Miguel Ángel Valero
La industria aseguradora cumple una función clave en el funcionamiento de la economía, al contribuir tanto a la estabilidad de los agentes económicos como al fortalecimiento del ahorro, la inversión y la formación de capital. A través de la protección y compensación de riesgos, el seguro reduce el impacto económico de eventos adversos y permite la continuidad de la actividad productiva en todos los sectores. En situaciones de catástrofes o alta siniestralidad, los mecanismos de aseguramiento y reaseguro resultan esenciales para sostener la estabilidad económica. Al mismo tiempo, el sector actúa como un inversor institucional de gran relevancia, al canalizar recursos de largo plazo hacia la financiación de actividades productivas, aportando estabilidad al sistema financiero.
La relación entre el seguro y la economía es de carácter bidireccional. El desempeño del sector está también condicionado por variables macroeconómicas, como el crecimiento, el nivel de ingresos, el acceso al crédito, los tipos de interés, el tipo de cambio y la estabilidad financiera. Estos factores influyen directamente en la demanda de seguros, en la estructura de ingresos y costes de las entidades, y en la gestión de sus activos y pasivos. La experiencia demuestra, además, que existe una estrecha relación entre el nivel de desarrollo económico de un país y el grado de penetración del seguro, subraya el informe Tendencias y elementos para el desarrollo de los mercados aseguradores, elaborado por Mapfre Economics y editado por Fundación Mapfre.
El informe reclama el diseño y la actualización de políticas públicas que empleen al seguro como un instrumento en la consecución de grandes objetivos económicos y sociales, y que, por esa vía, permitan paralelamente elevar la penetración del seguro, ampliando así la protección de la población contra los riesgos a los que se halla expuesta, y reforzando el importante rol de la industria aseguradora en la canalización del ahorro a medio y largo plazos.
Regulaciones basadas en riesgo
El avance en el diseño e implementación de marcos regulatorios ajustados a riesgo, en línea con una visión procompetitiva del mercado, es uno de los factores que puede apoyar, desde el lado de la oferta, el aumento de la penetración del seguro. En este sentido, el avance hacia regulaciones basadas en riesgo constituye un elemento que puede estimular el crecimiento de la oferta y, por tanto, un aumento de la participación del seguro en la economía, en la medida en que permite una más eficiente asignación del capital, y crea incentivos para una gestión más profesional de las entidades aseguradoras basada en consideraciones y parámetros de naturaleza técnica.
Ese avance en la modernización regulatoria puede contribuir al propósito de la elevación de penetración del seguro en la economía, cuando se realiza de forma gradual y de manera paralela al desarrollo de capacidades técnicas tanto en la industria como en los reguladores, así como a la creación de la infraestructura de mercado necesaria para su adecuada implantación. De otra forma, el avance regulatorio puede derivar en consecuencias no deseadas, tales como el establecimiento de barreras de entrada para determinadas líneas de negocio, o en una asignación ineficiente de los recursos, lo que en última instancia impactaría negativamente en los niveles de penetración de los mercados aseguradores. Innovación y nuevos productos aseguradores.
Reducir el tiempo y el coste de lanzamiento de productos
Encontrar mecanismos más eficientes y flexibles que permitan reducir el tiempo y el coste que implica llevar nuevos productos al mercado, es otro factor fundamental para aumentar la penetración de los seguros en la economía, en beneficio no solo de la posibilidad de estimular la innovación y ampliar la oferta aseguradora, sino también de ofrecer a la población de forma oportuna nuevos productos que se ajusten de mejor forma a sus necesidades de protección.
La innovación se ha convertido en una necesidad estratégica para el futuro del sector asegurador a nivel global, impulsada por la confluencia de la evolución de la demanda del consumidor, que busca una experiencia similar de inmediatez y personalización que le ofrecen las grandes plataformas tecnológicas para otros productos, la irrupción de nuevas tecnologías, como el Big Data, la inteligencia artificial y el Internet de las Cosas que permiten adoptar soluciones innovadoras en muchos ámbitos de la actividad aseguradora, así como por la aparición de riesgos emergentes que con las pólizas de seguros tradicionales quedarían sin cobertura.
