Miguel Ángel Valero
Trump lo vuelve a hacer. La Casa Blanca reconoce que estudia reducir y acotar el alcance de los aranceles del 50% aplicados a las importaciones de acero, aluminio y productos derivados. Estos aranceles, que se habían introducido inicialmente bajo el argumento de tratar de frenar las importaciones y devolver a EEUU la fortaleza industrial, están derivando en quejas internas y dificultades operativas de las empresas norteaamericanas, dada la elevada dificultad que se encuentran en calcular el contenido de acero y aluminio en los productos y con ello aplicar esta tasa del 50% decidida por Trump.
El año pasado, el Departamento de Comercio de EE UU aumentó los aranceles al acero y al aluminio sobre más de 400 productos, incluyendo turbinas eólicas, grúas móviles, electrodomésticos, excavadoras y otros equipos pesados, además de vagones de ferrocarril, motocicletas, motores marinos, muebles y cientos de otros productos.
Esta decisión surge horas después de haberse conocido un estudio de la Fed de Nueva York que revela que el 90% de los aranceles los están pagando los propios consumidores y las empresas estadounidenses, contradiciendo el discurso oficial de que lo pagan los exportadores extranjeros.
Además, este arancel es uno de los escollos en los acuerdos comerciales con otros países –entre ellos la UE–, dado que, debido a la amplitud de productos que caerían sobre las tarifas que se aplican al acero y el aluminio, podría debilitar el acuerdo que contemplaba un tope arancelario del 15% para la UE.
Esta nueva marcha atrás de Trump, haciendo bueno el TACO (Trump Always Chickens Out, Trump Siempre Se Acobarda) popularizado por los demócratas, tiene también mucho que ver con el encarecimiento del coste de la vida en EEUU y con el índice de popularidad más bajo de un presidente de EEUU desde Nixon y el caso Watergate, como publicó Dinero Seguro el 11 de febrero.
Los aranceles están perjudicando a los consumidores al aumentar los precios de los productos, incluidos los moldes para tartas y las latas de alimentos y bebidas. Algo que preocupa al equipo de Trump y a los republicanos de cara a las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre.
Pendientes del Supremo
Mientras, todos están pendientes del Tribunal Supremo, que debe determinar si los aranceles impuestos por Donald Trump durante su segundo mandato se ajustan a la legalidad. No es solo un debate jurídico. Es, sobre todo, un pulso político y económico. Los aranceles del llamado “Liberation Day”, con gravámenes de entre el 10% y el 50% sobre la mayoría de las importaciones, han sido el emblema de esa estrategia. Los tribunales inferiores ya han cuestionado su encaje legal al apoyarse en una ley de emergencia de 1977 pensada para contextos muy distintos. Ahora, la última palabra la tiene el Supremo.
Desde el punto de vista fiscal, la Casa Blanca ha logrado su objetivo a corto plazo. La recaudación por aranceles se ha disparado y en 2025 ha superado ampliamente los 160.000 millones$, un salto histórico impulsado por el uso extensivo de poderes ejecutivos. Los ingresos han sido reales y cuantiosos, aunque el coste ha recaído principalmente en las empresas y ciudadanos estadounidenses. Pero ese coste no solo se refleja en “mayores impuestos” sino que empieza a ser evidente en otros frentes. El mercado laboral muestra un deterioro significativo desde la entrada en vigor de los aranceles, con una clara pérdida de dinamismo en la creación de empleo. La industria y los sectores más expuestos al comercio exterior están ajustando márgenes, inversión y contratación.
El resultado es evidente: más ingresos fiscales, pero menos creación de empleo, como se comprueba en los gráficos aportados por The Trader.

Si el Supremo falla contra la Casa Blanca, habrá ganadores inmediatos. Sectores intensivos en importaciones (textil, bienes de consumo, mobiliario) aliviarían costes rápidamente. Pero el problema de fondo no desaparecería. Una sentencia contraria abriría una nueva batalla política y legal para buscar vías alternativas que mantengan los aranceles sin afrontar devoluciones masivas, con implicaciones fiscales y presupuestarias relevantes.
Además, menos ingresos por aranceles significan más presión sobre el déficit en un momento en el que la deuda estadounidense y los tipos a largo plazo ya están bajo vigilancia constante del mercado.
"Más allá del fallo del Supremo, el mensaje para los mercados es claro: las reglas pueden cambiar en cualquier momento. La recaudación vía aranceles ha sido elevada, pero el deterioro del empleo sugiere que el precio económico empieza a ser alto. Si los aranceles caen, la incertidumbre no se disipará; simplemente cambiará de forma. Y mientras la política económica se gestione a golpe de excepción, la volatilidad podría dejar de ser un episodio puntual para convertirse en el escenario base", advierte el analista Pablo Gil.