El Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha pedido al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que la convocatoria de elecciones generales para el 29 de noviembre no interrumpa la tramitación del reglamento que debe hacer efectiva la pasarela de los mutualistas al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos(RETA).
En una carta abierta dirigida a la ministra Elma Saiz, el decano del ICAM, Eugenio Ribón, reclama al Ministerio que continúe “con carácter urgente” los trabajos necesarios para aprobar el desarrollo reglamentario previsto en la Ley 2/2026, de 29 de julio, y evitar que el calendario electoral prolongue durante meses la incertidumbre de los profesionales afectados. La norma aprobada por las Cortes establece un plazo máximo de tres meses para determinar reglamentariamente los términos y condiciones de la transferencia voluntaria de los derechos económicos acumulados en las mutualidades alternativas y su conversión en periodos cotizados en el RETA. “La convocatoria de unas elecciones no debería convertir un plazo de tres meses fijado por el legislador en una espera de duración incierta, condicionada primero por la campaña electoral y después por los tiempos necesarios para la constitución de las Cámaras, la investidura y la formación de un nuevo Gobierno”, advierte Ribón.
Para el Colegio, culminar el reglamento no implica abrir un nuevo debate político, sino hacer efectivo un mandato que las Cortes Generales ya incorporaron a una ley aprobada y en vigor. “El reglamento de la pasarela al RETA no responde a una iniciativa política nueva ni supone anticipar decisiones que deban corresponder al próximo Ejecutivo. Se trata de dar cumplimiento a una obligación establecida por las propias Cortes Generales en una ley ya aprobada y en vigor, con un plazo concreto para su desarrollo”, señala.
El ICAM recuerda que el desarrollo reglamentario resulta imprescindible para que los profesionales puedan conocer las condiciones concretas en las que podrán acogerse a la pasarela. Entre otras cuestiones, deberá establecer los requisitos para solicitar la transferencia de los derechos económicos acumulados y la fórmula para convertirlos en periodos de cotización al sistema público. Su aprobación determinará, por tanto, la aplicación efectiva de una reforma largamente esperada por profesionales que durante años realizaron sus aportaciones a mutualidades de previsión social como alternativa al RETA.
“Para muchas de estas personas no estamos hablando de una cuestión teórica ni administrativa. Hablamos de su jubilación, de los años que podrán ver reconocidos como cotizados y de la posibilidad de tomar decisiones que afectan directamente a su futuro”, subraya Ribón.
El Colegio advierte de que posponer la aprobación hasta la formación de un nuevo Ejecutivo podría alargar considerablemente los tiempos previstos por el legislador y mantener sin respuesta cuestiones esenciales para los mutualistas. El ICAM viene defendiendo durante toda la tramitación de la pasarela una regulación amplia, justa y jurídicamente segura, y ha anunciado que seguirá trasladando sus propuestas durante la elaboración del reglamento. Pero considera que, antes de entrar en su contenido definitivo, existe ahora una prioridad inmediata: evitar que el proceso quede paralizado por el adelanto electoral.
La aprobación en plazo del reglamento no solo resulta necesaria para los mutualistas, sino también para preservar la seguridad jurídica y la confianza legítima de miles de profesionales en el cumplimiento de los mandatos aprobados por las Cortes Generales. Para el Colegio, la efectividad de las leyes exige que los desarrollos normativos previstos se completen dentro de los plazos fijados por el legislador, especialmente cuando afectan directamente a derechos y expectativas de carácter previsional.
La Ley del Gobierno limita la actuación de un Ejecutivo en funciones al despacho ordinario de los asuntos públicos, pero permite adoptar otras medidas en supuestos de urgencia debidamente acreditada o por razones de interés general. El Colegio considera que estas circunstancias concurren en el desarrollo de una norma aprobada por las Cortes y sometida expresamente a plazo. “Sería difícil explicar a los profesionales afectados que una obligación legal expresamente sometida a plazo queda en suspenso precisamente cuando ya se encuentra en marcha su cumplimiento”, afirma el decano. Por ello, el ICAM reclama que los trabajos continúen sin interrupción y que el desarrollo reglamentario se culmine dentro del plazo establecido por el legislador. “No pedimos al Gobierno que abra un nuevo debate político. Pedimos que culmine el mandato que el Parlamento ya le ha encomendado”, concluye Ribón. Porque, si bien los tiempos políticos pueden cambiar, “los derechos y las legítimas expectativas de miles de profesionales no deberían quedar a la espera”.