Una de las grandes barreras a la innovación, generalmente identificada, está relacionada con el coste de implantación de las nuevas tecnologías y el lastre tecnológico de los sistemas heredados, que son caros de mantener y difíciles de integrar con las nuevas plataformas digitales.
Y la segunda de esas barreras está relacionada con el desafío normativo, ámbito en el que el sector enfrenta todavía importantes limitaciones estructurales para adoptar la innovación a gran escala, bien por una regulación excesiva, bien por la existencia de barreras normativas que dificultan y demoran el lanzamiento de nuevos productos al mercado mediante la imposición de un estricto control ex-ante, exigiendo la aprobación previa de notas técnicas, pólizas y, en algunos casos, de las tarifas.
En la medida en que el fortalecimiento de la función de gestión de riesgos, como parte integrante de los sistemas de gobernanza de las entidades aseguradoras, incide también en que los nuevos productos que se llevan al mercado prevean bases técnicas y contractuales que no afecten a la solvencia de las entidades, los mecanismos regulatorios diseñados para ese propósito debieran ajustarse de manera correlativa, a fin de estimular y dotar de eficacia a los procesos de innovación.
Se trata de un aspecto que debiera considerarse de manera explícita en los procesos de modernización regulatoria, como es el caso del sistema introducido por la normativa de Solvencia II en la Unión Europea, con un mayor grado de libertad sin controles ex-ante, aunque sin perjuicio de su posible control ex-post, avanzando además hacia una regulación de protección al asegurado más moderna y que cumpla con su finalidad de encontrar el equilibrio necesario entre una adecuada protección sin suponer un freno al dinamismo del mercado.
El aumento de la eficiencia en gastos de las entidades aseguradoras permite incrementar la porción relativa de las primas que se destina al pago de las indemnizaciones, contribuyendo no solo a que los seguros cumplan de mejor forma con su función social de mutualización de riesgos, sino también a mejorar la percepción general que el público tiene de las entidades aseguradoras.
Este esfuerzo implica el avance desde dos perspectivas. Por una parte, conlleva una elevación de la eficiencia en gastos al nivel de las entidades en lo individual, a través de mejoras organizacionales y creciente empleo de tecnología como parte de la gestión de los riesgos. Y por el otro, implica también avanzar a nivel de la industria en cada país para identificar y consolidar los bienes públicos necesarios para la operación aseguradora, así como la infraestructura de mercado que puede permitir gestionarlos para hacer posible una operación más eficiente en beneficio de las propias entidades y de sus consumidores.
El seguro debe avanzar en formas de colaboración que son de gran utilidad contribuyendo, entre otros aspectos, a diseñar, mecanismos de uso de información (que puede ser útil a la hora de realizar una mejor tarificación de productos o para la suscripción de algún tipo de riesgos), la estandarización de contenidos contractuales básicos que reduzcan los márgenes de interpretación respecto del alcance de las coberturas (reduciendo los costes jurídicos a nivel del mercado), esquemas de colaboración para la gestión de siniestros o la prestación de determinados servicios relacionados con las reclamaciones (por ejemplo, en el caso del ramo de automóviles), así como la estandarización de los protocolos informáticos para la información que las entidades aseguradoras deben intercambiar como parte de la operación aseguradora en los mercados.
Avanzar en el desarrollo de esquemas que favorezcan la multicanalidad contribuye a estimular una mayor oferta de servicios de aseguramiento y la creación de medios más ágiles y eficientes para hacer llegar esa oferta a los consumidores, en la medida en que la multicanalidad no significa el crecimiento de un canal de distribución a costa de otro, sino la creación de vías complementarias para atender a nuevos segmentos de la población. El estímulo de la competencia dentro de los distintos canales es también un factor relevante, en aquellos mercados que puedan presentar concentraciones elevadas en la actividad de distribución aseguradora en algunos canales específicos.
