El 60% de las empresas retrasan cobros para no perder clientes

Septiembre marca el regreso a la actividad habitual tras el verano y, con la vuelta al cole, concentra un importante volumen de compras y gastos para las familias. En este contexto, el Informe Europeo de Pagos 2026 de Intrum destaca que 6 de cada 10 empresas vinculadas al consumidor final (B2C) en España afirman que han aceptado retrasar el pago por parte de sus clientes para no dañar la relación con ellos.

El 33,9% de los ingresos de las empresas españolas proviene del comercio B2C, un porcentaje de sus ganancias que adquiere mayor protagonismo en épocas de mayor consumo en los hogares. Es en este escenario donde el sector retail, encargado de abastecer de productos de gran consumo, afronta uno de los mayores picos de actividad del año, un periodo en el que resulta clave reforzar la prevención y el control de los pagos tardíos o impagos.

En el conjunto de las empresas españolas orientadas al consumidor, las compañías conceden de media 22 días para abonar una factura, aunque el pago efectivo se produce 32 días después. En el caso del retail, el plazo real alcanza 34,4 días de media, uno de los más elevados del segmento B2C, solo por detrás de banca y servicios financieros, con 34,5 días.

El efecto del impago se expande rápidamente. En periodos de elevada actividad comercial, como la vuelta al cole, el incremento de las operaciones obliga a las empresas a prestar una atención especial a su liquidez y a la gestión de sus cobros. El estudio muestra, además, que los retrasos pueden trasladarse progresivamente a lo largo de la cadena de pagos: el 57 % de las compañías españolas reconoce que los retrasos sufridos en sus cobros las han llevado, a su vez, a pagar fuera de plazo a sus propios proveedores. Por sectores, esta situación presenta diferencias significativas. El 61 % de las empresas de retail afirma haber retrasado pagos a proveedores como consecuencia de demoras en sus propios cobros, situándose entre los sectores con mayor incidencia, únicamente por detrás de tecnología y medios (72 %),telecomunicaciones (71 %) y energía y suministros (63 %).

Efectos en el crecimiento, empleo, y productividad

Los efectos de estas demoras van más allá de la gestión cotidiana de tesorería. Según el Informe Europeo de Pagos de Intrum, el 52 % de las empresas españolas señala que los retrasos o impagos han afectado a la consecución de sus objetivos de crecimiento, mientras que también pueden provocar dificultades para contratar, pérdida de productividad o un deterioro de las relaciones con los clientes. La preocupación empresarial se produce, además, en un contexto en el que los retrasos de los clientes están aumentando la distancia entre los plazos acordados y los reales de pago. Entre empresas, el plazo medio concedido en España es de 44 días, mientras que el pago efectivo llega, de media, 62 días después, generando una brecha de 18 días.

Ante este escenario, las compañías españolas están reforzando sus mecanismos de prevención. El 52 % solicita actualmente pagos por adelantado, frente al 45% del año anterior, mientras que el 42% realiza verificaciones de crédito a sus clientes y el 27 % aplica medidas específicas de prevención del fraude.

Menos insolvencias empresariales

De acuerdo con el seguimiento de los procesos concursales publicados en el BOE que realiza Iberinform, el tejido empresarial registró en agosto una bajada interanual del 20% de las insolvencias empresariales. En el conjunto del año, acumulan un descenso del 3,1%. 

El concurso de acreedores es un procedimiento judicial previsto para gestionar y administrar el patrimonio de una empresa que no puede hacer frente a sus deudas. Con él se pretende que el mayor número posible de acreedores cobren sus créditos, así como asegurar la continuidad de la empresa. La concursalidad empresarial tiene efectos perturbadores sobre el tejido productivo. Cuando una empresa entra en concurso, desencadena una serie de consecuencias como la pérdida de empleos, la interrupción de cadenas de suministro y la disminución de la confianza de los inversores. Además, como proveedores o clientes de otras compañías, las empresas afectadas pueden llegar a generar un efecto dominó sobre el riesgo de crédito, la liquidez y la solvencia empresarial. 

Por sectores, hasta agosto de 2026 predominan las insolvencias en el comercio (22% del total) y en los sectores de construcción e inmobiliario (19%), seguidos de industria manufacturera (14%), servicios a empresa (12%) y hostelería (11%).

Con respecto a 2025, los mayores incrementos se registran en los subsectores de industria de automoción (78%), inmobiliario (64%), educación (41%) y consumo duradero (37%). La concursalidad registra las mayores mejorías en los subsectores de industria extractiva (-56%), alojamiento (-26%), construcción (-21%) y sector primario e industria de maquinaria (-20%). 

La concursalidad empresarial se concentra en Cataluña (25% del total), Madrid (21%), la Comunidad Valenciana (14%) y Andalucía (11%). Los mayores crecimientos en el conjunto de 2026 con respecto al año anterior se han registrado en Aragón (55%) y Castilla y León (47%). La concursalidad registra las mayores mejorías en Melilla (-100%), Ceuta (-67%), Castilla-La Mancha (-33%) y Asturias (-27%).

Por tamaño, el incremento de la concursalidad ha crecido un 113% entre la gran empresa. Por antigüedad, las tasas más elevadas de crecimiento se sitúan entre las empresas de entre 11 y 15 años (6%).