitir estrategias industriales comunes, flexibilizar las ayudas de Estado y adaptar su política de competencia para promover campeones europeos en sectores estratégicos.

El informe insiste en que la escala de la transición tecnológica requiere instrumentos financieros europeos más potentes y coordinados. Propone ampliar el alcance del Banco Europeo de Inversiones, fortalecer los fondos de inversión pública, y movilizar el ahorro privado hacia proyectos industriales y tecnológicos. También sugiere mejorar la integración de los mercados de capitales y avanzar en una unión fiscal parcial que permita financiar proyectos comunes de innovación y sostenibilidad.

Transiciones verde y digital: avances insuficientes

EuropeG aplaude las iniciativas europeas —Chips Act, Critical Raw Materials Act e InvestIA—, pero advierte que su despliegue sigue siendo lento y burocrático. En el vehículo eléctrico, las importaciones chinas ya representan más del 50% del mercado europeo, y la empresa de EEUU Tesla continúa expandiendo su producción en la UE. De igual forma, en materia de inteligencia artificial, la inversión privada europea (11.000 millones€), es seis veces inferior a la estadounidense (67.000 millones€). En la digitalización, la UE se encuentra muy retrasada en áreas clave como la IA. 

La UE destaca en computación cuántica gracias a iniciativas como Quantum Flagship, pero necesita fortalecerse en sectores como salud, farmacia, defensa yaeroespacial, donde existen dependencias o se ha perdido cuota de mercado. 

Sin una coordinación real entre los Estados miembros, la UE corre el riesgo de quedar rezagada en la carrera tecnológica global. La política industrial solo puede prosperar en una Unión Europea con instituciones más fuertes y una visión común. La intervención selectiva del Estado beneficia a unos sectores y territorios más que a otros, y por tanto requiere una legitimidad política que hoy la UE aún no tiene plenamente desarrollada.

EuropeG considera que el avance hacia una Europa más integrada en materia económica y tecnológica será inevitable si la Unión quiere mantener su peso en la economía mundial. El documento concluye que Europa no puede seguir siendo un regulador global sin músculo industrial propio y que debe convertir la nueva política industrial en la base de un pacto de competitividad, soberanía y crecimiento sostenible.

El protagonismo de la política industrial en la UE enfrenta la dificultad de compatibilizar un intervencionismo selectivo con una estructura política débil que requiere unanimidad y el difícil encaje con la regulación y la defensa de la competencia, políticas tradicionalmente alejadas del dirigismo estatal.

La política industrial implica un intervencionismo selectivo del Estado en la economía para influir en la asignación de recursos productivos bajo criterios de interés general. La política industrial beneficia a unos colectivos más que a otros y, por tanto, necesita de un Estado fuerte y convencido de que el resultado final es positivo para el interés general. Los órganos políticos de la UE, en su diseño actual, tienen una hegemonía muy limitada sobre las políticas de los Estados nacionales. Si la UE quiere que la política industrial comunitaria adquiera más protagonismo en el conjunto de las políticas públicas, tal como demanda el escenario de política de bloques y no de reglas a la que parece dirigirse el mundo actual, el avance de Europa hacia una mayor integración política parece inevitable.