Incentivos fiscales al ahorro a largo plazo
Los incentivos fiscales para la adquisición de seguros, como parte de políticas públicas orientadas a la consecución de grandes objetivos económicos y sociales, constituyen un elemento que, simultáneamente, estimula la penetración de los seguros en la economía, con importantes efectos cuantitativos que se pueden materializar en el corto y medio plazos.
Las medidas adoptadas en este sentido a nivel internacional presentan una amplia casuística, incluyendo deducciones de las primas en el impuesto sobre la renta de las personas físicas y/o de las sociedades, exenciones o diferimiento de impuestos sobre rendimientos y exenciones en las prestaciones con con tratamientos preferenciales a seguros de Salud, Accidentes, Invalidez, Dependencia, Vida riesgo para el caso de muerte y colectivos de empresa para los seguros médicos privados, y las pólizas colectivas ofrecidas por empleadores con las referidas coberturas, reconociendo el rol social que juega el seguro en la protección personal y familiar.
Si bien las políticas públicas en materia de incentivos fiscales suelen estar orientadas correctamente, hasta ahora el esfuerzo parece sesgado hacia el objetivo de la estabilidad y mitigación de riesgos más que en la generación de ahorro. La promoción de mayor ahorro complementario de medio y largo plazo constituye, sin duda, un elemento que podría apoyar el fortalecimiento de los esquemas previsionales de pensiones, bajo fuertes presiones financieras en la mayor parte de los países del orbe.
Las políticas públicas deberían eliminar las figuras tributarias que gravan la contratación de las pólizas de seguros (especialmente en el caso de los de Vida), lo que encarece significativamente el producto (como el impuesto sobre las primas de seguros o el impuesto sobre el valor añadido) y es un freno a la penetración aseguradora, en particular en aquellos mercados donde la cobertura aseguradora es baja y buscan mejorar su asequibilidad para ampliar la cobertura entre las clases medias y los segmentos más vulnerables.
Seguros obligatorios
Los seguros obligatorios, como instrumentos de política pública, tienen diversos efectos positivos para la sociedad y para la actividad aseguradora. Primero, tutelan el interés público ante diversos supuestos, principalmente los asociados a la responsabilidad civil ante terceros, protegiendo a los asegurados de los daños que puedan sufrir por la actividad de personas ajenas. En esa dimensión, el seguro se convierte en la fuente de recursos que, a través de la mutualización de los riesgos, permite la compensación de las pérdidas originadas por los ciudadanos en la realización de diversas actividades de índole económico o social. Y, segundo, los seguros obligatorios, al asociarse a la responsabilidad civil, se convierten en valiosos instrumentos para elevar la conciencia de la prevención y, en esa medida, son una herramienta poderosa en el proceso de educación financiera en materia aseguradora.
En esa dimensión, además del efecto de corto plazo sobre la demanda aseguradora, los seguros obligatorios constituyen un fundamento importante para el crecimiento de la demanda de medio y largo plazos. El caso más patente y difundido a nivel internacional es el seguro obligatorio para la protección a las víctimas de accidentes de tráfico a través del seguro obligatorio de automóviles, el más representativo y extendido de los seguros obligatorios. Pero no es el único, existiendo otros seguros obligatorios que dan respuesta a la exigencia de una garantía para la realización de alguna actividad específica, los cuales se instrumentalizan a través de fianzas y seguros de caución que aseguran el cumplimiento de sus obligaciones contractuales y tienen aplicación en múltiples ámbitos como licitaciones, contratos de obra, suministro, alquileres, obligaciones fiscales o aduaneras, así como para el ejercicio de determinadas actividades profesionales, entre otros.
