Con la nueva Estrategia de Seguridad Nacional, por primera vez desde 1947, EEUU deja de ver la defensa de la democracia en el exterior como un interés estratégico propio.
Miguel Ángel Valero
En diciembre de 1989, EEUU decidió acabar con lo que denominaba narcodictadura del general Manuel Antonio Noriega en Panamá. Fue una intervención militar abierta, rápida y quirúrgica, bautizada como Operation Just Cause. Durante años, Noriega había sido informante de la CIA, aliado irregular y pieza útil de Washington en plena Guerra Fría. Pero terminó convirtiéndose en un problema: blanqueo de capitales, vínculos con carteles, represión interna, manipulación electoral y un creciente desafío a la influencia estadounidense en el Canal de Panamá.
La Casa Blanca decidió que había cruzado una línea roja y se puso en marcha una operación que movilizó a más de 27.000 soldados, unidades de élite, paracaidistas y bombardeos puntuales. En pocas semanas Noriega fue acorralado, terminó refugiado en la Nunciatura Apostólica y finalmente se rindió. Fue extraditado a EEUU y condenado por narcotráfico.
Panamá instaló un gobierno reconocido internacionalmente, reformó sus fuerzas de seguridad y volvió (al menos temporalmente) a la normalidad institucional. Pero no hubo unanimidad: la Asamblea General de la ONU condenó la invasión como una violación del derecho internacional. Pese a ello, Washington logró su objetivo estratégico con un coste bajo y un mensaje claro para la región.
Hoy, cuando se observa la presión de Trump sobre Nicolás Maduro, es inevitable ver paralelismos con aquel episodio. Las acusaciones contra el régimen venezolano son muy similares: vínculos con el narcotráfico a través del llamado Cartel de los Soles, deterioro democrático, represión interna, manipulación electoral, presencia de grupos criminales y una deriva que pone en tensión la estabilidad regional.
No es casualidad que EEUU haya intensificado sus operaciones encubiertas, los despliegues navales en el Caribe y las acciones contra embarcaciones sospechosas de tráfico ilícito. La retórica recuerda al caso Noriega: un régimen convertido en amenaza hemisférica.
Pero al mismo tiempo, las diferencias son enormes. Panamá era un país pequeño donde Estados Unidos tenía presencia militar y logística permanente. Venezuela es un Estado grande, con apoyo abierto de Rusia, China e Irán, con una capacidad armada superior y con un impacto geopolítico mucho mayor. En Washington lo saben: cualquier operación directa tendría un coste político, militar y diplomático muchísimo más elevado. Quizá por eso, la estrategia actual se parece más a un cerco prolongado que a una invasión repentina.
El entorno internacional añade otra capa de complejidad. Varios expertos de Naciones Unidas han denunciado que algunos ataques estadounidenses en aguas internacionales pueden considerarse ejecuciones extrajudiciales. Rusia ha acusado a Washington de “uso excesivo de la fuerza” al tiempo que respalda abiertamente a Maduro. En Occidente, la lectura predominante es que EEUU quiere evitar que el régimen venezolano se consolide como un nodo de narcotráfico y como una plataforma de influencia para potencias rivales, pero sin cruzar la línea de un conflicto abierto.
La historia, en todo caso, se repite con matices. Cuando Washington percibe que un régimen mezcla autoritarismo, crimen organizado y amenazas directas a sus intereses estratégicos, pasa de la diplomacia a la acción. Con Noriega lo hizo sin rodeos. Con Maduro, la partida es más larga y el tablero más complejo. La pregunta no es si EEUU quiere un cambio de régimen en Venezuela; la pregunta es qué coste está dispuesto a asumir y cuánto tiempo está dispuesto a esperar.
Panamá fue un capítulo cerrado con rapidez porque el contexto lo permitía. Venezuela es una novela extensa, con demasiados actores externos y demasiadas consecuencias imprevisibles.
"Lo que sí parece claro es que, tanto en Panamá como en Caracas, EEUU actúa según un mismo patrón. Y cuando Washington considera un objetivo prioritario, puede tardar… pero rara vez renuncia", avisa el analista Pablo Gil en The Trader.
