La inversión privada en IA en Europa es 6 veces menor que en EEUU
Miguel Ángel Valero
EuropeG, el Grupo de Opinión y Reflexión en Economía Política dirigido por Antoni Castells, advierte que la Unión Europea (UE) se enfrenta a una brecha tecnológica persistente frente a EEUU y China, y corre el riesgo de quedar atrapada en la “trampa tecnológica media”. Con un gasto en I+D (Investigación y Desarrollo) equivalente al 2,3% del PIB frente al 3,5% estadounidense, la UE invierte un 35% menos en innovación, una diferencia que se mantiene estable en 2025, según afirma el Policy Brief nº 22, “La nueva política industrial en la Unión Europea”, firmado por Rafael Myro (Universidad Complutense de Madrid) y Vicente Salas (Universidad de Zaragoza).
El documento llama a duplicar los fondos comunitarios de innovación, reformar la política de competencia y avanzar hacia una mayor integración política si Europa quiere preservar su soberanía económica y tecnológica.
EuropeG subraya que la política industrial ha pasado de ser un asunto marginal para convertirse en un eje central de la agenda económica europea con el objetivo de lograr una Europa más competitiva.
El Policy Brief analiza la nueva estrategia comunitaria impulsada tras los informes Letta y Draghi y plasmada en la Brújula de la Competitividad de la Comisión Europea, que reconoce la necesidad de combinar mercado, regulación y acción pública estratégica.
La UE afronta un cambio estructural en la gobernanza económica global: de un modelo basado en reglas a uno basado en bloques, donde la intervención selectiva de los Estados y la coordinación europea serán decisivas para asegurar resiliencia, autonomía y liderazgo tecnológico.
El informe plantea un “trilema” entre política industrial, regulación y defensa de la competencia, y describe tres escenarios:
- mercado regulado (predominio de regulación y competencia, modelo tradicional de la UE),
- mercado concertado (predominio de regulación y política industrial, cercano al modelo de EEUU desde 1980),
- y mercado dirigido (predominio de competencia y política industrial, similar al modelo chino).
Los informes Letta y Draghi se inclinan por modelos entre el mercado dirigido y el concertado.
El déficit de innovación: una debilidad estructural
El informe identifica el déficit de innovación privada como la principal causa de la pérdida de competitividad europea. Mientras EEUU y China concentran su inversión en tecnologías emergentes —inteligencia artificial, biotecnología o semiconductores—, las empresas europeas siguen centradas en sectores maduros como la automoción o la maquinaria industrial.
La UE dedica un 2,3% de su PIB a I+D, frente al 3,5% de EEUU. Esta diferencia —más de un 35% menos de esfuerzo innovador— explica el retraso acumulado en productividad, rentabilidad empresarial y liderazgo tecnológico. El Policy Brief propone duplicar el presupuesto del Programa Marco de I+D hasta 200.000 millones€ y crear una agencia europea inspirada en el modelo estadounidense ARPA, famosa por haber impulsado avances como Internet o el GPS. Esta nueva agencia, integrada en el European Innovation Council, permitiría financiar proyectos tecnológicos de alto riesgo e impacto, con una gestión más ágil y flexible para competir con EEUU y China en innovación disruptiva.
Una de las conclusiones del documento es la necesidad de revisar el equilibrio entre la defensa de la competencia y la intervención pública. El marco comunitario se ha basado durante décadas en evitar distorsiones del mercado, pero hoy esa ortodoxia limita la capacidad de respuesta ante los grandes competidores globales. EuropeG plantea que la UE debe permitir estrategias industriales comunes, flexibilizar las ayudas de Estado y adaptar su política de competencia para promover campeones europeos en sectores estratégicos.
El informe insiste en que la escala de la transición tecnológica requiere instrumentos financieros europeos más potentes y coordinados. Propone ampliar el alcance del Banco Europeo de Inversiones, fortalecer los fondos de inversión pública, y movilizar el ahorro privado hacia proyectos industriales y tecnológicos. También sugiere mejorar la integración de los mercados de capitales y avanzar en una unión fiscal parcial que permita financiar proyectos comunes de innovación y sostenibilidad.
Transiciones verde y digital: avances insuficientes
EuropeG aplaude las iniciativas europeas —Chips Act, Critical Raw Materials Act e InvestIA—, pero advierte que su despliegue sigue siendo lento y burocrático. En el vehículo eléctrico, las importaciones chinas ya representan más del 50% del mercado europeo, y la empresa de EEUU Tesla continúa expandiendo su producción en la UE. De igual forma, en materia de inteligencia artificial, la inversión privada europea (11.000 millones€), es seis veces inferior a la estadounidense (67.000 millones€). En la digitalización, la UE se encuentra muy retrasada en áreas clave como la IA.
La UE destaca en computación cuántica gracias a iniciativas como Quantum Flagship, pero necesita fortalecerse en sectores como salud, farmacia, defensa yaeroespacial, donde existen dependencias o se ha perdido cuota de mercado.
Sin una coordinación real entre los Estados miembros, la UE corre el riesgo de quedar rezagada en la carrera tecnológica global. La política industrial solo puede prosperar en una Unión Europea con instituciones más fuertes y una visión común. La intervención selectiva del Estado beneficia a unos sectores y territorios más que a otros, y por tanto requiere una legitimidad política que hoy la UE aún no tiene plenamente desarrollada.
EuropeG considera que el avance hacia una Europa más integrada en materia económica y tecnológica será inevitable si la Unión quiere mantener su peso en la economía mundial. El documento concluye que Europa no puede seguir siendo un regulador global sin músculo industrial propio y que debe convertir la nueva política industrial en la base de un pacto de competitividad, soberanía y crecimiento sostenible.
El protagonismo de la política industrial en la UE enfrenta la dificultad de compatibilizar un intervencionismo selectivo con una estructura política débil que requiere unanimidad y el difícil encaje con la regulación y la defensa de la competencia, políticas tradicionalmente alejadas del dirigismo estatal.
La política industrial implica un intervencionismo selectivo del Estado en la economía para influir en la asignación de recursos productivos bajo criterios de interés general. La política industrial beneficia a unos colectivos más que a otros y, por tanto, necesita de un Estado fuerte y convencido de que el resultado final es positivo para el interés general. Los órganos políticos de la UE, en su diseño actual, tienen una hegemonía muy limitada sobre las políticas de los Estados nacionales. Si la UE quiere que la política industrial comunitaria adquiera más protagonismo en el conjunto de las políticas públicas, tal como demanda el escenario de política de bloques y no de reglas a la que parece dirigirse el mundo actual, el avance de Europa hacia una mayor integración política parece inevitable.