Existen también seguros obligatorios que se enmarcan en el ámbito social, como los seguros de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, que tienen por objeto garantizar la protección de los trabajadores en su puesto de trabajo y asegurar su estabilidad financiera en caso de imprevistos. Aunque se trata de una prestación clave de la seguridad social, en algunos países se han implementado políticas que involucran al seguro privado en la gestión de las prestaciones de asistencia sanitaria, dinerarias y preventivas que proporciona el seguro obligatorio de accidentes de trabajo, creando al efecto empresas específicas que ofrecen esta cobertura.
En ocasiones, en el marco del diseño e implementación de políticas públicas, los Estados deciden apoyarse en el sector privado para la prestación de determinados servicios que son considerados de interés público, por ser beneficiosos para la sociedad en su conjunto, traspasando parte de sus competencias a la gestión privada, buscando con ello aumentar la eficiencia en la ejecución de tales políticas públicas y, con ello, explorar nuevas formas en las que pueda elevarse el bienestar social general.
En el caso del sector asegurador, esta transferencia se ha llevado a cabo a partir del reconocimiento por parte de los gobiernos de la capacidad técnica y experiencia del sector asegurador en la gestión de ahorro de largo plazo y de los riesgos. De esta forma, la experiencia internacional muestra diversos casos de implementación de políticas públicas que permiten que la industria aseguradora participe en áreas específicas de la actividad económica y social, como son los sistemas de pensiones (seguros de ahorro previsional, riesgos de trabajo, invalidez y vida, y rentas vitalicias), o bien en la prestación de servicios sanitarios en sustitución o de manera complementaria a los sistemas públicos de la seguridad social.
En lo que se refiere a los mercados aseguradores de Vida, influye de manera especial el ahorro destinado a la jubilación. La presión demográfica provocada por la mejora generalizada en la esperanza de vida, acompañada de una caída importante en las tasas de fecundidad, ha motivado que la práctica totalidad de las reformas realizadas en los sistemas de pensiones en las últimas décadas estén orientadas de forma generalizada a apuntalar su estabilidad y sostenibilidad de medio y largo plazos, intentando arbitrar mecanismos que compensen de alguna manera el efecto que estas reformas puedan tener sobre la suficiencia de las pensiones.
De igual forma, la presión demográfica y el proceso de envejecimiento poblacional está incrementando la presión para la participación del seguro en la prestación de servicios de salud de forma complementaria a la cobertura obligatoria, lo que está permitiendo a los gobiernos brindar a un número mayor de ciudadanos el acceso a cuidados médicos de calidad, ya sea equiparando los servicios a la población económicamente menos favorecida con los del sector privado, o contribuyendo al acceso de los ciudadanos a una mayor red de servicios cuando se crean sistemas de aseguramiento universales.
Educación financiera
La educación financiera es un factor de naturaleza estructural que puede estimular el crecimiento de la demanda de seguros en el medio y largo plazo y, con ésta, a la elevación de los niveles de penetración del seguro en la economía. Cuanto mayor es el conocimiento sobre conceptos como riesgo, ahorro y protección, los ciudadanos comprenden mejor los beneficios de los seguros y tienden a contratarlos con mayor frecuencia.
Por ello es importante avanzar en este tema desde una triple perspectiva. Primero, ampliando la participación del sector asegurador, de manera coordinada con el sector público, para diseñar y poner en marcha proyectos de educación financiera con contenidos específicos en materia aseguradora. Segundo, debe tratarse de un esfuerzo permanente, de manera que la base para su desarrollo debe estar plasmada en ordenamientos jurídicos y normativos que les brinden certeza, permanencia y efectividad en el medio plazo. Y, tercero, que esos esfuerzos, para que tengan un efecto significativo en la formación de los individuos, deben implementarse, en la medida de lo posible, a través de los esquemas formales de educación de los países. Inclusión financiera en seguros.