EEUU deja de ser el guardián de la democracia en el mundo
El acoso a Venezuela recupera la doctrina Monroe. El 2 de diciembre de 1823, con casi todas las colonias españolas en América Latina independizadas o a punto de lograrlo, el presidente de EEUU, James Monroe, fijaba en el Congreso, en lo que es actualmente el discurso sobre el Estado de la Unión (que no comenzó a hacerse hasta 1850), la doctrina que lleva su apellido y que lleva marcando la estrategia de EEUU en el continente. La Doctrina Monroe sostiene que cualquier intervención en los asuntos políticos en América por parte de potencias extranjeras de otros continentes es un acto potencialmente hostil contra EEUU.
Mientras Trump se implica en Venezuela y recuerda que la doctrina Monroe sigue muy viva, la nueva Estrategia de Seguridad Nacional publicada por la Casa Blanca marca un giro que ningún aliado puede ignorar. Por primera vez desde 1947, EEUU deja de ver la defensa de la democracia en el exterior como un interés estratégico propio. La ruptura con la lógica que definió el orden occidental durante ocho décadas ya no es una hipótesis: es política oficial.
El documento abandona cualquier continuidad con la Doctrina Truman, formulada en el Congreso el 12 de marzo de 1947 por el presidente de EEUU que ordenó lanzar la bomba atómica sobre Hiroshima y Nagasaki. En plena Guerra Fría, Harry S. Truman asegura que EEUU dará su apoyo a "pueblos libres que están resistiendo los intentos de subyugación por minorías armadas o por presiones exteriores", ya que estos regímenes comunistas representaban una amenaza para su país.
También se redefine la idea de “America First”. Trump sostiene que la política exterior de EEUU no debe basarse en ideologías ni compromisos históricos, sino en lo que “funcione para América”. Y lo que supuestamente funciona ahora es suavizar el trato hacia autocracias estratégicas (China, Rusia, Irán) mientras se endurece el discurso contra los aliados europeos. Un giro tan brusco que ni siquiera los analistas más pesimistas esperaban verlo formalizado tan pronto.
El contraste con la estrategia de 2017 no puede ser mayor. China ya no aparece como rival sistémico ni como amenaza global. Trump prefiere hablar de “relación económica mutuamente ventajosa” y, mientras exige que Pekín no invada Taiwán, evita cualquier referencia a sus vulneraciones de derechos o a su expansión geopolítica. Rusia, por su parte, desaparece de la categoría de adversario. El Kremlin incluso aplaudió el documento, calificándolo de “positivo” y “coherente con la visión de Moscú”. Es difícil encontrar un indicador más claro del cambio de prioridades en Washington.
Quienes sí reciben el golpe son los europeos. El texto acusa a la Unión Europea de haber abandonado sus valores, de perder identidad nacional y de permitir que la inmigración y la baja natalidad erosionen su cohesión. Afirma además que los gobiernos europeos recurren a prácticas “antidemocráticas”, desde la supuesta censura hasta la represión de la oposición. Y lo que antes parecía una provocación aislada del vicepresidente J. D. Vance en Múnich ahora queda reflejado como política formal: EEUU Unidos apoyará movimientos “patrióticos” (eufemismo para referirse a grupos de ultraderecha como Orban en Hungría) dentro de los países europeos para corregir esa deriva. No oculta esa interferencia política directa en su bloque de aliados históricos.
La reacción en Europa oscila entre el desconcierto y la contención diplomática. La jefa de la diplomacia europea, la exprimera ministra de Estonia, Kaja Kallas, intenta restar dramatismo al documento, mientras expertos como Carl Bildt advierten de lo que realmente implica: el fin del paraguas ideológico y estratégico que definió la relación transatlántica desde la posguerra. Y el problema para Europa no es solo simbólico. Si la Casa Blanca presiona para imponer un acuerdo de paz desfavorable a Ucrania, la fractura dentro del bloque occidental puede convertirse en la mayor crisis geopolítica de la década.
La pregunta que atraviesa todas las capitales europeas es la misma: ¿Qué hacer ahora? Europa puede intentar rebajar tensiones, aceptar el nuevo orden y acomodarse a un papel más subordinado. O puede acelerar, por fin, la construcción de una autonomía real en defensa, energía y tecnología. Pero ninguna de esas opciones es sencilla ni barata, y ninguna puede esperar.
"Lo único claro es que el ciclo histórico que comenzó en 1945 ha terminado. A partir de aquí, Europa tendrá que decidir si quiere ser actor o si, por inacción, quedará relegada a ser un escenario donde otros tomen las decisiones. El rumbo de la próxima década dependerá de esa elección", insiste Pablo Gil.