Inclusión
Finalmente, elevar la penetración del seguro en la economía representa no solo el hecho cuantitativo de que las primas constituyan una porción mayor de la riqueza generada anualmente por una sociedad, sino también, en una dimensión cualitativa, que un número creciente de personas acceda a los beneficios de protección, compensación y diversificación de riesgos que ofrece el seguro, alcanzando así las economías de escala suficientes que permitan una adecuada mutualización de los costes de las reclamaciones. En este sentido, las políticas públicas orientadas a la inclusión financiera (y, en particular, aquellas centradas en los seguros) pueden constituir una herramienta poderosa para impulsar la penetración del seguro desde ambas perspectivas.
La inclusión financiera en seguros se traduce en la posibilidad de que distintos grupos sociales, especialmente los más vulnerables, accedan a productos que les permitan proteger su vida, salud y patrimonio mediante mecanismos de ahorro y compensación de pérdidas. En un entorno global cada vez más incierto, marcado por la volatilidad financiera, tensiones geopolíticas y riesgos climáticos, cobra cada vez más importancia la existencia de mecanismos de protección para poblaciones vulnerables con seguros accesibles y asequibles, como los microseguros, que permitan mitigar los impactos económicos de eventos adversos y sostener la resiliencia social frente a posibles crisis.
Sin embargo, productos de estas características, también requieren un marco regulatorio sólido para garantizar la solvencia de las entidades aseguradoras y la estabilidad financiera. En este caso, la regulación debe equilibrar la protección del consumidor con la flexibilidad necesaria para fomentar la innovación y su distribución masiva.
De esta forma, avanzar en una estrategia de inclusión financiera en seguros conlleva tres cuestiones fundamentales:
- identificar los riesgos que más pueden afectar a la población vulnerable, tales como el fallecimiento, incapacidad, daños al patrimonio y la salud; (
- diseñar productos acordes a dichos riesgos y a la población a la que van dirigidos,
- contar con un marco regulatorio que propicie que esos productos puedan ser efectivamente llevados a esa población bajo parámetros de eficiencia económica y social.
La población con bajos niveles de renta es especialmente susceptible a eventos de naturaleza catastrófica (baja frecuencia y alta severidad, y alto grado de incertidumbre y relación pérdida/coste) provocados por la naturaleza. En este caso, los microseguros y seguros inclusivos, combinados con el apoyo de políticas sociales y financieras de los gobiernos, pueden apoyar a estos segmentos de población ante la ocurrencia de ese tipo de eventos.
Un aspecto clave para lograr el propósito de que los microseguros y seguros inclusivos se transformen en productos a los que tengan acceso grupos vulnerables de la población, radica en la posibilidad de reducir los costes de transacción. Ello conlleva la necesidad de emplear mecanismos y canales de distribución no tradicionales, así como la tecnología para reducir costos no solo en la contratación del producto y pago de la prima, sino también en su gestión y renovación, y en el pago de las indemnizaciones respectivas. En este sentido, la regulación prudencial debiera basar sus estímulos en elementos que permitan la reducción de los costes de transacción, aspecto clave para que ese tipo de seguros sean, por una parte, asequibles para la población y que, por la otra, ofrezcan la rentabilidad necesaria que haga posible su comercialización alcanzando economías de escala suficientes que garanticen su viabilidad.
La digitalización y el uso de Inteligencia Artificial pueden ser fundamentales para reducir costes y mejorar la distribución de microseguros y seguros inclusivos, especialmente en mercados con baja infraestructura física. Plataformas digitales y pagos móviles permiten llegar a segmentos excluidos con eficiencia y transparencia. Los riesgos emergentes (como los eventos climáticos extremos y las amenazas cibernéticas) han venido a reforzar la necesidad de seguros accesibles para poblaciones vulnerables con el fin de proteger el patrimonio familiar, contribuyendo a la estabilidad económica y social.
